Ante la imposición del ejecutivo en el Congreso con la aprobación de los códigos procesales familiar y civil: Alerta de Género para Chihuahua

A pesar de que Chihuahua recibió el primer pronunciamiento en la historia emitido por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) que preside el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong;  aunado al acuerdo de todas las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado para enviar los códigos de procedimientos familiar y civil a expertos internacionales en la materia, el Congreso decidió acatar las órdenes del Ejecutivo y promulgar leyes que vulneran gravemente los derechos humanos.

El pasado 29 de septiembre, con la presencia de todos los coordinadores parlamentarios, se suscribió un compromiso en la torre legislativa con el Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHMUJER) y el Movimiento de Mujeres, dicho acuerdo consistió en enviar a los expertos, Roxana Arroyo y Rodrigo Jiménez, integrantes del programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del delito y tratamiento del delincuente (ILANUD) con sede en Costa Rica, los citados códigos procedimentales.

Se contactó a los expertos, se contrataron sus servicios profesionales y sin respetar el plazo pactado, el Congreso decidió aprobar los mencionados ordenamientos legales sin tomar en cuenta las observaciones; obedeciendo la exigencia del Ejecutivo, premura empatada con la visita del Presidente de la República al Estado, en la cual el Gobernador ha insistido en la inauguración de la Ciudad Judicial  y vanagloriarse con los nuevos códigos.

El día de ayer, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres reunió en sus instalaciones, de manera urgente, a la Maestra Alejandra Negrete, titular de la Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres (Conavim); a la Maestra Ángela Quiroga, Fiscala Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra); y Roberto Cabrera de la Comisión Nacional de Seguridad, donde se denunció la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en el Estado, en especial en la Sierra Tarahumara; y uno de los puntos centrales fue el incumplimiento del Gobierno de Chihuahua en las recomendaciones del SNPASEVM.

Al enterarse en dicha reunión, de la aprobación de los códigos violatorios a los tratados internacionales que México ha ratificado, contraviniendo el principio de igualdad y no discriminación que el legislativo debió garantizar en estas normas familiares y civiles, se solicitó a la CONAVIM la activación de la alerta de género por agravio comparado, compromiso que fue asumido por su titular.

La alerta de género, contenida en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 31,  tiene como finalidad eliminar las desigualdades producidas por un ordenamiento jurídico o políticas públicas que impidan el reconocimiento o el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las Mujeres protegidos en todos aquellos instrumentos internacionales reconocidos y ratificados por el Estado mexicano.

Algunos ejemplos detectados por el CEDEHM que sustentan el agravio comparado:

·         Reiteramos el grave error de legislar códigos de procedimiento sin tener los códigos sustantivos que son la base,  no se tiene el derecho que se va a desarrollar en el proceso a seguir, que es un mínimo de lógica jurídica.

·      El código carece de un procedimiento eficaz que facilite se asuma la responsabilidad paterna, era la gran oportunidad para dar respuesta al clamor de miles de niños y niñas que merecen el derecho a la paternidad, nos referimos a las madres solteras que enfrentan la responsabilidad en solitario ante la irresponsabilidad de los hombres. La Convención sobre los Derechos de Niño establece como obligación legislar procedimientos para garantizar que niñas y niños tengan reconocimiento paternidad, obligación omitida en los códigos aprobados, es decir, por lo que no existe homologación de las normas con los estándares internacionales.

·       Los códigos aprobados omiten los derechos de personas vulnerables; reiteramos era el momento oportuno para armonizar los códigos con los convenios y tratados internacionales de protección a derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres, niños, niñas, personas de la tercera edad, indígenas, personas con capacidades diferentes y diversidad sexual; es decir, los códigos incumplen por la falta de procedimientos especiales para atención a estos grupos.

·             En relación a usar el lenguajes inclusivo, no solo debe limitarse a decir juez o jueza, mujer o hombre, se trata de elaborar una norma jurídica que en la práctica facilite el acceso a las mujeres a procedimientos sencillos, claros y oportunos que atiendan las desventajas, es decir hacer efectiva la igualdad sustantiva que establece la CEDAW.

·         El derecho humano a los alimentos evadido por algunos hombres, era también un momento histórico para obligarles al cumplimiento de dicha obligación. Uno de los grandes problemas de ruptura de tejido social obedece a la situación que enfrentan miles de niños y niñas abandonados que carecen de lo más indispensable, por esto era indispensable una legislación protectora a sus derechos.  

·         Aun cuando se habla de que no hay mediación, por el propio contenido del articulado se advierte presión para llegar a este propósito, es decir en las primeras audiencias del juicio oral, en conclusión no hay armonización con el derecho internacional de los derechos humanos como fue la exigencia del Sistema Nacional (SNPASEVM).

El CEDEHM lamenta que con la aprobación de estos códigos de nueva cuenta el estado de Chihuahua, lugar en que ha cobrado fama por los asesinatos de mujeres y niñas, que ocasionó la emblemática sentencia de Campo Algodonero, que tuvo el primer pronunciamiento del Sistema Nacional (SNPASEVM), ahora se sumará a la primera alerta de género por agravio comparado que se emita en el país.

MIENTE DIPUTADO RODRIGO DE LA ROSA

Chihuahua, Chih., 1º de octubre de 2015.- El Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHMUJER) y el Movimiento de Mujeres de Chihuahua desmienten al Diputado Rodrigo de la Rosa, líder de la bancada priista del Congreso del Estado, en afirmaciones realizadas a diversos medios de comunicación, en los que descalifica a las organizaciones y hace manifestaciones que no se apegan a la verdad.

Por tratarse de declaraciones calumniosas y ofensivas,  las activistas recordamos los antecedentes que obligaron al Congreso a reformar los códigos de procedimientos en materia familiar y civil:  

•        A finales de 2013 y el 6 marzo de 2014, el Congreso abrió foros de consulta ciudadana en el Estado, que resultaron un acto de simulación absoluta. Las organizaciones defensoras de derechos de las mujeres participamos activamente, presentando diversas propuestas que no fueron tomadas en cuenta. Los códigos fueron aprobados el 26 de junio de 2014.

