El Relator especial de ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas Christof Heyns,acudió a las instalaciones del Centro de Derechos Humanos de la Mujeres de Chihuahua y de El Barzón.

El día de ayer, se reunieron en las oficinas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y de El Barzón, Christof Heyns relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y, organizaciones de la sociedad civil.

El relator incluyó a Chihuahua en su agenda, debido a los datos sobre violaciones a derechos humanos que han documentado las organizaciones, y al incremento de las muertes violentas en esta entidad, ya que el mandato de esta relatoría incluye todas las acciones y omisiones de representantes de los estados que violen los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas.

En la reunión, que se prolongó por más de  tres horas, se expuso el contexto general del estado de Chihuahua, así como las graves violaciones a derechos humanos que ocurren en esta entidad. Los temas fueron: feminicidio; desaparición forzada o involuntaria no reconocida por el gobierno estatal; ejecuciones extrajudiciales; identificación de restos; contra-reformas del sistema acusatorio, que abrieron la puerta a la tortura; la situación de los y las defensoras de derechos humanos, haciendo énfasis en la impunidad en los asesinatos de Ismael Solorio, Manuelita Solís, Marisela Escobedo, Ernesto Rábago, Josefina Reyes, entre otros; la masacre en Creel; y la opacidad en el acceso a la información. A pesar de tener una de las leyes con mayor estándar internacional, las autoridades han coptado a los organismos autónomos, entre ellos el Instituto Chihuahuense de la Transparencia.

A manera de ejemplo, expusieron que la falta de transparencia obstaculiza e invisibiliza la grave situación de las personas desaparecidas en Chihuahua, por solicitud de información se sabe que las autoridades tienen reporte vigente de 992 personas desaparecidas (223 son mujeres), cifra al 30 de marzo de 2013 se presume que a esa cantidad pudiera estar desaparecidas por lo menos un 30 % más.

El relator se mostró sumamente conmocionado al escuchar los testimonios de las y los familiares de víctimas de desaparición forzada, feminicidios, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Previamente a esta visita, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Bowerasa, El Barzón Chihuahua, Comité Primeros Vientos, Cosyddhac, Justicia para Nuestras Hijas, Mujeres por México, Red Ciudadana y Red de Periodismo Libre, prepararon un informe alternativo en  el cual se documenta la situación del estado  y se exponen los casos de violaciones a derechos humanos. Cabe mencionar que los “informes sombras o alternativos” son importantes insumos que toman en cuenta los relatores de la ONU para emitir las recomendaciones al estado mexicano.

El relator se sorprendió gratamente del gran trabajo realizado por las y los defensores de derechos humanos y les animo a continuar siendo esperanza de un mundo mejor, asegurando que se llevaba en su mente y corazón lo que escuchó en esa tarde.

La visita del relator es indudablemente una  gran distinción para el equipo del CEDEHM, que lleva implícita el reconocimiento a su trabajo en la denuncia y defensa de derechos humanos en el estado de Chihuahua, actividad que realizan en un clima de constante hostigamiento; cabe recordar que hace solo dos semanas las instalaciones que albergan las oficinas del CEDEHM y del Barzón fueron violentadas.

La visita del retalor Heyns significó para las familias y organizaciones que la lucha por la verdad y la justicia ha tenido eco en las instancias internacionales. 

Pronunciamiento sobre el caso de Clara Armendáriz Gutierrez y su hija Antonia

Las organizaciones del Movimiento de Mujeres en Chihuahua, nos preguntamos lo siguiente:

¿Además de Clara Armendáriz Gutiérrez y de su papá Raúl Armendáriz Sígala, no existen más familiares de la niña Antonia?

Porque en la resolución que emite el DIF estatal no solamente está anunciando que iniciará un juicio para quitarle la patria potestad a la madre, que deberá resolverse ante un juzgado familiar que no prejuzgue, sino que ya está “cocinando” la adopción de la niña.

Es importante resaltar que existe una ley estatal y tratados Internacionales que indican claramente que cualesquier niño o niña tiene derecho a estar y crecer en primer lugar con su familia y que el DII es la última instancia para ejercer la patria potestad.

Es lamentable que el DIF ignore que la niña tiene un tío, tías, bisabuela y demás familiares que están dispuestos a hacerse cargo de ella y que tiene derecho de vivir al lado de sus familiares.

