viernes, 16 de diciembre de 2011

Resolutivo-Sentencia del Jurado del Tribunal de conciencia





TRIBUNAL DE CONCIENCIA
PRIMER ANIVERSARIO DEL FEMINICIDIO DE MARISELA ESCOBEDO
Viernes 16 de diciembre de 2011
Resolutivo-Sentencia del Jurado del Tribunal
Este Tribunal de conciencia se inscribe en la tradición de mujeres por luchar de una manera creativa y responsable para construir alternativas de paz social, de ciudadanización de la población y de recuperación de una legalidad sustentada en una ética de la justicia y los derechos humanos  para todas y todos.
Desde la recuperación de la conciencia ciudadana como la principal rectora del pacto social, las y los jueces de este Tribuna ratificamos la necesidad de renovar la memoria de Marisela Escobedo, de su hija Rubí y de las miles de mujeres víctimas del feminicidio. Con la instalación del  tribunal de conciencia buscamos alimentar la memoria histórica, no permitir que el olvido o la costumbre erosionen la indignación por  los feminicidios y las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos; queremos crear y recrear símbolos, y con ellos desarrollar una pedagogía ciudadana a favor de la justicia y en contra de la impunidad.
Esta impunidad lo que posibilita que se sigan asesinando en Chihuahua, además de Marisela, a otras defensoras de los derechos humanos como Susana Chávez, a Josefina Reyes, a Paz Rodríguez, y que el pasado 2 de diciembre se haya atentado contra la vida de Norma Andrade y se siga vulnerando la integridad y la vida de tantas y tantos defensores de derechos humanos. Ninguno de estos casos son aislados, se circunscriben en un contexto de impunidad sistemática.
Desde que el Tribunal en Segunda Instancia sentenció en 2010 a Sergio Rafael Barraza, asesino de Rubí, Marisela Escobedo emprendió una ardua batalla para que fuera encarcelado. Esta situación la llevó a estar en permanente riesgo, al grado de que la asesinaran.


Ante estas circunstancias este Tribunal de Conciencia emite el siguiente fallo a partir de las siguientes:

CONSIDERACIONES
·         Hoy vivimos en un país abatido por la violencia, donde existe una estrategia francamente violatoria de los derechos humanos y la impunidad y la corrupción han dejado a la ciudadanía completamente desamparada.

·         El feminicidio es una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad, que es un crimen de Estado, pues es el Estado quien tiene la responsabilidad en la prevención, tratamiento y protección de las mujeres ante la violencia de género y debe garantizar la libertad y la vida de las mujeres.

·         El Estado Mexicano ha sido objeto en los últimos años de recomendaciones en materia de derechos humanos de las mujeres, específicamente por la problemática del feminicidio en Ciudad Juárez. Organismos internacionales de protección de los derechos humanos consideran urgente que se atiendan dichas recomendaciones con la finalidad de que se promuevan acciones y políticas públicas que garanticen la efectiva prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y el feminicidio.

·         Las actitudes de negligencia y omisión por parte de las autoridades, en materia de violencia contra las mujeres, ha llevado al Estado Mexicano a que hoy tenga tres sentencias, Campo Algodonero y casos Valentina Rosendo Cantú[1] e Inés Fernández Ortega, en donde se le responsabiliza de violaciones a derechos humanos. En el caso específico del Campo Algodonero la sentencia señala los aspectos fallidos en los procesos de investigación judicial, la falta de profesionalidad y compromiso de los funcionarios a cargo de la investigación. Así mismo el máximo tribunal de protección de derechos humanos consideró que en estos casos “no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades” (CoIDH, 2009: 40), que se  basan en una cultura de discriminación de género y de misoginia, que confirma y  alimenta la impunidad y permisividad de los Estados, en la medida en que no investigan ni sancionan a los responsables de estos crímenes, enviando un mensaje de tolerancia.

·         De esta forma el Estado demuestra su incapacidad y falta de voluntad política para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como frenar la creciente impunidad que se genera en la entidad, tan sólo en este año existen 342 casos de feminicidios en la entidad y 207 mujeres desaparecidas.

