viernes, 26 de mayo de 2017

Organizaciones de la Sociedad Civil de Chihuahua se congratulan por el nombramiento de Luz Estela (Lucha) Castro como integrante del Consejo de la Judicatura en el Estado de Chihuahua




Chihuahua, Chih., a 26 de mayo de 2017.- Las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos nos congratulamos por el nombramiento de Luz Estela (Lucha) Castro Rodríguez como integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua.



La necesidad de que el estado de Chihuahua tuviera un Consejo de la Judicatura que se encargara de la administración, vigilancia y disciplina de los órganos jurisdiccionales, fue una demanda de la sociedad civil como condición indispensable para fortalecer la impartición de justicia y saludamos que hoy sea una realidad; consideramos transcendental que una de sus integrantes sea una propuesta formal de las organizaciones de derechos humanos, pues con esto se avanza en la ciudadanización de los órganos del Estado.



La Maestra Luz Estela Castro Rodríguez, es una comprometida abogada y defensora de derechos humanos que por décadas ha dedicado su vida al acompañamiento y defensa de víctimas de graves violaciones a derechos humanos; pionera en el litigio estratégico en el Sistema Penal Acusatorio y con una reconocida trayectoria a nivel internacional que le ha merecido diversos reconocimientos, entre otros el Premio Internacional del año 2011 por parte de la asociación Pro Derechos Humanos de España.



La experiencia de Luz Estela Castro Rodríguez en la incorporación de estándares internacionales en materia de derechos humanos y la perspectiva de género, sin duda serán una aportación fundamental en el Consejo de la Judicatura del Estado.



Las organizaciones de la sociedad civil, esperamos que la implementación del Consejo de la Judicatura redunde en un mejor acceso a la justicia y así a la plena vigencia de los derechos humanos.





Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC)

El Barzón Chihuahua

Bowerasa, Haciendo Camino A.C.

Casa Amiga Esther Chávez Cano A.C.

Centro de Atención a las Mujer Trabajadoras, A.C. (CAMT)

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM)

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (COSYDDHAC)

Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC)

Ecos de Mirabal

Fátima I.B.P.

Mujeres por México en Chihuahua A.C.

Mukira A.C., Justicia, Género y Buenas Prácticas

Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos

Red por la Participación Ciudadana A.C.

Transforma A.C., Centro de Formación para el Desarrollo y Transformación de Vidas

Uno de Siete Migrando

Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez A.C.


viernes, 12 de mayo de 2017

REPUDIAMOS EL ARTERO ASESINATO DE MIRIAM ELIZABETH RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, MADRE DE KAREN ALEJANDRA SALINAS RODRÍGUEZ, DESAPARECIDA EN EL 2012





SOLICITAMOS AL GRUPO DE TRABAJO DE DESAPARICIONES FORZADAS E INVOLUNTARIAS DE NACIONES UNIDAS, AL RELATOR ESPECIAL DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y AL RELATOR ESPECIAL SOBRE EJECUCIONES SUMARIAS Y ARBITRARIAS, SOLICITEN DE MANERA URGENTE MEDIDAS CAUTELARES


La madrugada de este 11 de mayo, fuimos informados por representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas de Tamaulipas, del repudiable  asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez. Los cobardes asesinos entraron a su casa y la acribillaron alrededor de la 10:30 pm, del 10 de mayo. En esta oscura noche de violencia y terror que hemos vivido por  más de una década en el noreste del país y  que desgraciadamente se fue extendiendo a todo el territorio mexicano, la impunidad, la ausencia total e incuestionable de un supuesto Estado de Derecho ha posibilitado la vigencia de un sistema de terror y muerte como forma de gobierno en nuestros estados.

Nos preguntamos quiénes fueron los perpetradores directos. ¿Acaso los hombres que se fugaron del penal de Ciudad Victoria y que están procesados por la desaparición y ejecución de su hija KAREN ALEJANDRA SALINAS RODRÍGUEZ, desaparecida en el 2012? ¿Acaso fueron simples ladrones como suelen ser las versiones oficiales? No lo sabemos, pero lo que sí podemos constatar es la responsabilidad del Gobierno Mexicano por la negligencia de no brindar las medidas de protección que solicitó la víctima, ante el riesgo que corría su vida, por la fuga del responsable de la muerte de su hija.

