viernes, 23 de agosto de 2019

SE REALIZA CON ÉXITO EL FORO “DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA: RETOS Y SOLUCIONES PARA GARANTIZAR DERECHOS”



Chihuahua, Chih., a 23 de agosto de 2019. El día de hoy tuvo lugar el foro “Declaración especial de ausencia: retos y soluciones para garantizar derechos”, organizado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Dicho foro, que consistió en una conferencia y dos mesas panel, tuvo por objetivo abordar los retos y oportunidades para que las y los familiares de personas desaparecidas puedan tener resoluciones efectivas en relación a las solicitudes de declaración de ausencia, y puedan atender las consecuencias económicas y patrimoniales que trae consigo la desaparición de un ser querido.

La declaración especial de ausencia es un procedimiento que se realiza ante un juez o jueza y a petición de la familia de una persona desaparecida. Este trámite se realiza para definir la situación de bienes y relaciones familiares de la persona en cuestión, así como para reconocer, proteger y garantizar la continuidad de su persona jurídica y de sus derechos.

Entre otras cosas, permite la protección del patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito; nombrar un administrador de bienes que actúa como albacea; suspender las obligaciones mercantiles y fiscales de la persona en cuestión; garantizar los derechos de la familia para percibir salarios y prestaciones; diluir la relación conyugal, entre otras.

Por todo lo anterior, el foro estuvo dirigido a personal del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), del Registro Civil y del Registro Público de la Propiedad, así como a familiares de personas desaparecidas, quienes acudieron de los municipio de Chihuahua, Cuauhtémoc, Camargo, Jiménez y Parral.

En dicho evento contó con la participación de Rainer Huhle, ex integrante del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

La visita de Rainer, además, significó para las y los asistentes una excelente oportunidad para conocer de primera mano los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas que fueron estipulados desde la Organización de las Naciones Unidas.

En la inauguración, Ruth Fierro Pineda, coordinadora general del CEDEHM, celebró la oportunidad de elaborar propuestas que contribuyan a brindar soluciones para las desapariciones en Chihuahua, una de las entidades del país más afectadas por este problema.

Por su parte, Elizabeth Warfield, directora de USAID en México, relató algunos de los principales obstáculos que las y los familiares de personas desaparecidas enfrentan cuando se trata de solicitar una declaración especial de ausencia y destacó la relevancia del foro para escuchar de primera mano los testimonios de personas que día a día se encuentra en la búsqueda de un ser querido. 

En añadidura, Pablo Héctor González Villalobos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua (TSJ  Chihuahua), declaró que en Chihuahua, de la mano con iniciativas como la de Open Society, se trabaja en el establecimiento de mecanismos que permitan eficientar la búsqueda de personas desaparecidas.

El evento comenzó con la conferencia titulada “Las obligaciones de las y los operadores de justicia para garantizar el acceso a la justicia en las solicitudes de declaración de ausencia, a cargo de José Ramón Cossío Díaz, Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante su intervención, Cossío Díaz habló sobre la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Más concretamente, sobre la Ley Federal de la Declaración Especial de Ausencia y sus particularidades en el caso de Chihuahua.

Habló sobre las instancias y autoridades a las que hay que acudir, así como de las condiciones del proceso para solicitar la declaración especial de ausencia, la que dijo, de acuerdo con la ley, debe otorgarse en condiciones de inmediatez, celeridad y gratuidad. Celebró que en el caso de Chihuahua se contemple la continuidad del deber de las autoridades de investigar, así como de capacitar a las y los funcionarios encargados de impartir justicia en la materia.

Después, tuvo lugar la mesa “Retos y oportunidades de las instituciones de procuración e impartición de justicia respecto de las solicitudes de declaración de ausencia y la búsqueda de las personas desaparecidas”. En ella participaron César Augusto Peniche Espejel, Fiscal General del Estado; Lilia Fragoso, esposa de David Fuentes; Rainer Huhle; Iván Garza García, Magistrado Presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila; José Humberto Rodelo García, Magistrado de la Cuarta Sala Civil del TSJ de Chihuahua.

Peniche Espejel señaló que “tan sólo en los dos últimos años, en Chihuahua han habido cerca de 300 personas inhumadas que no han podido ser identificadas y que continúan con carácter de desconocidas”. Agregó que permanecen en esta condición porque no existe una base de datos nacional que permita hacer cruces masivos de información para la identificación de personas desaparecidas.