¿Dónde quedan los derechos de Antonia a vivir con su familia consanguínea? ¿Y donde queda la visión del DIF que se supone es la institución que integra a la familia?

Es criticable que el DIF no garantice los lineamientos internacionales mandatados en la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas y consecuentemente viole el Artículo 1º Constitucional que obliga a toda autoridad a promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos.

Cuando ignora las circunstancias del caso y no analiza profundamente las circunstancias que llevaron a Clara a tomar la decisión que la tiene en esta situación, el DIF está omitiendo un análisis con perspectiva de género.

Si actuara con perspectiva de género, el DIF explicaría la culpa y vergüenza que sintió Clara por un embarazo sin estar casada. En este caso, lo que se esperaría es que la institución se aboque a atender a Clara para dotarle de posibilidades de salir de su depresión y apoyarla con la finalidad de que madre e hija accedan al derecho de estar unidas y enfrentar la vida con todos los retos que ello implica.

Es sabido que la circunstancia que vive Clara es debido a una ausencia de política pública que apoye el conocimiento acerca de la prevención del embarazo y por ende al cuidado de la salud sexual.

Vivimos en una sociedad que no quiere reconocer que las y los jóvenes asumen su sexualidad y que al hacerlo corren constantemente riesgos como el embarazo no deseado, situación que lleva a las mujeres a detener su proyecto personal y dedicarse a la crianza y educación de hijos e hijas, cuando por otro lado las exigencias para preparase y trabajar son una realidad, por lo que se vive la doble jornada para las mujeres. Es decir, se ha construido un mundo donde solamente a las mujeres se les exige el cuidado de casa e hijos, escenario por demás discriminativo.

Las organizaciones del movimiento de Mujeres manifestamos:

-     - Desacuerdo en que el DIF realice acciones para que Clara pierda la patria potestad de su hija.

-     - Desacuerdo en que el DIF sustituya a Clara y no le proporcione apoyo para que ella pueda estudiar y cuidar a su hija.

-     - Desacuerdo en la falta de políticas públicas que desarrollen capacidades que lleven al ejercicio pleno de la sexualidad de los y las jóvenes, sin enfrentar embarazos no deseados.

Decidir desde el poder, como castigar sin analizar, es una característica en gobiernos autoritarios, es pretender cubrir sus omisiones y carencia de políticas públicas a necesidades básicas de una sociedad, por lo que el Movimiento de Mujeres rechazamos tales medidas en el caso de Clara Armendáriz Gutiérrez.

Otorgan a la Abogada Estela Ángeles Mondragón el XXI Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo”

Después de recibir 16 propuestas, el  jurado del XXI Premio Nacional de Derechos Humanos "Don Sergio Méndez Arceo", integrado por distinguidas personalidades como Clara Jusidman, Rodolfo Stavenhagen, Pablo Álvarez Icaza y Javier Sicilia, decidió otorgar el premio a la Lic. Estela Ángeles Mondragón, defensora de derechos humanos de las y los indígenas, integrante de la organización Bowerasa A.C., representante legal de las comunidades raramurí de Baqueachi, Huahuacherare, Chineachi, entre otras.

La Fundación Don Sergio Méndez Arceo surge en mayo de 1995, desde entonces ha logrado tener presencia entre las diversas organizaciones civiles que trabajan por los Derechos Humanos y que nacen de una inspiración Cristiana.

“La Promoción y Formación en Derechos Humano es una necesidad imperante en nuestro país para la construcción de una sociedad más justa, humana y solidaria. Nosotros mediante la realización de Foros, Talleres, Encuentros y Conferencias, así a través del Premio Nacional de Derechos Humanos, "Don Sergio Méndez Arceo", contribuimos al fortalecimiento de espacios de expresión, solidaridad e impulso de acciones junto a las diversas voces de la sociedad en la lucha por la justicia y los Derechos Humanos en México”, afirma la organización.

Estela Ángeles Mondragón y su esposo Ernesto Rábago Martínez iniciaron una lucha junto con las comunidades rarámuri de Baqueachi en el municipio de Carichí, para recuperar las tierras que fueron invadidas por ganaderos locales; sin embargo, luego de ganar el litigio que legitimó la pertenencia de más de 5 mil hectáreas de tierra de los rarámuri, su esposo fue asesinado el 1 de marzo de 2010, en un acto que se señala como una venganza. Previo a este trágico suceso, días antes,  la hija de esta pareja sufrió un atentado afuera de su domicilio.

