viernes, 19 de junio de 2020

Ocho hombres de una familia desaparecidos, nueve años y ninguna autoridad los busca




Chihuahua, Chih., a 19 de junio de 2020. 

Un día del padre difícil de olvidar
Nos encontrábamos el 8 de agosto de hace nueve años en Creel, Chihuahua. Acudimos a conmemorar y acompañar a las familias de las víctimas de la primera masacre en el país en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, Albino y Doña Ema, llegaron y sus rostros demostraban un profundo dolor, entre sollozos ahogados nos compartieron su testimonio.
El 19 de junio del 2011, la familia MUÑOZ VELETA decidió celebrar el día del padre con un festejo acostumbrado, el padre, los hijos, las nueras, nietos y nietas fueron convocados a la humilde casa de Doña Ema en Anáhuac, Chih. En plena celebración, por la tarde ya anocheciendo, llegó un numeroso grupo de hombre armados, portaban insignias y uniformes de la policía federal, custodiados por la policía municipal de Anáhuac, sin mediar palabra y con lujo de prepotencia y violencia, apuntando sus armas largas, uno a uno, los hombres de la familia fueron golpeados y subidos a los vehículos. Desde esa fecha nada se sabe de su paradero.
Doña Ema comparte que intentó retener a su esposo y a dos de sus hijos y uno a uno les fueron arrancados de sus brazos. Desde entonces, las mujeres de la familia han peregrinado exigiendo verdad y justicia.
A Doña Ema le fueron arrebatados: su esposo Toribio; sus hijos: Jaime, Oscar, Hugo y Guadalupe; su sobrino Luis; su nieto Oscar Guadalupe y su yerno Nemesio. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, ha dado acompañamiento psicosocial y legal a las familias y este caso, permitió la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense en el año 2016 para la identificación de restos.
El Caso Muñoz es emblemático, no existe en el país ningún caso documentado en que ocho integrantes de una familia en un mismo hecho hayan sido desaparecidos forzadamente por agentes policiacos, sino por la indolencia de todas las autoridades para investigar a los perpetradores del evento criminal.
Después de consultar a expertos internacionales sobre las investigaciones del caso, se concluyó que por las complicidades entre el crimen organizado y los cuerpos policiacos de la región, una investigación de los hechos en la zona occidente, situada en ciudad Cuauhtémoc era imposible de realizar, por lo que se radicó en Chihuahua capital, la investigación se paralizó con el argumento de que es materialmente imposible practicar diligencias de indagatorias, en un lugar diverso al que se cometieron los delitos. Posteriormente se regresa el expediente a Ciudad Cuauhtémoc, en donde se ubica a probables responsables de las desapariciones forzadas, se solicitan órdenes de aprehensión y el Juez Cesar Arnulfo Estrada Vigíl con absoluta irresponsabilidad y sin entrar al fondo del caso, se declara incompetente para liberar las ordenes que se le solicitan, y lo remite a la PGR, hoy Fiscalía General de la República, con el argumento de la probable participación de integrantes del crimen organizado. El drama legal continuó, la instancia federal no acepta la carpeta de investigación y la regresa a la Fiscalía Estatal, esta argumenta tener incapacidad jurídica para continuar el caso derivado de la orden del Juez.
A nueve años de la desaparición de ocho hombres de una familia, por los vericuetos legales de las propias autoridades, dejaron en el limbo jurídico la investigación y como consecuencia en la impunidad garantizada.
La Familia y el CEDEHM han expuesto la situación legal que impide el acceso a la Justicia y como consecuencia nadie es responsable de la búsqueda de los ocho integrantes de la familia Muñoz. Hemos recurrido a todas las autoridades federales y estatales; al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; al Lic. Alejandro Encinas, Sub secretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; al Maestro Abel Galván Gallardo, Fiscal especializado en investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la FGR y al Gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado. A nueve años de la desaparición forzada, ninguna autoridad ha respondido.
Las familias de las víctimas nada saben ni quieren saber de fueros, si son del fuero local o del fuero federal, quieren que busquen e investiguen.
Exigimos:
Que urgentemente las autoridades federales y estatales se coordinen y asuman la responsabilidad de la investigación y la búsqueda.
No aceptamos pretextos de competencias ni fueros, la responsabilidad de las investigaciones y la búsqueda es de todas las autoridades.


