viernes, 21 de diciembre de 2018

#FueElEjército: LA CORTE IDH CONDENA AL ESTADO MEXICANO POR LA DESAPARICIÓN DE NITZA PAOLA, ROCÍO IRENE Y JOSÉ ÁNGEL ALVARADO COMETIDA POR MILITARES QUE REALIZABAN LABORES DE SEGURIDAD




·         La sentencia de la Corte Interamericana desecha la teoría del Estado según la cual la desaparición fue cometida por integrantes de la delincuencia organizada.

·         Es urgente que el Congreso de la Unión cumpla con la sentencia y legisle conforme a estándares internacionales de derechos humanos.

Chihuahua, Chih., 21 de diciembre de 2018. El día de ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó a las partes la sentencia en el caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México. En la misma, se condena al Estado mexicano por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera por parte de militares en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, implementado a partir del 28 de marzo de 2009, por la violación de derechos humanos a sus familiares a partir de la desaparición y por la impunidad en que se encuentra el siguiente caso.

El 29 de diciembre de 2009, en el Ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, Chihuahua, fueron detenidas las víctimas en dos momentos distintos por un grupo de entre 8 y 10 militares quienes les ingresaron en vehículos particulares y se las llevaron con rumbo desconocido. La detención de Nitza Paola y José Ángel fue presenciada por su esposa e hija de 9 años, mientras que Rocío Irene fue detenida al interior de su casa, donde estaban su madre, su hija (de 2 años) y sus dos hermanos (de 11 y 13 años de edad). Inmediatamente después de que supieron las noticias, las familias de las víctimas iniciaron una búsqueda que no ha cesado: recorrieron el pueblo; acudieron al 35º Batallón de Infantería en Nuevo Casas Grandes y a la 5ª Zona Militar en Chihuahua; se presentaron en los centros de reclusión en Ciudad Juárez; presentaron denuncias, amparos y quejas tanto ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como ante las oficinas del Operativo Conjunto Chihuahua. En total, la sentencia de la Corte IDH da cuenta de más de una decena de investigaciones iniciadas en distintas dependencias mexicanas, sin tener ningún resultado sobre el paradero de las víctimas y sobre la identificación, procesamiento y sanción de los responsables.

Al igual que lo que sucede con miles de personas en México, las familias hicieron todo lo que pudieron para poder encontrar el paradero de sus seres queridos, lo cual les generó amenazas de muerte, allanamientos a sus casas e intentos de atropellamiento por los cuales se tuvieron que desplazar de manera forzada a diferentes ciudades y estados de la República; y varios/as de ellos también se vieron forzados a solicitar asilo político en Estados Unidos. Por tal motivo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó medidas provisionales tanto a favor de las víctimas desaparecidas como de sus familias.

El riesgo de las familias se ha visto incrementado por la criminalización a cargo del responsable del Operativo Conjunto Chihuahua, General Felipe de Jesús Espitia, quien no solo les mencionó tener -sin fundamento probatorio alguno- información sobre sus supuestos antecedentes penales en contra de José Ángel, Nitza Paola y María de Jesús Alvarado, sino que esa misma información fue enviada a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) con la recomendación interna de “reali[zar] operaciones de contra propaganda gris con el fin de dar a conocer […] los antecedentes penales de dichos secuestrados y de la familia a fin de que se deje de especular sobre la participación del Ejército mexicano en estos hechos.” Es importante recordar que el General Espitia tiene una secuela de imputaciones en los Juzgados de Ciudad Juárez por violaciones a derechos humanos, las cuales se mantienen en su totalidad impunes.

En su sentencia, la Corte Interamericana es tajante al establecer los riesgos que conlleva militarizar la seguridad al retomar diversos pronunciamientos internacionales que dan cuenta de “alegadas graves violaciones a los derechos humanos asociadas a la actuación de elementos castrenses en el marco de dichas estrategias [de seguridad de combate al narcotráfico y al crimen organizado en México]”, entre las cuales se encuentra el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que desde 2010 “manifestó su preocupación por el creciente número de denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de elementos castrenses en los lugares en que se encontraban desplegados para garantizar el orden público, y recomendó que las tareas relacionadas con la seguridad pública y las investigaciones de denuncias de violaciones a los derechos humanos fuesen de competencia exclusiva de las autoridades civiles.”

