martes, 28 de marzo de 2017

Realiza el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en coordinación con la Fiscalía General del Estado mesa panel para el fortalecimiento del sistema de atención a víctimas





Chihuahua, Chih. a 28 de marzo de 2017.- El día de ayer el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) en coordinación con la Fiscalía General del Estado realizó  la  Mesa panel “De víctimas a constructoras de justicia: un nuevo enfoque en la atención” CEAV Chihuahua,  para  compartir las experiencias de atención a víctimas con un enfoque interdisciplinario, integral y transformador, desde las organizaciones de la sociedad civil en la incorporación de modelos institucionales, como parte del proyecto del CEDEHM con Enfoque DH y USAID para el fortalecimiento del sistema de atención a víctimas en el estado de Chihuahua.

La mesa panel fue dirigida al personal de la Fiscalía General del Estado, específicamente a quienes formarán parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como son asesoras y asesores jurídicos, psicólogas y psicólogos, trabajadoras sociales de las cuatro zonas del estado.

Durante el evento se contó con la presencia de Wendy Chávez Villanueva, Titular de la Fiscalía Especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género, en representación del Gobernador del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado; Bianca Bustillos González, en representación del Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel; Mario Salvador Garnica Leyva, magistrado del Tribunal Superior de Justicia; víctimas de violaciones a derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que les acompañan.

También asistieron funcionarias y funcionarios públicos de otras dependencias involucradas en el proceso de atención a víctimas, como la Secretaría de Salud, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y el Centro de Atención y Prevención Psicológica.

La jornada inició con la conferencia magistral de Carlos Martin Beristain, médico y doctor en psicología, referente internacional en la atención psicosocial a las víctimas; enfatizando que las situaciones graves a derechos humanos se deben a un sistema político basado en la corrupción e impunidad, que ha provocado un Estado de derecho débil, dejando de lado la afirmación de los derechos de las víctimas.

Después se realizaron mesas temáticas, donde se escucharon las voces de varias personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos y el tortuoso camino que enfrentan en la búsqueda de la justicia, las afectaciones y los cambios en la visión de mundo y en su proyecto de vida. Las organizaciones de la sociedad civil que les acompañan compartieron la importancia de su labor al brindar atención a víctimas con un trato digno, evitando estigmas, ayudándoles a entender y enfrentar su proceso y no sólo a descargar emociones, creando confianza y credibilidad como base de su labor.

Con la presencia de las comisionadas de las CEAV de los estados de San Luis Potosí y Nuevo León se abordaron las buenas prácticas y obstáculos en la atención institucional a las víctimas en México, resaltando la importancia de dejar atrás lo asistencial y comenzar con el abordaje integral en la atención, y la necesidad de romper esquemas y tener apertura para nuevas formas de trabajo, mediante la especialización y el compromiso de brindar un trato digno.  

Para finalizar el evento, integrantes del CEDEHM presentaron el modelo de atención a las víctimas que se brinda con la finalidad de que se apropien de sus procesos y se conviertan en constructoras de justicia.

El evento resultó un espacio en el cual se tejieron redes para acompañar la transición actual de la Fiscalía de Atención a Víctimas a la Comisión Ejecutiva.




Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena al Estado mexicano proteger a la comunidad de Choréachi



·         Es la primera vez que el tribunal interamericano medidas colectivas para comunidades enteras en México

Chihuahua, Chih., 28 de marzo de 2017. El día de ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la Resolución de fecha 25 de marzo de 2017, mediante la que ordenó al Estado mexicano la adopción de medidas urgentes de protección (conocidas como medidas provisionales) a la comunidad de Choréachi, también conocida como Pino Gordo, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua. De acuerdo con el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ese órgano puede dictar medidas provisionales “En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas […]”. En base a tal disposición y habiendo valorado las circunstancias del caso, “la Corte consider[ó] pertinente disponer medidas provisionales de protección en favor de todos integrantes de la Comunidad indígena de Choréachi, a fin de garantizar su vida, integridad personal, así como la seguridad colectiva de todos sus miembros.”

