TRIBUNAL DE CONCIENCIA
PRIMER ANIVERSARIO DEL FEMINICIDIO DE
MARISELA ESCOBEDO
Viernes 16 de diciembre de 2011
Resolutivo-Sentencia del Jurado del
Tribunal
Este
Tribunal de conciencia se inscribe en la tradición de mujeres por luchar de una
manera creativa y responsable para construir alternativas de paz social, de
ciudadanización de la población y de recuperación de una legalidad sustentada
en una ética de la justicia y los derechos humanos para todas y todos.
Desde la
recuperación de la conciencia ciudadana como la principal rectora del pacto
social, las y los jueces de este Tribuna ratificamos la necesidad de renovar la
memoria de Marisela Escobedo, de su hija Rubí y de las miles de mujeres
víctimas del feminicidio. Con
la instalación del tribunal de
conciencia buscamos alimentar la memoria histórica, no permitir que el olvido o
la costumbre erosionen la indignación por los feminicidios y las agresiones a
defensoras y defensores de derechos humanos; queremos crear y recrear símbolos,
y con ellos desarrollar una pedagogía ciudadana a favor de la justicia y en
contra de la impunidad.
Esta
impunidad lo que posibilita que se sigan asesinando en Chihuahua, además de
Marisela, a otras defensoras de los derechos humanos como Susana Chávez, a
Josefina Reyes, a Paz Rodríguez, y que el pasado 2 de diciembre se haya
atentado contra la vida de Norma Andrade y se siga vulnerando la integridad y
la vida de tantas y tantos defensores de derechos humanos. Ninguno de estos
casos son aislados, se circunscriben en un contexto de impunidad sistemática.
Desde que el
Tribunal en Segunda Instancia sentenció en 2010 a Sergio Rafael Barraza,
asesino de Rubí, Marisela Escobedo emprendió una ardua batalla para que fuera
encarcelado. Esta situación la llevó a estar en permanente riesgo, al grado de
que la asesinaran.
Ante estas
circunstancias este Tribunal de
Conciencia emite el siguiente fallo a partir de las siguientes:
CONSIDERACIONES
·
Hoy vivimos en un
país abatido por la violencia, donde existe una estrategia francamente
violatoria de los derechos humanos y la impunidad y la corrupción han dejado a
la ciudadanía completamente desamparada.
·
El feminicidio es
una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad, que es un crimen
de Estado, pues es el Estado quien tiene la responsabilidad en la prevención,
tratamiento y protección de las mujeres ante la violencia de género y debe garantizar
la libertad y la vida de las mujeres.
·
El Estado Mexicano
ha sido objeto en los últimos años de recomendaciones en materia de derechos
humanos de las mujeres, específicamente por la problemática del feminicidio en Ciudad Juárez. Organismos
internacionales de protección de los derechos humanos consideran urgente que se
atiendan dichas recomendaciones con la finalidad de que se promuevan acciones y
políticas públicas que garanticen la efectiva prevención, sanción y
erradicación de la violencia de género y el feminicidio.
·
Las actitudes de negligencia y omisión por parte de las autoridades,
en materia de violencia contra las mujeres, ha llevado al Estado
Mexicano a que hoy tenga tres sentencias, Campo Algodonero y casos Valentina Rosendo Cantú[1] e Inés Fernández
Ortega, en donde se
le responsabiliza de violaciones a derechos humanos. En el caso específico del
Campo Algodonero la sentencia señala los aspectos fallidos en los procesos de
investigación judicial, la falta de profesionalidad y compromiso de los
funcionarios a cargo de la investigación. Así mismo el máximo tribunal de
protección de derechos humanos consideró que en estos casos “no se trata de
casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación
estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y
mentalidades” (CoIDH, 2009: 40), que se
basan en una cultura de discriminación de género y de misoginia, que
confirma y alimenta la impunidad y
permisividad de los Estados, en la medida en que no investigan ni sancionan a
los responsables de estos crímenes, enviando un mensaje de tolerancia.
·
De esta forma el Estado demuestra su incapacidad y falta de voluntad
política para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia, así como frenar la creciente impunidad que se genera en la entidad,
tan sólo en este año existen 342 casos de feminicidios en la entidad y 207
mujeres desaparecidas.
