domingo, 10 de mayo de 2020

Pronunciamiento del colectivo de familiares de personas desaparecidas que acompaña el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), en el marco de la “IX Marcha por la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijas, hijos, verdad y justicia”


Hasta encontrarles

Chihuahua, Chih., a 10 de mayo de 2020

Con motivo de la celebración del Día de las Madres en México, desde hace nueve años, las familias de personas desaparecidas nos hemos organizado en esta fecha en la que no tenemos nada que festejar por la falta de nuestros seres queridos, para exigir búsqueda, verdad, justicia y reparación.

Las madres y familias de Chihuahua con personas desaparecidas, hemos viajado año con año a la Ciudad de México para marchar, denunciar y demandar una respuesta de las autoridades locales y nacionales.

En este 2020, debido a la contingencia de salud por coronavirus, no tomaremos las calles, pero mantenemos nuestros #CorazonesEnMarcha y a través de las redes sociales demandamos ser escuchadas: nos faltan nuestras hijas, hijos y seres queridos. El Estado tiene la obligación de dar con su paradero, de sancionar a los responsables y de reparar el daño de manera integral, lo cual debe incluir garantías para que no ocurran más desapariciones.

En nuestro país seguimos sin contar con cifras actualizadas sobre el número real de personas desaparecidas. Sin embargo, considerando los últimos reportes oficiales, el estado de Chihuahua tiene más de 3 mil personas desaparecidas.

Por todo esto, en este 10 de mayo el colectivo de familiares de personas desaparecidas del CEDEHM, denunciamos y demandamos al gobierno estatal y federal:
  • La búsqueda de las personas desaparecidas es un derecho de las familias y una obligación que el Estado debe cumplir, la cual no puede suspenderse ni disminuir, aún en contextos como los que atravesamos actualmente, con motivo de la emergencia de salud. 
  • Demandamos el fortalecimiento de la Comisión Estatal de Búsqueda y de las Unidades de Investigación encargadas, para que cuenten con los recursos humanos, técnicos y materiales suficientes que permitan la realización oportuna, adecuada y eficiente de su labor, y que considere el análisis de contexto.
  • Ante el incremento de casos de adolescentes y jóvenes desaparecidos desde finales de 2019 y principios de 2020, particularmente en la zona occidente del estado de Chihuahua, demandamos que se implementen acciones preventivas en coordinación con las autoridades municipales, para evitar que se sigan perpetrando estos hechos. Por otro lado, es indispensable que las investigaciones se realicen identificando los vínculos entre estos casos y considerando el contexto, de tal forma que la respuesta estatal no sea individual, sino que atienda al fenómeno de desapariciones en su conjunto. 
  • De acuerdo con la Ley General de Víctimas y con la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, las familias tienen el derecho a participar en el diseño e implementación de la política pública en esta materia, por lo que demandamos que se nos involucre en la creación del Plan Estatal de Búsqueda, así como en la revisión e implementación de los protocolos de búsqueda.
  • Nos unimos a las demandas del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
Porque las personas desaparecidas nos faltan a todas y todos, no descansaremos #HastaEncontrarles


miércoles, 6 de mayo de 2020

Presupuesto para la atención de mujeres que viven violencia durante la “Jornada de Sana Distancia”


6 de mayo del 2020
Carta abierta a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación
Asunto: Presupuesto para la atención de mujeres que viven violencia durante la “Jornada de Sana Distancia”
Distinguido Sr. Presidente de la República,
Distinguida Sra. Secretaria de Gobernación,
Quienes suscribimos la presente, nos dirigimos a ustedes, en su calidad de representantes de la población mexicana, para externar las incertidumbres que nos provocan  las medidas de austeridad publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2020.  Consideramos que las medidas de austeridad mencionadas podrían tener implicaciones en los programas orientados a garantizar los derechos humanos de las mujeres, particularmente aquellos destinados a la atención y prevención de las violencias.
Tal como la Secretaria de Gobernación ha reconocido, las violencias contra las mujeres han aumentado durante la “Jornada de Sana Distancia”. La información publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirma que durante el mes de marzo el número telefónico 911 registró 115,614 llamadas de emergencia de mujeres a nivel nacional, cifra que representa un incremento del 22.31% con respecto a febrero. , Es decir, en el mes de marzo el 911 recibió en promedio 155 llamadas cada hora diariamente.  