Lilia Fragoso, esposa de David Fuentes, desaparecido en febrero de 2013 en el municipio de Urique por un comando armado, relató sus fallidos intentos por obtener una declaración especial de ausencia a lo largo de los últimos dos años y medio. “¿Por qué necesito esta declaración? Por un crédito INFONAVIT que adquirió mi esposo”. Dijo que “a pesar de las legislaciones existentes, en Chihuahua no se quiere o no se puede hacer lo que las leyes dicen. Estoy solicitando un documento al que por ley tengo derecho ¿Cuánto más debo esperar? ¿Hasta perder mi casa? No creo que el INFONAVIT acepte una prórroga más”.

Rainer Huhle habló sobre los 16 Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, mismos que se basan en la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y en otros instrumentos internacionales relevantes. Puntualizó que estos parten del principio de presunción de vida y del trato digno, especialmente hacia quienes buscan a sus familiares. Por esta razón, agregó que “nos duele el maltrato y desprestigio del que son víctimas”.

Garza García expuso las experiencias legislativas de Coahuila en la materia y resaltó que a diferencia de las legislaciones que le preceden, el basamento de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia, parte de la presunción de vida, lo que constituye la diferencia más determinante respecto a sus predecesoras.

Rodelo García mencionó que las autoridades no deben entender la declaración especial de ausencia como un pretexto para interrumpir la búsqueda, sino por el contrario, deben partir del entendimiento de que hay una persona desaparecida, no muerta.

Enseguida se realizó la mesa “El rol fundamental de algunos de los sujetos implementadores de las declaraciones de ausencia”, en la que intervinieron Jan Jarab; Rosa Emma Gámez Soto, madre de Adán Soto Gámez y esposa de Álvaro Soto; Lourdes Hernández, madre Pamela Portillo; José de la Luz Chacón Salas, Titular de la Jefatura de alud en el Trabajo y Prestaciones Económica y Sociales del IMSS en Chihuahua; Diego Alejandro Cárdenas Luján, gerente del área jurídica de la Delegación Regional II del INFONAVIT.

Jan Jarab señaló que “los procesos legislativos más efectivos son los que resultan de procesos participativos y consultivos con las víctimas. La declaración especial de ausencia genera derechos a la persona desparecida y a sus allegados, en materia civil, fiscal, laboral, de seguridad social, etc. Contempla procedimientos sencillos y ágiles y reconoce el principio de gratuidad, lo que lamentablemente no suele ocurrir”.

Gámez Soto, madre de Adán Soto y esposa de Álvaro Soto, padre e hijo desaparecidos cuyos restos fueron identificados este año por el Equipo Argentino de Antropología Forense, narró cómo es que incluso fue más sencillo el proceso de identificación de sus seres queridos que la obtención misma de una declaración especial de ausencia.

En este sentido, recordó el dolor y los problemas por el que día a día atraviesan las y los familiares de personas desaparecidas e hizo un llamado a las autoridades “para que no nos hagan más difícil la situación en la que vivimos”.

Lourdes Hernández, madre de Pamela Portillo, desaparecida en 2011 por una célula mixta, relató el calvario por el que tuvo que atravesar para solicitar la presunción de muerte de su hija y para, posteriormente, conseguir la adopción de sus dos nietas. Añadió que una vez resuelto este último trámite, tuvo que enfrentarse a la negativa de las autoridades para resolver y garantizar los derechos de seguridad social de las menores, ante la ausencia de su madre.

Por lo anterior, exigió que se considere la efectiva capacitación de las autoridades como una prioridad ya que, en su experiencia, la mayoría de las veces estas dicen desconocer cómo proceder ante situaciones “excepcionales” como las que enfrentó ella.  

José de la Luz dijo que “los problemas avanzan muy rápido y nosotros en la legislación vamos lentos”. Habló sobre la necesidad de modificar las leyes y, en particular, la Ley del Seguro Social, para hacerla más rápida, oportuna y eficiente; de armonizar las leyes que otorgan prestaciones a las personas desaparecidas y sus familias; así como de la necesidad de brindar algún tipo de prestación o seguridad social para la subsistencia de estas últimas.

