ASMAC Y CEDEHM SALUDAMOS LA CAPTURA DE UNO DE LOS PRESUNTOS HOMICIDAS DE JUAN ONTIVEROS RAMOS

Chihuahua, Chih., a 13 de abril de 2019. Alianza Sierra Madre y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres saludan la ejecución de la orden de aprehensión ejecutada ayer por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en contra de Rosalío Joel M.P. uno de los dos presuntos homicidas de Juan Ontiveros Ramos, apreciado defensor de los derechos humanos y colectivos y Comisario de Policía de la comunidad rarámuri Choréachi (Pino Gordo).

Juan Ontiveros Ramos fue asesinado el 1 de febrero de 2017, a unos cuantos días de regresar de la Ciudad de Chihuahua, en donde acompañado de otras autoridades indígenas, había participado en una reunión de trabajo con representantes de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría General de Gobierno del estado de Chihuahua, SEMARNAT, SEDATU y otras instituciones de los dos niveles de gobierno. En dicha reunión, Juan denunció las amenazas, hostigamiento y asesinatos en su comunidad. Fue enfático al denunciar que el clima de inseguridad y violencia se debía a la oposición de la gente de Choréachi a que su bosque fuera talado con fines comerciales, por personas ajenas a la comunidad.

Esperamos que con la captura de Rosalío Joel M.P. se tenga mayor información para dar con el paradero del otro presunto homicida y, con ello, se inicie un proceso de acceso a la justicia para la familia y comunidad de Juan Ontiveros. Consideramos que abatir la impunidad conlleva a la verdad, reparación de daños y sobretodo, a garantías de no repetición de asesinatos de los defensores de derechos humanos.

FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS SE REÚNEN CON LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Saltillo, Coahuila, a 7 de abril de 2019. El día de hoy el colectivo de familiares de personas desaparecidas que acompaña el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), acudió a la reunión con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para denunciar y seguir visibilizando la problemática de las desapariciones en México.

La desaparición en México constituye una crisis sin precedentes a la que el Estado mexicano debe brindar una respuesta inmediata: en el país existen oficialmente más de 40 mil personas desaparecidas y la cifra continúa en aumento; existen miles de restos de personas sin identificar; y la impunidad es la regla. El drama de la desaparición es innegable: niños y niñas que crecen sin padres; la incertidumbre, el dolor, las pesadillas, los desvelos, ayunos y lágrimas; mujeres que se convierten, en su mayoría, las buscadoras de sus seres queridos y de justicia; las consecuencias económicas y patrimoniales, etc.

La visita de la más alta representante de los derechos humanos, es un reconocimiento a las organizaciones y colectivos que luchan incansablemente por la justicia, la igualdad, la verdad y la paz. Por lo anterior, las familias, colectivos y organizaciones de la sociedad civil asistentes al encuentro, entre las que se encuentran Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL); Asociación Internacional de Búsqueda de Desaparecidos en México (ASIMBUDES); Víctimas por sus Derechos en Acción (Grupo VIDA); Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Piedras Negras, Alas de Esperanza Allende, en Coahuila;  Voz que clama justicia por personas desaparecidas; Buscando Desaparecidos en México (BÚSCAME); el Centro Diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de Larios” A.C.; EL Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi; el CEDEHM; el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C.; y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC),  solicitamos a Michelle Bachelet urgir a las autoridades mexicanas a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos en general y, especialmente, de garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas y sus familiares.

Los impactos directos de la desaparición fueron expuestos por varias/os familiares del país. Para el caso de Chihuahua, Paola Alvarado, hija de Nitza Paola Alvarado Espinoza, expuso ante Michelle Bachelet el caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México, por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de su madre (Nitza Paola), Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, cometida el 29 de diciembre de 2009 por parte de militares, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua; así como por la violación de derechos humanos a sus familiares a partir de la desaparición y por la impunidad prevaleciente el caso.

Paola habló de la tragedia nacional por la que hay miles de asesinatos, desapariciones, desplazamientos y cuerpos sin identificar, como consecuencia de la política de seguridad militarizada; de los riesgos de otorgar a las Fuerzas Armadas labores de investigación y seguridad, en el marco de la creación de la Guardia Nacional; de los peligros que viven los familiares de personas desaparecidas al exigir verdad y justicia; y del impacto de la desaparición para jóvenes que, como ella y sus hermanas, tuvieron que desplazarse de manera forzada y posteriormente solicitaron asilo en Estados Unidos.