•        Ante la imposibilidad de ser escuchadas, integrantes del Movimiento de Mujeres acudimos a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación y Presidente del Sistema Nacional para Atender, Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) a denunciar la promulgación de los códigos que violentan los derechos humanos de diversos grupos, en especial de mujeres y niñas.

•        El 20 de enero del año en curso, integrantes del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) acudieron en representación del SNPASEVM, informaron del pronunciamiento e instaron a una reforma legislativa.

•        La denuncia del Movimiento de Mujeres fue justa y sustentada: el 15 de junio del presente año, fue notificado el Gobernador César Horacio Duarte Jáquez, del primer pronunciamiento emitido en la historia del SNPASEVM respecto de leyes violatorias de derechos humanos. El oficio CNPEVM/622/2015 retomó “las principales preocupaciones del Sistema Nacional en relación con las reformas realizadas a los Códigos de Procedimientos Civiles y Familiares del Estado de Chihuahua, e insta[ba] a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado a revisarlas y a adoptar una perspectiva de género adecuada y sean compatibles con los derechos humanos de las mujeres y los estándares internacionales en la materia.” De ese pronunciamiento se marcó copia, entre otros, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y al Presidente del Congreso del Estado.

•        En julio de este año, el Secretario General de Gobierno compartió con el Movimiento de Mujeres una propuesta de reforma de los códigos de procedimientos trabajada desde el Ejecutivo, más nunca desde el Congreso, con quienes aún tenían que coordinarse.

•        El retraso en la construcción de la ciudad judicial y la necesidad de cambiar los códigos obligó al Congreso el 13 de julio a cambiar la fecha de vigencia de los códigos. El 21 de julio del presente año, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia convocó al Movimiento de Mujeres de Chihuahua a un desayuno en el cual hizo entrega del proyecto de Código Civil para la revisión de las organizaciones. Entre otras cuestiones, las organizaciones insistimos en la necesidad de la presencia del Congreso y urgimos a que existiera coordinación entre los tres Poderes del Estado.

•        El 6 de agosto que se instalaron las mesas para discutir los proyectos de códigos sustantivos. El Poder Judicial nos remitió una propuesta de reforma de códigos de procedimientos trabajada desde ese Poder y no desde el Congreso. Acudieron representantes del ICHMUJER, magistrados y abogados de la Consejería Jurídica y del Movimiento de Mujeres. No participó ningún diputado o diputada.

•        Organizaciones tuvieron una reunión con integrantes de los 3 poderes y se comprometieron a convocar a una reunión con los líderes de las bancadas parlamentarias. Hasta ese momento, el Congreso no había entregado documento alguno.

•        Fue hasta el pasado 23 de septiembre que, a través del ICHMUJER el Congreso envió una versión de reforma de los códigos de procedimientos, con la consigna de que en menos de ocho días deberíamos entregar todas las observaciones de dicho documento.

Ante todo ello, ¿Quién miente, Señor Diputado? Las anteriores afirmaciones se encuentran totalmente documentadas por diversas minutas, que se encuentran a disponibilidad de los medios de comunicación y de la sociedad en general. Por ello, emplazamos al diputado De la Rosa a que presente pruebas fehacientes que corroboren sus manifestaciones las cuales faltan a la verdad, tergiversan la realidad, buscan evadir la responsabilidad que el Congreso del Estado ha tenido en este tema y pretenden responsabilizarnos del trabajo que no han hecho.

Desde que inició este tortuoso proceso, el Movimiento de Mujeres ha insistido en la necesidad de que exista tiempo suficiente para revisar los más de 1,500 artículos que comprenden los códigos. No obstante, este ejercicio ciudadano serio, responsable, profesional y gratuito no puede hacerse en el tiempo que prevén los y las diputadas. El Movimiento de Mujeres tiene derecho a participar en estos procesos pero la obligación primordial es del Congreso del Estado, a quienes mensualmente les pagamos con nuestros impuestos $72,545 y el diputado de la Rosa recibe $132,242 al mes. Ello, sin incluir las gratificaciones anuales y prima vacacional. En total, el Congreso del Estado tiene un presupuesto anual de $325´000,000.

También denunciamos que esta Legislatura, como nunca antes en la historia del Congreso, ha legislado desde un escritorio, alejada de la realidad social y de los dramas de las personas a quienes supuestamente representan. Se ha caracterizado por el sometimiento al Ejecutivo del Estado en el nombramiento de órganos autónomos, en no aprobar leyes trascendentales como la ley de participación ciudadana, en aprobar una reforma electoral para obstaculizar las candidaturas ciudadanas y en favorecer el 2% para partidos políticos en contra de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y mientras el Congreso despilfarra millones de pesos, se le quita presupuesto a instituciones que trabajan para las niñas y mujeres en situación de violencia, como son el ICHMUJER y los Centro de Justicia para las Mujeres. En definitiva, la opacidad de los y las representantes populares será la más gris de la historia contemporánea de nuestro estado.

Abogadas Demócratas

Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT)

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)

Círculo de Estudios de Género

Ecos de Mirabal

Justicia para Nuestras Hijas

Fatima, I.B.P.

Grupo Feminista 8 de Marzo

Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas

Kakúm Colectiva

Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHMUJER)

Mujeres Barzonistas

Mujeres por México en Chihuahua, A.C.

Red por la Participación Ciudadana

Observa Ciudadan@

Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua)

EL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES LIDERA A ORGANIZACIONES DE CHIHUAHUA ANTE VISITA DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS A NUEVO LEÓN

Monterrey, Nuevo León,  29 de septiembre de 2015.- Víctimas de violaciones de derechos humanos y organizaciones del Estado de Chihuahua representadas por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) acuden hoy ante la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) en Monterrey, Nuevo León, en el marco de la visita in loco a México.