La actuación del gobierno de Chihuahua ocasiona que familiares de víctimas consideren que el acceso a la justicia en este país es una quimera y que en la ruta para alcanzarla sufren vejaciones y malos tratos por parte de los agentes del Estado y las instituciones y figuras que han sido creadas para atenderles. Esta situación genera miedos y desconfianzas para denunciar y continuar con el proceso en busca del acceso a la justicia.

·         Marisela Escobedo, al ser asesinada, sobre todo  frente al Palacio de Gobierno Estatal, representa un grave y peligroso mensaje por parte de quienes la asesinaron: la supremacía de la delincuencia organizada frente a los poderes institucionales y la desprotección de quienes en el futuro quieran utilizar esos espacios públicos  para reclamar justicia.  Otra situación preocupante es que estos mismos victimarios asesinaron a familiares y amigos cercanos de Marisela y al día de hoy continúan amenazándolos de muerte. Mientras que sus hijos, hija y nieta tuvieron que solicitar  asilo político en Estados Unidos, para garantizar su protección.

·         Ante esta situación el gobierno estado de Chihuahua no ha generado las condiciones para que dejen de reproducirse este tipo de hechos y por el contrario muestra una incapacidad para proteger y garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Sin proveer de recursos esenciales establecidos en particular en los derechos para arribar a la verdad  y a la justicia. 

·         El índice delictivo sigue aumentando en el Estado y el contar con presuntos delincuentes no garantiza que la inseguridad en el estado, sobre todo en contra de las mujeres haya disminuido.

·         Que hemos comprobado que en la mayoría de los casos de feminicidio y violencia a defensoras y defensores de derechos humanos, el Estado no ha logrado el esclarecimiento de los hechos, la ubicación de los responsables y el sometimiento a procesos conforme a derecho de los mismos.

·         La impunidad, la ausencia total de procesos de investigación y de acceso a la justicia han hecho más vulnerables a las y los defensores de derechos humanos y a periodistas, pues cuando el Estado renuncia al cumplimiento total de su deber de garantía y protección el mensaje da impunidad a los perpetradores.

·         Que vivimos momentos de alarma ante el preocupante incremento de violencia en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos y sus familiares, y ante la incapacidad de los gobiernos federal y estatales para esclarecer los casos y proteger a quienes son víctimas y luchan por la justicia.

·         Otra prueba fundamental ante estas circunstancias es que existen recientes declaraciones hechas por la Fiscalía General de Chihuahua sobre la investigación del caso de Marisela, las cuales nos dejan en mayor incertidumbre debido a que no queda claro cuáles fueron las causas que desencadenaron este infame asesinato, concluyendo que el asesino intelectual es el mismo agresor de su hija.

Este tribunal ha recibido información de todos los hechos que se han suscitado en este crimen y en donde queda claro que hasta este momento, el gobierno del  estado de Chihuahua sólo ha creado una cortina de humo que no permite aproximarnos al derecho a la verdad que merecen los familiares de Marisela así como la sociedad mexicana.

Por lo anterior, el  jurado emite las siguientes RECOMENDACIONES

·         Cumplir de manera cabal con la Sentencia Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en especial de las acciones para prevenir e investigar y sancionar desde la debida diligencia las desapariciones, la violencia sexual y los feminicidios.

·         La revisión del Sistema Penal Acusatorio de forma que se incorpore la perspectiva de género en los mecanismos de procuración e impartición de justicia y se vaya modificando la cultura jurídica patriarcal  y las prácticas sexistas y discriminatorias de servidoras y servidores públicos.

·         La implementación de políticas de transparencia y rendición de cuentas en la información sobre el avance y resultados de las investigaciones de los casos de feminicidio.

·         Que la Fiscalía General del Estado debe acceder a la demanda de los hijos de Marisela Escobedo Ortiz y reunirse con ellos para ofrecerles una  Explicación exhaustiva del estado actual de las diferentes  investigaciones que tienen relación con la familia Frayre Escobedo y Escobedo Ortíz.

