viernes, 26 de septiembre de 2014

TPP y violencia de género: Estado y democracia en entredicho

Liga: http://www.jornada.unam.mx/2014/09/26/opinion/023a2pol
Por: Víctor Quintana Silveyra

Lo que se denunció y sentenció en Chihuahua debe ser difundido a los cuatro vientos. Cuando en un espacio, así sea sólo simbólico y de conciencia, se escuchan casos como los presentados en la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre Feminicidio y violencia de género este principio de semana, es deber de conciencia informar, indignar.
Dos días fueron insuficientes para que tanta mujer de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Chiapas, Guerrero, Sinaloa y otros estados virtiera sus agravios ante las conmovidas jueces. Éstas leyeron la sentencia final junto a la Cruz de Clavos, memorial de las mujeres asesinadas, frente al palacio de gobierno, en cuya acera está la placa que señala el lugar donde cayó asesinada Marisela Escobedo, cuando protestaba por el feminicidio de su hija Rubí.
El vértice donde confluyen las acusaciones de las víctimas y la sentencia de las jueces es el Estado mexicano: la insensibilidad de sus funcionarios, la visión patriarcal y sexista que lo permea, el laissez faireo plena sumisión ante los poderes económicos, políticos y fácticos, la impunidad que prohíja, convierten al Estado en el actor que propicia, reproduce, la violencia de género en todas sus formas: sexual, institucional estructural, feminicidio, laboral, criminalización de defensoras de derechos humanos y periodistas.
Claman las madres, las familias de los asesinados, desaparecidos por la violencia de la sucia guerra contra el crimen organizado. Tan sólo en Cuauhtémoc 350 personas desaparecidas en los últimos años. La señora Muñoz narra entre sollozos cómo un comando de uniformados se llevó a los ocho varones adultos de su familia que celebraban el Día del Padre de 2011. Los casos se repiten con la misma constante: el Estado como principal responsable, ya sea porque fueron sus cuerpos militares o policiacos quienes desaparecieron o mataron a las personas, o quienes dieron cobertura a los delincuentes, o porque ha sido omiso en investigar y castigar.
El feminicidio, visibilizado primero en Juárez y luego en todo México, es un estrujante réquiem narrado por la polifonía de mujeres de varios estados de la República. El proceso que las familias siguen es semejante por doquier: denuncian, se tienen que tornar detectives, investigadoras, peritas forenses, prosecutoras, ante la inacción de las autoridades. El aparato estatal de procuración de la justicia es pasivo, si no cómplice, del crimen organizado, de los esposos y los novios que le entraron a la moda macabra de deshacerse definitivamente de la mujer que les estorba. Estremecen casos como el del arroyo del Navajo, en el valle de Juárez, donde fueron encontrados los restos óseos de 19 mujeres asesinadas brutalmente, varias de ellas capturadas por las redes de trata, invisibles para las autoridades.
Contra las mujeres que se ponen de pie, que se organizan, que reclaman, más que sus derechos, los derechos de otras y de otros, el Estado actúa con presteza inaudita. La hija de Nestora Salgado relata con lucidez el caso de su madre, presa y hostigada todos los días en el penal federal de Nayarit: luego de cumplir la labor de preservar la vida y el patrimonio de la gente, dirigiendo las autodefensas de Olinalá, es acusada y aprehendida por el mismo gobierno, impotente ante los criminales.
Siempre el mismo ciclo detrás de todas las acusaciones: 1) agresión de todo tipo a las mujeres y a sus comunidades: feminicidio,desapariciones forzadas, despojo de recursos naturales a las comunidades por mineras y megaproyectos, ataques del crimen organizado, violencia familiar; 2) ante la ausencia, negligencia o complicidad de las autoridades, respuesta organizativa desde abajo, sobre todo de las mujeres: defensoras de los derechos humanos, líderes comunitarias, familiares empoderadas de desaparecidas y desaparecidos, periodistas, defensoras de su vivienda ante las hipotecarias, sindicalistas, vendedoras ambulantes; y, 3) ahora sí, el Estado cómplice ante los poderosos, reacciona contra las mujeres que luchan y participan: detiene y encarcela, fuerza exilios como los de Cipriana Jurado y Marisela Reyes, permite que se hostigue a defensoras de derechos humanos, amenaza a periodistas, difama organizaciones de mujeres, libera órdenes de aprehensión contra deudoras de la banca, despide a las sindicalistas independientes, desaloja vendedoras ambulante. Reprime y criminaliza.
También con reformas legales el Estado agrede a las mujeres: aunque en muchos estados se han puesto en marcha leyes represivas contra las que deciden abortar; nuevos códigos de procedimientos que agilizan los desalojos de las viviendas; reformas energéticas que facilitan el despojo de territorios, aguas y recursos naturales de las comunidades indígenas y campesinas, sin considerar que son precisamente las mujeres quienes más cuidan, quienes más luchan por defender dichas comunidades.
La transición y la democracia se atascan o se pervierten en cuanto llegan a la encrucijada del género y de la raza. En la barbarie contra las mujeres el Estado opera como instrumento de una clase trasnacional privilegiada, revela su sustancia sexista y racista. Por eso la sentencia más justa de esta audiencia del TPP es que el Estado mexicano como es y actúa ahora debe ser condenado a desaparecer y refundado desde el pueblo, sobre las bases de equidad de género, de raza y de clase. Y que, ante el desdén sistemático de las instancias del gobierno mexicano a poner en práctica las recomendaciones de instancias como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, deben instituirse mecanismos que permitan una continua y sistemática regulación de las mujeres sobre los poderes políticos y económicos.