La actuación del gobierno de Chihuahua ocasiona
que familiares de víctimas
consideren que el acceso a la justicia en este país es una quimera y que en la
ruta para alcanzarla sufren vejaciones y malos tratos por parte de los agentes
del Estado y las instituciones y figuras que han sido creadas para atenderles.
Esta situación genera miedos y desconfianzas para denunciar y continuar con el
proceso en busca del acceso a la justicia.
·
Marisela
Escobedo, al ser asesinada, sobre todo
frente al Palacio de Gobierno Estatal, representa un grave y peligroso
mensaje por parte de quienes la asesinaron: la supremacía de la delincuencia
organizada frente a los poderes institucionales y la desprotección de quienes
en el futuro quieran utilizar esos espacios públicos para reclamar justicia. Otra situación preocupante es que estos
mismos victimarios asesinaron a familiares y amigos cercanos de Marisela y al
día de hoy continúan amenazándolos de muerte. Mientras que sus hijos, hija y
nieta tuvieron que solicitar asilo
político en Estados Unidos, para garantizar su protección.
·
Ante
esta situación el gobierno estado de Chihuahua no ha generado las condiciones
para que dejen de reproducirse este tipo de hechos y por el contrario muestra
una incapacidad para proteger y garantizar el derecho a las mujeres a una vida
libre de violencia. Sin proveer de recursos esenciales establecidos en
particular en los derechos para arribar a la verdad y a la justicia.
·
El
índice delictivo sigue aumentando en el Estado y el contar con presuntos
delincuentes no garantiza que la inseguridad en el estado, sobre todo en contra
de las mujeres haya disminuido.
·
Que
hemos comprobado que en la mayoría de los casos de feminicidio y violencia a
defensoras y defensores de derechos humanos, el Estado no ha logrado el
esclarecimiento de los hechos, la ubicación de los responsables y el
sometimiento a procesos conforme a derecho de los mismos.
·
La
impunidad, la ausencia total de procesos de investigación y de acceso a la
justicia han hecho más vulnerables a las y los defensores de derechos humanos y
a periodistas, pues cuando el Estado renuncia al cumplimiento total de su deber
de garantía y protección el mensaje da impunidad a los perpetradores.
·
Que
vivimos momentos de alarma ante el preocupante incremento de violencia en
contra de las defensoras y defensores de derechos humanos y sus familiares, y
ante la incapacidad de los gobiernos federal y estatales para esclarecer los
casos y proteger a quienes son víctimas y luchan por la justicia.
·
Otra prueba
fundamental ante estas circunstancias es que existen recientes declaraciones
hechas por la Fiscalía General de Chihuahua sobre la investigación del caso de
Marisela, las cuales nos dejan en mayor incertidumbre debido a que no queda
claro cuáles fueron las causas que desencadenaron este infame asesinato,
concluyendo que el asesino intelectual es el mismo agresor de su hija.
Este tribunal ha recibido información de todos
los hechos que se han suscitado en este crimen y en donde queda claro que hasta
este momento, el gobierno del estado de
Chihuahua sólo ha creado una cortina de humo que no permite aproximarnos al
derecho a la verdad que merecen los familiares de Marisela así como la sociedad
mexicana.
Por lo anterior, el jurado emite las siguientes RECOMENDACIONES
·
Cumplir de manera
cabal con la Sentencia Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en especial de las acciones para prevenir e investigar y sancionar
desde la debida diligencia las desapariciones, la violencia sexual y los
feminicidios.
·
La revisión del
Sistema Penal Acusatorio de forma que se incorpore la perspectiva de género en
los mecanismos de procuración e impartición de justicia y se vaya modificando
la cultura jurídica patriarcal y las
prácticas sexistas y discriminatorias de servidoras y servidores públicos.
·
La implementación
de políticas de transparencia y rendición de cuentas en la información sobre el
avance y resultados de las investigaciones de los casos de feminicidio.
·
Que la Fiscalía
General del Estado debe acceder a la demanda de los hijos de Marisela Escobedo
Ortiz y reunirse con ellos para ofrecerles una
Explicación exhaustiva del estado actual de las diferentes investigaciones que tienen relación con la
familia Frayre Escobedo y Escobedo Ortíz.