Cabe recordar que de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública[1] en los primeros tres meses de 2020 fueron asesinadas 960 mujeres y niñas, 240 de estos asesinatos están siendo investigados como feminicidios.

Recientemente, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reconoció un incremento alarmante de las violencias en contra de las mujeres a nivel global, al estar confinadas con parejas abusivas y agresoras. Por eso, enfatizó la importancia de que los Estados cuenten con servicios de atención y recursos adecuados y suficientes para ellas.
Cabe señalar que, desde el 2019, se ha reducido el presupuesto para programas sociales con enfoque de género, entre los cuales se encuentran el programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, el programa Salud materna, sexual y reproductiva, el programa para Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, entre otros.
A la fecha, de acuerdo a la Red Nacional de Refugios, AC los 69 espacios de prevención, atención y protección con los que cuenta se encuentran al 80 o hasta el 100 por ciento de su capacidad y no se cuenta con recursos extraordinarios para que los Refugios hagan frente a la contingencia sanitaria como lo son las Casas de Emergencia que permitirían mitigar la propagación del coronavirus dentro de los Refugios así como las Casas de Transición para aquellas mujeres que al finalizar su proceso no cuentan con opciones de vivienda y ahora menos ante el impacto económico que el COVID-19 representa para las mujeres.
Asimismo, preocupa que el 3 de abril el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) publicó que se suspende la entrega del recurso presupuestado en el PEF20202 para las Casas de las Mujeres Indígenas (CAMIS), con el argumento de que “no hay condiciones para los proyectos y para proteger a las beneficiarias”, lo cual es alarmante ya que las violencias contra las mujeres también afectas en las regiones indígenas.       
 Ante este panorama de considerable aumento de las violencias contra las mujeres durante las medidas de aislamiento social, es vital que las instituciones que les atienden se vean reforzadas para poder hacer frente al incremento de casos a los que se enfrentan. Siendo de suma importancia que estas tengan certeza en relación al presupuesto que tienen disponible para continuar operando, misma que no se ve reflejada en la redacción presentada en el decreto emitido el 23 de abril del 2020.
Del mismo modo, es de suma importancia que las medidas señaladas como programas prioritarios, en la fracción V del decreto en cuestión, sean gestionadas con la perspectiva de género debida. Por lo mismo, dichos programas deben incluir en su ejecución una visión de las afectaciones diferenciadas a las que hacen frente las mujeres durante la contingencia sanitaria. El enfoque de género no debe ser excluido de estos esfuerzos, presentar soluciones genéricas a situaciones de violencias y desigualdad exacerbadas por la situación actual sería inaceptable.
Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes solicitamos:
  1. Detallar qué programas presupuestarios están incluidos en el punto 38 del inciso V, del decreto emitido el 23 de abril 2020.
Particularmente, nos interesa saber si se incluyen programas orientados a la prevención y atención de las violencias contra las mujeres; si cuentan con el presupuesto necesario para seguir su operación durante la contingencia sanitaria, y aún después de ésta, dado que el decreto está vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. En caso de que no sea así, informarnos cuáles son las previsiones de recursos extraordinarios para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia durante esta pandemia.
  1. Claridad y transparencia sobre el monto y los mecanismos a través de los cuales se van a ejercer los recursos destinados a atender las violencias contra las mujeres durante y después de la contingencia sanitaria.
Cordialmente,
Amnistía Internacional México
EQUIS Justicia para las Mujeres
Fondo Semillas
Católicas por el Derecho a Decidir
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C.
Red Nacional de Refugios, A.C.
Comunicación e Información de la Mujer A.C.
Luchadoras
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.

