miércoles, 16 de octubre de 2019

URGENT ACTION FOR THE DISAPPEARANCE OF CRUZ SOTO CARAVEO


Cruz exposing the situation of his community to the
UN Special Rapporteur on Internally Displaced Persons on September 2018.


URGENT ACTION: Disappearance of Cruz Soto Caraveo, member of the collective of families forcibly displaced from the Sierra Tarahumara, accompanied by the organizations CEDEHM and CONTEC from Chihuahua. 

Cruz Soto, his family and other members of the Monterde community in the municipality of Guazapares in the state of Chihuahua, Mexico, have been forcibly displaced since 2013, after they received death threats from members of the organized crime that controls the area, who took their land for drug planting.

On Saturday, October 12th, Cruz left Chihuahua, where he is temporarily living, on his way to Temoris. He went to the Municipal Presidency on Sunday, October 13th, to meet with personnel from the federal government's Secretariat of Agriculture and Rural Development. After leaving the meeting, the same Sunday, Cruz and another person left on a truck headed towards the community of Los Llanos, when they were forced to stop by unknown subjects who did not identify themselves. They ordered him to get out of the vehicle, handcuffed and took him away, without so far having information of his whereabouts.

On August 2018, Cruz Soto and other displaced people from El Manzano, a community that has precautionary measures from the Inter-American Commission on Human Rights, returned to their homes sheltered by the Chihuahua state police. The day after their return, just in a place where the group had been detained the day before, a murdered man appeared, a relative of Cruz Soto's wife, who had a banner placed on his body with a death threat directed at Cruz Soto, who is accused of actively denouncing the situation in the area.

On several occasions, Cruz Soto and other displaced people have met with authorities to demand the apprehension of the organized crime group operating in the area so that they can safely return to their communities. The last occasion was on March 22, 2019 in the framework of the review of the precautionary measures in El Manzano, where he loudly denounced the threats suffered and demanded attention for their cases; this was addressed to the head of the Unit for the Defense of Human Rights of the Government Secretariat, as well as staff of the General Secretariat of the Government of Chihuahua and the Attorney General's Office.

During the unofficial visit to Chihuahua by the United Nations Special Rapporteur on Internally Displaced Persons on September 2018, Cruz participated in the meeting that she held with displaced persons.

Given the seriousness of the events described, which put the life of CRUZ SOTO CARAVEO at risk, we kindly ask you to:

Write urgently to the Under-Secretary of Human Rights, Population and Migration and to the Government of the State of Chihuahua, demanding the immediate location of Cruz Soto, and that the necessary protection measures be granted to his family and other members of the community who are forcibly displaced in Chihuahua.

Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila

Secretaria de Gobernación
Secretary of Government
Twitter: @M_OlgaSCordero
E-mail: secretario@segob.gob.mx

Alejandro Encinas Rodríguez
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
Under-Secretary of Human Rights, Population and Migration
Twitter: @A_Encinas_R
E-mail: ajencinas@segob.gob.mx

Javier Corral Jurado
Gobernador del Estado de Chihuahua
Governor of Chihuahua State
Twitter: @Javier_Corral

César Augusto Peniche Espejel 
Fiscal General del Estado de Chihuahua 
General Prosecutor of the State of Chihuahua
Twitter: @PenicheCesar 
E-mail: cesar.peniche@chihuahua.gob.mx

Joel Guillermo Bustillos Ramírez
Presidente Municipal de Guazapares
Mayor of Guazapares
E-mail: mpioguaz.1821@gmail.com

martes, 15 de octubre de 2019

ACCIÓN URGENTE POR LA DESAPARICIÓN DE CRUZ SOTO CARAVEO

 
Cruz Soto exponiendo la situación de su comunidad a Relatora sobre Desplazamiento Forzado Interno de de ONU en septiembre de 2018.

ACCIÓN URGENTE: Desaparición de Cruz Soto Caraveo, integrante del colectivo de familias desplazadas forzadamente de la Sierra Tarahumara, mismo que acompañan las organizaciones CEDEHM y CONTEC en Chihuahua.  

Cruz Soto junto con su familia y otras personas integrantes de la comunidad de Monterde, en el municipio de Guazapares, en el estado de Chihuahua, México, se encuentran desplazados forzadamente desde el 2014 luego de que recibieran amenazas de muerte por integrantes del crimen organizado que controlan la zona y que se apoderaron de sus tierras para la siembra de drogas.

El sábado 12 de octubre pasado, Cruz salió de Chihuahua donde está viviendo temporalmente, con rumbo a Témoris, para acudir el domingo 13 a la Presidencia Municipal y encontrarse con personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal. Saliendo de la reunión, el mismo domingo, Cruz junto con otra persona y a bordo de una camioneta se dirigía rumbo a la comunidad de Los Llanos, cuando fueron forzados a detenerse por unos sujetos desconocidos que no se identificaron, le ordenaron que descendiera del vehículo, lo esposaron y se lo llevaron, sin que hasta el momento se tenga información de su paradero.