El empeño de Estela Ángeles Mondragón por defender los derechos de las tarahumaras le ha acarreado amenazas de muerte y múltiples agresiones. El 28 de marzo de 2009 incendiaron su despacho con dos bombas molotov. A raíz de este hecho, “el Subdelegado de la Procuraduría Agraria Pedro Martínez Cháirez nos acusó en el periódico local El Heraldo de pertenecer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Además, dio entrada a las demandas de los ganaderos del municipio de Nanovoa en contra de los ejidatarios indígenas, en lugar de llamar a una conciliación”.

La lucha de la abogada continúa, pues aún hoy sigue la disputa legal por estas tierras que fueron invadidas arbitrariamente por ganaderos locales con respaldo de la Procuraduría Agraria, quien demando en apoyo de los ganaderos del municipio de Carichí a los indígenas de Baqueachi; demandas que los ganaderos emprendieron para luchar por una tierra de la que han sacado provecho económico durante años de manera arbitraria.

La entrega del premio será el sábado 20 de abril a las 16:00 hrs. En El Centro Cultural Universitario, en Cuernavaca, Morelos.

Como preámbulo a la Ceremonia de Premiación, se realizara el foro: Situación actual de los Derechos Humanos: entre la impunidad y las promesas, a las 10:00 horas.

Llevarán caso de Clara Armendáriz y su hija Antonia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revertir la resolución de la Procuraduría de Asistencia Social y Jurídica del DIF que busca la pérdida de la patria potestad de Clara Armendáriz Gutiérrez sobre su hija Antonia.

Al informar lo anterior, el equipo legal de la organización señaló que la resolución del DIF viola el principio de inocencia consagrado en la Convención Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales.

Afortunadamente existen instancias internacionales como la CIDH y el Comité de Expertos de la Niñez y la Mujer; organismos a los que acudirá el  CEDEHM porque tienen criterios jurisprudenciales apegados a estándares internacionales y con seguridad revertirán la absurda decisión del DIF, indican las abogadas del Centro.

Si bien el objetivo del DIF es proporcionar elementos que permitan a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, el poder lograr un desarrollo sustentable, contradictoriamente esta institución violó el derecho de la familia y llegó más allá de lo permitido, pues pretende “proteger” a la menor de su madre y sus familiares, como si fueran enfermos o trastornados, critican las abogadas.

La resolución refleja una serie de sexismos entre los que se encuentran el doble parámetro para juzgar la conducta en forma distinta a hombres y mujeres, al adjudicarle a la conducta de Clara y su padre, una intención basada en los estereotipos de género, evidenciando el sesgo cultural que le exige a la mujer una conducta apegada totalmente a los roles de género que socialmente se le ha asignado, negándole así la posibilidad de obtener la guarda y custodia de la menor, hacen ver las representantes legales.

Además, la Procuraduría de Asistencia Social se tenía que haber esperado a la sentencia por parte del juzgado familiar, que es la autoridad competente para determinar la perdida de la patria potestad, antes de dictar una resolución en contra de Clara y su familia, apuntan las especialistas.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres considera que esta determinación es un extremo conservadurismo por parte del DIF, invadido de atribuciones de competencia exclusiva del ámbito jurisdiccional.

Las abogadas del Centro consideran que, en razón de esta situación, sería recomendable revisar el perfil y hoja de vida de quien se encuentra al frente de esta institución.

Esta acción incita de nueva cuenta a la comunidad chihuahuense al linchamiento social para descalificar a Clara Armendáriz y su familia, además causa indignación las ilegalidades de la Procuraduría de Asistencia Social y Jurídica del DIF, en razón de las graves violaciones a los derechos humanos, tanto de la madre como de la menor que se han cometido en la resolución, advierten las abogadas.

Preocupa al CEDEHM  la confusión o mala fe de esta institución que ha evidenciado el desconocimiento en el tema de derechos humanos.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres es una organización reconocida internacionalmente por el litigio con perspectiva de género que realiza.

Premia la Suprema Corte de la Nación y ONU Mujeres un ensayo que documenta dos casos de mujeres de Chihuahua que lograron obtener justicia en el sistema acusatorio.

