lunes, 22 de agosto de 2011

Feminicidios: continuidad ominosa



E
l asesinato de dos mujeres ocurrido ayer en la capital de Chihuahua elevó a 15 el número de homicidios cometidos este mes en contra de la población femenina en esa entidad, según informó el Centro de Derechos Humanos de la Mujer AC (CDHMAC). Estos crímenes se suman a la trágica cifra defeminicidios documentados recientemente por la organización civil Justicia para Nuestras Hijas: en lo que va del año, según esa agrupación, 229 mujeres han sido violentamente ultimadas en Chihuahua, 142 de ellas en Ciudad Juárez.
Los datos disponibles permiten ponderar la continuidad ominosa de un fenómeno criminal cuya salida a la luz pública generó escándalo e indignación mundial, y que hoy, sin embargo, se ve opacado por el entorno de violencia ligada al narcotráfico que se vive en territorio chihuahuense, particularmente en Ciudad Juárez.
No ha de pasarse por alto que la persistencia de los feminicidios en esa martirizada urbe ha sido agravada, prácticamente desde que se empezó a tener noticia de ese fenómeno, en la década de los 90, por la indolencia e inoperancia de las administraciones federales y estatales para combatirlo y esclarecerlo: en su momento, el gobierno del panista Francisco Barrio minimizó los indicios de violencia contra las mujeres detectados en esa localidad fronteriza, y llegó al extremo de responsabilizar a las propias víctimas de sus muertes, con lo que abonó a la configuración de un manto de impunidad que se extiende hasta nuestros días. Pero la cuota de responsabilidad por este fenómeno desgarrador se extiende, también, a las autoridades actuales, las cuales no han podido esclarecer a cabalidad estos crímenes ni evitar que se repitan; en cambio, las administraciones federales y estatales se han involucrado en una estrategia de seguridad que no sólo no ha reducido la actividad de los cárteles de la droga en la entidad, sino que ha tenido, como efecto contraproducente, el desvío de la atención oficial respecto de manifestaciones criminales distintas del narcotráfico, como es el caso de losfeminicidios.
Si la lógica simplista y militarista en que se encuentra basada la actual política de seguridad impide a los gobiernos atender los rezagos sociales, económicos e institucionales que se encuentran en la base de la criminalidad organizada, y los hace desentenderse de expresiones de descomposición social tanto o más graves que el narcotráfico –como es la violencia por razones de género–, también es cierto que con el desarrollo de la actual guerra contra la delincuencia se ha establecido una dinámica perversa: en el contexto de violencia generalizada, las muertes de personas suelen ser presentadas por la autoridad como resultado de la confrontación entre bandas rivales o bien como bajas colaterales de la confrontación entre la fuerza pública y las organizaciones delictivas, como si con ello se borrara la responsabilidad de esclarecimiento y procuración de justicia que recae sobre las instituciones del Estado. Por desgracia, según puede verse, ello ha aplicado también para los asesinatos de mujeres en esa entidad del norte del país. Como resumió ayer Luz Estela Castro, directora del CDHMAC, “cuando surgió la ola de feminicidios en los años 90 se decía que a las mujeres las asesinaban por su estilo de vida (...) Ahora las asesinan por narcas”.
La conclusión ineludible que se desprende de la persistencia de estos fenómenos en la realidad y su omisión en las acciones gubernamentales es desoladora: aun en el caso de que se logre derrotar a los cárteles de la droga –lo cual, a juzgar por los resultados, es hasta ahora inconcebible–, en amplias franjas del país prevalecerá un entramado social e institucional desgarrado, el cual ha servido y servirá de caldo de cultivo para el surgimiento de nuevas expresiones delictivas, o bien para el recrudecimiento de aquellas que, como los asesinatos de mujeres en Chihuaha, nunca han desaparecido del panorama nacional, si bien han pasado a un plano secundario en el campo de visión oficial.

LOGRO INEDITO EN EL SISTEMA ACUSATORIO, PARA LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS DE GÉNERO


 22 de Agosto  de 2011, Chihuahua, México
 Causa Penal 650/2011


·         Logra el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres ( CEDEHM) de Chihuahua, sentar precedente y adquiere  ante un tribunal de apelación, la reclasificación  del  delito  por tentativa de Homicidio ( Feminicidio )

·         la víctima y las Abogadas del CEDEHM quienes fungieron como Acusadoras Coadyuvantes, (representantes legales) apelaron la resolución de la Jueza de Garantías Sandra Zulema Palma

·         El Magistrado de la primera sala penal  Rodolfo Moreno Pérez, toma como base para modificar la resolución judicial la CEDAW y BELEN DO PARA así como la ley estatal y la ley general  por el derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia y concluyó que: la juzgadora de origen estaba obligada a aplicar los tratados internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres” 

El 25 de marzo de 2011, Martha Olivia una mujer víctima de violencia familiar, acompañada de un actuario y  de la persona responsable de gestionar las medidas de seguridad del CEDEHM, acudió al domicilio del agresor para notificarle  “el depósito de persona “una medida cautelar de protección dictada por una jueza familiar.