En agosto de 2018, Cruz Soto y otras personas desplazadas de El Manzano, comunidad que cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, regresaron a sus casas resguardados por policía estatal de Chihuahua, al día siguiente de su regreso, justo en un lugar donde se había detenido la comitiva un día antes, apareció un hombre asesinado, familiar de la esposa de Cruz Soto, al cual le colocaron una pancarta con una amenaza de muerte dirigida para Cruz Soto a quien se le acusa por denunciar activamente la situación de la zona.

En diferentes oportunidades, Cruz Soto y otras personas desplazadas se han entrevistado con autoridades para demandar la aprehensión del grupo del crimen organizado que opera en la zona y así poder regresar en condiciones de seguridad a sus comunidades. La última ocasión fue el 22 de marzo de 2019 en el marco de la revisión de las medidas cautelares de El Manzano, en donde de viva voz denunció las amenazas sufridas y exigió la atención de sus casos; esto frente al titular de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, así como a personal de la Secretaría General del Gobierno de Chihuahua y la Fiscalía General del Estado.

En la visita no oficial a Chihuahua de la Relatora sobre Desplazamiento Forzado Interno de Naciones Unidas, en septiembre de 2018, Cruz participó en la reunión que ella sostuvo con personas desplazadas.

Ante la gravedad de los hechos descritos, que ponen en riesgo la vida de CRUZ SOTO CARAVEO, les solicitamos atentamente:

Escribir de forma urgente a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del Estado de Chihuahua, demandando la inmediata localización de Cruz Soto y que se otorguen las medidas de protección necesarias para su familia y demás integrantes de la comunidad que se encuentran desplazadas forzadamente en Chihuahua. 

Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila
Secretaria de Gobernación
Twitter: @M_OlgaSCordero
E-mail: secretario@segob.gob.mx

Alejandro Encinas Rodríguez
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
Twitter: @A_Encinas_R
E-mail: ajencinas@segob.gob.mx

Javier Corral Jurado
Gobernador del Estado de Chihuahua
Twitter: @Javier_Corral
E-mail: despachodelejecutivo@chihuahua.gob.mx


César Augusto Peniche Espejel 
Fiscal General del Estado de Chihuahua 
Twitter: @PenicheCesar 
E-mail: cesar.peniche@chihuahua.gob.mx

Joel Guillermo Bustillos Ramírez
Presidente Municipal de Guazapares
E-mail: mpioguaz.1821@gmail.com

lunes, 14 de octubre de 2019

EXIGIMOS EL CESE DE LAS AGRESIONES Y DIFAMACIONES CONTRA EL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA TLACHINOLLAN Y SU ABOGADO VIDULFO ROSALES SIERRA

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por las recientes declaraciones del ex titular de la Procuraduría General del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, contra el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Vidulfo Sierra Rosales, a quien acusa de obstaculizar las investigaciones y lucrar con la defensa de las familias de los 43 normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, llegando incluso a señalar que debe ser investigado por la Fiscalía General de la República1. 

Consideramos que estas declaraciones constituyen un ataque directo y que buscan deslegitimar la labor del defensor de derechos humanos, además de invertir a las y los representantes legales las responsabilidades por las recientes liberaciones de personas vinculadas al caso y así eludir los costos de una investigación plagada de innumerables violaciones a derechos humanos, que van desde la fabricación de pruebas hasta el uso de la tortura para obtener confesiones, documentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes2 y la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU en México3 y que fueron al origen de la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Reynosa, Tamaulipas, la cual enumera 158 irregularidades.
Cabe recordar que Iñaki Blanco Cabrera es uno de los principales actores que podrían estar involucrados en la desaparición forzada de los 43 normalistas, por fungir como procurador al momento de los hechos y por haber incurrido en omisiones y proteger a varios funcionarios bajo su cargo que tuvieron responsabilidades en la agresión a los estudiantes.

Reconocemos el trabajo de Tlachinollan, que lleva 25 años defendiendo los derechos humanos de las personas indígenas de la montaña de Guerrero contra los abusos de autoridad y la marginación, y es reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de su labor de defensa integral, así como por su compromiso moral, obteniendo diversos premios por ello4. 

Asimismo, reconocemos el trabajo que durante más de 20 años ha realizado el defensor Vidulfo Rosales Sierra, quien se ha destacado por su acompañamiento a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en Guerrero como Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega, los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa Jorge Alexis y Gabriel Echeverría ejecutados en la autopista del Sol en diciembre de 2011, y las víctimas de la represión en la jornada electoral de Tlapa de Comonfort en junio de 2015, luchas que en repetidas ocasiones han derivado en amenazas y agresiones físicas directas, provocando incluso su salida del país para salvaguardar su vida.