viernes, 13 de marzo de 2020

PRESENTA EL CEDEHM REPORTE DE ANÁLISIS DE SENTENCIAS EN CASOS DE VIOLENCIAS DE GÉNERO



Chihuahua, Chih., a 13 de marzo de 2020. El día de hoy tuvo lugar la presentación del Reporte de análisis de sentencias en casos de violencias de género, elaborado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM) con el financiamiento de Fundación MacArthur y Misereor. En este documento se analizan 35 sentencias obtenidas por el CEDEHM durante el último año, se identifican algunos de los principales retos para garantizar derechos desde la función jurisdiccional y se reconocen precedentes que deben observarse como punto de partida en la materia.

En el reporte se analizan las 35 sentencias obtenidas dentro de los procesos representados en el periodo comprendido entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, la mayoría de las cuales, fueron favorables. También se hace una referencia especial a cinco de las 35 sentencias, por considerárseles de gran importancia por su alcance: al reconocer a niños y niñas como víctimas directas de la violencia en la pareja; por determinar medidas más amplias para la reparación del daño; por hacer visible el trabajo no remunerado en el hogar, y por juzgar con perspectiva de género.

El evento fue inaugurado con las intervenciones de Ruth Fierro y Ma. Fernanda Aquino, coordinadora general y coordinadora del programa de violencias de género del CEDEHM, respectivamente. En la presentación también participaron la magistrada Adela Alicia Jiménez Carrasco, los jueces Jaime Antonio Acevedo Maldonado y Gabriel Gerardo Reyes Zúñiga, así como Griselda Macías Zafiro, usuaria del CEDEHM.

Ruth Fierro recordó que las mujeres que deciden iniciar una acción legal para poner un alto a la violencia de la que son víctimas, han atravesado por una enorme cantidad de obstáculos de índole social, familiar y emocional. “Y la única razón por la que persisten es porque tienen la esperanza de tener justicia: justicia que se traduce en libertad, tranquilidad y reconocimiento a su dignidad”. 

Añadió que “las resoluciones y sentencias que emiten quienes administran justicia, disponen sobre las vidas y destinos de las personas sobre quienes éstas recaen”. Por ello, instó a juezas, jueces, magistradas y magistrados, a responder a la coyuntura histórica por la que actualmente atraviesa nuestro país y a cambiar radicalmente el concepto de justicia para las mujeres.

A partir de los hallazgos del reporte, Ma. Fernanda Aquino indicó que las autoridades continúan revictimizando a las mujeres por cuestiones de forma en los procedimientos, así como por una falta de sensibilidad y perspectiva de género durante el proceso judicial. Agregó que no se considera la vulnerabilidad de la víctima por razones de género, sino únicamente cuando la víctima es una niña o un niño. Refirió que cuando se violan los derechos humanos de las mujeres, se generan procesos sociales de exclusión, señalamiento y estigmatización para las víctimas.

Señaló que, en algunos casos, las autoridades competentes omiten incluir la totalidad de los delitos que las víctimas o las asesoras jurídicas solicitan. Resaltó la necesidad de que juezas y jueces valoren adecuadamente los hechos con relación a la tipificación de los delitos concernientes. Finalmente, destacó que cuando la imputada es una mujer, las autoridades juzgan con mayor dureza y con un sesgo basado en juicios de valor sobre el “deber ser” de las mujeres.

Adela Alicia Jiménez destacó que es necesario desechar estereotipos de género y aplicar los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Habló sobre la importancia de identificar en cada caso si existen o no cuestiones de poder, de detectar situaciones de desventaja entre las partes y de emplear un lenguaje que no esté basado en estereotipos ni prejuicios de género. Subrayó la necesidad de que quienes litigan y participan como defensoras(es) de los derechos de las mujeres, niñas, niños y grupos vulnerables, se capaciten en la materia, en aras de facilitar y contribuir a una correcta impartición de justicia.