El pasado 20 de diciembre de 2018, la Corte IDH notificó a las partes la sentencia en este caso, la primera emitida en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico.  En esta se ponen en evidencia las graves violaciones a los derechos humanos que se suscitan cuando las fuerzas armadas implementen labores de seguridad. Por esta razón, la Corte IDH estableció que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles y que, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser: extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada.

Durante el evento también se entregó una carta a la Alta Comisionada suscrita por cientos de personas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, para denunciar la crisis de derechos humanos que se vive en México y solicitar que se mantenga el escrutinio internacional sobre el país. Adicionalmente, se reconoce el invaluable trabajo que realiza la Oficina en México de la Alta Comisionada en la asistencia técnica e interlocución con las instituciones, así como por ser una institución aliada para quienes defendemos los derechos humanos en el país.

Palabras de Paola Alvarado a Michelle Bachelet:

http://bit.ly/2P2vJ2V

Carta de personas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil a Michelle Bachelet:

http://bit.ly/2OVBPBP 

PALABRAS DE PAOLA ALVARADO A MICHELLE BACHELET EN SU ENCUENTRO CON FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS

Buenos días, soy Paola Alvarado hija de Nitza Paola, prima de Rocío Irene y José Ángel Alvarado, Víctimas de desaparición forzada a manos del ejército.

Yo vengo de Chihuahua y hablo en nombre de las familias de las más de 2 mil personas desaparecidas que hay en ese estado.

Chihuahua es parte de la tragedia nacional en la que hay miles y miles de asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y cuerpos sin identificar. Todo esto sucede como consecuencia de la política de seguridad de mano dura y militarización.

Se ha demostrado que esta idea, en lugar de ser la solución para parar la violencia, no ha servido de nada y, al contrario, ha incrementado mucho más la crisis y las violaciones de derechos humanos.

A pesar de esto, los últimos gobiernos han insistido en mantener esta estrategia y cada vez más se va reforzando, hasta llegar con el actual gobierno a la reforma de la constitución para crear la #GuardiaNacional.

Hubo muchas voces que nos opusimos a esto, pero no les importa lo que decimos. Habían dicho que estaría a cargo de un civil, pero la semana pasada anunciaron que estaría bajo el mando de un militar en activo.

¿Qué necesita pasar para que se den cuenta de que ésta es la estrategia equivocada? ¿Cuántos desaparecidos más? ¿Cuántos asesinatos más? Les tiene que pasar a ellos para que se den cuenta que tenemos la razón.

En esta crisis, el Estado no es capaz o no tiene la voluntad de realmente buscar e investigar, por lo que todas las veces, somos las familias las que hacemos el trabajo que las autoridades deberían de hacer y que no sólo no hacen, sino que muchas veces son ellas la que nos ponen trabas: negándonos información, encubriendo a las autoridades mismas y cerrándonos las puertas. A pesar de esto, salimos arriesgando nuestras vidas, a veces con el miedo de no regresar.

Muchas personas pudieran estar aquí y no están, porque tienen miedo, porque las han amenazado. Otras no están porque las han desaparecido o asesinado por buscar a sus familiares desaparecidas/os. Por lo tanto, el Estado falla también en proteger a las familias. Un claro ejemplo somos mi familia y yo que tuvimos que huir de nuestro país pidiendo asilo político.

El primer caso en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre desaparición forzada en la actual política de seguridad, es el de mi familia. En la sentencia la Corte IDH reconoce que #FueElEjército. Quiero aprovechar para mencionar que la Corte IDH tomó muy en cuenta los informes de Naciones Unidas para resolver el caso.

El viernes pasado tuvimos la primera reunión para cumplir la sentencia y ahí nos dimos cuenta que las autoridades no están comprometidas.

Cuando se aprobó la #GuardiaNacional, se dijo que ahora sí iban a poner atención y cuidar que el ejército no cometiera violaciones de derechos humanos, y que los van a sancionar cuando sí lo hagan. Pero ¿cómo vamos a creer que se van a sancionar a los militares de la #GuardiaNacional, si no han mostrado interés, aún y cuando ya hay una sentencia que los obliga y no lo hacen?

Por eso es importante que organismos internacionales nos sigan acompañando en la exigencia de verdad, justicia y reparación, porque así como decían antes, que se estaban respetando los derechos, así lo dicen ahora, pero no tenemos ninguna prueba de que así vaya a ser.