Por todo lo anterior, exigimos un cese a la campaña de deslegitimización en contra del defensor Vidulfo Rosales Sierra, señalando la gravedad de este tipo de declaraciones, cuya naturaleza puede alentar agresiones directas contra su vida e integridad física. De igual forma, consideramos que las declaraciones del exfuncionario parecen tener como objetivo desviar la atención y así evitar que las autoridades estatales de Guerrero sean investigadas, enfatizando que son las violaciones al debido proceso y los casos de tortura con los cuáles se integró la investigación de Ayotzinapa las cuáles ahora están motivando resoluciones judiciales que liberan a probables responsables de los hechos, lo cual es una muestra más del entramado de corrupción e impunidad que han marcado este caso y que han sido denunciadas constantemente por Tlachinollan y Vidulfo Rosales Sierra.
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1 Declaraciones difundidas en diferentes medios locales el día 10 de octubre 2019, como el Sol de Chilpancingo https://elsoldechilpancingo.mx/2019/10/10/vidulfo-rosales-debe-ser-investigado-por-la-fgr-inaki-blanco/  y Redes del Sur http://redesdelsur.com.mx/index.php/es/seguridadyjusticia-pag1/vidulfo-y-tlachinollan-lucran-con-los-43-exprocurador, a las que anteceden otras del 25 de septiembre de 2019 en Radio Fórmula https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20190925/vidulforosales-lucra-sufrimiento-padres-43-inaki-blanco-exprocurador-guerrero/ , retomadas por medios nacionales como Milenio https://www.milenio.com/policia/inaki-blanco-vidulfo-rosales-lucra-familiares-43-normalistas   

2 En particular la mal llamada “verdad histórica” según la cual los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula  https://www.proceso.com.mx/tag/basurero-de-cocula  

3 EL informe de la ONU “Doble Injusticia, Informe sobre Violaciones a Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa” está disponible acá https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/20180315_DobleInjusticia_InformeONUDHInvestigacionAyotzinapa.pdf  

4 En el 2007 recibió el premio de la Fundación Mac Arthur para Instituciones Creativas y Efectivas, en el 2017 mención honorifica del Premio de Derechos Humanos Franco - Alemán “Gilberto Bosques”, entregado por la embajada Alemana y Francesa en México por el acompañamiento de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

Organizaciones, colectivos y redes 
Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura  de Francia (ACAT-Francia) Acción Colectiva (León, Guanajuato) ALUNA, Acompañamiento Psicosocial, Asociadas por lo Justo (JASS) Bios Iguana Buscando desaparecidos en México BUSCAME Causa en Común Casa del Migrante de Saltillo Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos - Defensoría del Derecho a la Salud  (CCESCDDS) Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM) Centro de Derechos Humanos Paso del Norte Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD) Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (CENCOS) Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A. C. (CEDIMAC) Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC) Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina Comité Cerezo México Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en Mexico, COFADDEM. Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del noroeste A.C (CCDH) Comisión de Solidaridad y defensa de los derechos humanos Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C: Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México El Día Después Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (ESPACIO DESCA) FIAN sección México Fundación Abogacía Española Fundación Find Fundación para la Justicia y el estado Democrático de Derechos A.C. Idea A.C. Justice Mexico Now (UK) La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) La Sandía Digital, Laboratorio de Cultura Audiovisual A.C. Laboratorio de Innovación para la Paz Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC) Instituto para la Seguridad y Democracia (INSYDE); México vía Berlín; MISEREOR; Movimiento Morelense en Contra de la Minería Observatorio de Violencia Social y de Género de Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos Otros Mundos/Chiapas Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP) Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos 
“Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas). Sabuesos Guerreras A.C. Servicio, Desarrollo y Paz, A.C. (SEDEPAC) Servicio y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) Zacatecanas y Zacatecanos por la Paz 
 Personas 

lberto Xicotencatl Carrasco, Presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Alberto Athier Alfredo Lecona Martínez Alfredo Limas Hernández Catalina Pérez Correa Cecilia Saviñón Casas, Feminista / Nuevo León Comité de Solidaridad México-Salzburgo Daniel Vázquez Investigador de tiempo completo del IIJ-UNAM Investigador de tiempo parcial de la FLACSO-México. Daniel Giménez Cacho Denise Dresser Dra Gloria Ramirez Edith Hanel Fernando Ríos José Mario de la Garza Marroquín Jesús Sarabia Contreras Torreón Coahuila Jorge Javier Romero Vadillo Ixchel Cisneros Soltero Lídice Ramos, Académica de la Univresidad Autónoma de Nuevo León Lylia Palacios, Académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León Santiago Corcuera Cabezut Paola Zabala Saeb Pablo Romo Cedano Ruth Fierro Pineda Raymundo Sandoval Gabino Gómez Escárcega Marcela Villalobos Andrade Michel Chamberlin Maite Azuela Mariclare Acosta María Isabel Cruz Bernal María Dolores Estrada, Feminista / Nuevo León Maricruz Flores, Feminista e Intengrante del Colectivo Plural de Mujeres / Monterrey, N.L. Ricardo Loewe Rosalinda Zavala Salazar, Feminista Sandra H. Cardona, Feminista Séverine Durin, Académica del CIESAS Noreste Walter Schnöll 

viernes, 11 de octubre de 2019

SE REALIZA CON ÉXITO EL FORO “LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS, CONOCIENDO SU CONTENIDO Y ALCANCE”



Chihuahua, Chih., a 11 de octubre de 2019. El día de hoy tuvo lugar el foro “Ley General en materia de desaparición de personas, conociendo su contenido y alcance”, organizado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Dicho foro se realizó con el objetivo de dialogar en torno al contenido y alcance de la Ley General de Desapariciones Forzadas, Desaparición por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda, así como abordar los retos y desafíos para su implementación en la entidad, entre familiares de personas desaparecidas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y autoridades quienes corresponde la aplicación de esta ley.