Las organizaciones de Chihuahua: Alianza Sierra Madre, Consultoría Técnica Comunitaria, Barzón Chihuahua,  Centro de Derechos Paso del Norte y CEDEHM, denunciarán ante el organismo internacional las ejecuciones extrajudiciales,  la grave situación de la Sierra  Tarahumara que está ocasionando desplazamientos forzados, las violaciones a niñas y mujeres en la zona serrana, así como la práctica de tortura como medio de obtener confesiones. Familiares de víctimas de desaparición forzada e involuntaria mostrarán la problemática que enfrentan las familias con personas desaparecidas ante la  negativa en Chihuahua reconocer esta situación.

La visita dará inicio con un evento público en la Plaza del Reloj, para luego trasladarse a la Facultad Libre de Derecho y reunirse con víctimas, colectivos y organizaciones de los Estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas.

El día de ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició su visita in loco a México, la cual se extenderá hasta 2 de octubre, con el objetivo de hacer una observación en terreno sobre la situación de derechos humanos en el país, con particular énfasis en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y  tortura. Adicionalmente, la CIDH dará atención  a la situación de inseguridad ciudadana, acceso a la justicia de víctimas de violaciones a los derechos humanos y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en Mexico.

La delegación a cargo de la visita está integrada por la Presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine; el Primer Vicepresidente, James Cavallaro; el Comisionado Felipe González y las Comisionadas Tracy Robinson y Rosa María Ortiz, además del Secretario Ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza Longoria; la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed, y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, así como especialistas de la Secretaría Ejecutiva.

La Comisión Interamericana se entrevistará con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado y se reunirá con representantes de la sociedad civil, órganos autónomos y organismos internacionales, además de recabar testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos. La delegación visitará Ciudad de México y los estados de Guerrero, Tabasco, Nuevo León, Coahuila y Veracruz.

La Comisión presentará sus observaciones preliminares al terminar la visita, en una conferencia de prensa que tendrá lugar el viernes 2 de octubre, en lugar y horario a ser anunciado durante la semana.

Para el CEDEHM y las organizaciones que acuden, es la oportunidad de denunciar  la realidad  que vive Chihuahua y colocar en la agenda internacional,  las violaciones a derechos humanos que se viven en la entidad, una de las más violentas del país. 

LUCHA CASTRO ES NOMBRADA EMBAJADORA DE LA CAMPAÑA CELEBRANDO MÉXICO DE DISCOVERY CHANNEL

Lucha Castro, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, fue nombrada por la cadena global Discovery Channel, embajadora de la Campaña Celebrando México 2015, presentada el pasado jueves 17 de septiembre en la ciudad de México.

Discovery es una marca global dedicada a crear contenido de alta calidad basado en la vida real, y por cuarto año lanzó la campaña “Discovery Celebrando México” con el objetivo de inspirar a las audiencias, a través de personajes e historias sobresalientes en nuestro país, a dejar huella a través de su trabajo diario o acciones concretas e incluyentes en diversos ámbitos.

La sede del evento fue el Antiguo Colegio San Ildefonso, lugar donde fueron presentados las y los 13 embajadores que este año forman parte de la campaña, que será mostrada por un año, a partir del 18 de septiembre, a través de las diferentes plataformas del canal, compartiendo las historias de éxito de los personajes seleccionados.

Las y los embajadores de este año son: Luz Estela “Lucha” Castro, abogada, teóloga y defensora de los derechos humanos; Alberto Barrita, Luis Arturo Dan y Sergi Vidal, jóvenes ganadores del primer lugar de la competencia internacional organizada por la International Air and Space Program (IASP NASA) y la Agencia Espacial Mexicana; Deborah Berebichez,  la primera mujer mexicana en obtener un doctorado en Física por la Universidad de Stanford; Rogelio Cruz, Doctor en Medicina Fetal por la Universidad de Barcelona, Pionero de la cirugía fetal en México y el mundo; Horacio Franco, uno de los artistas mexicanos más reconocidos y aclamados por la crítica como uno de los representantes más dignos de la flauta a nivel mundial; Charlie Iturriaga, supervisor de efectos visuales, con más de dos décadas en la industria cinematográfica; Abigail Mendoza, cocinera y artesana zapoteca;  Rommel Pacheco,   clavadista Olímpico, finalista en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Beijing 2008; Eduardo y Diego Rabasa y Felipe Rosete, socios, directores y miembros del consejo de Sexto Piso, una de las editoriales independientes más grandes de México. 

“Estas acciones de visibilidad ayudan a eliminar los prejuicios que existen en algunos sectores sobre las activistas y es un importante reconocimiento a los aportes y liderazgos” mencionó Lucha Castro al presentar la cápsula y recibir la distinción a nombre de todas las defensoras del país. 

Reitera Corte Interamericana Medidas Provisionales para la defensora Luz Estela Castro

CARTA PÚBLICA

Reitera Corte Interamericana Medidas Provisionales para la defensora Luz Estela  Castro

9 de septiempre de 2015.

Roberto Campa Cifrían

Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

PRESENTE

Quienes conformamos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) nos ponemos en contacto con usted para exigir la implementación cabal e inmediata de las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) a favor de la defesora de derechos humanos Luz Estela Castro Rodríguez, Directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM).

Es de nuestro conocimiento que la defensora cuenta con dichas medidas desde el año 2013,  mediante las cuales la CoIDH ordenó al Estado Mexicano implementar acciones para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de la defensora.

A dos años de su emisión, el pasado 23 de junio de 2015, a través de la resolución:  Caso /-Asunto Castro Rodríguez/REF: CDH-S/983  la CoIDH resolvió que el Estado debe “mantener las medidas adoptadas, así como implementar de manera inmediata, las medidas que sean necesarias  y efectivas para proteger a la defensora.