Mujeres como las que participaron en esta audiencia del TPP pueden hacer todo esto. Como víctimas demostraron su gran estatura moral y personal. Ninguna de ellas se ha estacionado en su muy justo dolor; todas se han convertido en sujetos de nuevos procesos, de demandas de justicia, de reconstrucción de su familia, de recreación de sus comunidades. Son mujeres para las que el Apocalipsis es pasado, y el presente, el Génesis.

BIENVENID@S A ESTA AUDIENCIA FINAL DEL TEMA “FEMINICIDIO, Y VIOLENCIA DE GENERO” DEL TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS.

Por: Víctor Quintana Silveyra

Bienvenid@s a esta audiencia síntesis, porque es en la violencia multiforme contra las mujeres donde el gran tema que trajo a México a este tribunal de conciencia, “Libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos” se condensa y a la vez se manifiestan los ejes de todas las audiencias: devastación del maíz y de la vida rural: migración y desplazamiento forzado; violencia contra las y los trabajadores; destrucción de los jóvenes y de las generaciones futuras; devastación ambiental, desinformación, censura y violencia contra los comunicadores, agresiones a las defensoras y defensores de los derechos humanos. En todos los casos son las mujeres en lo individual o en lo colectivo las más vulneradas.

Bienvenid@s a Chihuahua, eslabón débil, donde el capitalismo global ha venido a solucionar sus crisis hundiéndonos en peores crisis, económica, social, de seguridad humana, ambiental.

Bienvenid@s a esta sociedad vulnerabilizada, violentada, por la crisis social causada por el neoliberalismo y el libre comercio: el modelo de industrialización maquilera ha reducido a las mujeres a la condición de fuerza trabajo desechable; las ha sometido al hostigamiento de jefes, supervisores, cónyuges, parejas. Les triplica la jornada que no el jornal por los extenuantes traslados, la precariedad de las viviendas. Pocas mujeres trabajan tanto, se desgastan tanto, como las de acá.

Bienvenid@s a la tierra que visibilizó el feminicidio y a pesar de ello van más de 2 millares de mujeres asesinadas desde 1993, al estado que ocupa el segundo lugar nacional en violaciones denunciadas y en embarazos de adolescentes y el cuarto lugar del país en violencia doméstica. Al estado cuyas cinco principales ciudades se encuentran entre las quince peores ciudades para ser mujer en México.

Bienvenid@s a la crisis social provocada por la apertura comercial indiscriminada y por el afán de insertarnos en la globalización compitiendo por los peores salarios y condiciones de trabajo, lo que nos coloca como los peores de la Frontera Norte; a la entidad que por seis años ocupó el primer lugar nacional en suicidios y donde hay el más alto porcentaje de jóvenes que mueren en accidentes, en donde hay varios miles de juicios para despojar a las familias trabajadoras de sus ya de por sí mínimas viviendas. Al estado donde se encuentran 10 de los municipios más pobres de México, todos ellos con alto porcentaje de población indígena; al que ocupa un terrible 28 lugar de 32 en el Índice de Desarrollo Humano de las Etnias.