Al enterarse el agresor reaccionó violentamente, obligó a la víctima a bajar del vehículo en el que se transportaban, tomando a su pequeña hija como rehén, le ordenó a la niña que ingresara al domicilio y acto seguido, Juan Manuel López Espinoza  toma a Martha Olivia  del cabello, la tunde y a patadas en el estómago, logra meterla bajo un vehículo para intentar estrangularla, la acompañante de la víctima logra detenerlo momentáneamente.  

El sujeto saca un rifle y  amenaza a la compañera del CEDEHM, ordenándole que se  “largue del lugar” ésta se aleja unos metros y aprovecha para llamar a la policía, López Espinoza continua con la agresión en la ruta del Feminicidio.

El agresor es capturado.

La Ministerio Público Bertha Alicia González García, minimizando la violencia feminicida y en contra de la petición de  la víctima y acusadoras coadyuvantes solicita  la vinculación a proceso (auto de formal prisión) únicamente por los delitos de amenazas y violencia familiar.

Uno de los avances en el sistema acusatorio es la participación activa de la víctima, y el derecho a nombrar abogad@s que le representen (Acusadoras Coadyuvantes ) quienes exigieron a la jueza de Garantías Sandra Zulema Palma,  que  a partir de los hechos narrados y las pruebas (certificado médico, testimoniales etc ) que contenía la carpeta de investigación ( expediente ) se  solicitara la vinculación a proceso, además de los delitos de violencia familiar y amenazas por el de tentativa de homicidio.

La jueza  se negó  argumentó que, la investigación del delito corresponde únicamente al MP  y éste tiene el monopolio de la  acusación, por lo que ella estaba impedida a tomar en consideración la petición de las acusadoras coadyvantes y la víctima, esto  “por respeto a la función de la representación social “

Las Abogadas del CEDEHM, representante de la víctima apelaron la resolución de la jueza ante un tribunal superior.

El 12 de agosto del 2011, se llevó a cabo la audiencia oral para resolver  la apelación. Es la primera ocasión en que,  en el sistema acusatorio adversarial, un magistrado se pronuncia por los derechos de la víctima y fundamenta su resolución en el artículo 1 de la CEDAW, en los artículos 1,2, 3 y 4 de Belém do Pará,  en la ley general y estatal por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Para reivindicar los derechos de la víctima, con independencia de la actuación  del Ministerio Público, el magistrado basó su resolución en: la exposición de motivos  de la reforma penal federal del 2008  y  en los tratados internacionales. Además dio lectura al  preámbulo de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Belém do Pará),  haciendo énfasis en el artículo 3 de dicha convención.

Lucha Castro, coordinadora del CEDEHM consideró que: “ esta resolución termina con el mito de que las víctimas no poseen  derechos en el nuevo sistema de justicia penal; además,  la argumentación que utilizo el Magistrado Moreno Pérez  es inédita, por primera vez escuchamos a un funcionario del poder judicial, utilizar los  conceptos de:  violencia feminicida, violencia de género y el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia,  como parte central de su fundamentación en una audiencia  de tribunal oral.
Sin duda, es un ejemplo de que el sistema acusatorio permite que las mujeres víctimas de violencias de género y sus representantes legales participen activamente en los juicios; realicen solicitudes bien fundamentadas y puedan obtener sentencias a su favor, en audiencias públicas y orales, que pueden ser presenciadas y revisadas por toda la ciudadanía” 
La resolución judicial concluye:” les asiste la razón a las Acusadoras Coadyuantes” y considera que existen datos suficientes para que se investiguen los hechos por  los delitos de: Violencia familiar, amenazas  y HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres es una asociación civil con sede en Chihuahua México, es  pionera en el sistema penal acusatorio del país, como abogadas litigantes representan a las víctimas en delitos de género con el enfoque de  los derechos humanos y la perspectiva de género.   Para mayor información: comunicacion@cedehm.org.mx (614) 415-66 74



martes, 16 de agosto de 2011

SE SOLIDARIZA CHIHUAHUA CON LA DEMANDA DE JUSTICIA DE LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE LA MASACRE EN CREEL