·         El gobierno del Estado debe rendir a la sociedad chihuahuense escrupulosas cuentas de los procesos de investigación seguidos hasta ahora, reconociendo las fallas y omisiones cometidas.

·         La instrumentación de acciones efectivas y contundentes para aprehender a Sergio Barraza Bocanegra, asesino de Rubí.

·         El reconocimiento de los feminicidios de Rubi Marisol Frayre y de Marisela Escobedo, como el de muchas otras mujeres más, como crímenes de Estado.

·         La incorporación de la protección de las y los defensores de derechos humanos como una política central en la estrategia de seguridad del Estado, en tanto medida indispensable para combatir de manera eficaz a la delincuencia y abonar a la confianza ciudadana.

·         Se garanticen los mecanismos de protección a las defensoras de derechos humanos, evitando la criminalización, desacreditación y desprestigio de su trabajo.

·         Implementar un protocolo eficaz de protección a defensores de ddhh, con un enfoque de género, que cubra las medidas individuales y colectivas, haciendo un análisis de riesgo. Este protocolo debe de contar con un presupuesto propio, en él que debe de participar la oficina de la ONU y las organizaciones civiles. 

·         La asignación y fiscalización de recursos económicos específicos para la implementación efectiva de las acciones destinadas a erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, y en especial los feminicidios.

·         Que no se minimice ni oculte de la violencia contra las mujeres con el falso argumento de priorizar la atención hacia violencia generalizada. Una y la otra están íntimamente relacionadas. La violencia de género y su expresión máxima, la violencia feminicida, son síntomas claros de la descomposición social y del deterioro de las instituciones del Estado. Invisibilizarla coloca a las mujeres en situaciones de mayor riesgo  y una mayor responsabilidad del Estado.

·         El cumplimiento, por parte de las autoridades de procuración e impartición de justicia, de su obligación de proteger y garantizar la integridad de todas las personas que viven o transitan por este país, en particular la de quienes se atreven a denunciar las agresiones en busca de la justicia.

·         Se insta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que ejerza su competencia para realizar recomendaciones en los casos específicos de feminicidios y desapariciones de mujeres, en especial donde hubo negligencias graves y obstrucciones en los procesos de investigación de estos casos. Se le solicita a las comisiones estatales y nacional que informen sobre el estado de las quejas  interpuestas.

·         El esclarecimiento de los hechos de violencia contra las mujeres y las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos, a partir de una investigación pronta, expedita y con la debida diligencia, en donde se sancione al o los responsables.

·         Ante el exterminio iniciado contra la familia de la Sra. Escobedo, este Tribunal recuerda a los tres poderes del estado Mexicano, las obligaciones que tienen para prevenir, proteger, sancionar y reparar los daños ocasionados por la violencia contra esta familia.

Por estas razones, ante el presente caso este Tribunal considera RESPONSABLE y CULPABLE al anterior, actual y sucesivos  gobiernos del estado de Chihuahua en la medida en que incurren en la falta de acciones para esclarecer el asesinato de Marisela Escobedo y aprender al asesino de su hija Rubí.
Recomendamos la incorporación del caso de Marisela Escobedo como caso Emblemático ante el Tribunal Permanente de los Pueblo, capítulo México, en la Audiencia Feminicidios y Violencia de Género.

Chihuahua, a 16 de diciembre de 2011.


[1] Los hechos de este caso se relacionan con la violación sexual de la indígena Me’phaa Valentina Rosendo Cantú, la falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de los hechos, la falta de una reparación adecuada en favor de la víctima y sus familiares, la utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos, y a las supuestas dificultades que enfrentan las personas indígenas, en particular las mujeres, para acceder a la justicia y a los servicios de salud.

transmisión en vivo del tribunal de conciencia- Marisela Escobedo-

miércoles, 14 de diciembre de 2011

Invitación ONU-DH: Evento a un año de fallecimiento de la defensora de DH Maricela Escobedo

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, invita a las Organizaciones de la Sociedad Civil, al público en general y a los medios de comunicación 
a asisitir al acto para conmemorar el primer año del asesinato de la defensora de derechos humanos Marisela Escobedo, quien exigió justicia por el feminicidio de su hija Rubí Marisol. 