Las medidas provisionales fueron otorgadas por el tribunal interamericano luego de la solicitud presentada el pasado 18 de marzo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cual, a su vez, había recibido una comunicación de cuatro organizaciones de la sociedad civil que representan a la comunidad ante los órganos del Sistema Interamericano. De acuerdo con la Convención Americana y el reglamento de la Corte, cuando un caso no se encuentra bajo el conocimiento de ese órgano, la única facultada para solicitar medidas provisionales es la CIDH.

Choréachi es una comunidad de hecho, que cuenta con una población aproximada de 800 hombres y mujeres, de los cuales aproximadamente 300 son niños y niñas. Y, de acuerdo a lo sostenido en la solicitud de medidas provisionales, “viene siendo objeto de graves hechos de agresiones, hostigamientos y amenazas en un contexto en el cual sostiene una disputa legal del territorio con otra comunidad, la nulidad de los permisos de aprovechamiento forestaly se alega además la presencia de grupos criminales con intereses en el uso de la tierra y vinculados al narcotráfico”. Por tal riesgo, inicialmente la CIDH adoptó el 6 de octubre de 2014 medidas cautelares para proteger a Prudencio Ramos Ramos y a Ángela Ayala Ramos así como a sus dos núcleos familiares. Prudencio y Ángela son integrantes de la comunidad que actualmente se encuentran desplazados forzadamente a raíz de los asesinatos impunes de los integrantes de la comunidadJaime Zubías Cevallos y Socorro Ayala Ramos, en septiembre y noviembre de 2013, respectivamente. A finales del año pasado, la CIDH habría adoptado medidas colectivas para proteger a toda la comunidad.

A esos asesinatos se ha sumado el de Juan Ontiveros Ramos el pasado 31 de enero del año en curso, cuyo cuerpo fue encontrado la mañana del 1º de febrero. Juan era  comisario de policía de Choréachi y había viajado a la Ciudad de Chihuahua para participar en una reunión el 20 de enero con personal de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y con otras autoridades, discutiendo en dos mesas de análisis la situación de seguridad y el conflicto territorial y ambiental de la comunidad.

Adicionalmente a las medidas que se implementen para garantizar la vida, integridad y seguridad colectiva de los integrantes de Choréachi, la Corte ordenó que: “a) el Estado realice un diagnóstico actualizado sobre la situación de la Comunidad y sus miembros, en el cual informe sobre la intensidad y naturaleza de un riesgo a su vida e integridad, en particular a la luz de los hechos de violencia ocurridos recientemente, y b) de forma inmediata proceda a sostener una reunión con los representantes de la Comunidad Choréachi para que se coordine la adopción de medidas adicionales a las que ya viene adoptando el Estado y que sean pertinentes para la protección de la vida e integridad de los miembros de la Comunidad.”

El otorgamiento de las medidas provisionales tiene importante significados. En primer lugar, es evidencia irrefutable del incumplimiento del Estado mexicano de las medidas cautelares dictadas por la CIDH (de haberse cumplido éstas, no se habrían otorgado medidas provisionales).

En segundo término, es un reconocimiento a la situación de riesgo y abandono que impera en Choréachi en toda una comunidad indígena que ha resistido la violencia y los despojos, reivindicando el derecho a su territorio ancestral: de acuerdo a la resolución, “la Corte toma nota del contexto de violencia que se presentaría en la región de la Sierra Tarahumara en la municipalidad de Guadalupe y Calvo con la posible presencia de ‘grupos del crimen organizado’, así como el recrudecimiento de la situación que se habría presentado desde el año 2015 hasta la fecha […].”

Finalmente, la resolución de la Corte Interamericana llega en un momento fundamental en Chihuahua, en donde es urgente, necesaria e impostergable la coordinación de los tres niveles de gobierno (especialmente del estatal y el federal) para que exista una verdadera seguridad en la zona, que no haya más pérdidas humanas y la comunidad esté protegida.