Para nuestro país siempre ha sido importante lo que organismos como el que usted representa, que llevan nuestra voz a todo el mundo, piden a nuestras autoridades.

Señora Alta Comisionada, le pido por favor que le diga al presidente de México que las familias de las personas desaparecidas NO queremos al ejército en las calles.

CARTA A MICHELLE BACHELET PARA DENUNCIAR LA GRAVE CRISIS DE DERECHOS HUMANOS QUE SE VIVE EN MÉXICO Y SOLICITAR QUE SE MANTENGA EL ESCRUTINIO INTERNACIONAL EN EL PAÍS

México, 7 de abril de 2019

Sra. Michelle Bachelet

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

P R E S E N T E

Ref.: Visita a México

Estimada Alta Comisionada:

Quienes suscribimos la presente carta le damos una calurosa bienvenida a México. Su visita, al igual que las de sus predecesores y predecesoras, es fundamental para mantener la agenda de derechos humanos como un tema actual, necesario y urgente en nuestro país.

Como es de su conocimiento, México vive una crisis en materia de derechos humanos. Las visitas y pronunciamientos de distintos mecanismos especiales[1], los informes de los órganos de tratados[2], los resultados del Examen Periódico Universal[3], los pronunciamientos de su Oficina en México[4] y los realizados desde la sede en Ginebra lo demuestran[5]. De lo anterior, es razonable afirmar que todos los derechos humanos en México necesitan una atención prioritaria.

Las altas tasas de violencia que vive el país y la falta de una respuesta adecuada, proporcional, coordinada y basada en derechos humanos, nos preocupan sobremanera. Esa violencia se ve reflejada en un alto número de feminicidios y homicidios registrado en el país[6], las más de 40,000 personas desaparecidas -y cuyo número sigue en ascenso-, las torturas y malos tratos, las indignas condiciones penitenciarias, la prisión preventiva oficiosa, los ataques y asesinatos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, las violencias de toda índole hacia niñas y mujeres, la presencia de la delincuencia organizada en el territorio nacional pero también la letalidad de algunas instituciones de seguridad así como el involucramiento directo funcionarios de los tres niveles de gobierno en la perpetuación de la violencia.  Esas y otras facetas, hacen que la violencia sea desmesurada y descontrolada.

A lo anterior se suma el escenario relacionado con la vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales: la falta de calidad y acceso a la educación; la precarización de los derechos laborales y sindicales; los servicios de salud sin gratuidad, medicamentos o personal suficiente y profesional para garantizar una amplia cobertura; la pésima calidad del agua a partir de la contaminación de la hidrografía mexicana; la tala ilegal, la presencia de proyectos de desarrollo que dividen comunidades y afectan seriamente territorios y el medio ambiente; y la carencia de una vivienda que respete los estándares internacionales, son algunos de los temas de preocupación actuales.

Más aún, esas violaciones de derechos humanos tienen un mayor impacto en sectores históricamente discriminados: niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad; indígenas y campesinos/as; mujeres; personas adultas mayores; personas en contextos de movilidad interna e internacional; y personas integrantes de la comunidad LGBTTTI.

Todos esos temas -y muchos más- encuentran mayor preocupación en un contexto en el que tanto el actual gobierno federal como los de las 32 entidades federativas tienen una concepción paternalista y clientelar, y se encuentran en proceso de recortes presupuestales injustificados y sin diagnósticos previos en políticas públicas instauradas para niñas y mujeres que necesitan refugios por encontrarse en situaciones de violencia, o el cambio de visión sobre estancias infantiles o los recortes de programas relacionados con personas con discapacidad. Ello, aunado a la visión de seguridad militarizada a partir de la reforma a la Constitución Política mexicana para la conformación de una Guardia Nacional integrada en su mayoría por elementos militares y navales; al ataque a instituciones autónomas; la designación de funcionarios y funcionarias cercanas al Presidente de la República; la firma de permisos de explotación de aguas o recursos naturales sin previo informe de impacto ambiental; la posición sobre ciertos medios de comunicación (como “adversarios”); o la deslegitimación a las organizaciones de la sociedad civil (como intermediarias de recursos o simuladoras pero no transformadoras de la realidad). Esa y otras posiciones nos hacen temer que durante el sexenio de la administración federal actual se vaya a avanzar decididamente en materia de derechos humanos.