Dicha resolución evidencia la prevalencia del riesgo en el que la defensora realiza su labor, y que las medidas implementadas por el Estado Mexicano, no han garantizado la continuidad de la labor de la defensora en condiciones de seguridad.

En ese sentido Luz Estela Castro Rodriguez y sus representantes pertenecientes al CEDEHM y a la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C (COSYDDHAC) allegaron información a la Corte manifestando que la evaluación de riesgo hacia la defensora y su organización “contó con una serie de deficiencias y omisiones y no reflejó el riesgo de la beneficiaria”, y que el resultado del análisis de riesgo no fue comunicado ni a la beneficiaria ni a sus representantes,  sino que fue de su conocimiento a través de propia Corte.

Asimismo el Estado omitió reconocer y dimensionar el contexto de violencia, el incremento de desapariciones forzadas e involuntarias; y el riesgo que significa el acompañamiento a las víctimas en un estado caracterizado por altos niveles de impunidad y en donde la presencia del crimen organizado en lugares en que la defensora realiza su trabajo, la colocan en una situación de grave riesgo, y a ocho meses de ordenarse una valoración de riesgo con perspectiva de género, el  mandato continúa sin cumplimiento.

De igual forma se informó a la Corte que lejos de que las autoridades del Gobierno Estatal reconozcan y respeten la labor de las defensoras, son las propias autoridades quienes a través de campañas de difamación se han referido a la defensora Lucha Castro como “defensora de asesinos”, quien fue nombrada así por el entonces Secretario de Gobierno de la Entidad, el Lic. Raymundo Romero Maldonado.

Cabe mencionar que el estado de Chihuahua es reconocido como uno de los estados más peligrosos para ejercer el derecho a defender los derechos humanos como lo documentó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas[1].

Actualmente la defensora Emilia González integrante de COSYDDHAC cuenta también con medidas provisionales de la CoIDH desde 2012, sin que estás sean implementadas a cabalidad; asimismo las defensoras Estela Ángeles Mondragón de BOWERASA, haciendo camino; Patricia Galarza del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte;  así como integrantes del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, de El Barzón y del CEDEHM; cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que coloca al estado de Chihuahua como el estado con el mayor número de mujeres defensoras bajo este tipo de medidas de la CIDH. De igual forma la defensora  Isela González de Alianza Sierra Madre cuenta con medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

Como Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México es preocupante el nivel de riesgo y violencia en el que se encuentran las defensoras en Chihuahua. De 2010 a la fecha hemos documentado el asesinato de defensoras en el estado de Chihuahua como es el caso de la defensora Josefina Reyes, asesinada en enero de 2010, Josefina denunció  violaciones a los derechos humanos por parte de elementos del Ejército y las corporaciones policiacas federales, de igual forma documentamos el asesinato de Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno cuando protestaba para exigir justicia por el asesinato de su hija Ruby Frayre y el asesinato de Manuelita Solís, defensora del medio ambiente, quien fue asesinada junto con su esposo Ismael Solorio el 22 de octubre de 2012, todos estos asesinatos de mujeres defensoras de derechos humanos prevalecen en la impunidad.

Por otra parte, si bien las autoridades se comprometieron a realizar las gestiones necesarias para la implementación de las medidas de protección ordenadas por la Corte y Comisión Interamericana: la situación de riesgo permanece, ya que continúa un contexto de falta de condiciones que garanticen el derecho a defender los derechos humanos en Chihuahua.

En ese sentido quienes integramos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México manifestamos nuestra preocupación por la defensora Luz Estela Castro; el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; la  Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C;  el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Bowerasa haciendo camino; Alianza Sierra Madre; Mujeres de la comunidad del Manzano,   todas ellas beneficiarias de medidas de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y  exigimos a las autoridades Estatales y Federales:

·         Implementar de manera inmediata y a cabalidad las medidas de protección ordenadas al Estado Mexicano por la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de defensoras y organizaciones en Chihuahua.

·         Particularmente estaremos atentas de la implementación cabal e inmediata de la Resolusión Caso /-Asunto Castro Rodríguez/REF: CDH-S/983 a favor de la defensora Luz Estela Castro.

·         Garantías para que todas y cada una de las defensoras puedan llevar a cabo su labor en el estado de Chihuahua.

Sin más por el momento quedamos atentas de las acciones que se realicen  para salvaguardar la vida e integridad física de las defensoras en Chihuahua y garantizar la continuidad de su labor en condiciones de seguridad.