Estas medidas se suman a las adoptadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 3 de febrero pasado, dirigidas a la Comisión Nacional de Seguridad y de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua para la protección de todos los integrantes de la comunidad indígena. Medidas que, hasta el momento, no han sido implementadas.

De acuerdo con el tercer resolutivo, el Estado mexicano deberá informar “a más tardar el 25 de abril de 2017, un informe completo y pormenorizado sobre las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a las medidas provisionales decretadas, el cual deberá ir acompañado por el diagnóstico sobre la situación actual de riesgo de dichas comunidades.” Luego de ello, el Estado deberá seguir informando de manera trimestral sobre el cumplimiento de las medidas provisionales adoptadas.


Abogadas y abogados por la Justicia y los Derechos Humanos, Alianza Sierra Madre (ASMAC), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC) instan a las diferentes autoridades responsables del Estado mexicano a implementar a la brevedad, en consenso con la comunidad y sus representantes, las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que los habitantes de la comunidad de Choréachi pueda continuar residiendo en ella, de manera segura. De igual manera, es apremiante abatir la impunidad en la zona, resolver rápidamente los procesos judiciales para restituir su derecho al territorio y acceso preferente a los bines naturales de  las comunidades e implementar la alerta preventiva notificada por el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en agosto del año pasado.

viernes, 24 de marzo de 2017

Ante el artero asesinato de nuestra compañera periodista MIROSLAVA BREACH VELDUCEA, las organizaciones de la sociedad civil




MANIFESTAMOS:

1.       Se trata de un feminicidio cometido en perjuicio de una periodista, crítica y valiente, que lesiona profundamente al gremio de las y los trabajadores de la comunicación en Chihuahua y en México, el país más peligroso del mundo para las personas que ejercen este oficio.

2.       El feminicidio de Miroslava es un acto terrorista que busca disuadir a las y los periodistas de Chihuahua de seguir documentando y denunciando la operación y control del crimen organizado sobre varias regiones de la entidad, así como los múltiples hechos de corrupción perpetrados desde los poderes públicos.

3.       Ni el Gobierno del Estado ni el Gobierno Federal han sido capaces de garantizar a la fecha las condiciones mínimas para el ejercicio pleno, libre y sin amenazas de la libertad de expresión en el estado. Como tampoco han podido poner un hasta aquí a las incursiones del crimen organizado en el estado de Chihuahua, ni han podido acabar con el control que ejercen sobre las policías y varias dependencias de diversos municipios, ni han podido terminar los enfrentamientos armados que ponen continuamente en peligro a la población civil.

4.       El Gobierno Federal ha abandonado a su suerte a las y los chihuahuenses. No ha respondido a los llamados continuos para hacerse presente y evitar los desalojos de varios poblados serranos, forzados por las bandas criminales. Lejos de hacer vigente el estado de derecho, la Policía Federal y el Ejército brillan por su ausencia y por sus omisiones en perjuicio de la seguridad y la paz de la ciudadanía.

5.       El Mecanismo para la Protección de Defensoras, Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, promovido por la Secretaría de Gobernación ha sido un rotundo fracaso, como muestra el feminicidio de Miroslava Breach.  No ha implicado ningún compromiso por parte de las autoridades federales y deja caer toda la responsabilidad y operatividad en la sociedad civil chihuahuense y en el Gobierno del Estado. Exigimos la presencia de Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,  para que presente y ejecute el plan para esclarecer este asesinato.

6.       Para impedir que el asesinato de Miroslava Breach quede impune exigimos al Gobierno del Estado un compromiso claro, categórico, público y eficaz para esclarecer la autoría del mismo y castigar a quienes resulten responsables con todo el peso de la ley. Demandamos que se ponga al frente de la investigación al Dr. Pedro Díaz, perito internacional con amplia y reconocida experiencia en la investigación de crímenes relacionados con los derechos humanos.

7.       Así mismo, demandamos la constitución inmediata de una Comisión de la Verdad que dé seguimiento a las investigaciones de este crimen, integrada por periodistas, juristas, derecho-humanistas y personas representativas de la sociedad civil.