Comunicado

15 de agosto de  2011

SE SOLIDARIZA CHIHUAHUA CON LA DEMANDA DE JUSTICIA DE LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE LA MASACRE EN CREEL


Chihuahua, Chih.  Este martes 16 de agosto se cumplen tres años de la masacre de  Creel. Integrantes de la Coordinación Chihuahua de la Caravana del Consuelo (Movimiento Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad) viajarán el día de hoy a la población de Creel para solidarizarse con los familiares de las 13 personas que fueron masacradas en 2008, durante la ceremonia que se realizará al mediodía en esta comunidad.
A las 12 del día se realizará una marcha desde el centro de Creel hasta el sitio de la masacre. Ahí habrá una ceremonia religiosa y luego un foro abierto para escuchar la palabra de quien quiera compartir su dolor, su lucha, su esperanza, su caminar. También se colocará una placa en el centro de la Plaza por la Paz, en el lugar de la masacre y donde se ubica el memorial –aún inconcluso- promovido por el Gobierno del Estado.
A tres años de la masacre, ésta aun no ha sido esclarecida por las autoridades, ni los responsables llevados ante la justicia. Consternados por la falta de respuesta de las autoridades, los chihuahuenses nos solidarizamos con las familias de los masacrados y a la comunidad de Creel, reiterando la afirmación que se ha repetido a lo largo y ancho del país ante las víctimas de la violencia criminal y de estado que sufrimos los mexicanos a consecuencia de la fallida estrategia de combate al crimen organizado: “No están solos.”

jueves, 11 de agosto de 2011

El viernes 12 de Agosto a las 11:00 horas, un grupo de madres y padres de familia, de la Colonia Praderas del Sur (Urbi villa), acudirán a la COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,  en la Avenida Zarco y calle 24  para interponer QUEJA y  demandar MEDIDAS CAUTELARES que ordenen la inscripción de sus hijos o hijas en la Escuela primaria Frida Kahlo y solicitar que se investigue a la Directora de esa Escuela,  por actos de corrupción.  

lunes, 8 de agosto de 2011

Se firmó acuerdo de reparación con el Estado mexicano en el caso de Paloma Escobar


Comunicado de prensa
CEDEHM / CMDPDH / CEJIL


Se firmó acuerdo de reparación con el Estado mexicano en el caso de Paloma Escobar

El convenio busca reparar violaciones a los derechos humanos a raíz de la desaparición y  asesinato de la joven


México, D. F., y San José, 5 de agosto de 2011- La señora Norma Ledezma Ortega y su hijo Fabián Escobar Ledezma firmaron un acuerdo con representantes del Gobierno del Estado de Chihuahua y del Gobierno Federal para el cumplimiento de medidas de reparación de las violaciones a derechos humanos sufridas a partir del año 2002, cuando se produjo la desaparición y posterior asesinato de Paloma Angélica Escobar Ledezma, hija de Norma y hermana de Fabián. En el acto participaron también el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), las cuales, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), actúan como representantes de las víctimas.

El caso de Paloma Angélica Escobar Ledezma fue conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que encontró acreditada la responsabilidad internacional del Estado mexicano. El acuerdo se logró en el marco de las actuaciones seguidas ante este órgano.

El convenio, signado el miércoles en la ciudad de Chihuahua, expresa la voluntad de las autoridades federales y locales de llevar a cabo las acciones necesarias para impulsar y ejecutar las distintas medidas de reparación. Estas acciones incluyen el reconocimiento formal de responsabilidad estatal, así como el compromiso estatal de avanzar con las investigaciones para esclarecer el asesinato de Paloma Escobar e identificar, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables.  Asimismo, los compromisos implican la  reparación  a los padres y al hermano de la joven por las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas.

Las autoridades también se comprometieron a implementar “medidas de no-repetición” que garanticen el tratamiento  adecuado de situaciones  de violencia contra las mujeres en Chihuahua (lo que incluye su prevención e investigación). Además se debe promover una cultura de respeto a los derechos humanos, en particular, en relación a las mujeres, las niñas y los niños.

El acuerdo  representa un paso importante para los familiares de Paloma Escobar, especialmente para la señora Norma Ledezma, quien junto a su hijo Fabián, han dedicado  años  a la lucha por obtener justicia frente a las múltiples y sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas contra mujeres y niñas de la región. Tanto la señora Norma Ledezma, como las organizaciones representantes –CEDEHM, CMDPDH y CEJIL– se congratulan por la firma de este documento y esperan que las autoridades den pleno cumplimiento a los compromisos adquiridos.

En caso de que los compromisos signados en este acuerdo no se cumplieran, podrían proseguirse los procedimientos internacionales pertinentes para hacer efectiva la responsabilidad estatal.