En nuestro país es excepcional tener una investigación adecuada y diligente que termine en una sentencia judicial cuando se cometen violaciones de derechos humanos, como lo reflejan tanto el subregistro[7] en la denuncia como la tasa de 98% de impunidad. La colusión e incapacidad de las instituciones se ve reflejada en la saturación de servicios forenses que tienen miles de personas asesinadas sin ser identificadas y sin lograr cruces de identificación eficaces; en la falta de coordinación entre autoridades (lo cual se dificulta aún más por la organización política de un país federal), en la falta de sensibilidad y debida diligencia de las fiscalías; en servicios periciales carentes de autonomía; y, salvo excepciones, en un poder judicial más enfocado en la formalidad de sus actuaciones que en abordar las causas estructurales que siguen generando violaciones masivas de derechos humanos en el país.

Ante ese escenario desolador y adverso, quienes defendemos derechos humanos hemos encontrado en quienes integran la Oficina en México a grandes aliados y aliadas que, desde un rol de acompañamiento técnico a las instituciones mexicanas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los movimientos y colectivos, han logrado mantener una interlocución fundamental para el avance del discurso y de políticas públicas de derechos humanos en el país. La capacidad técnica que han demostrado, sumada a una dosis de creatividad, inteligencia, análisis estratégico y mediación, hacen que la Oficina en México se haya posicionado como uno de los interlocutores más importantes y legítimos en el tema.

Pero la Oficina en México ha ido más allá de su mandato oficial: su sensibilidad, solidaridad y acompañamiento para quienes hemos estado en situaciones de desprotección y desesperanza, les han merecido un infinito agradecimiento de familiares de personas desaparecidas, víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos, defensores y defensoras en riesgo, periodistas que han sufrido diversas agresiones, académicos/as e integrantes de las organizaciones de la sociedad civil. Jan Jarab, junto con su incansable y valiente equipo, nos siguen reafirmando la relevancia del escrutinio internacional para el avance nacional de los derechos humanos y, asimismo, han demostrado el lado humano de las Naciones Unidas.

Señora Alta Comisionada: el 7 de octubre de 2015, su antecesor emitió una declaración al finalizar su visita a México. También presentó 14 recomendaciones, las cuales mantienen una indiscutible vigencia.[8] Esperamos que en su visita al país usted reafirme su apoyo tanto a su Oficina de país como al Estado mexicano (instituciones, organizaciones y personas) para el cumplimiento de esas recomendaciones y las demás emitidas por distintas instancias de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. De nuestra parte, tendrá todo el apoyo y agradecimiento por su interés y acompañamiento porque tenemos el convencimiento que el dolor, la desolación, la discriminación, la violencia y la impunidad en nuestro país deben terminar.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle las muestras de nuestra más alta consideración y estima.

ATENTAMENTE,

Organizaciones y colectivos: Abogadas Demócratas; Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados  Desaparecidos de Nuevo León (Grupo Amores); Alondras Unidas en Búsqueda de Nuestros Desaparecidos, Estado de México; Búsqueda de Familiares Regresando a su Casa Morelos A.C.; Casa Amiga Esther Chávez Cano A.C.; Causa en Común A.C.; Centro de Atención a la Mujer Trabajadora (CAMT); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH); Centro Nacional de Comunicación Social A.C.; CIC Propuesta Cívica; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC); Colectivo BUSCAME (Buscando Desaparecidos México); Colectivo Colibrí; Colectivo contra la Trata de Personas; Colectivo Familia Desaparecidos Orizaba – Córdoba; Colectivo Más Derechos Humanos; Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH); Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A.C.; Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM) "Alzando Voces"; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Derechos de la Infancia y la Adolescencia A.C. (DIA); Desaparecidos Justicia A.C. Querétaro; Documenta. Análisis y Acción para la Justicia Social A.C.; Ecos de Mirabal; El día después; Fátima I.B.P.; Equipo de Seguimiento de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad); Equis Justicia para las Mujeres; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUNDEC-FUNDEM); Fundación Find; Fundación Gilberto Rincón Gallardo A.C.; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.; Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas (GDPC); Grupo Víctimas por Nuestros Desaparecidos en Acción (Grupo VIDA); Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Infancia Común A.C.; Instituto de Justicia Procesal Penal A.C. (IJPP); Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Instituto para la Seguridad y la Democracia. A.C. (INSYDE); La Sandía Digital, Laboratorio de Cultura Audiovisual; Laboratorio de Innovación para la Paz A.C.; Lekil Kuxlejal A.C.; México Unido contra la Delincuencia (MUCD); Observa Ciudadana, Observatorio Latinoamericano contra  la trata de Personas (ObservaLaTrata) Observatorio para el Acceso a la Información Pública; Observatorio Designaciones Públicas; Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad; Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y de los Derechos Humanos, A.C.; Organización Popular Independiente A.C.; Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México-Tijuana; Programa Compañeros A.C.; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Red de Desaparecidos en Tamaulipas; Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C.; Red por la Participación Ciudadana A.C.; Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); Renacer Lagunero; Sabuesos Guerreras A.C.; Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz); Sin Violencia A.C.; Tierra Nativa A.C.; Unión Campesina Democrática Chihuahua (UCD Chihuahua); Uno de Siete Migrando A.C.; Zacatecanos y Zacatecanas por la Paz. Con el apoyo internacional de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y de la Oficina en Washington para Asuntos Internacionales (WOLA).