Para la inauguración, se contó con la presencia en el presídium de Javier Corral Jurado, Gobernador del Estado de Chihuahua; César Augusto Peniche Espejel, Fiscal General del Estado; Francisco González Arredondo, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada (FIVDH); Arturo Hines, Vicecónsul de Asuntos Políticos de la Embajada de Estados Unidos en México, y Ruth Fierro Pineda, Coordinadora General del CEDEHM.

Ruth Fierro mencionó que el CEDEHM tiene entre sus temas prioritarios el acompañamiento a familiares de personas desaparecidas y que “en el marco de esta prioridad, en el 2017 y gracias al apoyo de EnfoqueDH y USAID, impulsamos la creación de la FIVDH, diseñada con la colaboración de diferentes actores internacionales y que incorporó algunas importantes recomendaciones de organismos de derechos humanos”.

Agregó que “con la publicación de la ley general en materia de desaparición forzada, desaparición por particulares y el sistema nacional de búsqueda, sobre la cual profundizaremos hoy, podemos decir que contamos con un marco jurídico adecuado y suficiente para que exista una respuesta a la altura del problema”.

Arturo Hines expresó que “el foro que hoy nos convoca representa un espacio para compartir lecciones aprendidas y experiencias para mejorar la implementación de esta ley. Gracias a foros como éste, podemos cambiar la forma en la que operan nuestras sociedades”.

Javier Corral dijo que “dejar pasar más tiempo para la correcta aplicación de esta ley, significa incrementar la calamidad”. Reconoció que “aún tenemos muchos retos en el camino, hay que concretar las bases de datos y fortalecer a la FIVDH. No obstante, nuestro compromiso sigue intacto. Seguiremos esforzándonos para avanzar en la búsqueda de las y los desaparecidos y establecer penas a los culpables”.

A manera de introducción, Gabino Gómez, Coordinador del Área de Personas Desaparecidas del CEDEHM, habló sobre el estado actual de las desapariciones en México y en Chihuahua; sobre largo el proceso por el que tuvieron que atravesar los colectivos de familiares de personas desaparecidas para impulsar la Ley, y sobre la necesidad y relevancia de que exista dicha legislación.

Entre los problemas enlistados, destacó los siguientes: “no hay investigación en los primeros días de desaparición; las investigaciones son aisladas y sin contexto; hay estigmatización y discriminación; no hay recursos suficientes para llevar a cabo las investigaciones”. Recalcó que este problema compete a todas las instancias, sin importar el nivel de gobierno al cual pertenecen.

El foro continuó con el desarrollo de cuatro mesas panel: I. Tipos penales y responsabilidades administrativas; II. Fiscalías Especializadas; III. Acciones de búsqueda, y IV. Registros y bases de datos. En la primera participaron Octavio Amezcua, Oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Arcelia Cerros, integrante del colectivo de familiares de personas desaparecidas del CEDEHM; Edelia Lozoya, Responsable de Defensa Jurídica del Área de Personas Desaparecidas del CEDEHM; y César A. Peniche.

Octavio Amezcua conversó sobre los tipos penales de desaparición forzada, de desaparición por particulares y otros, así como sobre las responsabilidades administrativas. Mencionó que el hecho de que existan dos supuestos: privación de la libertad con el fin de ocultar a la persona y privación de la libertad con el objetivo de infringir un daño a la víctima, “plantea dificultades administrativas al momento de aplicar la legislación”.

Arcelia Cerros, compartió que su hijo desapareció en febrero de 2014 en la carretera a Temósachic: “la persona de la Fiscalía de Occidente nos dijo que no estaban para endulzar oídos y que se necesitaban recursos económicos para enfrentar la situación. Y concluyó diciendo que, “en materia de desaparición de personas, pareciera ser que tienen más garantías los delincuentes que las víctimas”.

Edelia Lozoya se refirió a los retos y desafíos que se han encontrado desde el CEDEHM, a partir de la experiencia en torno al tema de las desapariciones. Refirió que desde el CEDEHM “acompañamos jurídicamente 248 casos de personas desaparecidas. En nuestra experiencia, son muy pocos los casos que llegan a judicializarse y que terminan en una sentencia condenatoria. Actualmente se tienen 5 casos con sentencia por desaparición forzada en todo el estado”.