En base a lo anterior, el tribunal interamericano determinó que “como regla general, el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles.” En caso de que excepcionalmente se involucre a las fuerzas armadas, su participación debe ser: a) extraordinaria; b) subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles; c) regulada legalmente y con “protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia; y d) fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.

La sentencia interamericana también toca otros aspectos estructurales en relación con la investigación de las desapariciones en México. En primer lugar, la Corte estableció que el Estado mexicano violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas “al haber permitido que la jurisdicción militar conociera del caso durante una parte sustancial del proceso”, lo cual se agravó en tanto “[e]l contexto acreditado de impunidad en México respecto de este tipo de casos demuestra además la falta de fiscalización de dichos operativos con participación militar.” En segundo lugar, la Corte advirtió que hubo un retardo injustificado en el avance de las diversas investigaciones penales iniciadas con motivo de los hechos; que hubo descoordinación de las autoridades; y que previo a la concentración “en una sola autoridad, la fragmentación de la investigación, derivó de conflictos competenciales entre las autoridades de los distintos ámbitos estatales, obstaculizando con ello –durante más de tres años– la efectiva respuesta por parte del Estado”.

La Corte también reiteró la importancia de reformar adecuadamente el artículo 57.II.a) del Código de Justicia Militar para que ninguna violación de derechos humanos sea investigada por instancias castrenses. Asimismo, como medidas de reparación ordenó investigar el paradero de Nitza, Rocío y José Ángel; investigar y sancionar a los responsables de su desaparición; brindar atención psicológica a sus familiares; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el que se encuentren presentes, entre otros, representantes de la SEDENA; publicar la sentencia; atender los daños a los proyectos de vida; establecer un registro de desapariciones; continuar con la capacitación a los policías y fuerzas armadas; generar condiciones para el retorno o reubicación de familiares que se han desplazado forzadamente; e indemnizar por el daño causado.

La sentencia del caso es un reconocimiento al amor, valentía y persistencia de las familias de Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene. También es un reconocimiento, de un tribunal imparcial, de la voz de las víctimas que de manera reiterada habían afirmado que #FueElEjército. Consideramos que este caso evidencia problemáticas estructurales que deben ser abordadas de manera inmediata por el Estado mexicano tanto en materia de desapariciones como de desplazamiento forzado, impunidad crónica y el riesgo que implica seguir insistiendo en un modelo de seguridad militarizada ineficaz.

Por ello, las organizaciones que representamos a Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado así como a sus familias, instamos al Presidente Andrés Manuel López Obrador a cumplir con su compromiso de respetar los derechos humanos mediante el cumplimiento íntegro de la sentencia. También nos sumamos a los llamamientos urgentes al Congreso de la Unión para modificar adecuadamente el Código de Justicia Militar y a no adoptar una reforma constitucional que sea contraria a los estándares establecidos por la Corte IDH en materia de seguridad ciudadana. Ello debe entenderse como una medida de no repetición fundamental.


Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos
Mexicanos y Mexicanas en el Exilio


El resumen de la sentencia puede ser encontrado aquí: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_370_esp.pdf

jueves, 20 de diciembre de 2018

Solicitud de carta de “medidas urgentes” ante la orden de expulsión de Guatemala de 11 personas defensoras de derechos humanos colaboradoras de la CICIG


20 de diciembre de 2018


Sr. Michel Forst
Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos

Sr. Diego GarcíaSayán
Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas

Asunto: Solicitud de carta de “medidas urgentes” ante la orden de expulsión de Guatemala de 11 personas defensoras de derechos humanos colaboradoras de la CICIG


ANTECEDENTES

Por este medio, las organizaciones y personas abajo firmantes, queremos solicitar su intervención a través de la emisión de una carta de “medidas urgentes” y un pronunciamiento público dirigido al gobierno de Guatemala en relación a la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (publicado el 18 de diciembre de 2018 en el Diario de Centro América) sobre la cancelación de acreditaciones y solicitud de devolución de carnés de identificación de 11 colaboradores y colaboradoras de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)1, ordenando a 10 de ellos2 a salir del país en las próximas 72 horas, señalando que en caso de incumplimiento se procederá a su expulsión. Esta decisión puede ser una represalia contra la labor que estas personas realizan en relación con investigaciones criminales que auxilian a la Fiscalía de Guatemala y que contribuye de forma decisiva al acceso a la justicia y a la garantía del estado de derecho en Guatemala. Por tanto, su expulsión podría afectar su derecho a defender derechos humanos, consagrado en la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”.