La Suprema Corte de la Nación anunció ayer que el  ensayo que obtuvo el primer lugar del concurso “género y justicia” fue un documento de 18 páginas escrito por Laura Aragón Castro, fundadora de la asociación civil Mukira. 

El ensayo  documentó cómo las abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), con sede en Chihuahua,  lograron sentar precedentes en el sistema acusatorio (juicios orales) y obtener resoluciones favorables para dos mujeres víctimas de violencia, a través del ejercicio de la coadyuvancia y de una argumentación jurídica con perspectiva de género. 

MODP, víctima de violencia familiar, sobrevivió a un intento de homicidio. El caso demostró cómo las reglas del sistema acusatorio, en el que Chihuahua fue pionero, permiten que las mujeres cuenten con abogadas de confianza, quienes pueden inconformarse con el ministerio público cuando consideren que este no actúa debidamente. Específicamente, señala el ensayo ganador “este caso documenta cómo un pequeño grupo de mujeres puede, a través del activismo judicial cuestionar y modificar los esquemas jurídicos tradicionales  al erguirse como sujetos procesales plenamente activos en el sistema acusatorio, e interponer amparos para modificar una resolución judicial, y lograr que se les reconozca su derecho y el de las víctimas a la participación activa y plena”.

El segundo caso documentado es la historia de RE, una mujer que se vio obligada a ejercer el derecho a la legítima defensa cuando su ex pareja intentó asesinarla. Inicialmente, RE había sido vinculada proceso y fue a la cárcel. El CEDEHM logró exponer de manera efectiva que los estereotipos de género tanto de la fiscalía como del juez, no  reconocieron  el derecho de Rosa Ema  a defenderse, como podría defenderse de cualquier hombre que llegara a su casa, a intentar asesinarla. En una segunda instancia, la organización logró que un magistrado ordenara la absolución inmediata de Rosa Emma, al considerar que había actuado en legítima defensa protegiendo su vida y la de sus hijos. 

El ensayo ganador concluye “ante las insuficientes resoluciones favorables para las mujeres víctimas de violencias,  resulta imperioso documentar y promover sentencias  que demuestren que a pesar de la discriminación contra las mujeres, existen prácticas judiciales ejemplares e inspiradoras”.

El día de hoy, el Doctor Carlos Beristain, y la periodista Marcela Turati visitan el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres para facilitar el tercer módulo del Diplomado de Acompañamiento Psicosocial a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, titulado Impactos psicosociales de las violaciones a los derechos humanos, y desafíos a los derechos humanos en un contexto de guerra contra la delincuencia organizada.

El diplomado, partiendo del actual contexto sociopolítico en el país, fue organizado por el CEDEHM con la finalidad de que  las personas y las organizaciones dedicadas a la atención de personas víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos incorporen a su repertorio de recursos de apoyo, la perspectiva psicosocial, que hace énfasis en la consideración de las condiciones sociales y políticas generadoras de violaciones a derechos humanos, y utiliza el trabajo psicosocial como un medio para el empoderamiento de las víctimas y la transformación social.

Carlos Beristain es un experto en acompañamiento psicosocial que ha trabajado por más de tres décadas con víctimas de violencia política en distintos países, como El Salvador, Guatemala y Colombia. También ha colaborado en Comisiones de la Verdad y esfuerzos por la recuperación de la memoria histórica, como el informe “Guatemala nunca más”, del que fue coordinador, y ha sido perito frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de graves violaciones de los derechos humanos, como masacres y desaparición forzada.

La chihuahuense Marcela Turati, reportera de la revista Proceso, es conocida por su  cobertura periodística sobre la guerra contra el narcotráfico, defensora de derechos humanos y por el papel que ha desempeñado en la protección y formación de periodistas en México; galardonada por la Red de periodistas de Harvard con el Premio Louis Lyons y el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter.  Es autora de “Fuego Cruzado: las víctimas atrapadas en la guerra del narco” co-autora de los libros “La Guerra por Juárez”, “Los Generales” y “Migraciones vemos… infancias no sabemos”, entre otros.

Asisten a este diplomado integrantes 36 organizaciones, defensores y defensoras de derechos humanos de todo el país. Consta de cinco módulos con temas como bases teóricas y epistemológicas de la perspectiva psicosocial, salud mental y derechos humanos.

