Las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a familiares de personas desaparecidas, en el marco del día internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas e Involuntarias decretado por la ONU a conmemorarse el 30 de agosto,  le invitan a participar en la exigencia de justicia. 

El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General, en virtud de la resolución A/RES/65/209 , expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

Asimismo, la resolución acoge con beneplácito la aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y decide declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que comenzará a observarse en 2011.

Logran Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos la admisión del primer caso del sexenio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por desaparición forzada en el “Operativo Conjunto Chihuahua”

En los últimos meses se ha puesto al descubierto la dimensión extraordinaria del problema de las desapariciones en México, esto confirmó lo que organizaciones de víctimas y sociedad civil  plantearon  desde el sexenio pasado del ex presidente Felipe Calderón, que el problema era colosal.

En el anterior periodo presidencial, el tema fue constantemente negado por las autoridades y parecía que la atención del gobierno se enfocaba en la hecatombe en la que, según cifras oficiales, se contabilizaron más de 100,000 muertes.

Sin embargo, a partir de la publicación del periódico norteamericano Washington Post en noviembre de 2012 respecto a la existencia de más de 25,000 reportes de personas desaparecidas,  el reconocimiento fue inevitable y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, aceptó en febrero de este año, que cuentan con un registro de más de 27,000 reportes y a su vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que cuenta con un registro de más de 48,000 reportes de personas desaparecidas en el periodo de 2005 a 2012.

Según el informe de fecha 4 de junio del 2013, presentado por Amnistía Internacional, "Enfrentarse a una pesadilla, la desaparición de personas en México", el estado de Chihuahua es de los estados de la república mexicana, en donde se presenta con más frecuencia el fenómeno de la desaparición, ante esta situación; organizaciones defensoras de Derechos Humanos de esta entidad federativa y familiares de víctimas han documentado y denunciado ante instancias  nacionales e internacionales los casos concretos y han visibilizad la negación del gobierno estatal por reconocer la existencia del problema.

Es en este contexto y bajo el litigio estratégico del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC), Justicia para Nuestras Hijas (JPNH) y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) presentaron el caso de la Familia Alvarado  ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la ilegal detención por miembros del ejército mexicano y posterior desaparición forzada, de Nitza Paola Alvarado Espinoza de 31 años , Rocío Irene Alvarado Reyes  de 19 años y José Ángel Alvarado Herrera de 31 años

El día 29 de diciembre del 2009, alrededor de las 20:00 horas, en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura Chihuahua, diez militares quienes vestían uniformes del ejército mexicano y portaban cascos en su cabeza, así como rifles de alto poder, subieron a la fuerza a José Ángel Alvarado Herrera, a su prima Nitza Paola Alvarado Espinoza que se encontraban a  bordo de un vehículo tipo pick up afuera de la casa de la suegra de José Ángel. Posteriormente acudieron al domicilio de Rocío Irene Alvarado Reyes ubicado en la misma comunidad, entraron a la vivienda sin ninguna orden judicial, detuvieron y se llevaron a Rocío; hasta la fecha los tres permanecen desaparecidos. 

El 3 de febrero de 2010, Nitza logró hacer una llamada a una amiga aproximadamente a las 17:30 horas, Nitza Paola le dijo llorando “ayúdenme, sáquenme de aquí, sigo viva, tengo miedo”. Acto seguido la voz de un hombre comunicó a otro hombre “puta madre pinche vieja ya habló, te dije que no la dejaras sola”.

La familia acudió a denunciar los hechos en el fuero civil  en el ámbito federal, local y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin obtener respuesta, presentaron todas las denuncias en todas las instancias que existen en el estado mexicano en búsqueda de justicia (31/12/2009 Denuncia en Fiscalía General del Estado: AP 124/09, 04/01/2010: Queja ante la CNDH:  2/2010/108/Q 04/01/2010: queja operativo CCH: 886/09 06/01/2010: Denuncia PGR . AP/PGR/CHIH/JUA/3634/2011).

Al acudir a las organizaciones sociales, éstas enviaron el caso al Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU, solicitaron Medidas Cautelares para la protección de las denunciantes ante la CIDH; ante la continuidad de amenazas y atentados la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó Medidas Provisionales a 37 beneficiarios de la familia Alvarado y presentaron el caso ante la CIDH el 26 de junio de 2011.