·
El gobierno del
Estado debe rendir a la sociedad chihuahuense escrupulosas cuentas de los
procesos de investigación seguidos hasta ahora, reconociendo las fallas y
omisiones cometidas.
·
La
instrumentación de acciones efectivas y contundentes para aprehender a Sergio
Barraza Bocanegra, asesino de Rubí.
·
El reconocimiento
de los feminicidios de Rubi Marisol Frayre y de Marisela Escobedo, como el de
muchas otras mujeres más, como crímenes de Estado.
·
La incorporación de
la protección de las y los defensores de derechos humanos como una política
central en la estrategia de seguridad del Estado, en tanto medida indispensable
para combatir de manera eficaz a la delincuencia y abonar a la confianza
ciudadana.
·
Se garanticen los
mecanismos de protección a las defensoras de derechos humanos, evitando la
criminalización, desacreditación y desprestigio de su trabajo.
·
Implementar
un protocolo eficaz de protección a defensores de ddhh, con un enfoque de
género, que cubra las medidas individuales y colectivas, haciendo un análisis
de riesgo. Este protocolo debe de contar con un presupuesto propio, en él que debe
de participar la oficina de la ONU y las organizaciones civiles.
·
La asignación y
fiscalización de recursos económicos específicos para la implementación
efectiva de las acciones destinadas a erradicar, prevenir y sancionar la
violencia contra las mujeres, y en especial los feminicidios.
·
Que no
se minimice ni oculte de la violencia contra las mujeres con el falso argumento
de priorizar la atención hacia violencia generalizada. Una y la otra están
íntimamente relacionadas. La violencia de género y su expresión máxima, la
violencia feminicida, son síntomas claros de la descomposición social y del
deterioro de las instituciones del Estado. Invisibilizarla coloca a las mujeres
en situaciones de mayor riesgo y una
mayor responsabilidad del Estado.
·
El
cumplimiento, por parte de las autoridades de procuración e impartición de
justicia, de su obligación de proteger y garantizar la integridad de todas las
personas que viven o transitan por este país, en particular la de quienes se
atreven a denunciar las agresiones en busca de la justicia.
·
Se insta a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos para que ejerza su competencia para
realizar recomendaciones en los casos específicos de feminicidios y
desapariciones de mujeres, en especial donde hubo negligencias graves y
obstrucciones en los procesos de investigación de estos casos. Se le solicita a
las comisiones estatales y nacional que informen sobre el estado de las
quejas interpuestas.
·
El
esclarecimiento de los hechos de violencia contra las mujeres y las agresiones
a defensoras y defensores de derechos humanos, a partir de una investigación
pronta, expedita y con la debida diligencia, en donde se sancione al o los
responsables.
·
Ante el
exterminio iniciado contra la familia de la Sra. Escobedo, este Tribunal
recuerda a los tres poderes del estado Mexicano, las obligaciones que tienen
para prevenir, proteger, sancionar y reparar los daños ocasionados por la
violencia contra esta familia.
Por estas razones, ante el presente caso este
Tribunal considera RESPONSABLE y CULPABLE al anterior, actual y sucesivos gobiernos del estado de Chihuahua en la medida
en que incurren en la falta de acciones para esclarecer el asesinato de
Marisela Escobedo y aprender al asesino de su hija Rubí.
Recomendamos la incorporación del caso de
Marisela Escobedo como caso Emblemático ante el Tribunal Permanente de los
Pueblo, capítulo México, en la Audiencia Feminicidios y Violencia de Género.
Chihuahua, a 16 de diciembre de 2011.
[1] Los hechos de este
caso se relacionan con la violación sexual de la indígena Me’phaa Valentina
Rosendo Cantú, la falta de debida diligencia en la investigación y sanción de
los responsables de los hechos, la falta de una reparación adecuada en favor de
la víctima y sus familiares, la utilización del fuero militar para la
investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos, y a las
supuestas dificultades que enfrentan las personas indígenas, en particular las
mujeres, para acceder a la justicia y a los servicios de salud.