Bienvenid@s al vasto campo chihuahuense, donde miles de productores han quebrado por la competencia de productos agropecuarios importados a precios dumping, por las altas tarifas de energía, por el desorden de los mercados que favorece a los acaparadores. Al estado donde se sembró primero y de manera clandestina el maíz transgénico para acabar con nuestra maravillosa gramínea. A la entidad, tercera en la República, en cuanto al porcentaje de su superficie concesionada a empresas mineras, sobre todo canadienses. Al estado donde hace años los bosques se depredaron y se arrebataron a las comunidades indígenas, dueñas primigenias de todos estos territorios. Donde hay un mayor porcentaje de acuíferos sobreexplotados por la codicia de un puñado de agricultores ricos.

Bienvenid@s, pues a este a este tan inmenso espacio y a la vez tan pequeño para la acumulación por despojo, para la codicia demencial del capitalismo extractivista.

Bienvenid@s a Chihuahua, el estado donde la sucia guerra contra el narcotráfico se convirtió en una guerra contra la población civil, sobre todo contra los jóvenes. En donde tan sólo entre 2008 y 2012 se perpetraron entre 16 mil 500 y 18 mil asesinatos dolosos, uno de cada cinco que se cometieron en toda la Nación. Donde llegamos a tener la más alta tasa del planeta en homicidios por cien mil habitantes, con 149 en el año 2010. A la parte de México donde se cuentan por lo menos millar y medio de desapariciones forzadas; al rincón de la patria donde es más peligroso ser joven y ser pobre.

Bienvenid@s a las consecuencias de esa insensata guerra que nos dejó 10 mil huérfanos, 230 mil desplazados y alrededor de cien mil empleos perdidos. A la guerra y a la posguerra que han significado más sufrimiento para las mujeres, que quedan como responsables de sus hijos, de sus sobrinos, de sus nietos huérfanos. Donde además de los cientos de mujeres asesinadas, hay que considerar as torturada, desaparecida. Las que han sido botín de guerra para uno y otro bando. De Chihuahua han tenido que pedir asilo político en los Estados Unidos más mujeres amenazadas por criminales, soldados y policías, que hombres. Son las mujeres también las que más sufren la situación de guerra y de ocupación de sus comunidades por parte del crimen organizado. Las que viven la pesadilla de poder ser objeto del deseo o del simple capricho de los narcos y sicarios que dominan las comunidades rurales.

Bienvenid@s al estado más autoritario y al antepenúltimo lugar en el índice de desarrollo democrático: a aquel cuyo gobierno ocupa el primer lugar nacional en endeudamiento público. A donde no existe la separación de poderes, ni la transparencia ni la rendición de cuentas. Donde se persigue a las voces críticas y a las organizaciones de la sociedad civil.

Bienvenid@s, en resumen, casi podríamos decir como el EZLN, bienvenidos a la pesadilla. Perdonen que esto parezca, como diría Joseph Conrad cuando visitó la esclavitud en el Congo Belga, un viaje “al corazón de las tinieblas”…por eso no terminamos aquí esta bienvenida.

Porque también Chihuahua ha sido hace muchos años tierra que se rebela a la muerte y a la destrucción , aun al precio de la propia vida como lo mostraron hace ya 49 años los jóvenes guerrilleros del ataque a Madera, cuyo 49 aniversario conmemoramos en dos días.

Les decimos también bienvenid@s a Chihuahua donde las comunidades rarámuri como las de Bakéachi, Wawachérare, Choréachi, Repechique, Huitosachi y Bacajípare mantienen gallardas luchas en defensa de sus territorios. Bienvenid@s a la lucha abonada con la muerte de Ernesto Rábago.

Bienvenid@s con orgullo les decimos a la tierra marcada paso a paso, cruz a cruz, por el caminar indignado de las Mujeres de Negro con su grito de “Ni una más!”, al asfalto marcado por la sangre de Marisela Escobedo y las lágrimas de madres, hermanas e hijas de las desaparecidas. A los afanes de las incansables organizaciones de mujeres.

Bienvenid@s a la amplia geografía de los combates campesinos en defensa de sus tierras, de su maíz, de su agua, de sus recursos naturales, de sus cosechas. Bienvenid@s al lugar del generoso sacrificio de Ismael Solorio y Manuelita Solís.