Atentamente,

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México conformada por 189 defensoras de derechos humanos de 103 diversas organizaciones, ubicadas en 24 estados de la República: Agnieszka Raczynska (México D.F.); Aidé García (Católicas por el Derecho a Decidir, México D.F.); Alba Cruz (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca); Aleida Quintana (Grupo Interdisciplinario  Tékéi, Querétaro); Alejandra Ancheita (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC), México D.F.); Alejandra Nuño (México D.F.); Alexandra Garita (México D.F.); Alicia Leal Puerta, (Alternativas Pacíficas, México D.F.); Aline Castellanos (Herramientas para el Buen Vivir A.C., Oaxaca); Alma Ángelica Barraza Gómez (Sinaloa); Alma Padilla García (Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Chiapas); Alma Delia Rodriguez Alor (Organización Tendremos Alas A.C.,Veracruz); Amelia Guadalupe Ojeda Sosa (Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C. (UNASSE), Yucatán); América del Valle Ramírez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Estado de México); Ana Karen López Quintana  (Tamaulipas Diversidad Vihda Trans, Tamaulipas); Ana Lidia Murillo Camacho (Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.; Sinaloa); Ana María Hernández Cárdenas (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Anaís Palacios Pérez (Colectivo por la Paz Región Xalapa, Veracruz); Analia Penchaszadeh (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Andrea Acevedo García (Mariposas Tlahuicas AC, Morelos); Andrea Eugenio Manuel (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Guerrero); Ángeles López (Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Guanajuato); Angélica Araceli Reveles (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer  CLADEM-México); Atziri Ávila (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Aurora  Montaño (México D.F.); Axela Romero Cárdenas (Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, México D.F.); Beatriz Hernández Bautista (Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género !Nduva Ndandi!, Oaxaca); Bettina Cruz Velázquez (Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, Oaxaca); Blanca Martínez (Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, Coahuila); Blanca Mesina (Baja California); Blanca Velázquez (Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), Puebla); Carina González Luis (Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C., Oaxaca); Carolina Cantú (Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero); Carolina Coppel Urrea (Ambulante Más Allá (cine documental), México DF); Carolina Ramírez (Aura A.C., Veracruz); Cecilia Espinosa Martínez (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua); Cecilia Oyorzabal Gómez (Agencia Timomatchtikan,Puebla); Cirenia Celestino Ortega (Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), México D.F.); Clara G. Meyra Segura (Proyecto de Acompañamiento Psicosocial ALUNA, México, D.F.); Claudia Ángel (Mujeres Indígenas por Ciarena, A.C., México D.F.); Claudia Erika Centeno Zaldívar (México D.F.); Clemencia Correa (Proyecto de Acompañamiento Psicosocial ALUNA, México, D.F.); Concepción Felix Corral (Sí Hay Mujeres en Durango AC, Durango); Consuelo Morales (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Nuevo León); Cristina Auerbach (Familia Pasta de Conchos, Coahuila); Cristina Cruz López (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH); Cristina Hardaga Fernández (Asociadas por lo Justo (JASS), México D.F.);  Dalí Ángel Pérez, (Mujeres Indígenas por Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (CIARENA), A.C, Oaxaca); Daptnhe Cuevas (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, México D.F.); Daniela  Fonkatz (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID);  Diana Carolina Brito Bahena (Defensora independiente, Guerrero); Diana Damián Palencia (Formación y Capacitación AC (FOCA), Chiapas); Diana López Santiago (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.);  Dolores González (Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ), México D.F.); Dora Ávila (Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, Oaxaca); Elena Tapia Vásquez (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca); Elga Aguilar (Comité Cerezo México, México D.F.); Elizabeth Ferreras (Defensa Jurídica y Educación para Mujeres S.C. Vereda Themis, México D.F.); Elizabeth Robles (Servicio Desarrollo y Paz, A.C., Coahuila); Emelia Ortiz (Campaña Si no están ellas no estamos todas, Oaxaca); Emilia González Tercero (Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC), Chihuahua); Esmeralda López Martínez (Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C., Oaxaca); Estrella Soria (México D.F.); Fabiola González Barrera (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), México D.F.); Fátima Ojeda (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Felicitas Martínez Solano (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), Guerrero); Flavia Ester Anau (Centro de Atención Infantil Piña Palmera A.C.,Oaxaca); Gabriela Aguilar Martín (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer  CLADEM-México); Gabriela Morales Gracia (Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, México D.F.); Georgina Vargas Vera (Guanajuato); Gloria Muñoz Ramírez (Desinformémonos, México D.F.); Griselda Sánchez Miguel (Oaxaca); Guadalupe García Álvarez (Mujeres Luchas y Derechos para todos, Estado de México); Guadalupe Hernández Hernández (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Guadalupe López (Lesbianas en Patlatonalli, Jalisco); Harmida Rubio Gutiérrez (Veracruz); Hermelinda Tiburcio Cayetano (Kinal Antzetik, Guerrero); Icela Jaimes (Colectivo Raíz, Aguascalientes); Ileana Espinoza (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua); Imelda Marrufo (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua); Indira de Jesús Luis Aquino (Oaxaca); Ingrid López Miguel (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Irma Estrada Martínez (Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México D.F.); Ixchel Carrasco Arias (Enlace, Comunicación y Capacitación, Guerrero); Isela González Díaz (Alianza Sierra Madre, AC, Chihuahua); Janette Corzo (APRENDAMOS); Jaqueline Santana (Defensora Independiente, México D.F.); Johana Belén Sánchez Rojas (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Josefina Chávez (Cuadernos Feministas, México D.F.); Juliana García Quintanilla (Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C., Morelos); Julieta Hernández Camargo (Si hay Mujeres en Durango, Durango); Julisa Bivian Luis  Hernández (Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C., Oaxaca); Laura Carlsen (Programa de las Américas, México D.F.); Laura García (Semillas, México D.F.); Laura Gutiérrez (Mujeres Unidas: Olympia de Gouges, Baja California); Laura Salas (La Sandía Digital, México D.F.); Laura Velázquez (Asociadas por lo Justo (JASS), México D.F.); Lenika Morales Zavaleta (Colectivo Liquidámbar/Colectivo Enrique Guerrero, México D.F.); Leticia Burgos (Red Feminista Sonorense, Sonora); Lidia Alpizar (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Lydia Cacho (México D.F.); Lorena Wolffer (México D.F.); Lorena Fuentes (Semillas, México D.F.); Lorena Maribel Peralta Rojas (México D.F.); Loreto Bravo (Palabra Radio, Oaxaca); Lucía Lagunes Huerta (Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), México D.F.); Lulú V. Barrera (Luchadoras, México D.F.); Luz Estela Castro (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua); Ma. Hilda de la Vega (Mujeres por México en Chihuahua A.C., Chihuahua); Magdalena Santos (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Malú García Andrade (Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Chihuahua); María Luisa Aguilar Rodríguez (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero); Margarita Avalos (Colectivo Ollin Calli Tijuana A.C., Baja California); Margarita Guadalupe Martínez (Chiapas); María Guadalupe Ramos Ponce (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer  CLADEM-México, Jalisco); María Paula Castañeda (México D.F.); María Rosa Guzmán Valdez (Red de Promotoras de Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en el Estado Jalisco, Jalisco); María Trinidad Ramírez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Estado de México); Martha Figueroa (COLEM Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, Chiapas); Martha Graciela Ramos Carrasco (Mujeres por México en Chihuahua, Chihuahua); Martha Pérez Pineda (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Estado de México); Martha Sánchez Soler (Movimiento Migrante Mesoamericano, México D.F.); Martha Solórzano (Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad A.C., Sonora); Marusia López (Asociadas por lo Justo Mesoamérica (JASS-Mesoamérica), México D.F.); Matilde Pérez Romero (Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón en Chilapa de Álvarez, Guerrero); Mayela García Ramírez (Colectivo de Investigación, Desarrollo y entre Mujeres A.C., Veracruz); Melissa A. Vertiz Hernández (México D.F.); Mercedes Olivera (Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Chiapas); Minerva Nora Martínez (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Miriam González Sánchez (Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), México D.F.); Montserrat Díaz (Colectivo Feminista de Xalapa, Veracruz); Nadia Maciel (Guerrero); Nadín Reyes Maldonado (Comité de Familiares de Detenidos - Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, México D.F.); Nallely Tello (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Nancy Pérez (Sin Fronteras A.C., México D.F.); Nerida Gaspar Castillo (Colectivo Ollin Calli Tijuana A.C, Baja California); Nora Bucio (Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Morelos); Nora María Vargas Contreras (Equipo Mujeres en Acción Solidaria (EMAS), Michoacán); Norma Mesino (Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Guerrero);Obtilia Eugenio Manuel (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Guerrero); Ofelia Cesáreo Sánchez (Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero); Paloma Estrada Muñoz (Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C.,Morelos); Patricia Matías López (Centro de Atención Infantil Piña Palmera A.C., Oaxaca); Patricia Yllescas (México D.F.); Reyna Martínez Hernández (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Reyna Ramírez Sánchez, Colectivo de Obreras Insumisas To Tlaktole Calaki Mo Yolo, AC., Puebla; Rogelia González Luis (Grupo de Mujeres 8 de marzo, Oaxaca); Rosa María Laguna Gómez (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer  CLADEM-México, Jalisco); Rosario Pacheco Leal (Alternativas Pacíficas, Nuevo León); Ruth Fierro (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Chihuahua); Sanjuana Martínez (Nuevo León); Salomé Almaráz (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Sandra Peniche (Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, Yucatán); Sara Méndez (Comité de  Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca); Sara Montes Ramírez (Colectivo Raíz de Aguascalientes, AC., Aguascalientes); Sayuri Herrera Román (México D.F.); Silvia Alejandra Holguin Cinco  (Centro de Derechos Humanos de la Mujeres de Chihuahua (CEDEHM), Chihuahua); Silvia Castillo Salgado (Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Guerrero); Silvia Núñez Esquer (Sonora); Silvia Pérez Yescas (Mujeres Indígenas por Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (CIARENA), A.C, Oaxaca); Siria Solís Solís (El Barzón Chihuahua, Chihuahua); Susana Mejía (Centro de Asesoría y Desarrollo Entre Mujeres A.C. (CADEM), Puebla); Tania Ramírez (Directora del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz en el Claustro de Sor Juana /Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) México D.F.); Teresa Emeterio Martínez (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Teresa Guardián (Cherán, Michoacán); Teresa Zúñiga (Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitarios (IMDEC), Jalisco); Theres Hoechli (Oaxaca); Valentina Rosendo Cantú (Guerrero); Verónica Corchado (Colectiva: Arte, Comunidad y Equidad, Grupo Articulación Justicia en Juárez, Chihuahua); Verónica Cruz (Las Libres, Guanajuato); Verónica Rodríguez Jorge (Amnistía Internacional México, México D.F.); Verónica Vidal (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Ximena Andión (EQUIS: Justicia para las Mujeres, México D.F); Ximena Cortez (Rosas Chillante, Colectivo Feminista Socialista, México D.F.); Xóchitl Ramírez (Yotlakat Non Siwatl, Atzin Desarrollo Comunitario, Guerrero); Yanimiriam Valdez Baca (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Chihuahua); Yanina Flores (Semillas, México D.F.); Yesica Sánchez Maya (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Yunuhen Rangel Medina (Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), México D.F.); Zulma Méndez (Pacto por la Cultura y Red Mesa de Mujeres, Chihuahua).

