· El emblemático caso de la
defensora de derechos humanos, asesinada mientras exigía justicia para su hija
víctima de feminicidio, inició su trámite ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), al notificar al Estado mexicano sobre la denuncia
interpuesta en su contra.
Chihuahua, México y San
José, Costa Rica, 2 de noviembre de 2020- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al
Estado mexicano la denuncia interpuesta en su contra por el feminicidio de Rubí
Fraire Escobedo y por el asesinato de Marisela Escobedo, éste último acontecido
en diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, cuando
desarrollaba una fuerte campaña exigiendo justicia para su hija Rubí y otras
víctimas de feminicidio.
Este caso se ha dado a conocer
ampliamente con la emisión del documental “Las tres muertes de Marisela Escobedo”, el cual se estrenó este mes
de octubre a través de la plataforma Netflix. Su historia cobra especial
relevancia en el contexto actual mexicano, que tan sólo en el mes de junio
registró cifras récord de feminicidio, con un promedio de 10.3
crímenes de mujeres por día.
La petición (denuncia
internacional) fue presentada ante la CIDH en junio de 2019 por la familia de
Marisela Escobedo, y las organizaciones acompañantes: el Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL) y la organización Mexicanos en el Exilio. Al trasladar al Estado
mexicano la petición, la Comisión le otorgó un plazo de tres meses para remitir
sus observaciones.
Para las representantes, el
inicio del trámite en la CIDH es un avance en un largo camino por la justicia. “Llevar el caso de Marisela al
Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un compromiso con su familia y
con su lucha; pero también es la vía para exigir al Estado que reconozca su
responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos que se vienen
cometiendo particularmente en el Estado de Chihuahua”, indicó Ruth Fierro, directora de
CEDEHM.
“El pronto traslado de la
petición por parte de la Comisión muestra que este caso es prioritario y
emblemático de las deudas del Estado mexicano en materia de derechos de las
mujeres. No sólo porque refleja la continua impunidad persistente en los casos
de feminicidio, sino también por la falta de garantías de protección de las
familias de las víctimas que buscan justicia, quienes se convierten en
defensoras de derechos humano enfrentando un sistema corrupto y cruelmente
articulado con poderes fácticos”, agregó Vanessa Coria, coordinadora jurídica de
CEJIL.
Las organizaciones esperan que,
tras la respuesta del Estado, la CIDH decida admitir el caso y que
posteriormente encuentre responsable internacionalmente a México por la
violación de los derechos humanos de Rubí Fraire, Marisela Escobedo y su
familia. Con ello, esperamos que la caminata por el fin de la impunidad, que
emprendió Marisela en 2010 continúe avanzando hasta alcanzar justicia.
Los hechos del caso
Rubí Fraire, de 16
años, desapareció a fines de agosto de 2008. Ante la falta de avances en la
investigación, su madre, Marisela Escobedo, dejó todo para convertirse en
investigadora y defensora de derechos humanos. A partir de los antecedentes que
recabó de manera independiente, se determinó que Rubí fue asesinada por su
pareja sentimental, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien por entonces ya
había huido de Chihuahua.
Gracias a los esfuerzos
de Marisela se logró capturar a Barraza, sin embargo, el proceso judicial
terminó absolviéndolo. Posteriormente, en la Sala de Casación se logró una
sentencia condenatoria, pero Sergio había vuelto a escapar. Fue entonces cuando
Marisela comenzó una lucha incansable para exigir la aprehensión del asesino de
su hija y emprendió una serie de acciones para conseguirla. La lucha de
Marisela atrajo la atención del país sobre las deficiencias del sistema de
justicia mexicano y sobre la violencia contra las mujeres en el país.
El 16 de diciembre de
2010, mientras demandaba el esclarecimiento del feminicidio de Rubí, Marisela fue
asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, y en presencia de sus
familiares.
Tras el crimen, las amenazas que recibía Marisela se extendieron a su familia: su cuñado Manuel Monge fue asesinado y su familia nuclear tuvo que huir de México para solicitar asilo político, problemática que tampoco ha sido atendida por parte del Estado mexicano.
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