martes, 2 de junio de 2020

Comunicado sobre el proyecto Tren Maya en el marco de la visita presidencial para su promoción


1 de junio de 2020
Al pueblo de México,
A los medios de comunicación,
Al Sr. Presidente Lic. Andrés M. López Obrador


En el marco de la visita prevista del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para “dar banderazo” de salida a su proyecto denominado “Tren Maya,” las y los suscritos, organizaciones no gubernamentales, colectivos indígenas y populares, comunidades de base, académicos y académicas, personas en lo particular, a la vez que señalamos lo inoportuno de dicha visita en medio del momento más crítico de la pandemia de la COVID-19, realizamos este comunicado.

El “Tren Maya”, ha sido presentado como uno de los principales proyectos de la actual administración federal. En el discurso, la obra servirá para “detonar el desarrollo del sureste y potenciar el turismo y el desarrollo económico de la región”. Sin embargo, durante el avance del proyecto se han atropellado los derechos y garantías de la población y se ha violentado el Estado de derecho. Es por las siguientes razones que expresamos nuestro rechazo al proyecto:

PRIMERO. Siendo que existen diversos amparos en los que jueces federales han ordenado la suspensión de muchas de las actividades del proyecto y que la CNDH ha ordenado como medida cautelar, la suspensión de actividades no esenciales  del  proyecto, la visita del Señor Presidente atentaría contra el orden Constitucional. El objetivo de su visita desdeña y desacata órdenes judiciales y del Ombudsperson afectando el delicado balance y el equilibrio del ejercicio de poder en nuestro país.

El avance del proyecto que se fuerza desde el gobierno federal se cobija en la disminuida actividad del Poder Judicial Federal por la emergencia sanitaria, y las consecuentes repetidas negativas de juzgados federales de Campeche y Yucatán de recibir demandas de amparo en contra del proyecto. Es preocupante el ambiente que se cimbra en la conciencia nacional por las faltas de independencia judicial y de garantía de acceso a la justicia en el contexto de este proyecto.

En este mismo sentido, por causa de la pandemia, han sido canceladas las reuniones informativas y mesas de discusión, y se ha establecido que los términos para obtener información no corren, lo cual limita el acceso de la población involucrada a información cabal, suficiente y oportuna.

SEGUNDO. El megaproyecto en cuestión, aunque afecta de manera directa a comunidades indígenas de al menos 4 de las 5 entidades federativas se ha ido erigiendo sin la participación de los pueblos originarios y de otros sectores de la sociedad en el diseño y planeación de un proyecto de desarrollo. Para este proyecto no existió un diálogo preliminar con las comunidades para tomar su parecer y conocer sus  necesidades y pasando por alto el derecho que tienen a decidir libremente su futuro, violando un derecho que se encuentra constitucionalmente protegido, que es el derecho   a la libre determinación.

Sobre este particular, es preciso recalcar que las reuniones realizadas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado, no pueden ser consideradas como un proceso de consulta indígena, en principio porque se efectuaron a través de instancias no representativas de las comunidades y pueblos. En segundo porque no se cumplió con los estándares mínimos del derecho a la consulta, establecido en el Convenio 169 de la OIT, situación que incluso fue señalada  por la Oficina para México del Alto Comisionado de Naciones Unidas1. Así también, porque durante las mismas, los funcionarios presentes aceptaron no tener toda la información sobre el diseño de la obra, la ruta del tren y, los impactos ambientales y socioeconómicos. Los procesos de consulta (y de pagos simbólicos por derechos de vía) a ejidos y comunidades indígenas continúan durante la emergencia sanitaria en contra de las recomendaciones de organismos internacionales y sin otorgar información suficiente con respecto a las afectaciones. Aún siguen sin definirse la ubicación y número de los llamados polos de desarrollo así como el funcionamiento de las FIBRAS (Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces) que estimamos son acciones para “bursatilizar la tierra” y contra los cuales se ha pronunciado con una opinión negativa el mismo Procurador Agrario (19 mayo 2020).