C.c.p. César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional de Estado de Chihuahua.

C.c.p.Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

C.c.p.Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de defensoras/es de los derechos humanos de la ONU.

C.c.p.Sr. José de Jesús Orozco, Relator sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de

C.c.p. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

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[1]             Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México: actualización 2012 y balance 2013: http://hchr.org.mx/index.php/2014-06-30-19-00-75/2014-06-30-19-00-76/749-informe-sobre-la-situacion-de-las-y-los-defensores-de-derechos-humanos-en-mexico-actualizacion-2012-y-balance-2013

Por un tribunal de justicia digno

El Movimiento de Mujeres ha convocado el día de hoy a ciudadanos y ciudadanas que son víctimas del Sistema de Justicia en Chihuahua.

Como nunca en la historia de esta entidad federativa, tenemos un poder judicial sometido al poder ejecutivo, que es una vergüenza y una afrenta para quienes realmente están comprometidos con la justicia.

Estamos aquí porque aún nos queda la capacidad de indignarnos ante un poder judicial omiso, sometido, opaco y cómplice de graves violaciones a derechos humanos, al no actuar con debida diligencia y emitir juicios de manera sesgada.

Estamos aquí porque hoy el pleno, órgano máximo del Supremo Tribunal de Justicia decidirá quiénes serán las y los jueces que tendrán la responsabilidad de administrar justicia en el estado de Chihuahua  y venimos a decirles que no estamos dispuestas a seguir tolerando el reparto de juzgados como botín político. 

Uno de los más graves problemas que tiene una sociedad es la falta de justicia, especialmente cuando se vive en un lugar como Chihuahua, en donde  la violencia es el pan de cada día. No hay  una sola persona en este estado que no haya sido víctima, él,  su familia o amistades de algún delito y, sin embargo, el grado de impunidad es insoportable.