Bienvenid@s a la brega cotidiana de las y los derecho humanistas, de quienes han acompañado familias, madres, hijos de desaparecidos, de mujeres violentadas, de muchachos encarcelados y torturados. Bienvenid@s a las calles marcadas por las protestas de quienes defienden su vivienda o su espacio de un metro cuadrado para expender su mercancía, de las marchas sin fin de sindicalistas y trabajadores que reclaman sus derechos. De las y los médicos que se han rebelado contra la violencia que llega hasta su mesa de operaciones.

Bienvenid@s al lugar donde sobre todo las mujeres han tenido el valor, la inteligencia y la capacidad de narrar el horror, de relatar las violencias, de documentar las esperanzas. Bienvenidos a los espacios lúdicos de denuncia y anuncio, de creatividad y de música que construyen los jóvenes defendiéndose de la exclusión, convencidos de que otro mundo es posible.

Bienvenid@s a esta sesión que se logró gracias a la entrega y a la energía que sacó donde pudo esa querida mujer que ahora nos acompaña y que ha hecho del Tribunal Permanente de los Pueblos una gran razón para vivir: Emilia González, Luchadora de toda la vida, cristiana de convicción, pionera de las luchas por los derechos humanos y de la democracia en Chihuahua y en México, cofundadora de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC). Denunciante con valentía de los abusos del Ejército en la Sierra Tarahumara en los ochentas y noventas; de las desapariciones forzadas, que también involucran a las Fuerzas Armadas en años recientes.

Bienvenid@s señoras y señores jueces, garantes, denunciantes, ciudadanas, ciudadanos, organizadores. Que la celebración de esta audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos en Chihuahua nos haga ver que con nuestras luchas, con nuestros sueños, con nuestro amor, en medio de estas violencias, esta destrucción, estas crisis, brota con sangre, sudor y lágrimas, lo que Ernst Bloch lamó “el principio esperanza”.




miércoles, 10 de septiembre de 2014

Carta participación en el proceso de revisión de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas

México, 8 de septiembre de 2014


Sr. Emmanuel Decaux
Presidente
Comité contra las Desapariciones Forzadas
P R E S E N T E


Ref.: Participación en el proceso de revisión de la Convención Internacional
para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas


Distinguido Presidente:

Reciba un cordial saludo de las organizaciones que suscribimos este documento. Por medio de la presente nos dirigimos a Usted con el fin de solicitar su atención y apoyo para garantizar la adecuada participación de los familiares y organizaciones que acompañamos a víctimas desaparecidas, en el marco del proceso de revisión del informe periódico del Estado mexicano al Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, de conformidad con el artículo 29 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Como es de su conocimiento, los procesos de participación de la sociedad civil (y, muy particularmente de los familiares de personas desaparecidas) son nodales para garantizar una adecuada rendición de cuentas y para que se les escuche a quienes deben tener la centralidad en los órganos de protección internacional. Igualmente, la participación forma parte de un proceso de reparación muy necesario para los familiares que no han obtenido verdad, justicia ni reparación por la desaparición de su ser querido y por la ausencia de medidas estructurales tendientes a garantizar mecanismos efectivos de búsqueda, identificación de restos, protección de familiares y sujetos procesales, así como de identificación y sanción de los responsables.

Esto es aún más importante si se toma en cuenta que el Estado mexicano aún no ha reconocido la competencia del Comité para actuar de conformidad con los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional.

Es de nuestro conocimiento que ha habido experiencias interesantes en las que se usan las tecnologías de la comunicación y se adoptan otras medidas para facilitar la participación en todas las etapas del proceso en las que se adoptarán determinaciones importantes respecto de la revisión del informe presentado por el Estado mexicano.

Por ello, y sabiendo que en México podría existir esta posibilidad, queremos solicitarle que valore la pertinencia de usar sus buenos oficios para instar y garantizar los recursos y medios disponibles para que se garantice la presencia y participación adecuada de los familiares y las organizaciones desde esta fecha hasta la finalización de la revisión del informe y el seguimiento del mismo.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle las muestras de nuestra consideración.


Atentamente,


Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México ¡Alzando voces! (COFADDEM)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro PRODH)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C.
Colectivo por la Paz de Xalapa
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)
Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos/as en Nuevo León
Fundación Diego Lucero
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Fundar Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR)
H.I.J.O.S México
Justicia para Nuestras Hijas, A.C.
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD)
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.












c.p.p.   Integrantes del Comité contra las Desapariciones Forzadas. Para su conocimiento y atención.