Reprobamos la falta de seriedad de las autoridades, GRITAMOS YA BASTA, NO PODEMOS ACEPTAR MÁS MADRES Y PADRES DE DESAPARECIDOS ASESINADOS POR BUSCAR A SUS HIJAS E HIJOS. Ya no queremos gobiernos indolentes, cooptados y corruptos que sacrifican a los ciudadanos por sus perversos intereses.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México condena enérgicamente el asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, compañera-madre buscadora de su hija desaparecida y de todos los y las desparecidas en México.

Solicitamos:
Al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, al Relator Especial sobre Defensores de Derechos Humanos y al Relator de Ejecuciones Sumarias y Arbitrarias, solicite Medidas Cautelares al Estado mexicano para proteger a la familia de nuestra compañera MIRIAM ELIZABETH RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y a los miembros de la Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas, por el riesgo a la vida, integridad y seguridad de nuestras compañeras y compañeros.

Exigimos:

La investigación inmediata e imparcial de este cobarde asesinato a través de un órgano que garantice imparcialidad e independencia.

Al Titular del Ejecutivo Federal Lic. Enrique Peña Nieto, al Secretario de Gobernación
 Lic. Miguel Angel Osorio Chong, que dejen de simular y actúen para garantizar la vigencia de los Derechos Humanos en nuestro país, y si no pueden que renuncien.

YA BASTA, NI UNA MADRE Y PADRE MÁS ASESINADOS POR BUSCAR A SUS HIJOS E HIJAS DESAPARECIDAS.


Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM-FEDEFAM (Guerrero); Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES (Nuevo León); Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California (Baja California); Buscando a los Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa (Veracruz); Colectivo Colibrí (Estado de México); Colectivo el Solecito de Veracruz; Colectivo Solecito Córdoba; Colectivo Solecito Cardel; Colectivo Solecito Tierra Blanca; Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México, Alzando VocesCOFADDEM (Michoacán); Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero (Guerrero); Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos A. C.; Comité de Familias Migrantes Desaparecidos del Salvador COFAMIDE (El Salvador); Comité-Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes Junax Ko’otontik” (Chiapas); Desaparecidos de El Fuerte Sinaloa (Sinaloa); Desaparecidos Justicia, A.C. (Querétaro); Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos (Estado de México); Familiares de Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa (Veracruz); Familiares de Orizaba y Córdoba (Veracruz); Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C (Distrito Federal); Familiares acompañados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDHEM) (Chihuahua); Familiares organizados con Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Chihuahua); Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Desaparecidos de Piedras Negras (Coahuila); Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Jalisco); Familiares Enlaces Xalapa (Veracruz); Búsqueda María Herrera Xalapa; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos –Región Sureste (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México Región Centro (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos – Región Laguna (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDLN); Grupo V.I.D.A. Víctimas por sus Derechos en Acción (Coahuila); Justicia para Nuestras Hijas (Chihuahua); Los Otros Desaparecidos de Iguala (Guerrero); Colectivo Madres Unidas (Chihuahua); Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala; COFAMIPRO- Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, Honduras; COFAMICENH- Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras; Plataforma de Víctimas de Desaparición en México (Distrito Federal); Por Amor a Ellxs (Jalisco); Red de Madres Buscando a sus Hijos, A.C.; Red Eslabones por los Derechos Humanos: Eslabones Nuevo León, Eslabones Estado de México, Eslabones Morelos y Eslabones Michoacán; Red Nacional de Enlaces;  Regresando a Casa Morelos; Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa.; Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, A.C.; Voces Unidas por la Vida, Sinaloa.
Organizaciones civiles e instituciones universitarias solidarias:
Alliance for Global Justice (EE.UU.); Asociación de DH del Estado de México; Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario A.C.; Casa Mariposa-Restauration Project (EE.UU.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C;  Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C. (Coahuila); Cauce Ciudadano, A.C; Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Colectivo Universitario "2 de Marzo". Comisión Estatal Para la Promoción de una Vida Digna A.C.;  Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C; Comuna P'urhepecha; Coordinadora de Mujeres  1o de Agosto (COMO); Dirección de Programas de Incidencia - Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial;  Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, (FMPDH);  Fundación para el Debido Proceso DPLF; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.;  Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C.(Ciudad de México); Indignación, A.C (Mérida); Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural AC; Instituto de Justicia Procesal Penal; Causa en Común, A.C; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C; LAWG (Latin America Working Group) (EE.UU.) Ciencia Forense Ciudadana; LUPE - Lucha Unida de Padres y Estudiantes (Tucso, AZ, EE.UU.);  Matrioskas Movimiento de Izquierda Revolucionaria;  Mesa Nacional para las Migraciones Guatemala- MENAMIG; Mexico Unido contra la Delincuencia; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C; Michigan Solidarity Network witn Mexico (EE.UU.); Militarization in The Americas Research Collective (EE.UU.); Milynali Red CFC; Misioneros de San Carlos Scalabrinianos- Guatemala; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA);  Red Retoño, A.C.; Red de Alerta Temprana: Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), Fundación Diego Lucero A.C.,  Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Comité de Defensa de Derechos Humanos CHOLOLLAN, Actuar Familiares contra la Tortura, Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV), Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, Zihuame; Servicios y Asesoría para la Paz, A.C; The School of the Americas Watch (EE.UU.);