En desarrollo y para dar cumplimiento al Acuerdo global sobre Derechos Humanos de 1994, parte de los acuerdos de paz en Guatemala3, se creó La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que fue establecida mediante un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmado el 12 de diciembre de 20064 . Por medio de dicho acuerdo, se crea “como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos. Ello, mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos, así como mediante otras acciones dentro de su mandato, destinadas a fortalecer a las instituciones del sector Justicia para que puedan continuar enfrentando a estos grupos ilegales en el futuro”5. Los grupos ilegales que la CICIG busca contribuir a perseguir son los “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (conocidos como CIACS), estructuras que cooptan el Estado debilitando la institucionalidad y atentando contra los derechos humanos de las guatemaltecas y los guatemaltecos, en búsqueda de beneficios económicos ilícitos e influencias”6.

La CICIG se creó con un mandato de 2 años, que ha sido renovado sucesivamente. Cabe mencionar que la quinta prórroga del CICIG, solicitada por el presidente Jimmy Morales a Naciones Unidas el 16 de abril de 2016, establece un mandato del 04 de septiembre de 2017 al 03 de septiembre de 2019. Durante su operación, la CICIG ha apoyado al Ministerio Público en investigaciones relacionadas con temas tan trascedentes como ejecuciones extrajudiciales y tortura7 y corrupción, logrando numerosas condenas, incluidas las de altos cargos políticos.

En 2017, el gobierno de Guatemala intentó expulsar al Comisionado de la CICIG Iván Velásquez, pero dicha decisión fue controvertida judicialmente y la Corte de Constitucionalidad falló en contra de la decisión del gobierno de Guatemala. Posteriormente el Comisionado salió y el Gobierno anunció que no le permitiría ingresar al país. Desde entonces el Comisionado ha continuado dirigiendo la CICIG a distancia.

HECHOS

El 15 de octubre de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala anunció que no había procedido a la renovación de las visas de 11 integrantes de la CICIG. Esta decisión ha sido impugnada judicialmente, proceso que se encuentra en trámite.

El día 18 de diciembre de 2018 el gobierno de Guatemala publicó en el Diario de Centroamérica, periódico oficial del país, una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores en la que se señala que el 17 de diciembre había comunicado a las 11 personas afectadas que “sus acreditaciones quedaron sin efecto, por lo cual se les solicita la devolución de los carnés de identificación que les fueron otorgados de manera personal e individual, como expertos de la Comisión y familiares, según el caso, debido a que desde la fecha de la revocatoria y denegatoria de sus visas, dejaron de gozar de los privilegios e inmunidades que en tales calidades les correspondieron”.


El día 19 de diciembre, el Instituto Guatemalteco de Migración publicó en el Diario de Centro América un aviso en el que señala que el día 18 habían sido notificadas “las resoluciones en las cuales se ordenó el abandono del país de las personas referidas en el presente apartado en un plazo de setenta y dos horas a partir de la notificación; en caso de incumplimiento se determinará su expulsión”.


Ninguna de estas notificaciones se ha realizado conforme a los canales de comunicación establecidos en el acuerdo de creación de la CICIG, y dejan en una absoluta indefensión a las personas afectadas y a sus familias. Estos hechos han sido calificados por el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, el señor Jordán Rodas, como intimidatorios8.

Además, el gobierno ignoró el fallo de la Corte y funcionarios públicos han hecho declaraciones que criminalizan al personal de la CICIG y que han contribuido a generar un clima de hostigamiento que pone en riesgo la vida y la integridad de quienes colaboran con la CICIG y sus familias.