Javier Hernández Valencia, Representante en México, dará unas palabras sobre la vida, labor como defensora y búsqueda de justicia de Marisela. 

El evento se realizará este jueves 15 de diciembre a las 20:00 hrs., en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en la placa conmemorativa en honor a Marisela, ubicada frente al Palacio de Gobierno. 

Esperamos contar con su asistencia.
Información adicional al correo: rgutierrez@ohchr.org o al teléfono: (55) 50 61 63 50
ONU-DH: www.hchr.org.mx
Facebook: Onudh Mexico
Twitter: @ONU-DHmexico
CAMPAÑA: Yo me declaro a favor de las y los Defensores de Derechos Humanos: www.yomedeclaro.org
Facebook
:Yo Me Declaro
Twitter: @yomedeclaro
Saludos cordiales,

TRIBUNAL DE CONCIENCIA EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE MARISELA ESCOBEDO.


TRIBUNAL DE CONCIENCIA EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE MARISELA ESCOBEDO.

A un año del feminicidio de Marisela Escobedo una treintena de organizaciones sociales de todo el país organizaron un Tribunal de Conciencia el próximo viernes 16 de diciembre, desde las 10 horas, justo en el lugar donde cayó ultimada la luchadora de los derechos humanos, en la acera de la puerta del Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua.

El Tribunal de Conciencia es un instrumento de lucha construido en América Latina por los movimientos de mujeres. Es un tribunal ético, no de derecho. Sus objetivos son éticos, educativos, de denuncia pública. Pretende abrir un espacio de denuncia pública de los feminicidios y de todas las formas de violencia en contra las mujeres; mantener viva la memoria de Marisela Escobedo, de su hija Rubí Frayre, de las luchadoras de los derechos humanos y de todas las mujeres asesinadas. El tribunal busca alimentar el simbolismo y la mística de la lucha por la justicia y contra la impunidad. Como se trata de un tribunal de conciencia, no hay ningún citatorio a las autoridades, sus decisiones no son vinculatorias, son nada más, pero nada menos, recomendaciones de un alto contenido ético.

Diversas organizaciones presentarán las denuncias por toda la serie de irregularidades y violaciones a la ley, a los derechos humanos y a la ética desde que se dio la desaparición de Rubí, la hija de Marisela hasta las amenazas a su familia luego de su asesinato. Como jurados fungirán María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y de Católicas por el Derecho a Decidir, Mariana Gómez Alvarez Icaza del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, Teresa Pérez Vázquez del Centro de Investigaciones para la Equidad, Política Pública y Desarrollo, el Padre Javier Avila, S.J., presidente de COSYDDHAC y el sociólogo y activista social, Víctor M. Quintana.

Entre las organizaciones que auspician el Tribunal de Conciencia destacan las locales Justicia para Nuestras Hijas, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, Círculo de Estudios de Género, COSYDDHAC, Mujeres por México, La Gota, El Barzón Chihuahua, Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas, Mujeres Barzonistas, Caminata vs. la militarización, Frente Democrático Campesino, Grupo Género Parral. De Ciudad Juárez, el Comité Médico Ciudadano, Centro de Mujeres Tonantzin, a nivel nacional, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Casa del Migrante de Saltillo, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos AC, Colectiva Ciudad y Género, AC Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, Frontera con Justicia, AC, Instituto Mexicano de Derechos y Democracia, AC, Ni uno más, ni una más, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM.
A lo largo de todo el día 16 habrá una Jornada contra la Impunidad en torno a la Cruz de Clavos Ni una más en la Plaza Hidalgo de la Ciudad de Chihuahua. Habrá también actos conmemorativos en Ciudad Juárez y en otras localidades del país. Frente al Consulado Mexicano en El Paso, Texas, se manifestarán los hijos de Marisela Escobedo, refugiados en aquella ciudad, aunque todavía no reconocidos oficialmente como tales, exigiendo se les otorgue el asilo político y se les conceda una entrevista con el Fiscal General de Chihuahua en el Consulado Mexicano, de esa ciudad, para que les informe del resultado de las investigaciones sobre ambos feminicidios.