8.       La única manera de terminar con las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas es que los diversos órdenes de gobierno se apliquen de lleno a la terminar con la impunidad de criminales, asesinos, narcotraficantes y servidores públicos corruptos.

Si no hay investigaciones que lleven al esclarecimiento de los autores materiales, intelectuales e institucionales de los asesinatos y las agresiones y al castigo de los responsables; si no se procede con todo el rigor penal y administrativo contra quienes han usado el poder del Estado para enriquecerse y para fincar su poderío personal,  seguirán cayendo defensoras y defensores de los derechos humanos y periodistas ejemplares, comprometidos con la verdad, con la libertad y con la democracia, como fue siempre MIROSLAVA BREACH VELDUCEA.

Chihuahua, Chih a 24 de marzo de 2017

Andrés Barreda, Adriana Luna Parra, Blanche Petrich, Cecilia Castro García, David Lauer, Estela Reyes, Lydia Cacho, María Guadalupe Cruz, María Guadalupe López Vélez,  Mirna Guadalupe Fiol Higuera, Ofelia Medina, Rosa María Méndez Aguilar, Salomo Cruz, Yaneth Nolasco Pérez, Yndira Sandoval Sánchez, Yuteita Valeria Hoyos Ramos.

Alianza Sierra Madre, A.C. (ASMAC); Asamblea Popular de Familias Migrantes; Bowerasa, A.C. Haciendo Camino; Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.; Centro de Intervención de Crisis Alma Calma, A.C.; Círculo de Estudios de Género, A.C.; Colectivas Subversivas, Deconstructuoras, A.C.; Colectivo 21 de mayo; Colectivo Epistémico de Teoría Crítica de Chihuahua; Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C.; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC); Comunidad Indígena de Bakéachi; Comunidad Raíz Zubia, A.C.; Consultoría para el Desarrollo del Potencial Humano, S.C.; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C.; Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC); Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; Ecos de Mirabal; El Barzón Chihuahua; Enjambre Digital; EQUIS Justicia para la Mujeres, A.C.; Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, A.C.; Fátima, I.B.P.; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo Abogadas Demócratas; Grupo Feminista 8 de marzo; Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas; Grupo VI.D.A Laguna, A.C.; Inclusión, Género y Ciudadanía, A.C.; Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural, A.C.; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir ; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C.; Jóvenes ante la Emergencia Nacional; Justicia para Nuestras Hijas, A.C. ; MIRA Mujeres Iberoamericanas en Red por la Igualdad Presupuestal entre Mujeres y Hombres; Mexicanos en el Exilio (MexEnEx); Movimiento Igualitario en Chihuahua; Mujeres Barzonistas; Mujeres por México en Chihuahua, A.C.; Mukira, A.C.; Observa Ciudadan@, Observatorio para el Acceso a la Información Pública; Observatorio de Violencia Social y de Género de Baja California Sur; Ollin espacio feminista Colima, A.C.; Observatorio Ciudadano en Contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México; Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua); Personal Académico del Instituto de Pedagogía Crítica; Red Mesa de Mujeres en ciudad Juárez, A.C.; Red por la Participación Ciudadana, A.C.; Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); Uno de Siete Migrando, A.C.; Tierra Nativa, A.C.; Transforma, A.C.; Wikipolítica Chihuahua


Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa,A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C.(CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yucatán); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C.(CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales yCulturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C.(SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)

jueves, 16 de marzo de 2017

Organizaciones de derechos humanos rechazan política del Gobierno de México que pretende socavar la independencia de organismos internacionales de derechos humanos





Ciudad de México a 14 de marzo de 2017

         Rechazamos candidatura de funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el cargo de comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
         Las personas candidatas para comisionadas de la CIDH deben contar con los criterios de independencia e idoneidad

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes expresamos nuestro rechazo ante la candidatura del Embajador Joel Hernández García para el cargo de comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el periodo 2018 - 2021, presentada por el Gobierno de México el pasado 28 de febrero de 2017.