Personas: Alberto Athié, Alejandro Anaya Muñoz, Carlos Alberto Galindo López, Carlos Garza Falla, Denise Dresser Guerra, Eliana García Laguna, José Mario de la Garza Marroquín, Jorge Javier Romero, Jorge Verástegui González, Juan Carlos Páez, Juan Manuel Estrata Juárez, Juan Martín Pérez García, Julián Mejía Berdeja, Luis Daniel Vázquez, Maite Azuela, Mara I. Hernández, María Elena Morera, Nicomedes Fuentes, Pablo Girault, Paola Zavala Saeb, Santiago Corcuera Cabezut, Sergio González Cárdenas, Silvano Cantú, Silvia Ortíz de Sanchezviesca.

Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA): Agencia Familiar Binacional A.C. (AFABI); Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino; Albergue del Desierto; Alianza Binacional Migración y Desarrollo A.C. (ABIMyD);  Las Dignas de El Salvador; Asociación de Salvadoreños y sus Familias en México (ASAFAMEX); Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS); Association of Mexicans in North Carolina (AMEXCAN); Derecho a la Identidad A.C.; Boca de Polen Red de Comunicadores; Casa del Migrante en Tijuana A.C.;  Casa Refugiados A.C.; Frontera con Justicia A.C. (Casa del Migrante de Saltillo); Casa del Migrante de Monterrey, Casa Nicolás; Instituto Madre Assunta; Casa Tochan; Centro Bonó; Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado (CCAMYN); Centro de Alternativas para el Desarrollo Social A.C. (CADES); Centro de Apoyo al Trabajador Migrante; Centro de Apoyo Marista al Migrante (CAMMI); Centro de Asistencia para Refugiados (CEALP); Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI); Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada (CAFEMIN); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.;  Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C.; Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI); Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C. (CECIG) ; Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM); Clínica Jurídica Alaide Foppa-UIA; Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH); Coalición Pro Defensa del Migrante; Colectiva Sororidad Glocal; Colectivo Por una Migración Sin Fronteras de Tlaxcala; Colectivo Transnacional CODETZIO; Colectivo Ustedes Somos Nosotros; Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos (COFAMIDE);  Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso (COFAMIPRO); CONFEMEX; Contracorriente A.C.; CONVIHVE A.C.; Coordinación de Migración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Deportados Unidos en la Lucha (DUL); Dignidad y Justicia en el Camino A.C. (FM4-Paso Libre); El Rincón de Malinalco; Enlace Ciudadano de Mujeres Indígenas; Espacio Migrante A.C.; Estancia del Migrante González y Martínez A.C. (EMGM); Estudios Fronterizos – Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM); Federación Zacatecana A.C. (FEDZAC); Formación y Capacitación A.C. (FOCA); Red Mesoamericana de Mujer, Salud y Migración (RMMSM); Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB); Fundación Comunitaria del Bajío; Fundación para el Desarrollo; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.; Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza A.C. (GIMTRAP); Help for Be Progress, Inmigrant Initiative; Identidad Migrante Derechos Humanos; Inclusión y Equidad, AC; Ana Stern-Incide Social; Fabiola Mancilla; Hugo Ángeles;  Jorge Romero León; Leticia Calderón-Instituto Mora; Lorena Cano; Marta Villarreal; Martha Rojas-ECOSUR; Mayela Blanco Ramírez; Mónica Salmón Gómez; Nadia Nehls; Ofelia Woo-Universidad de Guadalajara (UdG); Patricia Zamudio-Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Golfo); Rocío Osorno; Rodolfo García Zamora -Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ); Ximena Gallegos; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A. C.; Iniciativa Kino para la Frontera Norte; Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES); Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural AC (IIPSOCULTA); Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB); Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (INSYDE); Instituto Para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI); Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI); Irapuato Vive A.C.; Justice in Motion; Juventudes Indígenas y Afromexicanas en Conexión (JINACO); Latin America Working Group (LAWG); Mesa de Coordinación Transfronteriza-Migraciones y Género (MTMG); Migrantólogos; Mujeres Unidas y Activas-Immigrant Youth Coalition; Observatorio Migración Puebla de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Organización Binacional Aztlán; Otros Dreams en Acción (ODA); Planeta de Comunicación, Arte, Orientación, Sociedad y Salud A.C. (Planeta CAOSS); Por la Superación de la Mujer A.C.; Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante A.C. (PRECADEM); Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (PRAMI- UIA Laguna); Programa de Asuntos Migratorios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (PRAMI- ITESO); Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México (PRAMI-UIA); Red Binacional de Mujeres Artesanas; Red de Desarrollo Sustentable; Red de Mujeres del Bajío A.C. y su Centro Regional de la Red de Mujeres del Bajío (CEREMUBA); Red del Bajío en Apoyo al Migrante; Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD); Red Jesuita con Migrantes de ALC; Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes (Red Mx); Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (RED MOCAF)/Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación (RIOD-Mex);  Red Nacional de Género y Economía (REDGE); Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones; Red Regional Verdad y Justicia; Respuesta Alternativa; Ririki Intervención Social S.C.; Salud Integral para la Mujer A.C. (SIPAM); Scalabrinianas Migrantes y Refugiados (SMR); Servicio Jesuita a Migrantes (SJM); Sin Fronteras, IAP; Sistema Universitario Jesuita; The United Food and Commercial Workers (UFCW); Un Mundo Una Nación; Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida A.C.; Uno de Siete Migrando A.C.; Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes A.C. (VM-APM); y Washington Office on Latin America (WOLA).