Nos han dicho que es el año de la justicia y nos han presumido que Chihuahua tendrá la ciudad judicial más grande de América Latina. Bien sabemos que la cuantiosa  inversión no es garantía de acceso a la justicia, y en este caso efectivamente no lo es, con un Poder Judicial que, en lo general, se ahoga en el descrédito, la corrupción, la ineptitud y que no entiende lo que significa administrar justicia pronta y usar el poder público para servir a las personas, especialmente las más desprotegidas.

Los agravios en contra de la sociedad son numerosos. Por tanto, solo enunciaremos algunos de ellos:

El Poder Judicial es uno de los tres poderes que reformó los códigos de procedimientos familiares y civiles que violan derechos humanos de todas las personas (especialmente niñas y mujeres) y, a pesar de tener el primer pronunciamiento en la historia del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que les obliga a cambiarlos, la falta de voluntad política no permite que esto suceda: están empecinados en tener leyes violatorias de derechos humanos.

Un poder judicial corrupto  que ha hecho de la cultura de la legalidad una caricatura grotesca,  al haber permitido la elección de trece magistrados y magistradas sin experiencia, que llegaron a ocupar los lugares como producto de negociaciones políticas vergonzosas de los partidos políticos, sin importar que quienes ahora tienen la responsabilidad de administrar justicia carezcan de experiencia y perfil idóneo. De ellos, el magistrado golpeador es un ejemplo.

Estamos aquí para hacer un llamado a la conciencia de quienes integran el pleno del Tribunal Superior de Justicia para pedirles que no acepten más la intromisión del Gobernador, su complicidad no puede llegar al extremo de acoger por órdenes superiores al Magistrado de la Segunda Sala Civil del Distrito Bravo en ciudad Juárez, Filiberto Terrazas Padilla. En cualquier país civilizado, en cualquier lugar en que un tribunal se respetara a sí mismo, no se toleraría este tipo de conductas.

Ciudad Juárez, el emblemático lugar conocido internacionalmente por la violencia impune contra sus niñas y mujeres, tendrá en el magistrado Terrazas la responsabilidad de resolver los casos de violencia contra ellas.  Es este magistrado ha demostrado en los hechos un completo desprecio por la ley y las normas mínimas de convivencia humana cuando golpeó a su esposa en estado de ebriedad, para después obligarla a escribir una carta para exculparlo, como lo hacen la mayoría de los hombres cobardes que agreden a las mujeres.

Estamos aquí para decirle al máximo órgano del poder judicial, que aún conservamos la indignación y no se nos olvida la actuación de Carlos Espino Holguín, Juez Cuarto Familiar del distrito judicial Morelos, quien con absoluta impunidad entregó la custodia de una niña  indígena a la mujer que se la robó, entre otras muchas fechorías. El caso de Genoveba nos conmovió a todas y, ante la presión social se le cambió pero solo de oficina: ahora es uno de los responsables de capacitar a otros jueces y juezas.

Estamos aquí para denunciar el reciente nombramiento de jueces a hijos de Fiscales como es el caso de: Enrique Villarreal Díaz (hijo del fiscal de la Zona Norte Enrique Villarreal Macías) y Luis Enrique González Rodríguez (hijo del Fiscal General Jorge Enrique González Nicolás). Ello pone en evidencia el desprecio hacia verdadera cultura de la legalidad, debido a que ambos jueces de garantía, serán responsables de dictaminar sobre las actuaciones legales que provienen de las oficinas de sus padres, en claro conflicto de intereses. Pero también es una muestra de desprecio e irrespeto para algunos/as servidores públicos del propio Poder Judicial de Chihuahua que, con esfuerzo y dedicación diarios, se merecían una oportunidad de asumir importantes puestos como esos.

Estamos aquí acompañando a las Mujeres en lucha, este colectivo de víctimas que ha sufrido en carne propia las resoluciones judiciales cargadas de sexismo, prejuicios y, sobre todo, de ignorancia.

Denunciamos que las mujeres víctimas de violencia familiar son ahora  sentadas en el banquillo de los acusados y los jueces las criminalizado y convertido en delincuentes.

En todos los sectores de la sociedad hay grandes rezagos de la impartición de justicia. Particularmente señalamos la lucha barzonista, que ha denunciado los desalojos violentos en plena violación de derechos a niños, mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Lejos de resolver el problema, se encarcela a los deudores; se ordena mayor fuerza pública para realizar desalojos; y se despoja a las familias de un derecho humano como es la vivienda.

Las recientes reformas al código de procedimientos civiles tendrán por efecto que se agilice el despojo de cientos de familias en situación de pobreza, ante la imposibilidad de continuar pagando por la crisis económica y la violencia que azota el estado (porque recordemos que la CONEVAL señaló que Chihuahua fue de los estados que más retrocedió en la atención a los sectores más vulnerables). La respuesta a la problemática social que aqueja a las familias barzonistas tuvo como respuesta: el Instituto de Mediación, que ha sido un fracaso absoluto en el tema de la vivienda, debido a funcionarios sin sensibilidad y conocimiento  para esta tarea.

Para denunciar la situación que prevalece en todo el estado por la lamentable e ilegal actuar de funcionarios/as del Poder Judicial, hemos recurrido a interponer quejas que nunca prosperan, que siempre se congelan porque quienes deben resolver son juez y parte y envían un mensaje de impunidad y tolerancia, por lo que exigimos:

·         Un consejo de la Judicatura que frene el poder absoluto del Gobernador sobre el Poder Judicial y el poder discrecional del Presidente del Tribunal Superior sobre todo el Poder Judicial de Chihuahua.

·         El respeto irrestricto a los derechos humanos en el estado.