Cárdenas Luján recalcó que el INFONAVIT puede otorgar prórrogas como una medida provisional para familiares de personas desaparecidas, presentando la denuncia de desaparición y las actas que acrediten la relación de parentesco con la víctima. Aseguró que en el caso de Chihuahua “no habrá ningún desalojo para familiares de personas que se encuentran en este supuesto”.

Concluyó su participación diciendo que “se tendría que generar una reforma integral que alcance y regule al IMSS, al INFONAVIT y a las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES). En el caso específico de INFONAVIT, ésta debería permitir la liberación de créditos y la devolución de los saldos en las cuentas de los trabajadores desaparecidos”.

De continuidad con su visita, el día de mañana Rainer Huhle acudirá a las instalaciones del CEDEHM en ciudad Cuauhtémoc para entrevistarse con familiares de personas desaparecidas de dicho municipio y compartir información relativa a los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. También acudirá Alan García Campos, coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la ONU-DH en México.

lunes, 5 de agosto de 2019

Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos rechazan campaña de desprestigio en contra de Estela Ángeles Mondragón


  • La defensora de derechos humanos ha defendido los derechos territoriales del pueblo rarámuri durante más de dos décadas.
  • Estela Ángeles cuenta con medidas cautelares de la CIDH y es beneficiaria del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación.

Chihuahua, Chih., 1º de agosto de 2019. El pasado domingo 28 de julio, el Heraldo de Chihuahua publicó, en primera plana, la síntesis de la nota que configura una seria acusación titulada “Lucran activistas con litigios ejidales” (https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/lucran-activistas-con-litigios-ejidales-3958744.html). En la nota completa de la versión impresa, el título es aún más preocupante: “ESTÁN AMENAZADOS DE MUERTE SI DENUNCIAN. Despojan a indígenas de sus tierras”. El subtítulo afirma: “Acusan a funcionaria de cobrar cuotas a los ejidatarios de Baqueachi”.

El artículo -firmado por las periodistas Samara Martínez y Adriana Saucedo- se suma a una agresiva campaña de descrédito en contra de la licenciada Estela Ángeles Mondragón, quien es una reconocida y experimentada litigante, comprometida y desinteresada defensora de derechos humanos y de los derechos colectivos del pueblo rarámuri de Baqueachi, Huahuachérare y Chineachi, en el municipio de Carichí.

Más preocupante aún: existen dos denuncias presentadas en contra de la defensora por supuesta malversación de 16 millones de pesos, lo cual es totalmente falso. Precisamente una de las personas entrevistadas en el artículo ha sido quien ha instigado la presentación de estas denuncias, lo cual es particularmente grave en uno de los estados de la República Mexicana con mayor número de ataques a personas defensoras de derechos humanos.

El caso de Estela Ángeles sería el primero de criminalización de una persona defensora de derechos humanos por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. En su informe sobre Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación sobre “el uso indebido del aparato penal del Estado en contra de defensoras y defensores de derechos humanos [el cual] no sólo interfiere con su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos, sino que también afecta el rol protagónico que éstos tienen en la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho.”

Como abogada, Estela Ángeles Mondragón ha logrado, de la mano de la comunidad indígena de Baqueachi, recuperar alrededor de 21 mil hectáreas de tierra, cuyo uso y disfrute estaba en manos de ganaderos de la región, un litigio agrario que ha costado cerca de 25 años, el asesinato aún impune de su esposo Ernesto Rábago Martínez en marzo de 2010, atentados contra su hija y ella, así como amenazas de muerte contra ella por los fuertes intereses trastocados.

Por la situación de riesgo en que se encuentra, desde 2012 Estela Ángeles Mondragón cuenta con medidas cautelares otorgadas por la CIDH y es beneficiaria del Mecanismo para la Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo de Protección). Ello significa que existe un deber reforzado del Estado mexicano en su conjunto de proteger a la defensora y de garantizar que realice su labor en condiciones de libertad, seguridad y dignidad.

La información que se vierte en la primera parte del reportaje de El Heraldo (la segunda será publicada el próximo domingo) descalifica la labor y el trabajo impecable desempeñado por la licenciada Ángeles Mondragón y, asimismo, atenta contra su persona, su imagen, su honra, su familia, así como en contra de las comunidades que ha acompañado por años.