Espacio OSC: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité Cerezo México; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México y Amnistía Internacional – México.

Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria (GTPM): Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P.; Alianza Americas; American Friends Services Committee; Asylum Access México (AAMX) A.C.; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Fundación Appleseed México, A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Save The Children México, Sin Fronteras, IAP; SJM-SJR México, Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados – México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés; Elba Coria; Manuel Ángel Castillo, Investigador; IDC International Detention Coalition (Observadoras). Melissa Vértiz Hernández. Secretaría Técnica.

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), conformado por 39 organizaciones de 24 entidades de la República Mexicana: Aguascalientes: Observatorio de Violencia Social y de Género; Baja California: Mujeres Unidas: Olympia de Gauges; Campeche: Observatorio de Violencia Social y de Género; Chiapas: Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C. (COLEM); Coahuila: Centro de Derechos humanos Fray Juan de Larios; Chihuahua: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM); Mujeres por México en Chihuahua; Nuestras Hijas de Regreso a Casa; Justicia para Nuestras Hijas; Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Colima: Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental; Ciudad de México: Católicas por el Derecho a Decidir; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Red Mujer Siglo XXI; Justicia, Derechos Humanos y Género; Justicia Pro Persona; Cátedra Unesco de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Estado de México: Familiares en Búsqueda de Justicia; Red de Promotoras de Ecatepec; Hidalgo: Servicios de Inclusión Integral A.C. (SEIINAC); Guanajuato: Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”; Guerrero: OBVIO Guerrero A.C.; Jalisco: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-México); Morelos: Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C.; Nuevo León: ARTHEMISAS por la Equidad, A.C.; Oaxaca: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi; Colectivo Bolivariano; Puebla: Programa de Género y VIH Dirección del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J.; Quintana Roo: Mayas sin Fronteras; Sinaloa: Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.; Frente Cívico sinaloense; Sonora: OCNF Sonora; Tabasco: Asociación Ecológica Santo Tomás; Comité de Derechos Humanos de Tabasco; Tlaxcala: Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local; Colectivo Mujer y Utopía, A.C.; Veracruz: Red Nacional de Periodistas; Yucatán: Ciencia Social Alternativa; Red Por Nuestros Derechos Mujeres en Red.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República Mexicana: Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial A.C. (Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala, Hgo.); Bowerasa A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, A.C. (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova” A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi” A.C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” A.C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan A.C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto” A.C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A.C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS); Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco” A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi” A.C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada” A.C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz” A.C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima no gubernamental A.C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco A.C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco A.C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo A.C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo., A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol A.C. (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación A.C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A.C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa A.C., Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C. (San Cristóbal de las Casas, Chis).