La candidatura de México del Embajador y actual Director General para la Organización de las Naciones Unidas - presentada sin consulta y sin transparentar los criterios de selección - pone de manifiesto una política encaminada a socavar la independencia e imparcialidad de los organismos internacionales de derechos humanos al proponer para el cargo de comisionado de la CIDH a una persona cuya trayectoria como diplomático y representante del Estado mexicano afectaría seriamente la credibilidad y efectividad de dicho órgano.

Tal y como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Estatuto de la CIDH, las y los integrantes de este órgano deberán ser “personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos”. Es decir, el perfil idóneo es de una persona altamente especializada y con la más amplia y sostenida experiencia específicamente en el campo de protección, defensa y estudio de los derechos humanos. Asimismo, la CIDH ha recordado que la garantía de independencia es imprescindible para que las y los comisionados puedan contribuir efectivamente al acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Como condición para la credibilidad y efectividad de la CIDH, la independencia debe ser mantenida por las y los comisionados tanto en su dimensión personal como institucional.

Sin perjuicio del conocimiento de algunos aspectos del funcionamiento de la CIDH del embajador Hernández en su calidad de ex Representante Permanente de México ante la OEA, el candidato mexicano no reúne los mencionados requisitos para desempeñar, de forma plenamente independiente, la trascendental función de velar por el respeto y la protección de los derechos humanos como comisionado. El embajador es conocido y reconocido principalmente por el trabajo realizado en el proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, labor que las organizaciones reconocemos y que, precisamente por ese motivo es que consideramos que debería seguir realizando esas labores diplomáticas como representante de México.

Al respecto, incluso cuando los comisionados/as no votan en la resolución de casos individuales de sus países de nacionalidad, es importante recordar que todos ellos/as deciden sobre cuestiones tan fundamentales como las actividades de la CIDH en la región, las prioridades institucionales e internas, los estándares interamericanos en diversos rubros y la resolución de casos individuales de otros países, en los que se requiere independencia total de intereses gubernamentales para sentar precedentes que podrían después ser aplicados en casos mexicanos. De hecho, es importante mencionar que sigue aún abierta la discusión de fortalecimiento de la CIDH, en la cual se seguirán adoptando criterios sobre casos (admisibilidad, archivo, rezago, soluciones amistosas) así como de otras actividades relacionadas con el mandato de la Comisión Interamericana, (medidas cautelares, solicitudes de información de acuerdo al artículo 41 de la Convención Americana, audiencias, elaboración y contenido de informes, emisión y contenido de comunicados, etc.). Ese tipo de criterios tienen un impacto directo en una mayor o menor protección internacional.

En ese sentido, las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por el manejo político de las nominaciones a cargos de organismos internacionales. Tal y como lo manifestamos en septiembre de 2015 ante la nominación de un embajador en retiro al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, nos preocupa que el Estado mexicano busque silenciar las voces críticas y expertas a fin de tener un mayor control sobre los organismos internacionales de derechos humanos.

Asimismo, no pasamos por alto que este actuar del Gobierno Federal (no del Estado mexicano en su conjunto) se enmarca en los fuertes cuestionamientos que realizó México al informe sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país de la CIDH (No. OEA-03636), en el que estimó que la CIDH buscó sesgadamente acreditar violaciones a derechos humanos en su visita a México en octubre de 2015. En este sentido, vemos con preocupación que ante los constantes señalamientos de organismos internacionales sobre la grave crisis de impunidad y derechos humanos en México, el gobierno mexicano busque afectar la independencia de dichos organismos en lugar de acatar las recomendaciones de éstos con el fin de avanzar en el respeto y protección de los derechos humanos en México.

Por todo lo anterior, hacemos un llamado al gobierno mexicano a retirar la candidatura del embajador Joel Hernández a la CIDH, a postularle en algún puesto relacionado con su importante labor diplomática y a votar en la próxima Asamblea General de la OEA por candidatos y candidatas que reúnan los requisitos para integrar la CIDH durante los próximos cuatro años. Asimismo, hacemos un atento llamado al Senado de la República a que revise y evalúe las postulaciones que está realizando México en cualquier mecanismo u órgano internacional que tenga una repercusión en derechos humanos.