Jaime Antonio Acevedo dijo que “tenemos que enfocarnos en garantizar justicia e igualdad verdaderas”. Entre otras cosas, enfatizó el deber de los tribunales para que, las medidas de protección que se adopten, así sean típicas o atípicas, obedezcan a las circunstancias de cada caso en particular y que cumplan con criterios fundamentales de necesidad, idoneidad y racionalidad, es decir, que efectivamente funcionen para prevenir o erradicar posteriores agresiones.

Gabriel Gerardo Reyes subrayó la importancia de identificar las situaciones de vulnerabilidad y de construir nuevos paradigmas. Recalcó la necesidad de cuestionar la neutralidad de las normas, por ejemplo, cuando una mujer está inmersa en un círculo de violencia cíclica y sistemática. Indicó que cuando quienes acusan no tienen perspectiva de género, los argumentos y evidencias del caso se presentan de manera errónea y se plantean con un doble parámetro o doble moral, lo que en última instancia revictimiza a las mujeres. En este sentido, recordó que las mujeres que han sido agredidas pueden volver a serlo en cualquier momento, y finalizó diciendo que “nunca se deberá perder de vista el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia”.  

Finalmente, Griselda Macías refirió las violaciones a los derechos humanos de las que ella y su hija fueron víctimas por parte de su agresor. Lamentó la falta de un trato digno en algunos de los procedimientos involucrados en el proceso de denuncia, aunque reconoció el trabajo en la integración de su expediente. Puntualizó que “desde el CEDEHM nos hicieron sentir que no estábamos solas”. Finalmente, refirió que se emitió una sentencia favorable para ella y su hija, por lo que se mostró agradecida hacia la jueza y hacia su abogada y representante legal.

Desde el CEDEHM se proporciona representación legal, acompañamiento psicosocial y psicoterapéutico, así como ayuda humanitaria o asistencia social a través del Programa de Violencias de Género, con el que actualmente se acompaña a 200 mujeres, niñas y niños que, en el ámbito de la representación legal, implica el litigio de más de 400 procesos en materia familiar y penal. En estos casos, el CEDEHM funge como denunciante o demandante, al igual que como defensa.

Nos comprometemos con los derechos humanos, el acceso a la justicia y el acompañamiento a mujeres, niñas y niños víctimas de violencias de género, en sus exigencias por una vida digna y libre de violencia. Buscamos sentar precedentes judiciales con base en estándares internacionales que sirvan de modelo para la impartición de justicia, que consideren la reparación integral del daño y que atiendan todos sus componentes: medidas de restitución, satisfacción, compensación y garantías de no repetición. En nuestro país aún existen importantes desafíos en la materia, por ello nos empeñamos en esta tarea.



lunes, 2 de marzo de 2020

POSICIONAMIENTO A 10 AÑOS DEL ASESINATO DEL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS ERNESTO RÁBAGO MARTÍNEZ



Chihuahua, Chih., a 2 de marzo de 2020. El 1 de marzo de 2010 fue cobardemente asesinado Ernesto Rábago Martínez, defensor de derechos humanos que dedicó su vida al acompañamiento de los Pueblos Indígenas de Baquéachi, Huahuachérare, Chinéach y Bakuséachí; en su digna lucha por la defensa de su territorio ancestral.

En Chihuahua (como en el resto del país), las comunidades indígenas tienen que defender la tierra que les ha pertenecido históricamente, de invasores que ilegalmente buscan apropiarse de su territorio a través de la imposición de la violencia y el terror. Todo esto ante un gobierno que ha sido incapaz de protegerles de forma oportuna, suficientes, efectiva y adecuada.