Javier Hernández Valencia. Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mismos fines.

Carta relacionada con los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas

8 de septiembre de 2014

Sr. Enrique Peña Nieto
Presidente de la República
Estados Unidos Mexicanos
P R E S E N T E


Ref.: Aceptación de competencia del Comité de Desaparición Forzada de Personas,
Confirme a los artículos 31 y 32 de la Convención


Señor Presidente:

Las familias de personas desaparecidas y las organizaciones de derechos humanos que les acompañamos nos dirigimos a Usted en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas y de la presentación del segundo informe de gobierno para pedirle una acción de su parte que abonará en una mayor protección, respeto y garantía de los derechos de las personas desaparecidas.

El Estado mexicano ha señalado que “La atención a la problemática de personas desaparecidas es un compromiso que ha asumido el Gobierno de México”[1]. En tal sentido, una muestra de ese compromiso asumido públicamente con esta grave problemática sería la aceptación de la competencia para las facultades previstas al Comité contra la Desaparición Forzada que están previstas en los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Las disposiciones antes mencionadas son de suma importancia para respetar la integralidad de la Convención en su conjunto, al facultar al Comité a recibir comunicaciones por violaciones a la Convención, bien sean que se presenten por individuos o por Estados, respectivamente. Así, el artículo 32 reconoce las comunicaciones o denuncias interestatales, mientras que el artículo 31 de la Convención establece lo siguiente:

Artículo 31
1. Cada Estado Parte podrá declarar, en el momento de la ratificación o con posterioridad a ésta, que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por este Estado Parte de las disposiciones de la presente Convención. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración.

2. El Comité declarará inadmisible cualquier comunicación si:
a) Es anónima;
b) Constituye un abuso del derecho a presentar tales comunicaciones o es incompatible con las disposiciones de la presente Convención;
c) La misma cuestión está siendo tratada en otra instancia internacional de examen o arreglo de la misma naturaleza; o si
d) Los recursos internos efectivos disponibles no han sido agotados. Esta regla no se aplica si los procedimientos de recurso exceden plazos razonables.

3. Si el Comité considera que la comunicación responde a las condiciones establecidas en el párrafo 2 del presente artículo, la transmitirá al Estado Parte interesado y le solicitará que le proporcione, en un plazo que habrá de fijar el Comité, sus observaciones y comentarios.

4. En cualquier momento tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una decisión sobre el fondo, el Comité podrá dirigir al Estado Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud de que adopte las medidas cautelares necesarias con miras a evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación. El ejercicio de esta facultad por el Comité no implica juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación.

5. El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas en el presente artículo. El Comité informará al autor de la comunicación sobre las respuestas proporcionadas por el Estado Parte de que se trate. Cuando el Comité decida poner término al procedimiento, comunicará su dictamen al Estado Parte y al autor de la comunicación.

Como es de su conocimiento, el rol de México fue central para la discusión y adopción de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la cual fue finalmente adoptada en 2006. México no sólo participó de manera activa en las discusiones sobre la elaboración de la Convención, sino que lo hizo “también en nombre del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe”[2].

Asimismo, el Estado mexicano fue uno de los primeros países en el mundo en haber firmado y ratificado ese tratado[3]. Hoy en día, muchos casos de desapariciones no se denuncian en nuestro país por miedo, estigmatización, falta de sensibilidad o desconfianza a las autoridades, entre otros obstáculos. No obstante, en la mayoría de las denuncias que se presentan –más de 22 mil en el país, según han sido reconocidas recientemente por la Secretaría de Gobernación[4]- no existen mecanismos efectivos de búsqueda, identificación de restos, protección de familiares y sujetos procesales, así como de identificación y sanción de los responsables, entre otros. Por otra parte, no hay coordinación ni mecanismos trasnacionales que garanticen acciones de búsqueda e investigación para los casos de personas migrantes desaparecidas[5].

En ese contexto, se hace más apremiante el reconocimiento del derecho de los familiares, organizaciones y víctimas de presentar comunicaciones o denuncias por violaciones de derechos humanos relacionadas con desapariciones forzadas, bajo los requisitos establecidos en la misma Convención Internacional.