Quienes suscribimos el presente comunicado entendemos que la libertad de expresión es la piedra angular de sociedades democráticas y reconocemos la importante labor que juegan los medios de comunicación que, de manera ética, informan a la sociedad. Lamentablemente, y de manera constante, las personas defensoras de derechos humanos de Chihuahua han sido víctimas de reportajes como el mencionado en donde se realiza una mezcla de información de datos reales y falsos para denostar el trabajo de los defensores de los derechos humanos.

Las organizaciones firmantes conocemos y reconocemos el trabajo que la abogada Estela Ángeles ha realizado durante más de dos décadas en defensa de los derechos territoriales de las comunidades rarámuri.

De acuerdo con Global Witness, México es el sexto país más peligroso del Mundo para las personas defensoras del medio ambiente y la tierra. Asimismo, Chihuahua es uno de los estados con mayor número de personas defensoras de derechos humanos asesinadas, razón por la cual desde 2016 la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección adoptó una alerta preventiva para esta entidad.

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos:

Primero: Que el diario El Heraldo de Chihuahua rechace la publicación de las notas que denuestan y difaman la labor de personas defensoras de derechos humanos y reconsidere la información que publicará próximamente como segunda parte del reportaje

Segundo: Que el Mecanismo de Protección emita un comunicado reconociendo la importante labor que ha realizado Estela Ángeles Mondragón y solicite información a las autoridades de Chihuahua sobre las acciones que están realizando para proteger a la beneficiaria.

Tercero: Que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua haga una revisión rápida de las denuncias presentadas y las concluya por falta de elementos suficientes para tramitarlas.

Cuarto: Que, en el marco de sus atribuciones, la CIDH solicite información al Estado mexicano en relación al cumplimiento de la medida cautelar MC 208/10 y la urja a implementarla adecuadamente.

Quinto: Que, de acuerdo con su mandato, las Relatorías sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y de pueblos indígenas tanto de la CIDH como del sistema de Naciones Unidas soliciten información urgente al Estado mexicano sobre la situación de la defensora Estela Ángeles Mondragón.


FIRMAS
FIRMAS INDIVIDUALES
Alejandra Nuño Ruiz Velasco, Aideé Borunda Encerrado, Alberto Rodríguez Cervantes, Alicia de los Ríos Merino, Alma Celia San Martín Cruz, Alma Gómez Caballero, Alma Rosa Dozal Estrada, Alma Verónica Chacón Márquez, Ana I. Juarez Villarreal, Ana María Torresgatón Peralta, Ángeles Enríquez Rincón, Araceli Osorio Martínez, Blanca Gámez Gutiérrez, Camilo Daniel Pérez, Carlos Garza Falla, Cecilia Guadalupe Espinosa Martínez, Cristina Vargas Bustos, Daisy Acevedo Mendoza, Daniel Solorio Ramírez, David Alan Lauer, Denise Dresser Guerra, Diana Villalobos Díaz, Diego Ventura León, Efraín Naranjo Cortés, Eliana García Laguna, Elsa Ángeles Vera, Erika Mendoza García, Eva Pérez Enríquez, Francisca Jiménez Barrientos, Fray Julián Cruzalta Aguirre, Genaro Lozano, Horacio Almanza Alcalde, Irma Rosa Martínez Arellano, Irma Villanueva Nájera, Javier Ávila Aguirre, S. J., Javier Campos Morales, S. J., Jorge Alberto Pérez Cobos, Jorge Javier Romero Vadillo, Josué Giuseppe Solorio Sandoval, Juan Jaime Loera, Laura Bustos Hernández, Laura Gutiérrez Robledo, Lucero Espíndola de la Vega, Luis Daniel Vázquez Valencia, Luz Estela Castro Rodríguez, Ma. Teresa Rodríguez López, Maite Azuela, Mar Cruz, Mara I. Hernández Estrada, María Antonieta Robles, María Elena Cárdenas Méndez, María Hilda de la Vega Cobos, María Magdalena López Paulino, María Teresa Guerrero Olivares, Mariclaire Acosta Urquidi, Martha Paola Sáenz Solis, Mayra E. Sáenz Solis, Nicolás Víctor Martínez Juárez, Nithia Castorena Sáenz, Patricia Bedolla Zamora, Patricia Colchero Aragonés, Pilar Noriega García, Randall Gingrich, Rodolfo Manuel Domínguez Márquez, Rosa María Cruz Lesbros, Rosa María Laguna Gómez, Rosa María Sáenz Herrera, Rosa María Trejo Villalobos, Rosalinda Salinas Durán, Rossina Elisa Uranga Barri, Sagrario Silva Velez, Sandra Villagomez Cárdenas, Santiago Corcuera Cabezut, Teresa Güemes, Thelma Gómez Durán, Verónica Zapata Suárez, Víctor Quintana Silveyra, Yadira Soledad Cortés Castillo.