La muerte de Ernesto Rábago es una consecuencia directa de su trabajo a favor de las comunidades indígenas. Su asesinato ocurrió después de una serie de amenazas graves hacia él y su compañera, la licenciada Estela Ángeles Mondragón, luego del incendio de su despacho con bombas molotov y justo 15 días después de un atentado a su familia. Todo esto vinculado con la defensa legal del Ejido Baquéachi que Ernesto realizaba junto a su compañera Estela.

Hoy estamos aquí para conmemorar la vida y lucha de Ernesto y de las comunidades indígenas pero, sobre todo, estamos aquí porque ha pasado una década desde el homicidio del defensor de derechos humanos y el caso se mantiene en total impunidad: las autoridades no han esclarecido su asesinato, no existe ningún avance significativo dentro de la investigación y ningún culpable ha sido castigado.

No sólo eso, sino que hoy en día la situación de riesgo de Estela Ángeles Mondragón permanece y se incrementa, a partir de una campaña de desprestigio y criminalización emprendida en su contra por grupos con intereses poco claros que buscan aprovecharse de las comunidades indígenas.

El Estado mexicano, tiene la obligación de proteger a todas las personas defensoras de derechos humanos y de sancionar adecuadamente los delitos cometidos en su contra.

Por todo lo anterior, las comunidades de Baquéachi, Chinéachi y Bakuséachi, las organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos, demandamos:

A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO: Justicia para Ernesto Rábago, sanción a los culpables y adecuada reparación del daño causado a nivel familiar y comunitario.

AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y AL GOBIERNO FEDERAL: Que el Estado garantice que las personas defensoras de derechos humanos podamos ejercer nuestra labor en condiciones de seguridad.

A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y AL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL COLUNGA MARTÍNEZ: El cese a la campaña de criminalización en contra de Estela Ángeles Mondragón y otros integrantes de la comunidad.

A TODO EL ESTADO MEXICANO: Que los derechos de los pueblos indígenas sean verdaderamente promovidos, protegidos, respetados y garantizados por el Estado mexicano; principalmente el de la seguridad jurídica sobre su territorio y recursos naturales.

SE CUMPLEN 10 AÑOS DEL ASESINATO IMPUNE DE ERNESTO RÁBAGO, DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS DE PUEBLOS INDÍGENAS EN CHIHUAHUA



Chihuahua, Chih., a 2 de marzo de 2020.- El día de hoy, a 10 años del asesinato impune de Ernesto Rábago Martínez, un contingente rarámuri proveniente de las comunidades indígenas de Baquéachi, Chinéachi y Bakuséachi, marchó desde la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús hacia la Fiscalía General del Estado y de ahí rumbo a la Cruz de Clavos, memorial de la impunidad frente a Palacio de Gobierno, para demandar justicia y castigo a los culpables.

Ernesto Rábago fue un abogado y defensor de derechos humanos que, junto a su esposa Estela Ángeles Mondrágon, a través de la asociación Bowerasa A.C., acompañó a diferentes comunidades indígenas en la defensa de su territorio, entre las que se encuentra la del ejido rarámuri de Baquéachi, municipio de Carichí..

Desde sus inicios, las acciones legales para la recuperación del territorio de Baquéachi suscitaron amenazas y agresiones contra Estela Ángeles y representantes de la comunidad, además de fallidos intentos de soborno. En el mes de marzo de 2009, las instalaciones de Bowerasa en la ciudad de Chihuahua fueron incendiadas con dos bombas molotov. Casi un año después, en febrero de 2010, la hija de Estela  fue víctima de un intento de homicidio.

A pocos días de este suceso, el 1 de marzo de 2010, Ernesto Rábago fue asesinado en las oficinas de dicha organización, como un hecho que se vincula directamente a las acciones jurídicas y a las movilizaciones pacíficas que emprendió como parte de su representación legal hacia la comunidad rarámuri. Diez años después, las autoridades siguen sin esclarecer su asesinato, por lo que tampoco se han aprehendido ni se ha dado castigo a los culpables. 