El 28 de junio del 2011, María de Jesús Alvarado, hermana de Nitzia Paola y prima de Rocío y José Ángel, acudió en compañía de las organizaciones representantes ante el máximo tribunal de las Américas y explicó ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José Costa Rica, el calvario de su familia en la búsqueda de justicia, las amenazas, atentados,  persecución, hostigamiento y allanamientos ilegales, lo que ha causado desplazamiento y empobrecimiento.

El 30 de junio de 2011, la CNDH emitió la recomendación 43/2011 concluyendo que existen elementos suficientes para atribuir la desaparición forzada a los militares.

Las organizaciones sociales representantes de las víctimas, en sus alegatos ante la CIDH  consideraron que hay y hubo falta de investigación efectiva y debida diligencia respecto a los hechos; alegando además que el Estado tendría responsabilidad internacional por una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas en prejuicio de los familiares de las víctimas.

Tras analizar el caso, la CIDH decidió admitir el caso, al considerar que los hechos expuestos caracterizan posibles violaciones a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y a la Convención de Belém do Pará, así mismo publicará e incluirá dicho caso en su informe para la Asamblea General de la OEA, según el informe 48/13.

Desde marzo de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares (MC 55-10) a favor de Rocío Irene, Nitza Paola y José Ángel, requiriendo al Estado mexicano informará sobre su paradero, su estado de salud y la situación de seguridad en la que se encontraban. Asimismo, le solicitó que informar de las acciones realizadas por las autoridades estatales para investigar los hechos que motivaron la adopción de las medidas cautelares y lograr su esclarecimiento. 

En mayo del mismo año, la CIDH decidió elevar una solicitud de medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoiDH), que posteriormente han sido ampliadas requiriendo al Estado mexicano que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de 36 familiares de las víctimas y sus representantes.

Este importante avance, es el paso de la antesala de llevar un nuevo caso de violaciones a derechos humanos perpetrada por  militares ante el máximo tribunal de las Américas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y constituye un reconocimiento a la familia de Nitzia, Rocío y José Ángel por su perseverancia en la búsqueda por la justicia y la verdad. 

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres participará como ponente en conversatorios con operadores del nuevo sistema de justicia penal del país.

En reconocimiento al trabajo del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) como coadyuvante en un sinnúmero de casos litigados en el nuevo sistema de justicia penal, con 97% de resoluciones favorables en su trayectoria, la Lic. Luz Estela Castro, Coordinadora General del CEDEHM, fue invitada por parte de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), como ponente en una serie de conversatorios con operadores del nuevo sistema de justicia penal con el objeto de que puedan dar testimonio de la experiencia que han tenido a lo largo de los años en que ha venido operando este sistema.

Dicho evento se realizará el día de hoy en las instalaciones de la Secretaría Técnica en la ciudad de México, donde la Lic. Castro participará con el tema de sujetos procesales y proceso de la víctima.

La Secretaría Técnica está encargada de apoyar y coadyuvar con las autoridades federales y locales, con el objetivo de apoyar en la implementación del Sistema de Justicia Penal, mediante el diseño y realización de políticas, estrategias y acciones de coordinación, encaminadas a que la operación y funcionamiento de la reforma sea integral, congruente y eficaz en todo el país.

Para el CEDEHM es de suma importancia poder compartir las experiencias de la organización como aporte a la creación del Código de Procedimientos Penales Único y así hacer efectiva la garantía constitucional de las víctimas dentro de los procesos penales.

Organizaciones de la Sociedad Civil de Chihuahua, buscan ante Autoridades Federales que se reconozcan, erradiquen y sancionen las graves violaciones a derechos humanos que se cometen en el estado, derivadas de las desapariciones forzadas, la tortura, los feminicidios y la impunidad en los delitos que se cometen en contra de defensoras/es de Derechos Humanos.

La mesa de trabajo celebrada el pasado 7 de agosto del presente,  en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM),  tiene como antecedente  los compromisos que asumieron las autoridades federales en el Foro Internacional de Desaparición Forzada e Involuntaria en México que se celebró en junio en Saltillo, Coahuila; a la cual acudieron Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua y familiares de víctimas, denunciando la negación por parte del Gobierno Estatal en el tema, buscando que sus voces sean escuchadas ante las autoridades nacionales e internacionales.