Personas solidarias: Mons. Raúl Vera López, Obispo de Saltillo; Ana Luna Serrano, Universidad Autónoma de Baja California; Araceli Rodríguez Nava;  Aram Barra; Areli Rojas; Arturo Bravo Peña (Morelia, Michoacan); Átala Chávez y Arredondo; Bárbara A. Frey, Human Rights Program, University of Minnesota (EE.UU.); Bettina Gómez Oliver, (Ciudad de México); Brenda Rangel Ortiz (Querétaro); Camila Ruiz Segovia, Brown University (EE.UU.); Carlos Cruz Santiago (Ciudad de México); Carolina Pimentel; Carolina Robledo CIESAS (Ciudad de México); Cecilia Bárcenas; César Paz Rincón; Darwin Franco (Jalisco); Denisse Dresser; Diana Hernández García; Eliana García Laguna; Guadalupe Barrena; Erika I. Llanos Hernández; Ernesto López Portillo; Fabiola Lizette Mancilla Castillo;
Felipe Antonio Mendoza Martínez; Gabriela Flores Mendoza (Ciudad de México); Guadalupe de Jesús García Leyva; Gustavo G. Mohar; Itizia Miravete Veraza; Iván García Garate; Janice K Gallger, Assistant Professor Rutgers University-Newark (EE.UU); Javier Mancera; Javier Rosas Reyes; Jorge Javier Romero Vadillo; José Manuel Ruíz; Simón Hernández León; Karina Ansolabehere, FLACSO; Layda Negrete; María Novoa; Carlos Brito;
Leticia Jáuregui; María Eugenia Padilla García; María Fernanda Peñaloza Del Valle; Mariclaire Acosta; May-ek Querales Mendoza estudiante CIESAS (Ciudad de México); Miguel Sarre; Monserrath Gheno; Omaira Ochoa Mercado; Pablo Romo Cedano; Rosa Elena Guerrero Parada; Silvia Cruz Montero; Teresa Carmona Lobo; Mirleivys Maria Piloto Alejo; Verónica Michel, John Jay College-CUNY (EE.UU.); Victor Manuel García Herrera (Querétaro); Whitney Taylor, Cornell University (EE.UU.); Zeller Álvarez, Universidad de Antioquia (Colombia).




viernes, 5 de mayo de 2017

Denunciamos con profundo dolor e indginación el asesinato de Martín Fernando González Miramontes, desaparecido en 2012 en Ciudad Cuauhtémoc




El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) comparte con profunda pena, que ayer, 4 de mayo, fue exhumado en la Ciudad de Parral el cuerpo de Martín Fernando González Miramontes, hijo de nuestra compañera Magdalena González Miramontes, integrante del colectivo de familiares de personas desaparecidas acompañadas por el CEDEHM.

Martín nació el 17 de septiembre de 1988 y desapareció en noviembre de 2012 en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua; su cuerpo fue encontrado un mes después sin que pudiera ser identificado porque no se había interpuesto denuncia.

En diciembre pasado, Magdalena se incorporó al colectivo de familiares y se le acompañó a presentar formal denuncia. Hace unas semanas la Fiscalía General del Estado nos informó que las periciales realizadas concidieron con la información de un cuerpo no identificado, inhumado en Parral, Chihuahua.

El cuerpo del hijo de nuestra compañera fue exhumado y trasladado a la ciudad de Cuauhtémoc, en donde se celebrará una misa en su honor, el día de hoy a las 12:00 horas en la Catedral de San Antonio. Luego de la celebración será inhumado en Rancho González, municipio de Cusihuiriachi.