FIRMAS DE ORGANIZACIONES
Abogadas Demócratas; Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos A.C.; Acción Colectiva Socioambiental, Plataforma Salvemos El Humedal Los Cárcamos; Agenda LGBT, A.C.; Albergue Tochan; Alianza Sierra Madre, A.C. (ASMAC); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.; Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Asilegal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI); Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Capítulo México (AMARC Mx); Bosque a Salvo IAP (Culiacán, Sinaloa); Casa Amiga Esther Chávez Cano, A.C.; Católicas por el Derecho a Decidir, A.C.; Causa en Común, A.C.; Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, A.C. (CAMT); Centro de Capacitación y Defensa de Derechos Humanos e Indígenas (CECADDHI); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, A.C.; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM); Centro de Derechos Humanos Don Sergio; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C.; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.; Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, A.C.; Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A.C.; Centro de Derechos Indígenas, A.C. (CEDIAC); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C.; Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD); Centro Juvenil Generando Dignidad, A.C.; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Mujeres, A.C.; Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (Cencos); Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” (Centro Morelos); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” (BARCA-DH); Centro Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi; Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C.; Colectivo Aquí No! (Topolobampo Sinaloa); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos (CEPAZDH); Colectivo Epistémico de Chihuahua (COLEPI); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C.; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (COSYDDHAC); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, A.C. (Código DH); Comité de Derechos Humanos Ajusco, A.C.; Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental, A.C.; Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A.C. (Codehuco); Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, A.C.; Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C. (Codehutab); Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC); Consejo Ciudadano de Ecología del Estado de Sinaloa (Culiacán, Sinaloa); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C.; Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC); Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C. (DHIA); El Barzón Chihuahua; El Día Después; Estancia del Migrante González y Martínez, A.C.; Eureka-Jalisco; Fátima I.B.P.; Frente Cívico Sinaloense; Fundación Arcoíris/Mx; Fundación Find; Grupo de Danza y Teatro Campobello, I.A.S.P.; Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas; Hermandad de la Cuenca de la Independencia; Instituto de Asistencia Integral, A.C.; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C. (IJPP); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz; Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C.; Justicia Para Nuestras Hijas, A.C.; Kalli Luz Marina, A.C.; Kóokay, Ciencia Social Alternativa, A.C.; La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes; La Sandía Digital, Laboratorio Audiovisual; Laboratorio de Innovación para la Paz; Magdala, Instituto de Asistencia Integral, A.C.; Mujeres por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A.C. (CIARENA); Mujeres por México en Chihuahua, A.C.; Observa Ciudadana, Observatorio para el Acceso a la Información Pública; Organización Popular Independiente, A.C.; Pensamiento Social en Acción, A.C.; Plataforma Tómala.Mx; Programa Compañeros, A.C.; Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Tijuana - Ciudad de México; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC); Red por la Participación Ciudadana, A.C.; Red Puebla de Periodistas; Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C.; Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C.; Red de Trabajadoras de la Educación SNTE; Salvemos Temaca, A.C.; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina (SICSAL) México; Tequio Jurídico, A.C.; Tierra Nativa, A.C.; Tonelhuayotzin Nuestra Raíz, A.C.; Unión General de Trabajadores de México (UGTM); Uno de Siete Migrando, A.C.; Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.; Voces por el Piaxtla (San Ignacio, Sinaloa).


ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Asociadas por lo Justo (JASS)
Colectivo Ansur (Colombia)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Latin American Working Group (LAWG)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)


FIRMAS DE REDES
Coordinadora Nacional Agua para todxs, agua para la vida
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C.
Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)
Red Nacional de Mujeres Indígenas Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y el Territorio (RENAMITT)

Espacio OSC, compuesto por: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comité Cerezo México; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México y Amnistía Internacional México.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República: Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C. (Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A.C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A.C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A.C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A.C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A.C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A.C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A.C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab.); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab.); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A.C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” (Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo., A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C. (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A.C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A.C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C.; Respuesta Alternativa, A.C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C. (San Cristóbal de las Casas, Chis).

lunes, 15 de julio de 2019

Integrantes del Movimiento Estatal de Mujeres en Chihuahua y organizaciones aliadas se reúnen con titular del Instituto Nacional de las Mujeres


  • Se compromete titular de INMUJERES a regresar en seis meses a la entidad a realizar una revisión en seguimiento a las compromisos adquiridos con las integrantes de organizaciones.
Chihuahua, Chih. 15 de julio de 2019.- El día de ayer por la tarde 36 colectivas, organizaciones de la sociedad civil e integrantes del Movimiento Estatal de Mujeres sostuvieron una reunión con la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Dra. Nadine Gasman Zylberman, con el objetivo de tener un acercamiento al histórico trabajo de las organizaciones en el estado y entablar un diálogo político sobre las preoupaciones y propuestas encaminadas a lograr la igualdad sustantiva.

Al inicio de la reunión, Graciela Ramos, realizó una presentación del contexto de violencia contra las mujeres en Chihuhuahua, mientras que Norma Ledezma expusó que actualmente en el estado de Chihuahua se tiene registro de 76 homicidios dolosos de enero a junio de 2019, sin determinar cuántos estuvieron clasificados como homicidios o feminicidios; según cifras oficiales, después de la Ciudad de México, Chihuahua tiene el segundo lugar en víctimas de trata con una tasa de 1.38 por cada 100,000 mujeres; y en desaparición de mujeres existen a la fecha 236 reportes vigentes.

Imelda Marrufo habló sobre la cancelación de la operación del fondo del Programa para la Equidad (Proequidad), solicitando a la titular de INMUJERES gestione el apoyo económico que sea necesario para compensar, de cierta forma, el apoyo en materia de igualdad para las organizaciones que trabajan el tema.

A continuación, Elia Orrantia realizó una intervención sobre los Refugios para Mujeres en situación de violencia y pidió a la titular de INMUJERES la implementación de una política pública afirmativa, trascendente e integral a favor de las mujeres y en su caso, sus hijas e hijos que se encuentran en situación de riesgo por violencias extremas y que por tal motivo hacen uso de los Refugios y sus Centros de Atención Externa, que contempla una acción fundamental, incluyendo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 un Programa Presupuestario suficiente y progresivo específico para la “Prestación de Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencias extremas y en su caso sus Centros de Atención Externa”, con las siguientes características: sea un programa presupuestario que posea su propia clave presupuestal, esté dentro del Anexo 13 de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y cuente con un presupuesto multianual y que cubra los 12 meses del año.

En cuanto prevención y normas oficiales mexicanas, Lydia Cordero planteó a Gasman Zylberman generar una acción de prevención de la violencia interinstitucional, garantizando el seguimiento de la implementación de las NOM 046 y 047, como parte de la acción de prevención, sobre todo en la prevención de embarazos, tanto en niñas, adolescentes como en mujeres mayores de edad víctimas de violencia sexual. Además, fortalecer los procesos de desarrollo y empoderamiento para las mujeres en lo municipal a partir del método ecológico de la prevención de la violencia con perspectiva de género y derechos humanos. En este mismo rubro, se le solicitó enfocar recursos para el trabajo interinstitucional en materia preventiva que se está dando en el estado, específicamente al Plan Emergente.
Asimismo, Catalina Castillo expuso el tema de instancias infantiles, invitando a la titular a impulsar un grupo de trabajo interinstitucional con la Secretaría de Bienestar Social, Secretaria del Trabajo, IMSS, y organizaciones de la sociedad civil para el análisis del cuidado infantil en una intervención efectiva para la redirección operativa de los programas de estancias infantiles desde un enfoque de género y derechos de infancia.