EFECTOS SOBRE EL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS Y LA EXISTENCIA DE INVESTIGACIONES INDEPENDIENTES

Las personas afectadas por estas decisiones realizaban importantes trabajos de investigación y litigio en casos de gran relevancia para el combate a la impunidad y la corrupción y el pleno respeto a los derechos humanos. En ese sentido, dichas personas deben ser consideradas como personas defensoras de derechos humanos, de conformidad con la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, ya que su trabajo contribuye de forma muy significativa a la “realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. La decisión de expulsarlos del país, sin respetar los canales legales y sin fundamentación válida, hacen recaer sobre dicha decisión la presunción de tratarse de un acto arbitrario de represalia en contra de estas personas por su labor. De consumarse su expulsión del país, se estaría ante un precedente que no sólo afectaría a las personas directamente afectadas, sino que tendría un efecto negativo en otros muchos defensores y defensoras de derechos humanos.

En relación con las investigaciones que realiza la CICIG, la propia Comisión ha destacado que “Cabe señalar que los funcionarios internacionales involucrados son investigadores y litigantes de casos de alto impacto en Guatemala. La medida busca afectar la independencia en su trabajo contra los CIACS, sea en la investigaciones o varios litigios en curso; además de constituirse en una oportunidad de eventual persecución penal contra los funcionarios.”9 Por ello, de consumarse la expulsión, se estarían afectando directamente las investigaciones y también enviando un mensaje amenazante con un potencial efecto amedrentador hacia cualquier otra persona que tanto en la CICIG como en el Ministerio Público de Guatemala esté relacionado con investigaciones que puedan afectar a intereses poderosos. De esta forma, la decisión de expulsar a las personas afectadas contribuye directamente a mermar la capacidad de investigación y a garantizar la impunidad.

Por lo anterior, y al ser la CICIG un instrumento auxiliar del Ministerio Público de Guatemala, el ataque en contra de estos defensores es materialmente un ataque a la independencia del Ministerio Público y las investigaciones. La decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores no sólo es injustificada, sino que atenta contra el Estado de Derecho, al desconocer el Acuerdo de Constitución de la Comisión y la propia Constitución de la República de Guatemala.

PETICIONES

Ante las medidas extremas tomadas por el gobierno de Guatemala, y en atención a sus mandatos, solicitamos su urgente intervención ante el riesgo de carácter inminente que enfrentan estas personas, y que podría seguir afectando a funcionarios públicos que son defensores y defensoras de derechos humanos.

Por todo lo anterior, solicitamos que dirijan una carta “de medidas urgentes” al gobierno de Guatemala:

-­‐     Mostrando su respaldo a la legítima labor que las personas que colaboran con la CICIG, como defensoras de derechos humanos e importantes colaboradores del Ministerio Público.
-­‐     Instar a las autoridades de Guatemala a suspender la orden de expulsión de forma inmediata.
-­‐ Instar a las autoridades de Guatemala a cesar en cualquier acto de hostigamiento, amenaza, o desprestigio contra las personas afectadas u otros integrantes de la CICIG y a contribuir a crear un ambiente propicio para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y a la realización de las funciones de la CICIG.
-­‐     Preguntando por los motivos y fundamento de su decisión de expulsión y sus antecedentes.

Así mismo, solicitamos que puedan realizar un pronunciamiento público en este mismo sentido que pueda contrarrestar la campaña pública de desprestigio y hostigamiento impulsada desde altas instancias del gobierno guatemalteco.

  A T E N T A M E N T E

Organizaciones   regionalesinternacionales:   Iniciativ Mesoamerican d Defensora d Derechos Humanos (IMDefensoras), Pan Para el Mundo -­‐ Brot für die Welt, Protection International, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los derechos humanos de las mujeres (CLADEM), Just AssociatesAsociadas por lo Justo (JASS).  El Salvador: Agrupación Ciudadana por la despenalización del  aborto,  Colectiva  Feminista  para  el  Desarrollo  Local,  Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de El Salvador. Estado Español: Confederación Sindical de Comisiones Obreras, CalalaFondo de Mujeres, Asociación de Mujeres de Guatemala, Grupo Intercultural Almáciga, Fundación Mundubat, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas  Iberoamericanos (AIETI). Estados Unidos: St. Louis Inter-­‐ Faith Committee on Latin America (IFCLA), Chicago Religious Leadership Network,  Network in Solidarity   with the People of Guatemala/NISGUA, InterReligious Task Force on Central America,Cleveland, Latin America Working Group (LAWG), Religious  Leadership  Network  on  Latin  America.  Honduras:  Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEMH),    Equipo  de  Reflexión,  Investigación  y  Comunicación  (ERIC),  México:  Abogadas  Demócratas, A.C., Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH), Alianza Sierra Madre, A.C. (ASMAC), Aluna Acompañamiento Psicosocial,  A.C.,  Arthemisas  por  la  Equidad,  A.C.,  Asamblea  de pueblos indígenas del Itsmo y en defensa de la tierra y el territorio, Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres A.C, Bowerasa, A.C., Casa Amiga Esther Chávez Cano, A.C., Center for International Policy, Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual (CAIDS), Centro de Derecho

Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM), Centro de Derechos Humanos y justicia ambiental, Yureni, A.C., Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C., Cihuautla Voluntad Equidad Bienestar, A.C., Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC), Comité de Derechos Humanos Ajusco, Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), Comité Cerezo México, Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (Contec), Coordinadora Feminista Olimpia de Gouges A C. , Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C. (DHIA), Fátima I.B.P., Fondo Semillas, Fundación con Equidad, A. C. (FUNDEQ), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Gema Joven A.C., Grupo de Mujeres 8 de marzo, A.C., Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas AC – COLEM, Indignación A.C., Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Justicia Pro Persona, A.C., Las del Aquelarre Feminista, Ollin Calli Tijuana A.C., Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y de los Derechos Humanos, A.C., Programa de las Américas , Red de mujeres estudiantes de posgrado e investigadoras de la UNAM, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C., Red Nacional de Periodistas, Red Nacional por los derechos Humanos de las Mujeres, A.C., Red por la Participación Ciudadana, A.C. Spatium libertas A.C., Tierra Nativa, A.C., Unidad Campesina Democrática Chihuahua, Uno de Siete Migrando, A.C. Espacio OSC: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación  y  Capacitación  Propuesta  Cívica  A.C.  (CICPC);  Centro  Nacional  de  Comunicación  Social (Cencos); Comité Cerezo México; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México. Red de Mujeres Sindicalistas, Red de Género y Medio Ambiente, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México: Aguascalientes: Icela Jaimes y Sara Montes Ramírez (Colectivo Raíz). Baja California: Blanca Mesina; Laura Gutiérrez (Mujeres Unidas Olympia de Gouges A.C.); Margarita Ávalos y Nerida Gaspar Castillo (Colectivo Ollin Calli). Baja California Sur: Artemisa Castro Félix (Fondo Acción Solidaria A.C.). Campeche: Argentina Ivonne Casanova Mendoza (Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche). Chiapas: Diana Damián (Formación y Capacitación A.C); Margarita Guadalupe Martínez Martínez (Independiente); Martha Figueroa (Mujeres libres); Mercedes Olivera Bustamante (Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C). Chihuahua: Cecilia Espinosa Martínez, Itzel González, Imelda Marrufa y Yadira Cortés (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez); María Luisa García (Nuestras Hijas de Regreso a Casa); María Hilda de la Vega (Mujeres por México en Chihuahua A.C);  Isela González Díaz (Alianza Sierra Madre); Ivonne Mendoza Salazar (Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C.); Ruth Fierro, Silvia Alejandra Holguín Cinco y Yanimiriam Valdez Baca (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, México); Siria Solís Solís (El Barzón); Zulma Méndez (Pacto por  la Cultura y Red Mesa de Mujeres); Susana Molina Medina (Independiente). Coahuila: Blanca Martínez (Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”); Cristina Auerbach ( Familia Pasta de Conchos); Elizabeth Robles (Servicio Desarrollo y Paz, A.C.); Jaqueline Campbell Dávila (Asesora de la Diócesis de Saltillo). Ciudad de México: Lydia Alpizar y Verónica Vidal (Asociación para los derechos de la