Así como la población se hizo presente hace un año, colocando sus velas en la memoria de Marisela Escobedo, las organizaciones convocantes invitamos a:
Viernes 16 a las 10 Hrs. Tribunal de Conciencia, Cruz Ni una más
Chihuahua, Chih. a 14 de diciembre de 2011.



sábado, 3 de diciembre de 2011


 Chihuahua, Chih.  02 de diciembre de 2011

·         Oculta Fiscalía General de Justicia de Ciudad Juárez, Chihuahua el cuerpo de una jovencita de 15 años.
·         El cuerpo de Adriana Sarmiento fue encontrado hace más de dos años y el gobierno de Chihuahua se negó a informar a la familia.

Este 02 de diciembre de 2011, se velan los restos de restos de  Adriana Sarmiento Enríquez, joven de 15 años de edad, que desapareció desde el 18 de enero del 2008, en el trayecto entre la preparatoria en donde estudiaba y su casa, en Ciudad Juárez.

Los restos de Adriana fueron encontrados desde el 05 noviembre del 2009,  cerca del panteón del poblado de San Agustín, en el Valle de Juárez. No obstante, la Fiscalía fue omisa en realizar los cotejos de ADN correspondientes, de manera inmediata;  dicha Fiscalía carece además de una base de datos genética y actualizada que permita cotejar los restos de osamentas femeninas con las mujeres y niñas desaparecidas, a pesar de que fue un mandato impuesto por  la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2009, por el caso “Campo Algodonero”.

Desde julio de 2011, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad Juárez obtuvo los resultados que confirmaban que los restos encontrados hacía casi dos años correspondían a los de la joven Adriana. Sin embargo, dicha Fiscalía ocultó la información a la familia. Hasta hace algunos días, fue un incidente el que permitió que la familia tuviera  información extraoficial de que los restos de la niña se encontraban en el SEMEFO, y al confrontar a las autoridades, éstas no tuvieron opción más que reconocer que efectivamente el cuerpo era de Adriana y que lo sabían desde hacía meses.

Las organizaciones de derechos humanos firmantes consideran inadmisible y cruel que el gobierno del estado engañe a las madres que tienen hijas desaparecidas, ocultando sus cuerpos.

Durante esos meses, la familia continuó buscando incansablemente a Adriana. La desaparición es una forma de tortura extrema porque crea una angustia interminable en los familiares que desconocen si su hija está viva o muerta, si va a regresar, o en qué condiciones se encuentra sometida.  Este hecho recuerda la práctica que realizaba el gobierno de Chihuahua a finales de los 90´s y principios del 2000, de mantener osamentas ocultas, y preocupa que haya más cuerpos de mujeres y niñas que tengan escondidos en instalaciones oficiales. 

Para Norma Ledezma, coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas, “La indignación, la rabia, la tristeza, dolor e impotencia, son algunos de los muchos sentimientos mezclados en la familia de Adriana y todas las personas que la acompañamos en este tan singular y terrible proceso”

La madre de Paloma Escobar Ledezma quién también fue desaparecida y asesinada agregó:“Parece una pesadilla, en la capilla número tres de funerales Perches, se encuentra un ataúd blanco, con los restos de la frágil Adriana. Ahí está encerrada una vida truncada, a un lado la foto de la menor, donde se refleja un rostro juvenil lleno de alegría. Por el pasillo y las bancas, solo se escuchan los llantos desgarradores de su madre,  familia y amigos, quienes solo nos preguntamos ¿por qué?

Para las organizaciones firmantes, la impunidad, corrupción y  negligencia en Chihuahua son las principales causas que esto hay sucedido y siga pasando.