César A. Peniche dijo que “en la ley que nos ocupa, tenemos problemas de competencias, descripción y confusión de tipos penales”. Citó el caso de la familia Muñoz, en la que ocho de sus integrantes, todos varones, fueron desaparecidos por elementos de la policía, para referirse a una serie de problemas que obstaculizan las investigaciones cuando, debido al marco legislativo, las carpetas oscilan entre uno y otro nivel de gobierno, sin poder llegar a resultados concretos.  Por lo anterior, subrayó que, en los casos de desaparición “hay que definir competencias y dejar claridad en la ley”.

En la segunda mesa participaron Volga de Pina, Coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); Lucía de los Ángeles, familiar de una persona desaparecida e integrante del Colectivo Solecito de Veracruz; Francisco González, titular de la FIVDH, y Anna Karolina Chimiak, Coordinadora del Área de Incidencia del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD).

Volga de Pina habló sobre la pertinencia de las fiscalías especializadas y las discusiones que se dieron en torno a éstas. “Entre los beneficios de esta ley, están una mejor comprensión del fenómeno; la concentración de la información para un uso potencial para el análisis de contexto y otros; lo que la ley tiene en contra, es el exceso de especialización, que pulveriza información, capacidades y recursos, diluye responsabilidades y las competencias de las fiscalías no están del todo claras”.

Lucía de los Ángeles, estableció que “no son 40 mil: en México estamos hablando, fácilmente, de más de 150 mil desaparecidos. El problema de las cifras en México es que no siempre se denuncia: sólo se hace en 1 de cada 10 delitos. No hay registros ni bases de datos, o son deficientes; hay falta de protocolos, recursos y capacidades para la identificación”.

Anna K. Chimiak, expuso el caso de Jalisco, el primer estado en tener una fiscalía especializada en desapariciones en el país. Compartió los principales desafíos de su puesta en marcha y el impacto obtenido hasta ahora. “En 2019 en Jalisco se denuncian como desaparecidas alrededor de 14 personas al día. En la entidad sólo hay dos sentencias condenatorias en la materia. Hay falta de claridad en cuanto a las atribuciones y competencias, así como falta de coordinación entre las autoridades de los tres niveles. Hay una constante falta de recursos humanos, materiales, logísticos y tecnológicos”.

Francisco González brindó un panorama sobre el estado de la implementación de la Ley en Chihuahua, así como de los retos, obstáculos y desafíos encontrados hasta el momento. Aseguró que “queremos consolidar y perfeccionar a la FIVDH, a la Comisión Estatal de Búsqueda, a las unidades de investigación. Existe voluntad y especialización con enfoque de derechos humanos. El camino es difícil, pero creo en la coordinación entre familiares, OSC y autoridades de gobierno.”

En la tercera mesa participaron Chasel Colorado, Especialista Senior en Derechos Humanos en Enfoque DH, proyecto financiado USAID; Norma Patricia Albino, familiar de una persona desaparecida e integrante del colectivo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (Grupo V.I.D.A.) de Coahuila; Blanca Isabel Martínez, Directora del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C.; y Laura Irene Moreno Espinoza, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Chasel Colorado habló sobre el Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda y los procedimientos en la materia. Dijo que “esta ley flexibilizó el inicio del proceso de búsqueda reconociendo 3 medios: denuncia, reporte y noticia, los que pueden ser anónimos y no necesitan verificación”. Agregó que “el Estado tiene la obligación de realizar todas las acciones tendientes a dar con el paradero de las personas hasta su localización. La búsqueda debe ser pronta, desformalizada, exhaustiva, especializada y participativa”.

Norma Albino destacó que “el Gobierno no termina de cumplir y dar respuesta a nuestras necesidades. Creo que la búsqueda en campo es donde no están respondiendo adecuadamente. Para nosotras, encontrar un resto, es un gran hallazgo, porque éste puede darnos una respuesta”.

Blanca Martínez participó diciendo que “estamos a casi dos años de promulgada la Ley, el gran tema que ahora nos ocupa es su implementación. Está Ley no es un objetivo en sí, es una herramienta para facilitarnos la búsqueda. Se sigue actuando de manera burocrática, no hay diseño ni estrategia. En algunos estados hay comisionados, pero no comisiones. Se sigue simulando el proceso de búsqueda. Tenemos que construir nuevos nichos de esperanza desde la fuerza y la dignidad de las familias”.

Laura Moreno explicó las características de los operativos de búsqueda con vida y búsqueda sin vida de las personas desaparecidas en la entidad. Señaló que en Chihuahua “está próxima a presentarse la página web de la Comisión Local de Búsqueda. En ella se podrán generar reportes de desaparición de manera digital y se podrá suministrar información  de manera anónima, que nos permita dar con el paradero de las personas desaparecidas”.