mujer y el desarrollo, AWID); Diana López Santiago, Guadalupe Hernández Hernández y Melissa A. Vértiz Hernández (Centro de Derechos Humanos Fray Francisco De Vitoria O.P.A.C); Cirenia Celestino Ortega y Lucía Lagunes (Comunicación e Información de la Mujer, A. C., CIMAC); Fabiola González Barrera; Nancy López y Olga Guzmán (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos); Agnieszka Raczynska (Proyecto de derechos Económicos Sociales y Culturales A.C., ProDESC); Alejandra Nuño, Alexandra Garita, Atziri Ávila, Aurora Montaño, Claudia Erika Centeno Zaldívar, Corina del Carmen Arriola Romero, Estrella Soria, Jaqueline Santana, Lydia Cacho, María Paula Castañeda, Patricia Yllescas, Sayuri Herrera Román, Verónica Rodríguez Jorge (RESONAR), Salomé Almaráz, Clara Meyra Segura (Independiente); Lorena Peralta (Aluna, Acompañamiento Psicosocial A.C); Cristina Hardága (USAID); Laura Velázquez, Marusia López y Orfe Castillo (Just Associates, JASS); Daniela Pastrana (Periodistas de a pie); Erika Gonzalez (Sociedad Mexicana pro Derechos de la Mujer, A.C. , Semillas); Dirce Navarrete Pérez Sociedad, Laura García Coudurier, Lorena Fuentes y Yanina Flores (Sociedad Mexicana pro Derechos de la Mujer, A.C., Semillas); Alma R. García y Ana Lorena Delgadillo (Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho); Aidé García (Católicas por el Derecho a Decidir); Alejandra Ancheita Pagaza (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PRODESC); Axela Romero Cárdenas (Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos); Carolina Coppel Urrea (Ambulante Más Allá); Clemencia Correa (Aluna, Acompañamiento Psicosocial A.C) Dhapne Cuevas (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad); Denise González Núñez (Programa de Derechos Humanos de la IBERO); Dolores González (Servicios y Asesoría para la Paz, SERAPAZ); Elga Aguilar Gutiérrez. Comité Cerezo México); Elizabeth Ferreras (Defensa jurídica y educación para las mujeres "Vereda Themis"); Elsa Arista González (Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos); Elvia González del Pliego Dorantes (Programa de Asuntos de Género, de la Universidad Iberoamericana); Flor Goche (RNDDHM); Gabriela Morales Gracia (Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova); Gloria Muñoz Ramírez (Desinformémonos); Irma Estrada Martínez (UNAM); Itzel Silva (Fundar Centro de Análisis e Investigación); Janette Corzo (APRENDAMOS); Josefina Araceli Valencia Toledano (Clóset de Sor Juana A.C.); Josefina Chávez Rodríguez (Cuadernos Feministas/PRT); Laura Carlsen (Programa de las Américas); Laura Salas (Sandía Digital); Lénika Morales Zavaleta (Colectivo Liquidámbar/Colectivo Enrique Guerrero); Lulú Barrera (Luchadoras); Martha Sánchez Soler (Coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano); Miriam González Sánchez (Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C); Nadín Reyes (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos ¡Hasta Encontrarlos!); Nancy Pérez (Sin Fronteras A.C.); Rotmi Enciso (Producciones y Milagros, Agrupación Feminista A.C.); Tania Ramírez (H.I.J.O.S México); Ximena Andión (Equis Justicia para las mujeres A.C); Ximena Cortez Flores (Rosas Chillantes/Colectivo Feminista Socialista);; Miriam Pascual Jiménez (Red Retoño); Mayela García (Colectivo de Investigación y Desarrollo entre Mujeres (CIDEM) y Red de Investigadoras por la Libertad y la Vida de las Mujeres), María Luisa Aguilar Rodríguez (Centro Prodh). Durango: Concepción Félix Corral y Julieta Hernández Camargo (Sí Hay Mujeres en Durango, AC.). Estado de México: América del Valle (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ATENCO); Martha Pérez Pineda y María Trinidad Ramírez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ATENCO); Gabriela Zanabria (Colectivo Las Voces de Lilith); Guadalupe García Álvarez (Mujeres Luchas y Derechos para todos, Estado de México, Mulyd). Guanajuato: Alma Padilla (Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C); Ángeles López (Centro de Derechos Humanos Victoria Diez A.C.); Georgina Vargas Vera; Verónica Cruz (Las Libres). Guerrero: Andrea Eugenio, Obtilia Eugenio Manuel y Soledad Eugenio (Organización de Pueblos

