A DOS AÑOS DE LA NOTIFICACIÓN DEL CASO ALVARADO ESPINOZA, INCUMPLIMIENTO Y RETROCESOS

 

Chihuahua, Chih., 21 de diciembre de 2020. Hace dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó la sentencia condenatoria al Estado mexicano por la desaparición forzada de Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, en Chihuahua. Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2009 y, desde entonces sus familiares desconocen su paradero y el caso sigue en completa impunidad.

La sentencia de la Corte IDH era una oportunidad propicia no solo para brindar una reparación integral a las familias sino para que el Estado mexicano adoptara medidas estructurales relacionadas con la militarización de la seguridad, la creación de un registro único de personas desaparecidas, la capacitación de fuerzas de seguridad y el compromiso expreso de que esos hechos no se repitieran a partir de un acto de reconocimiento de responsabilidad.

De manera preocupante, el Estado mexicano no solo no ha avanzado en el cumplimiento de la sentencia, sino que ha retrocedido en la adopción de esas medidas estructurales de no repetición. Esto se puede evidenciar con la emisión del “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” emitido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de mayo. El retroceso también se refleja en la reforma a la Ley General de Víctimas en la cual se desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) que no solo serviría para terminar de indemnizar a las víctimas del caso sino a muchas más.

La excesiva burocracia, la falta de una coordinación efectiva entre dependencias, la renuencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la rotación de funcionarios y funcionarias involucrados en el cumplimiento de la sentencia y la pandemia de COVID 19 también han sido factores determinantes para no poder avanzar de manera sustantiva en el caso.

Por tal situación, se ha solicitado a la Corte IDH la celebración de una audiencia de seguimiento en la cual se reitere al Estado mexicano la obligación de cumplir de buena fe con sus obligaciones internacionales.

En febrero de 2010, Andrés Manuel López Obrador se entrevistó con una delegación de familiares. En esa ocasión, les externó todo su apoyo. Hoy, a dos años de la sentencia y a 11 años de la desaparición de las tres víctimas, las familias -frustradas, desesperadas y preocupadas- le recuerdan ese hecho y le piden congruencia.