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[1] Ver, entre otros, los informes de visita de los y las relatores sobre personas defensoras de derechos humanos; pueblos indígenas; libertad de expresión; derecho al agua; empresas y derechos humanos; tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; discriminación contra la mujer en la legislación y la práctica; ejecuciones extrajudiciales; desaparición forzada e involuntaria; independencia de magistrados y abogados; y venta de niños/as, prostitución infantil y utilización de niños/as en pornografía. A lo anterior, vale la pena añadir los pronunciamientos individuales y conjuntos de procedimientos especiales sobre todo en el marco de las discusiones sobre la Ley de Seguridad Interior y la Guardia Nacional, así como los informes individuales del Grupo de Trabajo sobre Detención arbitraria.

[2] En los dos últimos años, el Estado mexicano ha sido revisado por los Comités sobre Desapariciones forzadas (2018), discriminación contra la mujer (2018), económicos, sociales y culturales (2018) y trabajadores migratorios y sus familiares (2017). En este año se encuentra pendiente la revisión el CAT, el CERD, el CRPD y el CCPR.

[3] Recientemente acaba de finalizar el tercer ciclo de evaluación de México por el Consejo de Derechos Humanos. En marzo pasado, el Estado mexicano compareció ante el Consejo y aceptó 262 de las 264 recomendaciones emitidas. Ver, Naciones Unidas. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal sobre México. Adición: Observaciones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas del Estado examinado. Doc ONU A/HRC/40/8/Add.1, de 12 de febrero de 2019.

[4] Existe un sinnúmero de pronunciamientos de la Oficina en México en los que expresa preocupación o saluda los avances en distintas materias: periodistas y personas defensoras de derechos humanos en riesgo o asesinados/as; políticas de seguridad adoptadas; decisiones judiciales y de otros órganos autónomos relevantes; búsqueda de personas desaparecidas; reformas legislativas; etc.

[5] A ello se suman los realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea, entre otros.

[6] De acuerdo con una nota periodística, durante 2018 “fueron asesinadas, en promedio, casi 94 personas todos los días, un aproximado de cuatro personas asesinadas violentamente cada hora.” Asimismo, “[e]ste balance también confirma un incremento de los homicidios dolosos por cuarto año consecutivo. Mientras que en 2014 la tasa de homicidio doloso era de 12.96 casos por cien mil habitantes, para 2015 pasó a 13.32, en 2016 ascendió a 16.49, en 2017 se disparó hasta 20.27 casos, y 2018 cierra con 23.1 casos.” De acuerdo a la misma fuente, “en cuatro años el nivel de los homicidios dolosos en México ha crecido, sin detenerse, más de 74%. Para ponerlo en proporción, en 2014 el total de personas asesinadas (siempre de acuerdo con los datos del SESNSP) fue de 17 mil 336 víctimas, mientras que en 2018 asciende 34 mil 202, es decir, 16 mil 866 asesinatos más.” Ver, Animal político. 2018, el año más violento con más de 34 mil homicidios; en diciembre aumentaron 9%. Nota de 21 de enero de 2019. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/01/2018-violencia-homicidios-delitos-mexico/ (Resaltado en el original)

[7] De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cifra negra (subregistro) de 2017 fue de 93.2%: “En 2017 se denunció el 10.4% de los delitos” y en ese mismo año “se inició averiguación previa en el 6.8% del total de delitos. En 93.2% de delitos no hubo denuncia o no se inició Averiguación Previa o Carpeta de Investigación.” Ver, INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2018). Principales resultados. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2018/doc/envipe2018_presentacion_nacional.pdf.  

[8] Las recomendaciones fueron las siguientes: 1) establecer un consejo asesor sobre derechos humanos e impunidad; 2) investigar adecuadamente las graves violaciones de derechos humanos; 3) reformar las normas militares para asegurar que el fuero militar no conozca de ninguna violación de derechos humanos; 4) garantizar un enfoque de seguridad ciudadana en la seguridad pública con enfoque de derechos humanos; 5) adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de servidores públicos en concordancia con los estándares internacionales y asegurar su efectiva implementación; 6) crear una institución nacional forense autónoma e independiente; 7) implementar un registro de todas las detenciones; 8) garantizar la autonomía de distintos órganos, incluyendo las instituciones de procuración y administración de justicia; 9) ratificar algunos instrumentos internacionales pendientes; 10) establecer un mecanismo interinstitucional de alto nivel participativo para la implementación de estándares y decisiones internacionales; 11) garantizar una consulta indígena adecuada en temas que les afecten; 12) reforzar las políticas públicas a favor de las mujeres; 13) implementar efectivamente la metodología de indicadores de derechos humanos de la ONU-DH; y 14) Adoptar las leyes generales sobre tortura y desapariciones de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, con la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Tanto la declaración del Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein del 7 de octubre de 2015 como las recomendaciones emitidas y la respuesta del Estado mexicano a las mismas se encuentran disponibles en: http://www.hchr.org.mx/images/Comunicados/2015/151007_HC_Statement_MexVisit_SP.pdf. 