En la cuarta mesa participaron Hugo Soto, Asesor Forense del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); Angélica Rodríguez, familiar de una persona desaparecida e integrante del colectivo Búsqueda de Familiares “Regresando a Casa” A.C. de Morelos; Mercedes Doretti, Directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF); y Daniel Ricardo Jaramillo, Director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

Hugo Soto mencionó que “el objetivo de la gestión de información es definir procesos sistemáticos de recolección, organización, validación, archivo, análisis e interpretación”. Hizo énfasis en la información de calidad, definida como “aquella que brinda satisfacción plena del usuario, es decir, de quienes harán uso de esa información”. Agregó que “hay que asegurar en todo momento que la información sea confiable, precisa, de alta calidad, porque toda ésta llegará a los registros y bases de datos”.
Angélica Rodríguez dijo que “si no se sigue el debido protocolo no podremos dar con nuestros desaparecidos: una persona de nuestro colectivo podría haberse ahorrado cuatro años de búsqueda, si en la carpeta hubieran incluido una fotografía con la vestimenta que llevaba su familiar”. Añadió que “de nada nos sirve que se alimente una base estatal si no se nos comparte la que existe a nivel nacional. Deben existir en todo el país bases de datos compatibles entre sí y debemos poder acceder a ellos”.

A través de un video, Mercedes Doretti habló sobre el proceso de creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y dijo que “el MEIF busca separar el trabajo forense diario u ordinario, del extraordinario, es decir, de aquellos restos no identificados o no reclamados dentro de las instituciones”. Añadió que “las atribuciones básicas del MEIF son la recuperación de restos y evidencia asociada, analizar los restos y emitir dictámenes multidisciplinarios, así como llevar a cabo el próximo proceso de notificación y restitución”.

Finalmente, Ricardo Jaramillo compartió que “en 2007 es cuando formalmente se establece el Servicio Médico Forense en el estado de Chihuahua. El 52% de los ingresos registrados hasta el momento han sido por hechos violentos (homicidios), de los cuales, el 85% han sido varones. Agregó que durante todo este periodo, el 94% de los ingresos han sido identificados y entregados a sus familias, es decir, más de 50 mil casos.

El foro, que se desprende del programa "Justicia para las personas desaparecidas de Chihuahua" a raíz de un convenio firmado entre USAID, CEDEHM, EAAF y la FGE, estuvo dirigido a familiares de personas desaparecidas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, así como a personal de la FGE, de la FIVDH, de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Unidad de Personas Ausentes o Extraviadas, de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de la Secretaría de la Función Pública.


DISCURSO DE GABINO GÓMEZ EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA CONOZCO Y RECONOZCO A LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DDHH

jueves, 3 de octubre de 2019

INICIA GOBIERNO DEL ESTADO CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTO DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS



Chihuahua, Chih., a 3 de octubre de 2019. El día de hoy, en el marco del Plan de Contingencia contenido en la Alerta Temprana para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó el lanzamiento de la campaña de reconocimiento de las personas defensoras de la entidad. El evento se realizó en presencia de integrantes de organizaciones de la sociedad civil impulsoras de la Alerta, autoridades estatales y federales, y representantes de organismos internacionales.

Actualmente México se encuentra viviendo una crisis en materia de derechos humanos. En el país se registran altos índices de violencia e inseguridad que se ven reflejados en el elevado número de feminicidios y homicidios; en las más de 40 mil personas desaparecidas; en las violencias de toda índole contra mujeres y niñas, y en la presencia del crimen organizado en todo el territorio nacional. De la misma manera, constantemente se ven vulnerados los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de diferentes sectores de la población.

En contextos como el actual, el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos resulta ser trascendental para la conservación del estado democrático y de derecho.  Ellas son quienes, de manera individual o colectiva, contribuyen a la eliminación de todas las formas de vulneración de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y los individuos. De ahí la importancia de que las autoridades reconozcan la importancia de su labor e implementen medidas efectivas y adecuadas para garantizar la salvaguarda de su integridad, libertad y seguridad.
A la presentación acudieron Gabino Gómez, en representación de las organizaciones de la sociedad civil impulsoras de la Alerta; Javier Corral, Gobernador del Estado de Chihuahua; César A. Peniche, Fiscal General del Estado; Pablo H. González, Presidente del Tribunal Superior de Justicia; Cinthia Chavira, Presidenta del DIF Estatal; Blanca Gámez, Diputada del H. Congreso del Estado; Néstor Armendáriz, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Giovanna Garrido, Directora General Adjunta de Previsión, Seguimiento y Análisis de la Secretaría de Gobernación; Pedro Torres, Delegado en Chihuahua de Programas de Desarrollo del Gobierno Federal; y Ricardo Neves, Oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Durante su intervención, Gabino Gómez recordó los asesinatos de Alberto Almeida; Armando Villarreal; Ernesto Rábago; Isidro Baldnegro; Ismael Solorio; Manuela Solís; Julián Carrillo; Juan Ontiveros; Josefina, Elías y Magdalena Reyes Salazar; Luisa Ornelas; Marisela Escobedo y Susana Chávez. También rememoró las desapariciones de las defensoras Martha Loya, Guadalupe Fierro y Artemisa Ibarra, quienes desaparecieron en la búsqueda de sus seres queridos.