Desde el CEDEHM seguiremos acompañando a Magdalena y, las y los demás familiares en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación, por todas las personas desaparecidas y aquellas que han sido encontradas sin vida pero que su muerte continúa impune.

martes, 28 de marzo de 2017

Realiza el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en coordinación con la Fiscalía General del Estado mesa panel para el fortalecimiento del sistema de atención a víctimas





Chihuahua, Chih. a 28 de marzo de 2017.- El día de ayer el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) en coordinación con la Fiscalía General del Estado realizó  la  Mesa panel “De víctimas a constructoras de justicia: un nuevo enfoque en la atención” CEAV Chihuahua,  para  compartir las experiencias de atención a víctimas con un enfoque interdisciplinario, integral y transformador, desde las organizaciones de la sociedad civil en la incorporación de modelos institucionales, como parte del proyecto del CEDEHM con Enfoque DH y USAID para el fortalecimiento del sistema de atención a víctimas en el estado de Chihuahua.

La mesa panel fue dirigida al personal de la Fiscalía General del Estado, específicamente a quienes formarán parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como son asesoras y asesores jurídicos, psicólogas y psicólogos, trabajadoras sociales de las cuatro zonas del estado.

Durante el evento se contó con la presencia de Wendy Chávez Villanueva, Titular de la Fiscalía Especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género, en representación del Gobernador del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado; Bianca Bustillos González, en representación del Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel; Mario Salvador Garnica Leyva, magistrado del Tribunal Superior de Justicia; víctimas de violaciones a derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que les acompañan.

También asistieron funcionarias y funcionarios públicos de otras dependencias involucradas en el proceso de atención a víctimas, como la Secretaría de Salud, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y el Centro de Atención y Prevención Psicológica.

La jornada inició con la conferencia magistral de Carlos Martin Beristain, médico y doctor en psicología, referente internacional en la atención psicosocial a las víctimas; enfatizando que las situaciones graves a derechos humanos se deben a un sistema político basado en la corrupción e impunidad, que ha provocado un Estado de derecho débil, dejando de lado la afirmación de los derechos de las víctimas.

Después se realizaron mesas temáticas, donde se escucharon las voces de varias personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos y el tortuoso camino que enfrentan en la búsqueda de la justicia, las afectaciones y los cambios en la visión de mundo y en su proyecto de vida. Las organizaciones de la sociedad civil que les acompañan compartieron la importancia de su labor al brindar atención a víctimas con un trato digno, evitando estigmas, ayudándoles a entender y enfrentar su proceso y no sólo a descargar emociones, creando confianza y credibilidad como base de su labor.

Con la presencia de las comisionadas de las CEAV de los estados de San Luis Potosí y Nuevo León se abordaron las buenas prácticas y obstáculos en la atención institucional a las víctimas en México, resaltando la importancia de dejar atrás lo asistencial y comenzar con el abordaje integral en la atención, y la necesidad de romper esquemas y tener apertura para nuevas formas de trabajo, mediante la especialización y el compromiso de brindar un trato digno.  

Para finalizar el evento, integrantes del CEDEHM presentaron el modelo de atención a las víctimas que se brinda con la finalidad de que se apropien de sus procesos y se conviertan en constructoras de justicia.

El evento resultó un espacio en el cual se tejieron redes para acompañar la transición actual de la Fiscalía de Atención a Víctimas a la Comisión Ejecutiva.




Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena al Estado mexicano proteger a la comunidad de Choréachi



·         Es la primera vez que el tribunal interamericano medidas colectivas para comunidades enteras en México

Chihuahua, Chih., 28 de marzo de 2017. El día de ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la Resolución de fecha 25 de marzo de 2017, mediante la que ordenó al Estado mexicano la adopción de medidas urgentes de protección (conocidas como medidas provisionales) a la comunidad de Choréachi, también conocida como Pino Gordo, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua. De acuerdo con el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ese órgano puede dictar medidas provisionales “En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas […]”. En base a tal disposición y habiendo valorado las circunstancias del caso, “la Corte consider[ó] pertinente disponer medidas provisionales de protección en favor de todos integrantes de la Comunidad indígena de Choréachi, a fin de garantizar su vida, integridad personal, así como la seguridad colectiva de todos sus miembros.”

Las medidas provisionales fueron otorgadas por el tribunal interamericano luego de la solicitud presentada el pasado 18 de marzo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cual, a su vez, había recibido una comunicación de cuatro organizaciones de la sociedad civil que representan a la comunidad ante los órganos del Sistema Interamericano. De acuerdo con la Convención Americana y el reglamento de la Corte, cuando un caso no se encuentra bajo el conocimiento de ese órgano, la única facultada para solicitar medidas provisionales es la CIDH.