Desde 1927, la comunidad indígena de Baquéachi emprendió la lucha por la defensa de su territorio, mismo que abarca una extensión de 44 mil 784 hectáreas y que, a lo largo de los años, ha sufrido una serie de invasiones. Ganaderos del municipio de Nonoava les despojaron de 7 mil 800 hectáreas; mientras que ganaderos de Carichí terminaron por arrebatarles alrededor de 25 mil hectáreas.

Después de cerca de 25 años de litigio agrario, la abogada Estela Ángeles, de la mano de la comunidad indígena de Baquéachi, ha logrado recuperar más de 21 mil hectáreas de su territorio. En añadidura al asesinato de Ernesto y el atentado contra su hija, la abogada ha sido víctima de amenazas, agresiones, campañas de desprestigio y acciones legales que buscan criminalizar su labor, debido a los intereses económicos que su legítima defensa del territorio rarámuri ha trastocado.

El más reciente de estos ataques se suscitó en julio de 2019, cuando se interpusieron dos denuncias penales en su contra con falsas en infundadas acusaciones, a lo cual se sumó una campaña mediática de descrédito. Lo anterior, pese a que la abogada cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y es beneficiaria del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Hoy, tras casi 15 años de defensa legal por parte de la asociación civil Bowerasa, encabezada por Estela Ángeles, y a pesar de las constantes amenazas y agravios de los invasores, la comunidad indígena de Baquéachi celebra las sentencias dictadas a su favor y el reconocimiento que se les ha otorgado como legítimos dueños de su territorio. Exigen además que la injusticia no sea eterna: que se esclarezca y se de castigo a los culpables del asesinato de Ernesto Rábago.









sábado, 25 de enero de 2020

FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS DE LA ENTIDAD SE REÚNEN CON LAS COMISIONES DE BÚSQUEDA ESTATAL Y NACIONAL



Chihuahua, Chih., a 25 de enero de 2020. El día de hoy, en un encuentro convocado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDHEM), más de 100 familiares de personas desaparecidas provenientes de los municipios de Chihuahua, Cuauhtémoc, Balleza, Buenaventura, Guadalupe y Calvo, Hidalgo del Parral, Jiménez, Matamoros, Namiquipa y Valle de Allende, se reunieron con Laura Moreno, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, y Enrique Irasoque, Director General de Acciones de Búsqueda y Procesamiento de Información de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Las familias expusieron sus casos y los problemas a los que se han enfrentado en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Denunciaron los trámites burocráticos e irresolubles por los que atraviesan; la atención inadecuada y los malos tratos a los que se enfrentan; la falta de apoyos económicos para dar continuidad al proyecto de vida de sus familias; el exceso de retórica, la falta de compromiso y ejecución de acciones concretas, así como la simulación e inacción; pero sobre todas las cosas, la ausencia de suficientes diligencias de búsqueda por parte de las autoridades.

Mencionaron que no hay resultados “porque no hay esfuerzos de investigación y búsqueda en vida o muerte. Para nosotras las familias no hay tiempo que perder porque cada día que pasa, la esperanza desaparece. Actúen: hagan rastreos y búsqueda en vida”. Las y los presentes expusieron que la tragedia de tener un ser querido desaparecido, aunado a todos los obstáculos por los que deben atravesar en el proceso de búsqueda, hace que su salud física y mental se vean severamente comprometidas.

Enrique Irasoque habló sobre la próxima implementación del Programa Nacional de Búsqueda y del Programa Regional de Búsqueda para la zona noreste del país, que buscarán homologar criterios y procedimientos para alinear la implementación de buenas prácticas en la materia. Mencionó el Reporte de Personas Desaparecidas, una plataforma en línea que se alimenta con la información que proporcionan las familias y las autoridades que dan seguimiento a cada caso en particular.