CON AUSENCIAS IMPORTANTES Y ASISTENCIAS DE BAJO PERFIL, SE LLEVA A CABO LA PRIMERA REUNIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EN EL CASO ALVARADO

• Destaca la ausencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
• A diferencia de la contundente presencia de las y los familiares, y salvo algunas excepciones, estuvieron ausentes autoridades tomadoras de decisiones. 

Cd. Juárez, Chih., a 5 de abril de 2019. El pasado 20 de diciembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó la sentencia en el caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México, en la que condenó al Estado mexicano, entre otras cosas, por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, cometida el 29 de diciembre de 2009 por parte de militares, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua. Al día de hoy no existen avances en el cumplimiento de esta sentencia.

Después de 106 días de notificada la sentencia, el día de hoy en Cd. Juárez, Chihuahua, se sostuvo la primera reunión entre familiares, organizaciones representantes y autoridades del Estado mexicano, con el objetivo de dar cumplimiento íntegro a la sentencia, en la cual se ordena investigar los hechos, dar con el paradero de las víctimas, sancionar a los responsables, realizar un acto de reconocimiento público de responsabilidad, capacitar a las fuerzas armadas, publicar la sentencia, crear un registro único de personas víctimas de desaparición forzada, entre otros.

Ni la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ni la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana asistieron a esta primera reunión, a pesar de haber solicitado expresamente su presencia, por tratarse de autoridades directamente involucradas en el caso, así como en el cumplimiento de varias de las medidas de reparación dictadas por la Corte.

Durante el encuentro, las y los familiares del caso Alvarado reiteraron que su principal exigencia es conocer el paradero de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado y que, así como lo ordena la sentencia, se investiguen los hechos por desaparición forzada. A pesar de lo anterior, las autoridades continúan sin poner el énfasis de la investigación sobre la participación del ejército.

Una serie de formalismos y procedimientos burocráticos, así como la falta de coordinación interinstitucional, han obstaculizado el seguimiento y cumplimiento oportuno de las obligaciones del Estado mexicano estipuladas en la sentencia. De continuarse, esta situación podría representar un riesgo para el adecuado cumplimiento de la misma.

En contraste con la numerosa asistencia de las y los familiares a los que alude la sentencia - para quienes la reunión implicó el viaje a través de cientos de kilómetros, y la ausencia en sus respectivos trabajos y escuelas – en el encuentro únicamente estuvieron Aarón Mastache, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Mariana Colín, agente del Ministerio Público Federal responsable de la investigación del caso; y enlaces operativos de la Fiscalía General de la República, de la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Debido a lo anterior, las organizaciones que representamos a Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado y sus familiares, expresamos la necesidad de que, en lo sucesivo, sean las autoridades de primer nivel las que asistan a las reuniones y se involucren en la toma de decisiones que permitan el cabal cumplimiento de la sentencia. En añadidura, cabe señalar que a esta sesión también asistió personal de la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a petición de las familias.

Por todo lo anterior, exigimos al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a las y los titulares de las dependencias correspondientes, que garanticen el cumplimiento íntegro de la sentencia dentro de los plazos que en la misma se estipulan. Demandamos celeridad, competencia y operatividad efectivas.

El cumplimiento de esta sentencia es una gran oportunidad para que el Estado mexicano reestructure sus políticas de seguridad y haga efectivas las garantías de no repetición para las víctimas, en aras de refrendar su compromiso para la defensa y promoción de los derechos humanos. El caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México representa nueve años de impunidad a manos del Estado mexicano. De no cumplir con la sentencia de la Corte IDH, el actual Gobierno Federal, lo mismo que sus predecesores, continuará siendo responsable de las violaciones a los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familiares.

El resumen de la sentencia puede consultarse aquí: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_370_esp.pdf