Por parte de las  Autoridades Federales  que participaron en la mesa  de trabajo asistieron: el Lic. Ricardo García Cervantes, Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; la Mtra. Nelly Montealegre Díaz, Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas; el Dr. Salomón Baltazar Samayoa, Titular de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas; la Maestra Eliana García Laguna, Coordinadora General de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la SDHPDSC; el Lic. Jorge Zermeño Infante, Coordinador de Asesores de la SDHPDSC y el Maestro César Augusto Peniche, Delegado de la Procuraduría General del Estado en Chihuahua.

Del estado de Chihuahua participaron familiares de víctimas y las organizaciones sociales: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Justicia Para Nuestras Hijas y El Barzón Chihuahua.

Presentando como tema de la agenda de trabajo el contexto y situación del estado de chihuahua expuesta por el Dr. Víctor Quintana, quien señaló que la falta de desarrollo democrático, el autoritarismo y la corrupción es lo que ha hecho que la violencia sea más aguda y agravado la destrucción del tejido social en el estado.

Por otra parte, el Sacerdote Jesuita Javier Ávila, explicó la situación de impunidad y la política de simulación de atención en los casos de la sierra tarahumara, donde viven entre el horror y la desesperanza, sin que nadie del Estado pueda parar tanta muerte violenta.

De ciudad Juárez acudió el Padre Oscar Enríquez detalló la situación que prevalece en esa ciudad y denunciando la tortura como una forma de investigación, mencionando el tema de los jóvenes Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí, quienes fueron torturados para incriminarse en el caso denominado “carro bomba”.

Así mismo, Gabino Gómez del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, explicó la problemática de las familias que tienen en su seno algún familiar desaparecido y la negación del Gobierno a reconocer el problema;  solicitó el cumplimiento de la Nueva Ley General de Víctimas, y encontrándose presente Dr. Salomón Baltazar Samayoa Titular de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pidió  la atención urgente de los casos de las familias presentes, así como la necesidad de la participación en la identificación de restos del Equipo Argentino de Antropólogas Forenses y de expertos internacionales en investigaciones y criminalista; centrando su participación en la necesidad de impulsar en forma eficaz la búsqueda de las personas desaparecidas sean forzadas o involuntarias.

El Barzón Chihuahua expuso la problemática que enfrentan  derivada de las denuncias que esta organización ha impulsado por la violación de derechos humanos del medio ambiente, en concreto con el tema del agua y con la Mina Canadiense Mag Silver, así como  la criminalización de la protesta social, reiterando la necesidad de esclarecimiento de los asesinatos de los defensores de derechos Humanos Ismael Solorio  y Manuelita Solís.

Norma Ledezma de la organización Justicia para Nuestra Hijas, señaló la responsabilidad del Estado en el tema de trata, ante el involucramiento de autoridades federales y estatales en la comisión de estos delitos, el altísimo grado de impunidad en casos de feminicidios  y el incumplimiento de la sentencia internacional de campo algodonero.

Una representación de maestros y maestras que fueron defraudados por su sindicato y empresas Sofomex, también pidieron  la intervención de los funcionarios federales,  para agilizar el proceso de investigación en las denuncias presentadas ante la PGR.

Finalmente, Lucha Castro informó sobre la situación de riesgo que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en el estado de Chihuahua, quién de acuerdo a los organismos internacionales como la ONU,  esta entidad es uno de los lugares más peligrosos para realizar la actividad de defensa de los derechos humanos.  Denunció  las campañas de desprestigio el clima de impunidad en la investigación de los delitos que se cometen en contra de este grupo y el incumplimiento de las Medidas de Protección que mandata la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para garantizar la realización de su trabajo.

La reunión de trabajo se prolongó por seis horas y una vez que las autoridades federales escucharon a las víctimas y a las organizaciones que les representan, el  Lic. García Cervantes Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se comprometió a dar seguimiento a los casos expuestos mediante reuniones posteriores creando una alianza de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil participantes.

El Titular de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, informó sobre el alcance legal de la función de esta instancia y se comprometió a hacer una revisión de los casos  de manera particular y asumir tareas desde la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas.