Chihuahua, Chih., a 19 de junio de 2020.
Un día
del padre difícil de olvidar
Nos encontrábamos el 8 de agosto de hace nueve años en
Creel, Chihuahua. Acudimos a conmemorar y acompañar a las familias de las
víctimas de la primera masacre en el país en el contexto de la guerra contra el
narcotráfico, Albino y Doña Ema, llegaron y sus rostros demostraban un profundo
dolor, entre sollozos ahogados nos compartieron su testimonio.
El 19 de junio del 2011, la familia MUÑOZ VELETA decidió
celebrar el día del padre con un festejo
acostumbrado, el padre, los hijos, las nueras, nietos y nietas fueron
convocados a la humilde casa de Doña Ema en Anáhuac, Chih. En plena celebración, por la tarde ya anocheciendo, llegó un numeroso
grupo de hombre armados, portaban insignias y uniformes de la policía federal,
custodiados por la policía municipal de Anáhuac, sin mediar palabra y con lujo
de prepotencia y violencia, apuntando sus armas largas, uno a uno, los hombres
de la familia fueron golpeados y subidos a los vehículos. Desde esa fecha nada
se sabe de su paradero.
Doña Ema comparte que intentó retener a su esposo y a dos
de sus hijos y uno a uno les fueron arrancados de sus brazos. Desde entonces,
las mujeres de la familia han peregrinado exigiendo verdad y justicia.
A Doña Ema le fueron arrebatados: su esposo Toribio; sus
hijos: Jaime, Oscar, Hugo y Guadalupe;
su sobrino Luis; su nieto Oscar Guadalupe y su yerno Nemesio. El Centro de
Derechos Humanos de las Mujeres,
ha dado acompañamiento psicosocial y legal
a las familias y este caso, permitió
la colaboración del Equipo
Argentino de Antropología Forense en el año 2016 para la identificación
de restos.
El Caso Muñoz es emblemático, no existe en el país ningún
caso documentado en que ocho integrantes de una familia en un mismo hecho hayan
sido desaparecidos forzadamente por agentes policiacos, sino por la indolencia
de todas las autoridades para investigar a los perpetradores del evento
criminal.
Después de consultar a expertos internacionales sobre las
investigaciones del caso, se concluyó que por las complicidades entre el crimen
organizado y los cuerpos policiacos de la región, una investigación de los hechos
en la zona occidente, situada en ciudad Cuauhtémoc era imposible de realizar,
por lo que se radicó en Chihuahua capital, la investigación se paralizó con el argumento de que es materialmente
imposible practicar diligencias de indagatorias, en un lugar diverso al que se
cometieron los delitos. Posteriormente se regresa el expediente a Ciudad
Cuauhtémoc, en donde se ubica a probables responsables de las desapariciones
forzadas, se solicitan órdenes de aprehensión y el Juez Cesar Arnulfo Estrada
Vigíl con absoluta irresponsabilidad y sin entrar al fondo del caso, se declara
incompetente para liberar las ordenes que se le solicitan, y lo remite
a la PGR, hoy Fiscalía
General de la República, con el argumento de la probable participación de integrantes del crimen
organizado. El drama legal continuó, la instancia federal no acepta la carpeta
de investigación y la regresa a la Fiscalía Estatal, esta argumenta tener
incapacidad jurídica para continuar el caso derivado de la orden del Juez.
A nueve años de la desaparición de ocho hombres de una
familia, por los vericuetos legales de las propias autoridades, dejaron en el
limbo jurídico la investigación y como consecuencia en la impunidad
garantizada.
La Familia y el CEDEHM han expuesto la situación legal
que impide el acceso a la Justicia y como consecuencia nadie es responsable de
la búsqueda de los ocho integrantes de la familia Muñoz. Hemos recurrido a
todas las autoridades federales y estatales; al Presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador; al Lic. Alejandro Encinas, Sub secretario de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación; al Maestro Abel Galván Gallardo,
Fiscal especializado en investigación
de los Delitos de Desaparición Forzada de la FGR y al Gobernador de Chihuahua
Javier Corral Jurado. A nueve años de la desaparición forzada, ninguna
autoridad ha respondido.
Las familias de las víctimas
nada saben ni quieren saber de fueros,
si son del fuero local o
del fuero federal, quieren que busquen e investiguen.
Exigimos:
Que urgentemente las autoridades federales y
estatales se coordinen y asuman la responsabilidad de la investigación y la
búsqueda.
No aceptamos pretextos de competencias ni
fueros, la responsabilidad de las investigaciones y la búsqueda es de todas las
autoridades.
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