Indígenas Me'Phaa, OPIM); Carolina Cantú (Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas); Diana Carolina Brito Bahena (Independiente); Felicitas Martínez Solano (Coordinadora Regional   d Autoridade Comunitarias-­‐   Policía   Comunitaria CRACPC) Hermelind Tiburcio   (Kinal Antzetik); Ixchel Carrasco (Enlace, Comunicación y Capacitación); Fabiola Lizeth Mancilla Castillo; Matilde Pérez Romero (Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón en Chilapa de Álvarez); María Maciel Paulino (Red de Mujeres Jóvenes Indígenas y Afromexicanas de Guerrero, REMJINA); Nestora Salgado García (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias); Norma Mesino (Organización Campesina de la Sierra del Sur, OCSS); Ofelia Cesareo Sánchez (Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas); Silvia Castillo (Instituto Guerrerense de Derechos Humanos A.C., IGDHAC); Valentina Rosendo Cantú, Sofía Lorena Mendoza Martinez y Martha Idalia Obezo Cázares (Independiente); Xóchitl Ramírez Velasco (Yotlakat Non Siwatl/ Atzin Desarrollo Comunitario A.C.). Jalisco: Angélica Araceli Reveles, Gabriela Aguilar Martín, María Guadalupe Ramos Ponce y Rosa María Laguna Gómez (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, Cladem); Guadalupe López (Lesbianas en Patlatonalli); Jade Ramírez (Independiente); María Rosa Guzmán Valdez (Red de Promotoras de Derechos Humanos de las mujeres indígenas en el Edo. De Jalisco); Teresa Zúñiga (Instituto Mexicanos para el Desarrollo Comunitario A.C (IMDEC A.C)/Consultora ciudadana del Instituto de la mujer de Tlaquepaque/Morada Infantil – Instituto de Educación Creativa A.C.). Michoacán: Nora María Vargas Contreras (Equipo Mujeres en Acción Solidaria Michoacán, EMAS); Janahuy Paredes (Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, COFADDEM); Teresa Guardián (Mujeres de Cherán); Cristina Erandeni Paredes Lachino (Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (Cofaddem)). Morelos: Paloma Estrada Muñoz y Juliana García Quintanilla (Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C); Nora Bucio; Blanca Velazquez (Centro de Apoyo al Trabajador). Nuevo León: Alicia Leal Puertas y Rosario Pacheco Leal (Alternativas Pacíficas); Consuelo Morales (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., CADHAC); Sanjuana Martínez (Independiente); Rosario Pacheco Leal (Alpaz). Oaxaca: Adriana Ortiz (Región Triqui); Alba Cruz, María Elena Tapia Vásquez; Aline Castellanos (Herramientas por el Buen Vivir A.C.); Ana María Hernández, Fátima Ojeda, Nallely Tello y Yésica Sánchez Maya (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad.); Bettina Cruz Velázquez (Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio/ Articulación de pueblos originarios en defensa del territorio); Carina González Luis, Esmeralda López Martínez, Rogelia González Luis y Julisa Bivian Luis Hernández (Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C.); Cristina Cruz López, Ingrid López Miguel, Magdalena Santos, Minerva Nora Martínez y Reyna Martínez Hernández (Centro de Derechos Humanos San Bartolomé Carrasco, Barca DH); Dalí Ángel y Silvia Pérez Yescas (Mujeres Indígenas por Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, CIARENA); Dora Ávila (COMALETZIN A.C/ Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales); Emelia Ortiz García (¡¡¡Si no están ellas,…. No estamos todas!!!/Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, MULT); Flavia Ester Anau y Patricia Matías López (Centro de Atención Infantil Piña Palmera A.C.); Griselda  Sánchez Miguel, Rocío Olivera Toro Maya (Independiente); Indira de Jesús Luis Aquino (Directora del Refugio Regional para Mujeres Indígenas del Istmo); Maka Muñoz/Loreto Bravo (Palabra Radio); Teresa Emeterio (Red de Mujeres Mixes/ Consorcio Oaxaca); Yolanda Barranco (Comité de Familiares y Amigos de Damián Gallardo); Itandehui Santiago Galicia (Colectivo Mujer Nueva). Puebla: Diana Pérez (Consejo Tiyat Tlali en defensa de la vida y nuestro territorio); Irene Noriega Papaqui (Comité de Defensa de los