Firman:
Alianza Sierra Madre, A.C. (ASMAC)
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
Balance A.C., Promoción para el desarrollo y juventud
Bowerasa, A.C. Haciendo Camino
Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C.
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT)
Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD)
Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual, A.C.
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”
El Closet de Sor Juana A.C.
Fundación Arcoíris A.C.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.
Grupo Abogadas Demócratas
I(DH)EAS, Asociación de Litigio Estratégico A.C
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.
Instituto de Psicología Forense
Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C., Insyde
Jóvenes por una salud integral A.C.
Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos A.C.
Letra Ese A.C.
Mujeres por México en Chihuahua, A.C.
Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua)
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
Red por la Participación Ciudadana, A.C.
Red por los Derechos de la Infancia en México A.C., REDIM
Uno de Siete Migrando, A.C.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa,A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C.(CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yucatán); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C.(CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales yCulturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C.(SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)



martes, 14 de marzo de 2017

Posicionamiento sobre las actas de nacimiento en el estado de Chihuahua




A la Comunidad chihuahuense en general

Y en particular:

Al Gobierno del Estado de Chihuahua y a su Registro Civil.

A “El Heraldo de Chihuahua”, a “El tiempo”


Chihuahua, Chih. a 14 de Marzo del 2017.- Nos preocupan profundamente las interpretaciones pervertidas que se le han dado al concepto de filiación en las actas de nacimiento que se utilizan desde Mayo del 2016. La filiación no es otra cosa que el vínculo jurídico consanguíneo o civil de la persona registrada, lo que incluye a sus ascendientes y descendientes.

Consideramos importante reconocer el servicio que brindó la institución católica al registrar  los nacimientos, matrimonios y defunciones hasta bien entrado el siglo XIX. Sin embargo, parece que no han caído en cuenta aún de que esa atribución cesó desde entonces. Ahora la responsabilidad de todos los registros civiles son potestad del Estado. Y éste, en apego a la constitución política que lo regula, no puede hacerlo en un marco distinto que el de los derechos humanos y la república que representa.

Los Derechos Humanos NO son una moda, componen un marco objetivo de derecho, vinculante por completo al Estado mexicano desde la reforma constitucional del 2011. Integran múltiples acuerdos, convenios y pactos internacionales de Derecho y han costado la vida de miles de personas que han entregado su vida por defenderlos y ejercerlos.

Instamos al Registro Civil a no ceder un ápice de aquellos acuerdos federales a partir de los cuales podemos integrarnos con regularidad en la lógica del Registro Nacional. No estamos dispuestas a tener actas diferenciadas que luego nos obliguen a pagar más para que puedan certificarse de acuerdo a los lineamientos del Registro Nacional.

Consideramos que sería  una vergüenza inaudita que a Chihuahua se le conociera por una situación retrógrada de semejantes proporciones. Y a este respecto, le informamos a El Heraldo y a El Tiempo, los “medios de comunicación” que desde días pasados se han encargado de promover esta campaña de desinformación, alarmista y chocante, que estamos especialmente preocupadas y molestas por su forma de manipular la información. Una encuesta en línea con alrededor de 2000 votantes, no da cuenta en lo absoluto de la opinión generalizada de la población. Y el tema de este cambio en las actas, a todas luces justificado jurídicamente, no había suscitado mayores comentarios hasta que ustedes, perversamente han buscado alarmar y generar miedo. Es una pena que a falta de argumentos utilicen precisamente el miedo para azuzar.

Por un estado completamente laico, por una nueva sociedad justa, igualitaria y libre.

Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Colectivo Epistémico de Teoría Crítica de Chihuahua
Círculo de Estudios de Género, A.C.
Ecos de Mirabal
Fátima, I.B.P.
Grupo Abogadas Demócratas
Grupo Feminista 8 de marzo
Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas
Justicia para Nuestras Hijas
Kakúm Colectiva
Mujeres Barzonistas
Mujeres por México en Chihuahua, A.C.
Observa Ciudadan@, Observatorio para el Acceso a la Información Pública
Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua)
Red Mesa de Mujeres en ciudad Juárez
Red por la Participación Ciudadana
Transforma, A.C.

martes, 7 de marzo de 2017

En la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres

  • Es urgente combatir las violencias machistas y la prevención de feminicidio


En 1910, Clara Zetkin en la Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora, realizada en Copenhague, declaró el 8 de marzo “Día de la Mujer Trabajadora”, en memoria de más de cien mujeres que durante la demanda de derechos laborales, morían tras un incendio en fábrica de Nueva York en 1857. Años más tarde, la Organización de las Naciones Unidas, proclamarón el 8 de marzo como el  “Día Internacional de la Mujer”. 

A lo largo de la historia los derechos de las mujeres han estado cuestionados y negados, sin embargo a pesar de las circunstancias adversas algunas mujeres sobresalen, en la literatura, Sor Juana Inés de la Cruz, en la ciencia Marie Curie, en la docencia Gabriela Mistral, en el movimiento de Independencia Josefa Ortiz de Domínguez y las Adelitas en la Revolución Mexicana.  Las mujeres siempre hemos estado presentes en la lucha por sus derechos, sin ser reconocidas y  pagando costos muy altos, ya sea por la triple o doble jornada con todo lo que implica para la condición vital de las mujeres, hasta el reclamo constante de que al dejar su espacio tradicional, la familia se ve desintegrada y con ello en graves consecuencias y riesgos para la sociedad.

Las organizaciones que trabajamos con el objetivo de construir un mundo donde las mujeres dejen atrás la inequidad y la injusticia y accedan plenamente a sus derechos, hacemos un llamado a todas y todos para combatir la cultura machista que produce violencia; al Estado en sus diferentes niveles llamamos al acatamiento de los ordenamientos garantistas nacionales e internacionales a favor de los derechos de las mujeres para el acceso a una vida libre de violencias.

Existe una gran preocupación  porque continúan produciéndose desapariciones de mujeres y cometiéndose delitos contra ellas, y porque las medidas adoptadas son insuficientes para concluir con éxito las investigaciones de los casos y enjuiciar y castigar a los culpables, así como para brindar a las víctimas y sus familias acceso a la justicia, protección e indemnizaciones. Preocupa especialmente   que, hasta la fecha, las medidas adoptadas no han logrado evitar la comisión de nuevos delitos.

Solicitamos de manera urgente que el Gobierno del Estado garantice que la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres cuente con la autoridad necesaria, así como con recursos humanos y financieros suficientes, para permitirle cumplir su mandato.

Asimimo, que se garanticen las medidas necesarias para prevenir, castigar y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas en las instituciones educativas públicas, con el objetivo de erradicar los feminicidios en la entidad; además, que se investiguen diligentemente los homicidios de las mujeres defensoras de derechos humanos.

Es de alta prioridad que el Estado genere y articule políticas públicas adecuadas e integrales para el cuidado de las niñas y niños de todas las edades y así garantizar la posibilidad del goce de los derechos laborales y educativos de las mujeres trabajadoras y estudiantes.

Que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social realice la adecuada vigilancia e inspección en los diferente lugares de trabajo, sobre todo en aquellos donde las mujeres cuentan con salarios de hambre, exceso de horas laborales y ausencia de prestaciones sociales.

Conmemorar un 8 de marzo es verdaderamente un motivo de júbilo y reflexión, por un lado vemos al 50% de mujeres en las Secretarias de Estado como funcionarias de primer nivel, 17 mujeres de 33 curules en el Congreso local; rebasamos la paridad y estamos representadas con más del 50%, 10 regidoras en el municipio de Chihuahua, vemos a cada vez más mujeres como magistradas y juezas; así como una importante cantidad de consejeras electorales; hemos constatado avances considerables en las implementación de políticas públicas con perspectiva de género, vemos a muchas de mujeres ejerciendo su derecho a decidir; ante estos logros tenemos la esperanza y de que con el concurso de muchísimas más mujeres dando la batalla por la conquista de los derechos que nos han  sido negados estaremos en condiciones de construir ese mundo de iguales con el que hemos soñado.