Enfatizó que las y los defensores “somos un frente de lucha y actuamos como redes de solidaridad y protección ante las agresiones, en un país en el que la defensa de derechos humanos desde hace tiempo se ha convertido en una actividad de alto riesgo”.  Señaló que “al menos 82 personas defensoras de siete organizaciones de la sociedad civil contamos con Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así, Chihuahua es el estado con el mayor número de estas medidas en México.”

Agregó que en la entidad “somos un amplio, persistente, experimentado y variado movimiento de participación ciudadana” dedicado a la defensa de múltiples causas como el agua, el territorio y el medio ambiente; la educación, vivienda, salud y seguridad social; el acceso a la información y transparencia; la democracia; los derechos políticos y laborales; los derechos de las mujeres, así como de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes; de la comunidad LGBT+, de los pueblos indígenas, de las personas migrantes y de las víctimas.

Durante su intervención, Pablo Héctor González dijo que “desde el Poder Judicial, cuenten con que haremos lo que dependa de nosotros para que los derechos de quienes defienden los derechos humanos estén garantizados y, no sólo a través de las vías ordinarias, sino también a través de compromisos adicionales para los que desde ahora habrá seguimiento y firme convicción de cumplimiento”.

Por su parte, Blanca Gámez subrayó que “las personas defensoras de derechos humanos trabajan para hacer realidad los derechos humanos de todas las personas, su trabajo y compromiso es fundamental para visibilizar situaciones de injusticia social y combatir la impunidad y, sin embargo, a diario enfrentan un gran riesgo al ejercer su actividad”.

Durante su discurso brindó un reconocimiento y agradecimiento a las personas defensoras y, en especial, a las mujeres, que por su condición de género enfrentan un doble riesgo y vulnerabilidad. Así como a todas aquellas hermanas, esposas y madres que, como Marisela Escobedo, en medio de su lucha por la búsqueda de justicia y a pesar del dolor, se convirtieron en mujeres defensoras.

Finalmente, el Gobernador del Estado mencionó que “nos hemos dispuesto a garantizar la vida y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos” y recordó el caso del asesinato del defensor ambientalista Isidro Baldenegro, el primero en su tipo en ser judicializado y para el que ya se ha dictado una sentencia condenatoria.

Añadió que la campaña relanzará el seguimiento al Plan de Contingencia ya que, al reconocer la labor de las personas defensoras, las autoridades deberán visibilizar los compromisos adquiridos en este sentido. Concluyó diciendo que “buscamos crear una cultura, más que de reconocimiento, de legitimación y protección a las personas defensoras de derechos humanos”.

Antecedentes

En respuesta a una solicitud de 24 organizaciones de la sociedad civil chihuahuense presentada el 7 de marzo de 2016, el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, notificó al Gobierno de Chihuahua, el 11 de agosto de 2016, la adopción de una Alerta Temprana, con el objetivo de prevenir y detener los ataques y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos.

En el marco de esta misma Alerta y de acuerdo con la legislación vigente en la materia, en junio de 2017 se aprobó el Plan de Contingencia, para el cual se identificaron acciones, tiempos y responsables para la implementación de medias que permitan que las personas defensoras puedan desempeñar su labor en condiciones de libertad y seguridad.

La campaña de reconocimiento es una de las 53 acciones contenidas en el Plan de Contingencia, mismas que se distribuyen en cinco mesas de trabajo: 1. Medidas estructurales de reconocimiento a la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y acceso a la justicia como garantía de no repetición; 2. Situación de Vulnerabilidad de Mujeres, Personas Migrantes y Grupos de la Diversidad Sexual, en la Zona Fronteriza; 3. Medio Ambiente; 4. Situación de la Sierra Tarahumara, y 4. Periodistas.

El Plan involucra a 26 instancias de gobierno de nivel estatal y a 24 de nivel federal y abarca cuestiones estructurales como el acceso a la justicia y el reconocimiento de la labor realizada; además de medidas que atienden la situación de riesgo de las personas defensoras, siempre con la inclusión y participación de la sociedad civil.

Chihuahua es el estado con el mayor número de medidas de protección ordenadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ocupa los primeros lugares a nivel nacional en agresiones contra personas defensoras, por lo que las responsabilidades contraídas en el Plan de Contingencia deben de asumirse con la urgencia que amerita la prevención efectiva de potenciales agresiones.

Organizaciones impulsoras de la Alerta

Abogadas Demócratas; Alianza Sierra Madre, A.C. (ASMAC); Bowerasa, A.C. Haciendo Camino; Casa Amiga Esther Chávez Cano, A.C.; Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM); Círculo de Estudios de Género, A.C.; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC); Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC); Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; Ecos de Mirabal; El Barzón Chihuahua; Fátima, I.B.P.; Grupo Feminista 8 de Marzo; Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas; Kakúm Colectiva; Mujeres Barzonistas; Mujeres por México en Chihuahua, A.C.; Observa Ciudadan@, Observatorio para el Acceso a la Información Pública; Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua); Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez; Red por la Participación Ciudadana, A.C.; Uno de Siete Migrando, A.C.

lunes, 30 de septiembre de 2019

SE REALIZA AUDIENCIA PARA REPARAR DAÑO EN EL PRIMER CASO EN EL PAÍS SOBRE VIOLENCIA INSTITUCIONAL



Chihuahua, Chih., a 30 de septiembre de 2019. El día de hoy se llevó a cabo una audiencia en el marco del acuerdo reparatorio por el delito de discriminación, con motivo de la denuncia interpuesta por Emma Saldaña Lobera, directora general del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres), hacia el extitular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Chihuahua, José Luis García Rodríguez, quien ejerció violencia institucional.