Decidir el futuro de las comunidades y pueblos indígenas unilateralmente, afirmando que serán los principales beneficiados de un proyecto que desconocen y en el cual su papel principal será el de la mano de obra barata, significa reproducir la discriminación  sistémica que ha impulsado por años el Estado mexicano y que les ha negado a esos pueblos ser los dueños de su propio destino y futuro. La actual administración dilapida  una oportunidad histórica de hacer las cosas de manera distinta y generar condiciones adecuadas para llevar a cabo un diálogo intercultural que permita generar condiciones de desarrollo a partir de las realidades, especificidades, historias y prácticas de esos  pueblos. Según los mismos informes del gobierno federal, los miles de empleos que supuestamente se crearían, muy probablemente serían empleos precarios, mal pagados, temporales y sin garantías de seguridad social para las y los trabajadores, es decir que tampoco contribuiría al desarrollo regional, como se ha dado en otros proyectos impulsados por el FONATUR.

TERCERO. Existen serios cuestionamientos en torno a la viabilidad ambiental del proyecto denominado Tren Maya. Esta afirmación tiene sustento no sólo en lo señalado por académicos, académicas y comunidades desde sus instituciones de forma independiente, sino también por instancias del propio gobierno federal. Al respecto es preciso recordar que existe un estudio realizado por un grupo de 30 científicos convocados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para determinar el impacto del Tren Maya en los territorios donde se planea su construcción, mismo que concluye  que existen riesgos ambientales y sociales en este proyecto de desarrollo. Éste y otros estudios concluyen que el Tren Maya propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de veintitrés Áreas Naturales Protegidas, entre las cuales se encuentran Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo como Yum Balam, Manglares de Nichupté, Uaymil y las Reservas de la Biosfera de Sian Ka’an y Calakmul, ambas patrimonio de la Humanidad, así como siete Regiones Terrestres Prioritarias, y once Regiones Hidrológicas Prioritarias, a tal grado que podría convertirlas en áreas biológicamente inhóspitas. Estos estudios resaltan que no existe información suficiente acerca de los distintos proyectos económicos que este conllevaría, como las nuevas ciudades, los parques industriales y nuevos enclaves de desarrollos turísticos. Asimismo, los estudios exponen riesgos para la identidad cultural y posible mercantilización de la propia cultura indígena; violación al derecho a la tierra y mecanismos de financiamiento que no favorecen a los propietarios de las parcelas en los polos de desarrollo, así como la sobre- densificación del corredor turístico Cancún-Tulum.

Pero además, el estudio determina, claramente, que el Proyecto Tren Maya traza una ruta de infraestructura no sólo ferroviaria sino de desarrollos turísticos, habitacionales y de traslado, almacenamiento y comercio de mercancías de tipo diverso, situación que  supone un profundo reordenamiento territorial en los cinco estados afectados por el proyecto. Como consecuencia de lo anterior, y dada las condiciones naturales excepcionales y altamente vulnerables de la región así como diversidad biológica que existe en las cinco entidades federativas, se afectarán grandes macizos de selva, manglares y otros humedales, con la consecuente pérdida de  servicios  ambientales como las recargas al manto freático o su capacidad para capturar dióxido de carbono. Estas afectaciones en un contexto de alta conflictividad socio-ambiental vigente caracterizado por el despojo de bienes comunes de territorios campesinos e indígenas conllevan a su vez al deterioro de sistemas ambientales. La infraestructura ferroviaria y los llamados polos de desarrollo significarán también, irremediablemente, especulación y privatización de tierras ejidales. En este sentido también se pronunciaron académicos frente al Congreso de la Unión en septiembre de 2019.

Los cuestionamientos se agravan con el hecho de que no existe una evaluación de impacto ambiental del proyecto en su totalidad, ni de ningún centro urbano que se propone, así como tampoco hay estudios realizados ni información sobre cuál sería el impacto acumulativo del Tren Maya en toda el área de afectación. Esta falta de evaluaciones violenta el marco jurídico nacional e internacional que establece la obligación de llevar a cabo estudios de impacto ambiental para este tipo de proyectos. FONATUR se escuda en que por el momento no se construirán nuevas vías, sin embargo esto es sólo parcialmente cierto puesto que las vías serán ampliadas en toda su  extensión y se construirán y habilitarán carriles para un tren nuevo para el cual se requieren nuevos sistemas de durmientes y de rieles. Como reconoce el mismo Fonatur, los contratos firmados con los concesionarios tienen también la finalidad de que se construyan estructuras para el nuevo tren.

