Fuente: Yancuic
Fecha: 29 de Agosto de 2012
Liga: http://www.yancuic.com/yancuic/noticia/4726
Felipe Calderón termina su administración sin cumplir a cabalidad la sentencia dictada en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por el feminicidio de tres jóvenes encontradas en Campo Algodonero
Ciudad de México.- A tres meses de que concluya su gestión, Felipe Calderón hereda al próximo gobierno el cumplimiento de la sentencia por el caso Campo Algodonero.
En medio del agravamiento de la violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua, Felipe Calderón termina su administración sin cumplir a cabalidad la sentencia dictada en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por el feminicidio de tres jóvenes encontradas en Campo Algodonero, en Ciudad Juárez.
Y es que a raíz de la militarización de la entidad como parte de la lucha contra el crimen organizado, el número de asesinatos de mujeres que ocurría en una década en el estado, ahora ocurre en sólo un año, advierte el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm). Precisa que mientras en 2007 se registraron 53 asesinatos de mujeres, en 2010 hubo 584 casos de feminicidio.
A esas cifras se suman las 183 desapariciones en el primer semestre de 2012, además de los 12 cuerpos encontrados en el Valle de Juárez a principios de este año.
La Fiscalía General de Justicia estatal reportó que en 2010 ocurrieron 445 homicidios de mujeres en el estado, de los cuales 380 están en investigación, 40 fueron declinados a otra jurisdicción, sólo 20 casos fueron consignados y 5 quedaron en reserva. Ello quiere decir, enfatiza el Cedehm, que 95 por ciento de los asesinatos de mujeres en Chihuahua no han sido resueltos.
A lo anterior se suma que los patrones de los crímenes son los mismos que en los años 90 –cuando comenzó a denunciarse la ola de asesinatos y desapariciones en el estado–, según dijeron en julio pasado organizaciones civiles ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
Activistas acusaron que la militarización de la entidad, ordenada por Felipe Calderón, agravó la violencia de género.
INCUMPLIDO
Aunque los homicidios de las jóvenes Laura Berenice, Claudia Ivette y Esmeralda –cuyos restos fueron encontrados en Campo Algodonero– ocurrieron en 2001, correspondió a la saliente administración federal cumplir con la sentencia de la CoIDH.
Pero no fue así. A tres meses de que concluya el sexenio, Calderón queda a deber –además del castigo a los responsables de los crímenes– la creación de una página web de mujeres y niñas desaparecidas en Chihuahua desde 1993 a la fecha.
Asimismo, la implementación de una base de datos con la información de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, y otra con información genética y muestras de células de familiares de personas desaparecidas, a fin de que el Estado mexicano pueda localizar a las víctimas.
También queda pendiente una base de datos genéticos y celulares de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que haya sido asesinada en Chihuahua.
En cuanto a las indagaciones del caso Campo Algodonero, la administración calderonista aseguró en dos ocasiones ante la CoIDH que había un “avance” en las pesquisas, aunque siempre presentó a la Corte Interamericana a quien desde hace 11 años es considerado el presunto culpable de sólo uno de los tres asesinatos.
ACCIONES TARDÍAS E INCONGRUENTES
Con efecto retardado y a pesar de ser una demanda añeja de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, las autoridades federales y estatales anunciaron recientemente que gestionan la contratación de peritos internacionales para que coadyuven en la resolución del caso Campo Algodonero.
Las y los especialistas tendrían cinco meses para revisar los expedientes y tratar de encontrar deficiencias y errores en las investigaciones realizadas por funcionarios anteriores.
El grupo de expertas estaría integrado por Ruth Rubio, catedrática y especialista en reparaciones con enfoque de género; Patricia Viseur Sellers, especialista en violencia sexual, y Madeline Rees, ex representante de la Alta Comisionada en Bosnia.
También se incorporaría como perito externo el fiscal del Tribunal Supremo de España Carlos Castresana, acusado de violencia familiar por su ex esposa, la periodista Sanjuana Martínez.
La eventual contratación del fiscal desató una ola de protestas y desplegados en medios nacionales firmados por feministas, quienes criticaron la “incongruencia” del Estado mexicano por pretender que un hombre que ejerce violencia de género indague el feminicidio en Chihuahua.
Algunas organizaciones de Juárez y abogados que litigaron el caso Campo Algodonero ante la CoIDH dijeron que buscarán que el equipo de expertas también revise los casos de Idaly Juache Laguna, de 19 años, desaparecida el 23 de febrero de 2010; así como el de Mónica Janeth Alanís Esparza, desaparecida el 26 de marzo de 2009. Ambos casos ocurrieron en Ciudad Juárez.
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