En la actitud crítica no queda más que entrar en la reflexión obligada y necesaria del actuar de las mujeres en el ejercicio público y surgen dudas y preguntas del cómo impacta en el quehacer social  el arribo de otras mujeres en la escena política nos referimos en concreto a aquellas que no tienen conciencia de género y que son meramente una representación simbólica y que su actuación en la escena política es para obedecer y seguir perpetuando al sistema patriarcal.

Esta fecha es para reflexionar y seguir avanzando en la conquista de todos los derechos para todas y todos. 

Finalmente, en este importante día queremos reconocer el trabajo de millones de mujeres que han hecho de este país un lugar mejor, lleno de sueños, alegrías, amor y reivindicaciones de igualdad y derechos.


Movimiento de Mujeres en Chihuahua



miércoles, 1 de marzo de 2017

A 7 años del asesinato impune del defensor de derechos humanos Ernesto Rábago Martínez, la comunidad indígena de Baquéachi continúa exigiendo justicia




Chihuahua, Chih. a 1 de marzo de 2017.- A siete años del asesinato del defensor de derechos humanos Ernesto Rábago Martínez, sucedido dentro de las instalaciones de Bowerasa, la organización que coordinaba y que se dedica a la defensa del territorio ancestral indígena, su muerte continua impune.

Para Bowerasa, el licenciadobago Martínez, era el que estaba ahí, el que sabía el siguiente paso a dar en la defensa de los pueblos indígenas, tal como él lo expresó: “la comunidad  indígena de Baquéachi está determinada a seguir defendiendo, con estricto apego a la ley, la integridad de su territorio… aún queda mucho camino para lograr el respeto a la integridad de su territorioel cumplimento y la conservación de sus normas internas, de sus usos y costumbres. Ernesto, fue un defensor de los derechos humanos, al lado de su compañera Estela Ángeles Mondrágon, quién continua dirigiendo Bowerasa y acompañando a las y los indígenas en la defensa del territorio.

Desde hace más de 89 años la comunidad rarámuri ha trabajado con mucho amor y decisión por cuidar y defender el territorio, obteniendo grandes logros sentando precedente a nivel nacional con 34 juicios restitutorios ganados y 29 sentencias ejecutadas a cabalidad; la última sentencia ejecutada fue el pasado 17 de enero, en favor de ejido de Baquéachi, en la que una vez más se reconoció a la comunidad indígena como legítimos y verdaderos dueños del territorio.

Estela Ángeles Mondragón y algunos integrantes de las comunidades que ella representa, han sido amenazados y agredidos en varias ocasiones por su tenaz defensa del territorio en el estado de Chihuahua. Ello ha motivado que a la abogada Ángeles le hayan sido otorgadas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se le haya incorporado al Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; varias organizaciones locales y nacionales han respaldado y reconocido el trabajo realizado, dando testimonio de su integridad, transparencia y honestidad.

Además de los riesgos y el cobarde asesinato de Ernesto Rábago, la comunidad indígena ha sufrido diversas invasiones que han empobrecido su tierra: los invasores han metido ganado que se ha ido acabando los pastizales y el agua; se han apoderado de sus mejores tierras de siembra, lo que ha fragilizado la paz comunitaria y hundido en la precariedad económica.

La entrega de Ernesto Rábago por la causa de las y  los hermanos rarámuri, queda en sus vidas y en Bowerasa por siempre y es reconocida con el respeto, el amor y la estima que siempre le han  tenido. Ayer como ahora, continuaremos exigiendo verdad y justicia por el asesinato del defensor de derechos humanos de los Pueblos Indígenas.

 “En algún lugar de este mundo quiero que mi pueblo indio sea oído, no importa cuán pequeño sea el grupo. Todos tienen el derecho a ser quienes son” Phillip Deere.