En este sentido, aún y cuando FONATUR anunció que el gobierno federal contaba con el 95% del derecho de vía, esto se ha comprobado incorrecto (por más del 40%) por estudios independientes y por el mismo FONATUR en el reciente informe del Director General Rogelio Jiménez Pons en la rueda de prensa del 18 de mayo pasado.

CUARTO. El proyecto del Tren Maya genera graves riesgos al patrimonio histórico y cultural, todos bienes nacionales, particularmente de la península. En los alrededores del trazo del Tren Maya el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene registro de siete mil 274 sitios arqueológicos. De éstos, mil 288 se encuentran a distancias no mayores a 10 kilómetros de la vía férrea, de manera que tendrían una afectación directa, según el citado estudio encargado por el CONACYT. En el mismo se afirma que “Atendiendo a los cálculos de pasajeros y carga del tren, podrían implicar la destrucción irrecuperable de posibles vestigios culturales, daño físico, adulteración o uso turístico excesivo”. En una denuncia penal realizada por arqueólogos, antropólogos, historiadores  y expertos de diversas organizaciones e institutos de investigación por daños  a  los bienes nacionales a raíz de los proyectos de los trenes maya y transistmico, se denunció que los estudios de salvamento fueron realizados por una persona que no cuenta con experiencia ni títulos en la materia.

QUINTO. Aún y cuando el gobierno federal ha buscado publicitar un supuesto apoyo desde las Naciones Unidas al proyecto, dicho apoyo no existe. Existen consultores contratados por FONATUR a través de ONU-Habitat y la UNESCO que colaboran actualmente con estudios para el proyecto, sin embargo esto no representa un espaldarazo al proyecto por parte de las Naciones Unidas. Es más, las acciones de ONU- Habitat para el proyecto han sido denunciadas porque han puesto en peligro la salud de las personas al realizar censos, entrevistas y encuestas para su desalojo y despojo de  sus hogares durante la emergencia sanitaria declarada desde el gobierno federal.

Finalmente queremos señalar que, frente a este proyecto que desde un inicio ha sido opaco por la ausencia de información, que beneficiará a grandes consorcios empresariales y que ha avanzado aún durante la pandemia de la Covid-19, poniendo en riesgo la salud de las trabajadoras, trabajadores, comunidades y la población en general, representantes de distintas comunidades indígenas y campesinas en los estados afectados han presentado diversas acciones legales. Lo han hecho ante instancias nacionales e internacionales, en las cuales han señalado la violación a diversos derechos. Dichas comunidades, a pesar de la dificultad que históricamente han tenido para acceder a la justicia, han logrado, hasta ahora, tres suspensiones, una en Calakmul, otra en Palenque y una más en Campeche, así como la emisión de medidas cautelares por parte de la CNDH.

En dichos procesos se han evidenciado claras violaciones a la ley, contradicciones y falsedades en la implantación del proyecto por parte fundamentalmente del FONATUR, pero sobre todo se ha expresado la voluntad de la población de mantener la exigencia y  la batalla jurídica y política para hacer efectivos sus derechos a preservar su territorio y medio ambiente.

En esa lógica, el Gobierno Federal tiene la oportunidad histórica, a partir de las promesas de cambio que su titular ha expresado, de generar un proceso en donde las demandas, puntos de vista y exigencias de las comunidades indígenas, académicos y diversos colectivos que han expresado su oposición al tren, puedan ser escuchados, de tal  manera que se genere un proceso realmente democrático en la definición de la política  de desarrollo de las comunidades y pueblos.


1 Pronunciamiento   del   19   de   diciembre   de   2019. https://www.hchr.org.mx/index.php?

option=com_k2&view=item&id=1359:onu-dh-el-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-tren-maya-no-ha- cumplido-con-todos-los-estandares-internacionales-de-derechos-humanos-en-la-materia&Itemid=265