Choréachi es una comunidad de hecho, que cuenta con una población aproximada de 800 hombres y mujeres, de los cuales aproximadamente 300 son niños y niñas. Y, de acuerdo a lo sostenido en la solicitud de medidas provisionales, “viene siendo objeto de graves hechos de agresiones, hostigamientos y amenazas en un contexto en el cual sostiene una disputa legal del territorio con otra comunidad, la nulidad de los permisos de aprovechamiento forestaly se alega además la presencia de grupos criminales con intereses en el uso de la tierra y vinculados al narcotráfico”. Por tal riesgo, inicialmente la CIDH adoptó el 6 de octubre de 2014 medidas cautelares para proteger a Prudencio Ramos Ramos y a Ángela Ayala Ramos así como a sus dos núcleos familiares. Prudencio y Ángela son integrantes de la comunidad que actualmente se encuentran desplazados forzadamente a raíz de los asesinatos impunes de los integrantes de la comunidadJaime Zubías Cevallos y Socorro Ayala Ramos, en septiembre y noviembre de 2013, respectivamente. A finales del año pasado, la CIDH habría adoptado medidas colectivas para proteger a toda la comunidad.

A esos asesinatos se ha sumado el de Juan Ontiveros Ramos el pasado 31 de enero del año en curso, cuyo cuerpo fue encontrado la mañana del 1º de febrero. Juan era  comisario de policía de Choréachi y había viajado a la Ciudad de Chihuahua para participar en una reunión el 20 de enero con personal de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y con otras autoridades, discutiendo en dos mesas de análisis la situación de seguridad y el conflicto territorial y ambiental de la comunidad.

Adicionalmente a las medidas que se implementen para garantizar la vida, integridad y seguridad colectiva de los integrantes de Choréachi, la Corte ordenó que: “a) el Estado realice un diagnóstico actualizado sobre la situación de la Comunidad y sus miembros, en el cual informe sobre la intensidad y naturaleza de un riesgo a su vida e integridad, en particular a la luz de los hechos de violencia ocurridos recientemente, y b) de forma inmediata proceda a sostener una reunión con los representantes de la Comunidad Choréachi para que se coordine la adopción de medidas adicionales a las que ya viene adoptando el Estado y que sean pertinentes para la protección de la vida e integridad de los miembros de la Comunidad.”

El otorgamiento de las medidas provisionales tiene importante significados. En primer lugar, es evidencia irrefutable del incumplimiento del Estado mexicano de las medidas cautelares dictadas por la CIDH (de haberse cumplido éstas, no se habrían otorgado medidas provisionales).

En segundo término, es un reconocimiento a la situación de riesgo y abandono que impera en Choréachi en toda una comunidad indígena que ha resistido la violencia y los despojos, reivindicando el derecho a su territorio ancestral: de acuerdo a la resolución, “la Corte toma nota del contexto de violencia que se presentaría en la región de la Sierra Tarahumara en la municipalidad de Guadalupe y Calvo con la posible presencia de ‘grupos del crimen organizado’, así como el recrudecimiento de la situación que se habría presentado desde el año 2015 hasta la fecha […].”

Finalmente, la resolución de la Corte Interamericana llega en un momento fundamental en Chihuahua, en donde es urgente, necesaria e impostergable la coordinación de los tres niveles de gobierno (especialmente del estatal y el federal) para que exista una verdadera seguridad en la zona, que no haya más pérdidas humanas y la comunidad esté protegida.

Estas medidas se suman a las adoptadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 3 de febrero pasado, dirigidas a la Comisión Nacional de Seguridad y de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua para la protección de todos los integrantes de la comunidad indígena. Medidas que, hasta el momento, no han sido implementadas.

De acuerdo con el tercer resolutivo, el Estado mexicano deberá informar “a más tardar el 25 de abril de 2017, un informe completo y pormenorizado sobre las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a las medidas provisionales decretadas, el cual deberá ir acompañado por el diagnóstico sobre la situación actual de riesgo de dichas comunidades.” Luego de ello, el Estado deberá seguir informando de manera trimestral sobre el cumplimiento de las medidas provisionales adoptadas.


Abogadas y abogados por la Justicia y los Derechos Humanos, Alianza Sierra Madre (ASMAC), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC) instan a las diferentes autoridades responsables del Estado mexicano a implementar a la brevedad, en consenso con la comunidad y sus representantes, las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que los habitantes de la comunidad de Choréachi pueda continuar residiendo en ella, de manera segura. De igual manera, es apremiante abatir la impunidad en la zona, resolver rápidamente los procesos judiciales para restituir su derecho al territorio y acceso preferente a los bines naturales de  las comunidades e implementar la alerta preventiva notificada por el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en agosto del año pasado.