Los familiares de personas desaparecidas y las organizaciones que les acompañamos consideramos que este es un ejemplo más de la falta de congruencia entre la política interior y la exterior en México, lo cual imposibilita que se hagan realidad los derechos irrenunciables a la verdad, justicia y reparación en casos de desapariciones forzadas.

El derecho a la justicia va más allá de las formalidades nacionales y debe posibilitar a las víctimas de violaciones de derechos humanos a acudir a cuantas instancias internacionales consideren pertinentes en busca de protección, justicia y reparación cuando las autoridades mexicanas no cumplen con su mandato, lo cual es lo que ocurre hoy en México.

Por otra parte, no obsta recordar que, dentro del proceso del Examen Periódico Universal (EPU), varias de las recomendaciones se dirigieron a que México acepte las competencias antes mencionadas. Lamentablemente, el Estado mexicano presentó su escrito de respuesta en marzo pasado respecto, en donde las aceptó parcialmente con el argumento de que actualmente existe la vía del Sistema Interamericano para las víctimas[6]. En tal sentido, quienes suscribimos esta carta reconocemos el gran aporte del Sistema Interamericano pero sabemos que ello no debe ser un obstáculo para garantizar las mayores posibilidades de una protección internacional a las víctimas cuando las instituciones del Estado fallan en sus obligaciones de respeto y garantía.

Por ello, urgimos a que tome todas las medidas que sean necesarias para que México acepte a la brevedad las competencias ya explicadas. La democracia en México y la nueva visión en materia de derechos humanos implican mayor apertura y transparencia hacia el ámbito internacional y la posibilidad de otorgar a las víctimas todos los medios existentes para tener la verdad, justicia y reparación de sus familiares desaparecidos.


Atentamente,

Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México ¡Alzando voces! (COFADDEM)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro PRODH)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C.
Colectivo por la Paz de Xalapa
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)
Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos/as en Nuevo León
Fundación Diego Lucero
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Fundar Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR)
H.I.J.O.S México
Justicia para Nuestras Hijas, A.C.
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD)
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.

















c.c.p.    Angélica de la Peña Gómez. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Senado de la República. Para su conocimiento y atención.

Gabriela Cuevas Barrón. Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Senado de la República. Mismos fines.

Laura Angélica Rojas Hernández. Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. Senado de la República. Mismos fines.

Miguel Ángel Osorio Chong. Secretario de Gobernación. Mismos fines.

José Antonio Meade Kirubreña. Secretario de Relaciones Exteriores. Mismos fines.

Integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Para su conocimiento.

Javier Hernández Valencia. Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mismos fines.




[1] Cfr., SRE. Respuesta de México a las recomendaciones del Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, pág 4. Disponible en:  http://www.sre.gob.mx/images/stories/docsdh/2014/marzo.pdf
[2] Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Grupo de Trabajo entre períodos de sesiones, de composición  abierta, encargado de elaborar un proyecto de instrumento normativo  jurídicamente vinculante para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Doc. ONU E/CN.4/2006/57, de 2 de febrero de 2006, pág. 54.
[3] México firmó la Convención el 6 de febrero de 2007 y la ratificó el 18 de marzo de 2008.
[4] Ver, entre otros, Animal Político (El Universal). Hay 22 mil 322 personas no localizadas en México; van 9 mil 790 con EPN. Nota de 22 de agosto de 2014. Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2014/08/existen-22-mil-322-personas-localizadas-en-mexico-9-mil-790-fueron-reportadas-este-sexenio/
[5] Ver párrafo 166, página 79 sobre la necesidad de un mecanismo transnacional de búsqueda para familias de migrantes centroamericanos en Informe del relator especial sobre los derechos de los migrantes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México. Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/Informe-Migrantes-Mexico-2013.pdf
[6] En ese proceso, la justificación para no aceptar ambas competencias fue la siguiente:

Sobre el artículo 31 de la Convención México toma nota y se encuentra evaluando la posibilidad de aceptar la competencia para comunicaciones individuales, si bien actualmente la gran mayoría de las peticiones individuales relativas a presuntas violaciones a los derechos humanos son presentadas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En cuanto al artículo 32 de la Convención, ver la argumentación sobre la recomendación 148.4.

Cfr., SRE. Respuesta de México a las recomendaciones del Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, supra nota 1, pág. 2.