En relación a los presupuestos sensibles al género, Martha González propuso que todos los programas elaboren su ficha de monitoreo como las elaboradas por CONEVAL, para el seguimiento de su programa; explicar, desarrollar competencias y repetir mediante la difusión, porque repetir es enseñar, para que sea entendido el significado y alcances de las acciones afirmativas y la transversalidad, INMUJERES; y atender la recomendación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el que propone agregar a la Clasificación Funcional del Gasto e incorpore el dígito de género, Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Nithia Castorena, solicitó establecer las estrategias necesarias en Política de Igualdad, (sobre todo electrónicas) para agilizar el monitoreo de las instituciones de forma más puntual y efectiva, a modo de poder implementar nuevas acciones de cuando los resultados de este Programa no se estén cumpliendo.

En relación a la alerta de género, Ruth Fierro solicitó a la titular del INMUJERES la intervención de tres expertas independientes de Chihuahua, además de las que establece la Ley, para el Grupo de Trabajo que podría conformarse de aprobarse la alerta de género en la entidad. Por otra parte,  preguntó a Gasman Zylberman cuál será el aporte de recursos técnicos, materiales, presupuestales de INMUJERES durante la implementación de dicha alerta.

Por último, las organizaciones del Movimiento de Mujeres de Chihuahua y las organizaciones aliadas, invitaron a la Doctora a  regresar en seis meses a esta entidad, para evaluar el avance en todos y cada uno de los puntos que se le plantearon durante el encuentro con los que, Nadine Gasman, coincidió, y aceptó la invitación.

jueves, 4 de julio de 2019

PRESENTAN NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA BÚSQUEDA FORENSE DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y FOSAS CLANDESTINAS EN MÉXICO