En el acuerdo reparatorio se determinó la realización de una disculpa pública por parte de José Luis García hacia Emma Saldaña y su equipo de trabajo, así como que el ex funcionario culmine con un proceso psicoterapéutico para generadores de violencia con el fin de sensibilizarse y capacitarse sobre las formas de ejercer la masculinidad, en un plazo no mayor a seis meses.

Emma Saldaña denunció administrativa y penalmente a José Luis García el pasado 6 de junio de 2016, por situaciones de discriminación y malos tratos durante su relación de subordinada institucional con el exsecretario, a través de la cual, fue reiteradamente violentada y vulnerada. Tras interponerse esta denuncia, en febrero de 2017, el ex funcionario fue inhabilitado para ocupar un cargo público durante los cuatro años posteriores.

El caso, representado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), es inédito a nivel nacional y el primero en su tipo dentro del sistema acusatorio que consigue llegar hasta una audiencia reparatoria. Éste es relevante porque visibiliza una situación de violencia institucional en el que una funcionaria de alto nivel decide alzar la voz.

También es relevante en términos de reparación integral del daño, ya que éste suele considerarse únicamente en términos monetarios, pero ahora, se abordó también la necesidad de realizar una disculpa pública y someterse a procesos de educación sobre ejercicio de masculinidades. Lo anterior contribuye a visibilizan las violencias machistas naturalizadas al interior de las instituciones y que, lamentablemente, muchas funcionarias públicas padecen en su labor cotidiana.

En su disculpa pública, acontecida durante la audiencia de reparación, José Luis García dijo que, en relación a los hechos expuestos, para los que manifestó que sus actos “fueron inapropiados” y que por estos “le ofrezco una disculpa, a usted y a su equipo”, dirigiéndose a la titular del ICHMujeres.

Posterior a la audiencia, se realizó una rueda de prensa en la que participaron Emma Saldaña; Víctor Quintana Silveyra, Secretario de Desarrollo Social; Claudia Arlette Espino, investigadora experta en temas de violencia política; y Ruth Fierro Pineda, coordinadora general del CEDEHM, en la que brindaron su posicionamiento respecto al acto reparatorio.

Emma Saldaña señaló que, si bien no es fácil enfrentarse a la violencia, en un acto de congruencia, como representante de las políticas públicas en materia de género de la entidad, decidió alzar la voz. Agregó que “me enfrenté a todo un sistema, pero este caso representa un triunfo de las mujeres que sufren violencia de género. A todas ellas, quisiera decirles que sí se puede”.

Víctor Quintana destacó que, a partir de estos hechos “los funcionarios debemos aprender que quien ejerza un acto de violencia institucional, deberá ser y será sancionado. De ahí la importancia de dar amplia difusión a la violencia institucionalizada y a la relevancia de la disculpa pública”.

Claudia Espino mencionó que es un referente nacional que una funcionaria pública obtenga una sentencia y reparación del daño, aunque este hecho no haya sido propiamente enmarcado en un caso de violencia política. Añadió que con el mismo se ha creado un antecedente en el Código Penal del Estado para que otras mujeres denuncien este tipo de hechos.

Ruth Fierro concluyó subrayando que, de acuerdo a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), más allá de la intención o no de agredir o violentar a una persona, lo verdaderamente importante es el resultado de la acción para la o las víctimas en cuestión, sobre lo cual estas últimas deben poder acceder a la justicia.

Este caso es el resultado de un trabajo colectivo en el que participaron abogadas, psicólogas, peritas y un colectivo de mujeres feministas, a través del Movimiento Estatal de Mujeres de Chihuahua (MEM). El mismo, sienta un precedente para todas aquellas mujeres víctimas de violencia de género.
En el mismo, el CEDEHM retomó estándares internacionales como los establecidos en la CEDAW y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

Desde el CEDEHM, se celebra que el Ministerio Público haya realizado una investigación exhaustiva, completa e imparcial y que con esta resolución se hayan considerado los derechos de las víctimas reconocidos en la Constitución, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. El CEDEHM tiene a las víctimas como eje central de su trabajo para acompañarles en el acceso a la justicia.

Desde el CEDEHM y desde el MEM, nos expresamos orgullosas de acompañar a la Emma Saldaña y con ella a todas las funcionarias públicas que han sufrido y sufren ese tipo de violencias de género.  Con la resolución de este caso, se sientan precedentes para que existan medidas de no repetición y para que ningún funcionario de cualquier nivel se sienta con el derecho a violentar a las servidoras públicas. Todo lo cual, contribuye a erradicar la violencia contra las mujeres.