“Los servicios de salud, alimentación, vivienda y educación se pueden describir como necesidades básicas. Pero la base de las necesidades humanas de los refugiados es la restauración de la dignidad. La dignidad es el ingrediente vital que falta cuando las necesidades físicas básicas se cubren de una manera mecánica e impersonal. El respeto por la dignidad humana con mucha frecuencia es la primera víctima de las respuestas de emergencia”, mencionó Beristain.

La propuesta del abordaje psicosocial que Beristain ha compartido en el diplomado es muy oportuna no sólo para atender los efectos de la violencia en las víctimas de las estrategias de seguridad impulsadas sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón -que ha dejado más de 100 mil muertos y 25 mil desaparecidos- sino para transformar las causas de la violencia a través de la lucha por la verdad y la justicia.

Aprovechando la visita de estas dos personalidades, se presentarán los libros Manual de perspectiva psicosocial en la investigación de derechos humanos de Carlos Beristain y Entre las cenizas de Marcela Turati, el día de hoy a las 19:00 horas en el auditorio del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.

Tenemos que poner énfasis en el contexto, porque es el contexto el que tiene que cambiar, señalóBeristain

La periodista Marcela Turati, hablando sobre la situación de riesgo de las y los periodistas en el país 

A menos de 48 horas de reunirse con el Estado Mexicano para revisión de medidas de protección, violentan instalaciones del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua

El pasado 2 de abril el Centro de Derechos de las Mujeres (CEDEHM) y el Estado Mexicano se reunieron para la revisión e implementación de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los defensores y defensoras de derechos humanos de esta y otras organizaciones del Estado de Chihuahua, el día de hoy las oficinas del CEDEHM fueron atacadas.

Personal del CEDEHM arribó a las oficinas de la organización a las 7:00 horas encontrando en las ventanas seis impactos realizados con piedras, cerámica y asfalto de hasta 15 centímetros de diámetro, alcanzando el mobiliario al interior del lugar.

El CEDEHM es una organización de defensa activa en protección a derechos humanos de víctimas de feminicidio, desaparición forzada, violencia familiar y sexual; además esta organización representa legalmente a otros defensores y defensoras en la región que se encuentran en situación de riesgo extremo. En razón de lo anterior fue necesario instalar botón de pánico y botón azul, los cuales fueron activados en varias ocasiones sin recibir respuesta alguna.

Durante la pasada revisión de Medidas Cautelares, los funcionarios federales y estatales asignaron personal encargado de atender llamadas de emergencia de los beneficiarios, a quienes se les llamó ante la falla de los mecanismos, quienes acudieron al lugar de los hechos una hora y media después.

Desde el año 2008 el CEDEHM cuenta con Medidas Cautelares de la CIDH  y ante el incremento del riesgo, el  mes de febrero del 2013 su coordinadora General, la defensora Luz Estela Castro adquirió el carácter de beneficiaria de  Medidas Provisionales de la Corte Interamericano.

Los hechos denunciados son una clara agresión en contra del trabajo realizado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres ante el clima de impunidad que vive el estado, señaló Lucha Castro.

Amenazas de muerte, daños, robos, campañas de desprestigio forman parte del historial de agresiones a esta organización, por su fundamental labor ha obtenido reconocimientos nacionales e internacionales y que funciona en Chihuahua, estado catalogado por la oficina del alto comisionado de derechos humanos de la ONU como la de mayor riesgo a los defensores de derechos humanos.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres se reunirá con el Estado Mexicano (Gobierno Federal y Estatal) para revisión de medidas de protección a defensores y defensoras de derechos humanos del Estado de Chihuahua

El Mtro. Juan Carlos Gutiérrez Contreras, titular de la Unidad para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación convocó a autoridades federales y estatales a reunión con integrantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, representante legal de varias organizaciones, para revisar las medidas de protección requeridas al estado mexicano por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de defensores y defensoras de derechos humanos en situación de riesgo, que realizan su labor en el Estado de Chihuahua.

El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el Reglamento de la CIDH, que establece que en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas solicitantes.

Según un estudio realizado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (OACNUDH), Chihuahua ocupa el primer lugar en denuncias sobre ataques cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos.