Añadió que la Comisión Nacional de Búsqueda tiene el compromiso de apoyar y respaldar las acciones de búsqueda implementadas por el Gobierno del Estado de Chihuahua. Agregó que para el año en curso, la Comisión cuenta con un presupuesto de 400 millones de pesos en subsidios, dinero que de manera directa se puede otorgar a las comisiones locales, así como a proyectos específicos en la materia, como el Centro Regional de Identificación Humana en el estado de Coahuila.

Por su parte, Laura Moreno mencionó que la Comisión Estatal de Búsqueda presentará su proyecto de solicitud en cuanto se hagan públicos los nuevos lineamientos para el otorgamiento de estos subsidios. Durante su intervención, la comisionada presentó los resultados de las 93 intervenciones o acciones de búsqueda realizadas durante el año 2019 en municipios como Carichí, Chihuahua, Janos y Nuevo Casas Grandes, a partir de las cuales, se logró dar con el paradero de 20 personas desaparecidas sin vida, una con vida, y se localizaron fragmentos de restos óseos de cuatro personas.

Al finalizar el encuentro, la Comisión Estatal y la Comisión Nacional de Búsqueda se comprometieron a: 1) Incluir a las familias y sus representantes del CEDEHM en el diseño del Plan Estatal de Búsqueda; 2) Realizar una reunión a principios del mes de febrero en el municipio de Guadalupe y Calvo, en el que existe un preocupante número de personas desaparecidas que no cuentan con denuncia de desaparición debido al miedo de las familias; 3) Establecer reuniones periódicas para dar seguimiento e informar sobre el avance y resultados de los compromisos adquiridos.

sábado, 11 de enero de 2020

El Presidente López Obrador recibe peticiones de familiares de personas desaparecidas y víctimas de desplazamiento forzado, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua


Nuevo Casas Grandes, Chih., a 11 de enero de 2020. El día de hoy, una representación de colectivos de familiares de personas desaparecidas y víctimas de desplazamiento forzado, que son acompañados por las organizaciones del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), acudieron al municipio de Nuevo Casas Grandes en Chihuahua, para encontrarse con el Presidente López Obrador y solicitarle medidas concretas de atención y respuesta frente a estas problemáticas. El mandatario, se encontraba en el lugar, en el marco de su visita a esta entidad federativa.

Las familias de personas desaparecidas, solicitaron concretamente la necesidad de que exista una verdadera coordinación entre la federación y el estado de Chihuahua para la investigación de los casos, y la búsqueda de sus seres queridos; además, pidieron la creación de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad que permita la participación de expertos y expertas extranjeras en las indagatorias. Dentro de este colectivo, se encontraban integrantes de la familia Alvarado, caso por el cual el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2018, por la participación del Ejército Mexicano en la desaparición forzada de tres personas en diciembre de 2009.

La familia Alvarado y sus representantes del CEDEHM solicitaron el cumplimiento íntegro de la sentencia de la Corte Interamericana, además de denunciar que la Secretaría de la Defensa Nacional se ha negado a participar en las reuniones sobre el cumplimiento de la misma y de la renuencia de esa institución para participar en el acto público de reconocimiento de responsabilidad, tal como expresamente lo ordena la sentencia.

Por su parte, las demandas de las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, solicitaron al titular del Ejecutivo la creación de políticas públicas que respondan a la serie de violaciones de derechos humanos que resultan de vivir en esta condición. Especialmente solicitaron la participación de la federación para la pacificación de la Sierra Tarahumara que les permita regresar a sus hogares y, mientras eso sucede, que se implementen medidas para que puedan reubicarse en condiciones dignas, esto incluye salud, educación, vivienda y desarrollo económico.

A la llegada del Presidente al lugar donde tenía programada una reunión, los colectivos se acercaron para hacerle entrega de un documento que contenía las principales demandas de las familias que los integran; el mandatario escuchó a las personas, recibió el documento y aseguró que se daría seguimiento a las peticiones.


comunicacion@cedehm.org.mx