Derechos Humanos Cholollán); Rita Amador y María de la Luz Galvez Javier (Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de octubre); Silvia Villaseñor Pineda (Consejo Tiyat Tlali en defensa de la vida y nuestro territorio); Vianeth Rojas Arenas (Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos A.C., Odesyr); Cecilia Oyorzabal Gómez (Timomachitkan A.C./Centro de Asesoría A.C./Casa de la Mujer Indígena/Red Nacional de Asesoras y Promotoras Rurales); Reyna Ramírez Sánchez (Colectivo de Obreras Insumisas To Tlaktole Calaki Mo Yolo, AC.); Susana Mejía (Centro de Asesoría y Desarrollo Entre Mujeres A.C (CADEM A.C.)/ COMALETZIN A.C). Querétaro: Aleida Quintana (Grupo Interdisciplinario Tékéi ). Sinaloa: Alma Angélica Barraza Gómez (Independiente); Sonora: Leticia Burgos (Red Feminista Sonorense); Silvia Núñez Esquer (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)/ Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio); María Anabela Carlón Flores y Casilda Flores Álvarez (Colectivo Jamut Boo. Tribu Yaqui); Dolores Ismene Figueroa López (Red feminista Sonorense). Tamaulipas: Ana Karen López Quintana (Tamaulipas Diversa VIHida Trans, AC); Graciela Pérez Rodriguez (Milynali Red). Veracruz: Harmida Rubio Gutiérrez y Alma Delia Rodríguez Alor (Organización Tendremos Alas); Carolina Ramírez (Aura A.C/Son la esperanza A.C.); Claudia Yanet Figueroa Sánchez (Independiente); Montserrat Díaz (Coordinadora de Feministas de Jalapa); Anaís Palacios Pérez (Familiares en búsqueda María Herrera A.C/Xochiquetzal CESAL/Colectivo por la Paz Región Xalapa). Yucatán: Amelia Guadalupe Ojeda Sosa (Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C., UNASSE); Sandra Peniche (Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva); Adelaida Salas Salazar y Ligia Canto Lugo (Ni Una Más). Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C.

(Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-­‐ Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,
A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos  Ignacio  Ellacuria,  S.J.  Universidad  Iberoamericana-­‐  Puebla  (Puebla,  Pue.);  Instituto  Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos  y  Género,  A.C.  (Ciudad  de  México);  La  72,  HogarRefugio  para  Personas  Migrantes  (La  72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio  de  Derechos Humanos y  Desarrollo  Comunitario  (San  Luis Potosí); Servicio, Paz  y  Justicia de

Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas). Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (Red conformada por defensoras y 43 organizaciones, ubicadas en 23 estados de la República Mexicana). República Dominicana: Colectiva Mujer y Salud. Firmas a título individual: Alda Facio, Luis Enrique Eguren, Adrián Carmona Méndez, Adriana Carmona, Aida Marín Acuapan, Aidé García, Alma Laura Magaña Abarca, Ana Laura Godínez Huerta, Ana Yeli Pérez Garrido, Anaid Alcázar, Ángeles López, Angélica Gómez Padilla, Brenda Neria, Cristina Renaud, Cynthia Galicia (abogada feminista), Elizabeth Ferreras, Elizabeth Gutiérrez Mariscal, Emilienne de León, Erika Lozano, Erika Tamayo, Florencia Bluthgen, Gabriela delgado Ballestero, Jaqueline L´Hoist Tapia, Jorge David Dávila Diego, Laura Carlsen, Laura García Coudurier, León Alberto Pérez manzanera, Lina Berrios, Lucía Hidalgo, Lucía Lagunes Huerta, Malú Valenzuela, Marcela Turatti (periodista), María Eugenia Chávez, María Edith Hernández (abogada feminista), Maria luisa Sosa de la Torre, Martha Guadalupe Figueroa Mier (abogada feminista), Miriam Mastria, Miriam Pascual Jiménez (abogada feminista), Paola García Escorza, Rosario Ortiz, Stefanía Bárcenas, Tania María Carrillo Grange, Eva Sáinz Ramos, Margarita Shears Lozano (Profesorainvestigadora),   Esmerald Lecxiu Ferreira Nubia   Citlalli   Sala Lizana Suyap Martínez, Joaquín Mejía, Regina Fonseca.