29 de junio de 2011
Comunicado de prensa y análisis de la audiencia en la Corte Interamericana sobre el primer caso que conoce el tribunal – en la modalidad de medidas provisionales- de abusos militares cometido en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, en el sexenio de Calderón.
· Evidencian ONG ante el máximo Tribunal el incumplimiento del Estado Mexicano para proteger y brindar seguridad a familiares de las víctimas y organizaciones.
· Pide Estado Mexicano a la Corte secrecía al solicitar que la audiencia se llevara a cabo en privado y no puede explicar sus graves omisiones ante el Tribunal.
El día de ayer, 28 de junio de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó a dos audiencias públicas en Costa Rica, en las que analizó el incumplimiento del Estado Mexicano para proteger la vida de las/los defensores de derechos humanos, a pesar de que esta Corte le habíasolicitado al Estado que implementar medidas de protección inmediatas a favor de ciertas personas y familiares de víctimas por encontrarse en grave riesgo.
La denuncia internacional de la desaparición forzada de Nitza, Rocío y José Alvarado, y el litigio en la Comisión Interamericana es realizado por Justicia para Nuestras Hijas, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC) , el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, las oficinas de este último fueron allanadas de manera ilegal, días previos a la audiencia, cuando policías federales ingresaron sin ninguna orden e inexplicablemente realizaron destrozos en las oficinas de la organización en Ciudad de Juárez. Las organizaciones desconocen si algún policía ha sido sancionado por estos hechos delictivos que fueron debidamente denunciados ante las autoridades correspondientes y ante los medios, que incluso publicaron los números de las patrullas que participaron en este allanamiento ilegal.
Previo a la audiencia en la Corte Interamericana, en el marco del encuentro entre víctimas y el presidente Felipe Calderón, el Secretario de Gobernación, Francisco Blake comunicó públicamente que dicha Secretaría “estaban implementando mecanismos de protección para defensoras/es de derechos humanos y periodistas”. La realidad es que tales mecanismos son inexistentes o ineficientes. Varios defensores y periodistas han sido asesinados en los últimos años. Ninguno tenía protección, a pesar de que algunos la habían solicitado directamente a dicha Secretaría, como Marisela Escobedo quien incluso acudió físicamente, semanas antes de su asesinato, a pedir protección que le fue negada.
La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional han expresado su preocupación, a través de informes públicos, por la persistencia de las amenazas y asesinatos de defensores y por la impunidad que invariablemente ha acompañado a estas muertes en México.
A pesar de lo que informó en días pasados el Secretario de Gobernación, los casos que la Corte Interamericana analizó este año, con relación a México fueron ambos, justamente sobre la falta de garantías y seguridad para las/los defensores de derechos humanos y el incumplimiento del Estado Mexicano para protegerlos.
El anuncio de esta audiencia que se celebraría en la Corte fue realizado directamente al Presidente Calderón por Norma Ledezma, coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas, en el pasado encuentro entre víctimas y el gabinete del Presidente, en el que ella participó como ponente.
La audiencia en la Corte sobre la detención y desaparición forzada a manos del ejército mexicano, de Nitza, Rocío y José Alvarado en Chihuahua fue relevante porque es el primer caso de abuso de militares, que habiendo sucedido en el sexenio del Presidente Felipe Calderón, conoce el máximo Tribunal Internacional, en su modalidad de medidas provisionales.
El Tribunal Internacional analizó la constante negativa del Estado Mexicano para investigar a los miembros del ejército que realizaron la desaparición forzada; la persistencia del uso del fuero militar; la falta de acciones efectivas para localizar a la familia; el inexplicable traslado de las carpetas de investigación a la unidad de personas extraviadas de la Fiscalía del Estado de Chihuahua y a la Fiscalía de Trata (Fevimtra) de la PGR, a pesar de que no tienen facultades para investigar este caso; la negativa para brindar protección y seguridad a los familiares de Nitza, Rocío y José y a las organizaciones que los acompañan y que han sido amenazadas.
Emilia González, de COSYDDHAC quien, como consecuencia de las denuncias, ha sido intimidada por militares armados que acudieron el año pasado a su domicilio para solicitarle que se presentara en la zona militar refirió en Costa Rica: “es preocupante la actitud asumida por el Estado mexicano de simular acciones de implementación cuando no brindan protección. No existe una sola medida, ni siquiera una propuesta de protección o seguridad a pesar de que el riesgo ha ido aumentando”.
Lucha Castro, coordinadora del CEDEHM y abogada de Justicia para Nuestras Hijas evidenció ante el Tribunal, que la ocupación militar y el despliegue de policías federales en el Estado de Chihuahua ha aumentado significativamente los abusos contra la ciudadanía. Concluyó su participación diciendo que en este caso, “la existencia de investigaciones en tres ámbitos diferentes, en el fuero militar, en el fuero común y en el fuero federal, es una forma clara de obstaculizar las investigaciones, y muestra la capacidad del estado de confundir, complicar y simular investigaciones que además realizan con undesbordamiento absoluto de su mandato”.
El caso de las jóvenes Nitza, Rocío y su primo José, es sólo uno de los 1017 casos de abusos que la ciudadanía denunció –de acuerdo con datos oficiales- en contra de agentes del Operativo Conjunto Chihuahua, en Ciudad Juárez en 14 meses, entre 2009 y 2010. Ningún agente, ni policía federal ni militar ha sido sancionado por alguno de estos más de 1000 abusos.
El Estado Mexicano se excusaba frecuentemente ante los tribunales internacionales argumentando que las violaciones a derechos humanos eran cosa del pasado, de un país autoritario que no conocía la democracia y que actualmente se respetaban los derechos humanos.
No obstante, esta desaparición de dos mujeres jóvenes, una de ellas madre de familia y de un muchacho se dio en diciembre de 2009, en Chihuahua. El Estado Mexicano se ha negado a investigar al ejército mexicano y no ha brindado protección ni seguridad a la familia que ha recibido amenazas directas de muerte por exigir justicia y a quienes en la última llamada una voz desconocida les dijo que habían hablado demasiado y que tenían 24 horas para irse de la Ciudad o los matarías a todos.
La protección a los soldados que desparecieron a la familia Alvarado y la omisión total para proteger a las personas beneficiarias de medidas provisionales, e investigar las amenazas fue lo que las y los funcionarios mexicanos fueron incapaces de explicar, y esta vez no tenían la excusa de que “eso era cosa del pasado”.
El Estado Mexicano insistió en llevar a cabo la audiencia en privado, pero las/los peticionarios y familiares de Nitza, Rocío y José consideraron que la publicidad es un principio que mejora la rendición de cuentas y promueve la transparencia y la justicia. ¿Qué es lo que quería ocultar el Estado Mexicano?
La audiencia finalizó con la participación de María Alvarado, hermana de Nitza en la que se preguntó a sí misma y extendió la pregunta al Tribunal ¿Qué le espera a mi familia después de haber estado aquí?
Para mayor información sobre este caso:
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A. C. +52 (614) 415-41-52.www.cedehm.org.mx
Justicia para Nuestras Hijas A. C. Tel. +52 (614) 413-33-55 www.justiciaparanuestrashijas.