DÍA INTERNACIONAL DE LA PERSONA DETENIDA-DESAPARECIDA

UNA LEGISLACIÓN SIN EL APORTE DE LAS FAMILIAS,

SERÁ ILEGÍTIMA Y ABONARÁ A LA IMPUNIDAD

México, D.F., 30 de agosto de 2015

Un día internacional de la persona Desaparecida no debería existir, esta tragedia no la debemos de vivir ninguna familia. Sin embargo existe y nuestras familias y pueblos no vamos a permitir que esta trágica práctica sistemática de desaparecer a nuestros seres queridos se mantenga, Este día miles de familiares en diferentes estados de la República y Centroamérica saldremos a las calles a exigir que los y las busquen y encuentren.

Esta tragedia humanitaria que vivimos en México, derivada de la Guerra contra la delincuencia organizada y de políticas erróneas de los gobiernos de la Región, han posibilitado la más grave crisis de seguridad y de Derechos en la que la sociedad civil es la principal afectada; las desapariciones generalizadas en el país están destrozando a nuestros pueblos; a éstas se suma el alarmante aumento de feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, la trata de personas, secuestro, desplazamiento forzado a causa de la violencia, entre otras graves violaciones a los Derechos Humanos. Como nunca en la historia reciente de nuestro país habíamos vivido esta atroz agresión a la población que reside en México o que va de paso por el país.

El fenómeno de las desapariciones es algo continuado en nuestra historia reciente, cuidar la memoria de quienes nos faltan es responsabilidad de nuestros pueblos para no perdernos en el sin sentido de la violencia institucionalizada. Nuestras desaparecidas y desaparecidos por motivos políticos de las décadas de los 60s y 70s y 80s les buscamos, nuestros hermanos y hermanas indígenas que en el contexto de la guerra de contrainsurgencia que se da desde los 90s en Chiapas, los buscamos. A las autoridades no les importa saber si no están, ni siquiera saben cuántos desaparecidos y desaparecidas hay en el país, en fechas recientes reconoció oficialmente más 26 mil personas “no localizadas”, un gobierno que no protege los Derechos de los Ciudadanos y niega tragedias sociales y humanas como la Desaparición, no es digno de nuestros Pueblos, y pero aún es responsable por estas graves violaciones a los Derechos Humanos; nosotras si sabemos que no están, sabemos sus nombres uno a uno, son nuestros hijos e hijas quienes nos faltan, no se fueron por gusto o hartazgo, nos los arrebataron, los y las desaparecieron.

Miles de familias hemos caminado por años en la búsqueda de nuestros seres queridos, hemos aprendido a investigar, a buscar, a interactuar con autoridades de todos los niveles, a interactuar con el Ejército o la Marina y también a redactar leyes y proponer políticas públicas, pero sobre todo hemos aprehendido a recuperar y defender nuestra dignidad y la de nuestros seres queridos desaparecidos. Hoy volvemos a exigir al Congreso de la Unión que apruebe una LEY GENERAL PARA ERRADICAR Y PREVENIR LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS. Para que esta Ley sea legítima debe incorporar imprescindiblemente las aportaciones de las y los familiares de las personas desaparecidas, ya que solo nosotras y nosotros, hemos velado por los Derechos de nuestros seres queridos, reafirmamos ¡No sin las familias! Las personas desaparecidas y sus familiares somos Sujetos de Derecho, no de caridad, ni de asistencia pública; una Legislación que no respete este Derecho será una Ley ilegítima que sólo perpetuará la impunidad y la violencia.

La LEY GENERAL PARA ERRADICAR Y PREVENIR LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS, que será aprobada en los próximos meses, deberá llamar por su nombre al delito de Desaparición de Personas y no desvanecerlo en tecnicismos; deberá tener un enfoque central de búsqueda y localización como Política de Estado, pero también y no menos importante, deberá garantizar todos los DERECHOS de las personas desaparecidas, es decir, debe reconocer la identidad y personalidad jurídica de las personas desaparecidas para garantizar la vigencia y protección de todos sus Derechos civiles, económicos, laborales, sociales, culturales. Esta Ley deberá también reconocer el interés jurídico de las familias como Sujetos de Derecho que representamos a nuestros seres queridos. La Desaparición de Personas es un delito que no prescribe y como tal la Ley deberá ser amplia y reconocer a todas y todos los desaparecidos, en este sentido y de manera enunciativa, mas no limitativa, el legislativo deberá hacer todas las reformas necesarias a otras Leyes para garantizar la vigencia de los Derechos de las personas desaparecidas, de no hacerlo se convertirán también en cómplices responsables de esta tragedia que viven nuestros Pueblos.

Este día de manera articulada decenas de movimientos de familiares con desaparecidos en México nos movilizares de cada rincón de la República, hemos llegado al punto en el que el Estado Mexicano no puede negar por más tiempo la tragedia humanitaria de las y los Desaparecidos y por tanto está forzado a actuar en consecuencia. Durante los últimos meses hemos preparado un documento que contiene las premisas básicas de lo que deberá contener la Ley para garantizar los Derechos de nuestros familiares desaparecidos y desaparecidas; el cual les entregaremos en cada Estado y a legisladores del Congreso de la Unión y les exigimos sea integrado a las mesas de redacción y aprobación de la Ley.

Por eso hoy, Día Internacional de la Persona Desaparecida – Detenida, hacemos un llamado enérgico a las autoridades municipales, estatales y federales, para que la palabra de nosotras, familias víctimas de la desaparición, sea la base fundamental de la LEY GENERAL PARA ERRADICAR Y PREVENIR LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS.

Porque nos faltan a todas y todos, ¡No pararemos hasta encontrarlas os!.

¡No sin las familias!

Verdad y Justicia,

Por un mecanismo real y eficiente de búsqueda nacional y trasnacional.

FUNDEM: FUND-Nuevo León, FUNDEM-Región Centro, FUNDEM- Región Laguna, FUNDEM región Saltillo.

 Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Casa del Migrante Saltillo, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.