Entre las organizaciones beneficiarias de las medidas de protección se encuentran el CEDEHM, Bowerasa, El Barzón, Paso del Norte y COSYDDHAC, mismas que son representadas legalmente ante las instancias internacionales por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, organización que alberga espacios para que otras organizaciones defiendan los derechos humanos, en un contexto de grave inseguridad y violencia; capacita e implementa educación y procesos para empoderar a líderes sociales y defensoras/es de derechos humanos en el área urbana y rural del estado de Chihuahua.

Minimiza el gobierno de Chihuahua intento de feminicidios y disminuye sanciones a los agresores

Juan Manuel,  le dijo a su ex pareja: “te voy a matar” mientras la estrangulaba y sacó un arma frente a varios testigos. No obstante, Héctor García Aguirre de la defensoría pública de Chihuahua intentó modificar la sentencia y la magistrada Delia Holguín decidió reducir la penalidad contra el agresor, el 19 de marzo de 2013.

García Aguirre, defensor de oficio, debió reconocer el intento de estrangulamiento, durante el juicio, aunque lo minimizó señalando que era sólo “una forma para someterla y controlarla”. 

El CEDEHM estima que García y Holguín no actuaron con la debida diligencia pues no tomaron en cuenta  los estudios científicos que señalan que cuando una víctima está siendo estrangulada, se encuentra al borde del homicidio; puede sobrevenir la pérdida de conciencia en tan sólo algunos segundos y la muerte en unos cuantos minutos.

Héctor García utilizó además comentarios discriminatorios y sexistas  contra la víctima y sus defensoras, señaló que la defensora del CEDEHM que ayuda a tramitar órdenes de protección, no debería de haber estado ahí  “en razón  de tratarse de una mujer de edad avanzada y no muy fuerte”, e insinuó que “lo único que pretendía era un papel protagónico de heroína”.

El equipo de abogadas del CEDEHM lamentó que “desde hace varios años, el gobierno de Chihuahua ha tenido una estrategia de culpar a las mujeres que son víctimas de delitos y violencia, en lugar de responsabilizar y desaprobar los ataques de los agresores, tal como ha venido sucediendo  desde hace más de 20 años con las declaraciones discriminatorias contra las jóvenes que han desaparecido y son asesinadas en esta entidad, particularmente en Juárez”.

En otro caso, el Juez de Garantías del Distrito Judicial Benito Juárez, sentenció en un juicio abreviado a sólo 3 años a José, que intentó matar a su pareja.  José incendió intencionalmente la vivienda de la víctima. En el momento en que ardió en llamas la casa, se encontraban en ella la madre de la víctima y su pequeña hija. El acusado fue detenido en flagrancia. Sin embargo, las mujeres que sobrevivieron el incendio debieron esperar un año para que se realizara la audiencia de vinculación a proceso por tentativa de feminicidio y daños. La sentencia que recibió por intentar matar a una mujer incendiando la casa, donde vivía es menor a la que hubiera obtenido si se hubiera robado una vaca.

Lucha Castro, abogada del CEDEHM señaló que “preocupa que los pocos casos que llegan ante un juez de intento de feminicidio sean tratados con desdén  y minimizados, enviando un mensaje de permisividad de que en Chihuahua no es grave asesinar a una mujer, o dando sentencias menores a quienes intenta matar a mujeres, a las que tendría el robo de ganado”.

El CEDEHM lamenta que apenas a días de la conmemoración del 8 de marzo, día de la mujer, autoridades judiciales minimicen penalidades contra agresores de mujeres en el estado de Chihuahua, una región que desafortunadamente sigue teniendo altos índices de feminicidios.

En esta entidad, desde 2010, han sido asesinadas por lo menos 1045 mujeres, de acuerdo con la base de datos de Justicia para Nuestra Hijas, “pero  parecería que el estado despliega sus recursos para negarles el acceso a la justicia a aquellas que logran sobrevivir”, señaló Castro. 

