- Son 3,763 días sin justicia para Rubí Frayre y 2,922 días de impunidad para Marisela.
- Es urgente adoptar medidas para proteger
a personas defensoras de derechos humanos y cumplir con las
recomendaciones internacionales para garantizar a niñas y mujeres vidas
libres de violencias
Chihuahua,
Chih., 16 de diciembre de 2018. Hace ocho años, la prensa local, nacional e
internacional informaron sobre un trágico acontecimiento: una madre que días
antes había iniciado una huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno de
Chihuahua había sido asesinada mientras corría a refugiarse a ese edificio para
salvar su vida. Ese fue el final de una mujer valiente que, como muchos
familiares en Chihuahua y en México, ponen en peligro sus vidas para exigir
justicia, verdad y reparación por sus seres queridos asesinados y
desaparecidos.
Marisela Escobedo dejó su profesión de
enfermera para convertirse en la principal investigadora de la desaparición de
su hija Rubí Marisol
Frayre Escobedo, ocurrida en agosto de 2008. Gracias a
las evidencias recabadas por ella, se pudo determinar que Rubí fue asesinada
por su pareja, Sergio Rafael Barraza Bocanegra,
quien ya se encontraba prófugo. Fue entonces que Marisela, como muchas madres
en nuestro país que hacen labores de búsqueda en condiciones de alto riesgo,
logró ubicarlo y solo por ello pudo ser detenido y enfrentar un juicio en el
recién estrenado sistema de justicia penal. No obstante, el 30 de
abril de 2010 un tribunal de juicio oral absolvió al asesino que
libremente había confesado su participación en la desaparición y homicidio de Rubí.
A
partir de un recurso de apelación interpuesto, se logró una sentencia
condenatoria por 50 años pero Sergio Rafael ya había sido liberado. Para la
vergüenza de las autoridades, Marisela demostró que, cuando existe voluntad y
debida diligencia, se puede avanzar en una parte de la justicia: ella, con sus
propios y escasos medios, había encontrado en tres ocasiones distintas a Sergio
Rafael y había exigido su detención por parte de las autoridades de Chihuahua.
El
amor de Marisela por su hija y la exigencia de justicia la hicieron recorrer el
país encabezando marchas; se reunió con autoridades de los tres niveles de
gobierno; denunció la colusión entre autoridades y el narcotráfico; y enfrentó
amenazas de muerte. Con clarividencia escalofriante, Marisela advirtió que
sería asesinada si las autoridades no hacían algo para protegerla.
Luego
de su asesinato, el riesgo se extendió a la familia: su cuñado Manuel Monge fue
asesinado y su familia nuclear tuvo que huir de México. A la fecha, no existe
una investigación penal abierta por la serie de amenazas y agresiones que
llevaron a la familia a solicitar asilo político en el extranjero. Tampoco
existe un avance sustancial en el cumplimiento de la Recomendación 44/2013 emitida
el 28 de octubre de 2013 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) por estos hechos y aceptada por el Gobierno de Chihuahua.
Lamentablemente,
el asesinato de Rubí y Marisela no son la excepción: vivimos en un contexto en
el que persiste la violencia feminicida y no se han adoptado medidas eficaces
para erradicarla. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP), en 2015 se registraron oficialmente 407
feminicidios en México; en 2016 fueron 585; en 2017, 736; y hasta octubre de
2018 se habían documentado 706. En ese último periodo, para Chihuahua el SESNSP
había informado de 44 feminicidios, pero el subregistro subyace en tanto
organizaciones como Justicia para Nuestras Hijas han registrado 91 feminicidios
hasta septiembre de este año.
Aún con esa discrepancia, y retomando cifras oficiales, en
proporción a su población Chihuahua es el segundo estado con mayor número de
feminicidios registrados, solo superado por Baja California. Es por ello que en
las observaciones finales emitidas el 25 de julio de este año, el Comité de la
CEDAW ha reiterado como cuestión prioritaria su recomendación para garantizar
investigaciones eficaces en casos de violencias de género que tiendan al
enjuiciamiento y sanción de los responsables y ha urgido a la adopción de “medidas
de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las
desapariciones forzadas de mujeres, en particular combatiendo las causas
profundas de esos actos”. El Comité CEDAW también ha insistido en la
tipificación adecuada del delito feminicidio y que el Estado mexicano “[r]efuerce los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre la
violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los feminicidios, y las
desapariciones forzadas, desglosados por tipo de violencia y relación con los
perpetradores”. Todas esas recomendaciones son vigentes para Chihuahua.
En
este año se conmemora el vigésimo aniversario de la Declaración de Personas Defensoras de Derechos Humanos de la ONU. El
caso de Marisela Escobedo se suma a más de 25 homicidios de quienes defienden derechos
humanos en Chihuahua, por lo que la Recomendación General 25/2016 de la CNDH ha
ubicado a la entidad en el primer lugar en este tipo de agresiones. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre la Situación de
los Defensores de Derechos Humanos de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos y
la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos se han sumado al llamamiento de garantizar tanto protección a
personas defensoras como justicia en casos de agresiones, incorporando la perspectiva
de género en casos de mujeres defensoras.
Por
todo lo anterior, en el marco del octavo aniversario del asesinato de Marisela
Escobedo:
1. Reivindicamos la lucha de Marisela
Escobedo quien dio su vida con la esperanza de que el feminicidio de su hija Rubí
Freyre fuera el último en Chihuahua y en México.
2. Recordamos que el caso se mantiene en
total impunidad, por lo que demandamos una investigación exhaustiva, imparcial
y oficiosa del crimen de Marisela Escobedo, y de todos los asesinatos y
agresiones contra personas defensoras de derechos humanos.
3. Exigimos el avance inmediato de las
investigaciones por los hechos que forzaron a la familia de Marisela Escobedo a
solicitar asilo político, así como el cumplimiento total de la Recomendación
44/2013 de la CNDH.
4. Urgimos el cumplimiento de las
recomendaciones del Comité de la CEDAW, que incluyen la adopción de medidas eficaces
para proteger, prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra
las niñas y mujeres en el estado de Chihuahua.
5. Demandamos la adopción de medidas de
protección efectivas para que las personas defensoras de derechos humanos en
Chihuahua realicemos nuestra labor en condiciones de libertad y seguridad. Ello
incluye el cumplimiento total del plan de contingencia de Chihuahua, aprobado
por la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Firmantes:
Centro de Derechos Humanos de las
Mujeres, Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, Uno de Siete Migrando,
Mujeres por México, Red por la Participación Ciudadana, Grupo Feminista 8 de
Marzo, Movimiento Estatal de Mujeres.
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