Ciudad de México, 4 de julio de 2019.- El Encuentro Internacional sobre Nuevas Tecnologías de Búsqueda Forense que se llevó a cabo en la Ciudad de México, presentó nuevas herramientas para la búsqueda de personas desaparecidas y evaluó posibles aplicaciones al contexto mexicano, especialmente para la localización de fosas clandestinas. Durante cuatro días participaron del Encuentro familiares de personas desaparecidas, colectivos, representantes de la Comisión Nacional y Comisiones Locales de Búsqueda, ministerios públicos, representantes de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, periodistas, organizaciones internacionales e integrantes de los cuerpos diplomáticos.
El encuentro, que comenzó el lunes 1 de julio y concluye este jueves, fue organizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), gracias al apoyo que las organizaciones reciben a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de su proyecto EnfoqueDH.
Según explicaron los organizadores, “dada la magnitud de la presente crisis de violencia y desaparición en México, existe la urgente necesidad de incorporar nuevas tecnologías forenses para la búsqueda de personas desaparecidas y para el análisis de patrones de violencia en el marco de la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”. Esta Ley, aprobada a fines del 2017, establece nuevos mecanismos diseñados para mejorar significativamente la búsqueda de las más de 40 mil personas desaparecidas en México.
“Este encuentro es un primer paso para acercarnos a tecnologías que no se han aplicado en México o se han aplicado en muy pocos casos. Desde el EAAF comenzamos a utilizar varias de las tecnologías de las que hoy hablamos. Es importante formar grupos interdisciplinarios que puedan capacitarse en estas nuevas tecnologías y darle continuidad al trabajo en México”, explicó Mercedes Doretti, directora para Centro y Norteamérica del EAAF y miembro del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas de México.
En el año 2017, el EAAF inauguró su Unidad de Búsqueda Forense y Análisis de Contexto, dedicada a expandir el uso de tecnología de avanzada en la búsqueda forense de personas desaparecidas. La Unidad incorpora tecnologías de vanguardia, amplía el uso de las tecnologías existentes y aplica métodos emergentes con el potencial de hacer avanzar las investigaciones de derechos humanos. A partir de esa experiencia, el EAAF impulsó la realización de este Encuentro Internacional.
“Demandamos y exigimos que las autoridades utilicen los más modernos avances tecnológicos para la búsqueda de personas desaparecidas”, señaló Gabino Gómez, fundador del CEDEHM y coordinador del área de personas desaparecidas de esta organización.
Puntualizó que “no podemos olvidar la historia: desde los años 90 con las desapariciones y feminicidios de Ciudad Juárez exigimos la presencia de peritos independientes en las investigaciones que dieran certeza a las familias”.
En este sentido, recordó que el EAAF participó en el año 2004 en la elaboración de un diagnóstico en la entidad y que en 2005 se firmó un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de Chihuahua, que se trabajó hasta el año 2010. Puntualizó que los avances logrados a lo largo de las últimas décadas han sido gracias al esfuerzo, la perseverancia y la lucha constante de las familias, en medio de su búsqueda incansable por la verdad y la justicia.
Durante las jornadas del encuentro, destacados especialistas presentaron avances en torno a los siguientes temas:
1)  Tecnologías de percepción remota (incluyendo imágenes satelitales, LiDAR, georadar, resistividad, multiespectrometría e hiperespectrometría, entre otras). Se trata de tecnologías donde la información se colecta a distancia y que han sido usadas inicialmente en otros contextos -como la agronomía, la investigación del espacio, el clima, la deforestación, la arqueología- y que están utilizándose cada vez más en el área forense. Estas tecnologías podrían ayudar a detectar fosas clandestinas con base en alteraciones en la superficie y subsuelo.
2)  Análisis de la información digital que puede obtenerse de teléfonos y redes sociales y que puede colaborar en la búsqueda de personas. Se exploró en este caso en particular el marco legal de su uso y limitaciones en México.
3)  Plataformas digitales interactivas donde la información obtenida por percepción remota, comunicaciones y otros datos se ensambla para la investigación y explicación de casos concretos, así como para ver patrones y relaciones que no se observan cuando se solo se observan casos aislados. Estas plataformas sirven para reconstruir eventos represivos, por ejemplo, a partir de información dispersa, generando pruebas y narrativas articuladas.
4)  Finalmente, se analizó el marco legal de la utilización de todas estas nuevas tecnologías, tanto en México como en tribunales regionales e internacionales.
El encuentro contó con la presencia de cerca de veinte profesionales de México, Estados Unidos, Australia, Argentina, Sudáfrica y Suiza. Expertas y expertos en ciencias como la geología, geofísica, arquitectura, arqueología, matemáticas y comunicación, entre otras, algunas de las cuales son de aplicación reciente en el ámbito forense.
En las jornadas también se contó con la asistencia de familiares de personas desaparecidas, quienes hablaron sobre cómo comenzaron su búsqueda sin ningún tipo de herramientas y compartieron que, en algunos casos, al día de hoy utilizan drones, binomios caninos y detectores de metales, además de participar en la creación de bancos de datos genéticos ciudadanos. Desde la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana aseguró que “la ciencia nos acercará al derecho a la verdad”.
El geofísico argentino Santiago Perdomo alertó que “no hay que crear falsas expectativas, ningún método es infalible. Cada una de las tecnologías nos aporta diferente información que puede interpretarse para búsquedas en ciertos entornos.”
“La geografía está presente en las narrativas”, dijo el doctor Alberto Giordano, especialista en sistemas geográficos de referenciación de la universidad de Texas, refiriéndose a que las narrativas de los sobrevivientes y testigos contienen datos de tiempo y espacio que pueden ser transportadas a plataformas digitales que facilitan la visualización de datos y la investigación.
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Sobre el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) es una organización de derechos humanos, laica y feminista comprometida con la justicia, igualdad y dignidad de las personas. Tiene su base en la ciudad de Chihuahua, en donde fue fundada en 2005. Su misión es acompañar integralmente, con enfoque diferenciado y multidisciplinario, a las personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos, para que accedan a la justicia, así como contribuir a la generación de cambios estructurales para lograr la plena vigencia de los derechos humanos en Chihuahua.
Sobre el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) es una organización científica, no gubernamental y sin fines de lucro que aplica las ciencias forenses a la investigación de violaciones a los derechos humanos y problemas humanitarios en el mundo. En sus 35 años de existencia, el equipo ha trabajado en más de 50 países. Los miembros del EAAF actúan como peritos independientes o consultores técnicos de familiares de víctimas, tribunales nacionales e internacionales, comisiones de la verdad y otros procesos de justicia. Además, el EAAF elabora recomendaciones sobre buenas prácticas forenses y capacita a familiares, jueces, fiscales, policías, expertos forenses, organizaciones de sociedad civil y periodistas.
El EAAF trabaja regularmente en México desde el año 2004, colaborando con organizaciones no gubernamentales mexicanas, familiares de víctimas y autoridades gubernamentales estatales y federales, proporcionando asistencia forense en la investigación de casos de violaciones a los derechos humanos.