Defender a quienes nos defienden

Por: Víctor M. Quintana S.
Fuente: Opinión / El Diario 
Liga: El Diario de Chihuahua

Se han recrudecido  en todo el país los ataques contra organizaciones y personas que defienden los derechos humanos en cualquiera de sus acepciones: cívicos, políticos y sociales. Chihuahua no es la excepción, menos tratándose de una de las entidades donde  hay más activismo de organizaciones no gubernamentales y derechohumanistas.
A los ataques perpetrados hace menos de medio año contra barzonistas y dirigentes comunitarios del ejido Benito Juárez se suman ahora las agresiones en contra de las organizaciones de mujeres, y contra la agrupación Plan Estratégico de Juárez, apenas la semana pasada.

Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, tan conculcados en Chihuahua, se han convertido en las villanas favoritas de aquellos a quienes sus señalamientos, desmentidos y denuncias les escuecen.  En la más reciente oleada de ataques varios medios de prensa digital y escrita arremeten contra ellas con el viejo y manido argumento de que “reciben financiamientos del extranjero y lucran con el dolor de las familias de las mujeres agredidas, asesinadas o desaparecidas”. Ya han sido el blanco de estos ataques asociaciones como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Mujeres por México y Justicia para Nuestras Hijas. Norma Ledezma, fundadora y directora de esta última organización es especialmente agredida ahora por libelos reproducidos por periódicos que se pretenden serios.

Norma Ledezma es una mujer que de víctima se ha convertido en sujeto. El dolor de la desaparición y asesinato de su hija Paloma, hace once años supo transformarlo en activismo formador, organizador y exigente de cuentas a favor de madres y familias de muchachas desaparecidas. Hace diez años fundó “Justicia para Nuestras Hijas” para acompañar, capacitar y organizar a las mujeres cuyas hijas son víctimas de las múltiples violencias que reinan en nuestro estado. Norma se ha convertido en abogada, en agente investigadora ante las deficiencias de las autoridades que deberían cumplir estas funciones. Y ha ayudado a que otras madres también se defiendan, denuncien, investiguen. Ella y su organización han ganado varios reconocimientos internacionales, incluso en el concurso “Iniciativa México” promovido por Televisa.  

La asociación Plan Estratégico de Juárez ha sido agredida cuando menos tres veces en aquella frontera. Los ataques han adoptado la forma de robos del equipo de cómputo y de comunicación, instrumentos indispensables para el trabajo de esta organización. Con el asalto violento al automóvil de uno de sus integrantes y el despojo de equipo cibernético asciende ya a casi medio millón de pesos el botín de quienes son enviados a amedrentar a esta organización, molesta para el poder establecido, sobre todo para las autoridades municipales.

En efecto, la labor de Plan Estratégico de Juárez es tal vez única y pionera a nivel nacional. Se ha convertido en un verdadero observatorio ciudadano, crítico de las políticas y de las acciones de gobierno del municipio. Además de realizar evaluaciones de los programas y de los presupuestos municipales, Plan Estratégico realiza una acción de vigilancia sobre las y los regidores, estamento privilegiado, no acostumbrado a la rendición de cuentas. También lleva a cabo talleres, foros y seminarios como el que ahora realiza: “Quién manda en Juárez”. Este tipo de planteamientos y de cuestionamientos seguramente resultan muy molestos para quien busca ejercer el poder sin contrapesos y sin ningún tipo de regulación ciudadana sobre su actuar.

Organizaciones como Justicia para Nuestras Hijas, como Plan Estratégico de Juárez contribuyen a la democratización sustantiva y cotidiana de nuestra sociedad. Aportan a la vigilancia y exigencia de los derechos que constituyen la ciudadanía. Por eso son muy importantes para la población y resultan muy molestas para los gobiernos autoritarios y sus aliados. Su actuar continuo y su no adscripción partidaria las hace mucho más difíciles de controlar o de cooptar.

Es el caso en otras partes del país de organizaciones campesinas ambientalistas, de centros de defensa de los derechos humanos, de comunidades indígenas que defienden su territorio y sus recursos naturales. Por eso son agredidos ahora de muchas formas, porque no se les puede manejar mediante el “Pacto por México” ni controlar mediante un registro de partido político o el otorgamiento de prerrogativas monetarias.

En este sentido resulta muy pertinente la campaña que la Red Nacional “Todos los Derechos para Todos” ha emprendido para defender a las y los defensores de derechos humanos, que se denomina “Defendamos la Esperanza”.  Porque defender a quienes actúan como Justicia para Nuestras Hijas, como Plan Estratégico de Juárez es proteger las semillas de otro México posible.