Para mayor información comunicarse a los teléfonos 614 4 13 33 55 ó al correoinfo@justiciaparanuestrashijas.org

viernes, 2 de diciembre de 2011

Greenpeace exige frenar cultivos transgénicos en Chihuahua





Boletín 11118, 2 de diciembre de 2011


Greenpeace exige frenar cultivos transgénicos en Chihuahua

Despliegan mensaje de 234 metros cuadrados para que el gobierno
no pueda ignorarlo

Chihuahua, Chih. - La organización ambientalista Greenpeace demandó al poder legislativo de Chihuahua mantener el maíz del estado, tanto nativo como convencional, libre de transgénicos y urgió a los legisladores a solicitar una moratoria a la siembra de maíz genéticamente modificado en el estado.

Luego de que al foro “Transgénicos: Impactos en los mercados, el medio ambiente y la alimentación”, realizado en el Congreso del estado, no acudieran más que dos de 33 diputados, once activistas descolgaron con rapel una gran manta de 26 metros de ancho por nueve de alto con la exigencia: “Por un maíz libre de transgénicos”.

“Estamos en una de las principales vías de la ciudad con un gran y muy visible mensaje para los legisladores, y para el gobierno del estado; si no han querido escucharnos, no podrán dejar de vernos. Hasta ahora, los tomadores de decisiones únicamente han escuchado  las demandas de las empresas transnacionales que promueven el uso de sus semillas transgénicas como Monsanto, Pioneer, Syngenta y Dow Agroscience, y han ignorado a expertos que se oponen a la tecnología de los transgénicos”, denunció Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace.

Desde el 2009 hasta el momento el gobierno ha dado 19 permisos de siembra experimental de maíz genéticamente modificado (GM) en los municipios de Cuauhtémoc, Delicias/Jiménez, Ahumada, Buenaventura, Temosachi, Namiquipa y Guerrero, y están pendientes 4 más (1). Mientras se incrementa el número de hectáreas sembradas con cultivos transgénicos, mayor es el riesgo de que la producción del estado se encuentre contaminada por flujo génico.

La organización recomendó: Si el gobierno del estado y los legisladores locales quieren seguir manteniendo el reconocido lugar que tiene Chihuahua en la producción de maíz, y si tienen miras de ampliar su participación dentro del mercado nacional como internacional, es urgente que soliciten una moratoria a la siembra del maíz genéticamente modificado, dado que, cada vez más los consumidores europeos y mexicanos así como las empresas de alimentos, rechazan insumos transgénicos o contaminados por éstos.

“Las empresas y servidores públicos federales y estatales han estado promoviendo los cultivos de maíz transgénico como la barita mágica que reactivará la producción de alimentos y la resistencia al cambio climático, pero hasta el momento no existen cultivos transgénicos que puedan dar batalla a los extremos del clima, y en cambio sí ponen en riesgo las variedades nativas y convencionales de todo el país. El gobierno de Chihuahua tiene en sus manos la protección de 23 de las 59 razas de maíz que existen en el país (2). Es urgente la reinstalación de la moratoria a la siembra de maíz transgénico”,  exigió Lara.

La organización recordó que la siembra de 100 mil hectáreas de algodón transgénico en el norte del país, incluido el estado de Chihuahua, ya ha presentado casos de contaminación genética en parientes silvestres de algodón en el sur del país (3). Dicho flujo genético ocurrió a pesar de que las poblaciones silvestres se encuentran a miles de kilómetros de los sitios en los cuales se sembró algodón transgénico, por lo que  alertó que lo mismo puede ocurrir con el cultivo de maíz transgénico sembrado en el estado.



Notas:
  1. Estatus de solicitudes 2009, 2010, 2011. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). http://www.senasica.gob.mx/?id=2220. Información tomada el día 01 de diciembre de 2011 a las 18:09 hrs.
  2. Serratos, Antonio. El centro de origen y la diversificación del maíz en el continente americano. 2009. UACM. Greenpeace. México.
  3. Wegier, A. et al. Recent long-distance transgene flow into wild populations conforms to historical patterns of gene flow in cotton (Gossypium hirsutum) at its centre of origin. 2011Molecular Ecology. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-294X.2011.05258.x/full. Información tomada el día 01 de diciembre de 2011 a las 18:00 hrs.








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