lunes, 28 de abril de 2014

Logra el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres suspensión de convivencias de un padre agresor, la justicia federal amparó a la niña y niño.

El Juez del Juzgado Tercero de Distrito suspende convivencia de un padre agresor con su hija F. y su hijo S. de 4 y 5 años, la cual había sido otorgada por el Juez Cuarto de lo Familiar en Chihuahua,  atendiendo al interés superior de la infancia invocado por la madre, mismo que fue desatendido en primer momento por el Juez Familiar.

 Al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), representante legal de las víctimas, le preocupa la reiterada conducta del Lic. Carlos Espino Holguín, Juez Cuarto de lo Familiar, quien ha sido denunciado en forma reiterada por las actuaciones que se apartan del debido proceso y la debida diligencia, ignorando los estándares internacionales de protección a personas en situación de vulnerabilidad como son: mujeres, niñas y niños.

Decenas de expedientes del juzgado cuarto se encuentran documentadas por el CEDEHM, que demuestran los sesgos ideológicos, sexistas y discriminatorios, que norman el criterio del juzgador en las resoluciones judiciales; en razón de esto, instamos al Magistrado Presidente Mtro. José Miguel Salcido Romero, para que realice una auditoría al funcionario y que de conformidad con los acuerdos suscritos por este Tribunal, se instale la Unidad de Género del Supremo Tribunal de Justicia.

Antecedentes:

La Señora Miriam R. acudió al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) a presentar denuncia penal en contra de su ex pareja, Manuel Nicolás Rodríguez Hernández, por los delitos de violencia familiar, amenazas e incumplimiento de las obligaciones alimenticias, solicitando protección para ella y su hija e hijo.  En esta institución, se negaron a levantarle la denuncia y, a pesar de que existe impedimento legal para la práctica de la mediación en casos de violencia familiar, se le remitió al Centro de Justicia Alternativa, se le obligó a firmar un acuerdo con su agresor, en donde éste,  se “obligaba a respetarla” y se le concedió el derecho de convivencia con su hija e hijo.

Es preocupante que el CEJUM, una política pública idónea para avanzar en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se encuentre en su peor momento, ocasionado por la  saturación de expedientes, falta de presupuesto y la mayoría del personal poco calificado y carente de sensibilidad de género.
Instamos al Lic. Raymundo Romero Maldonado,  Secretario General de Gobierno, a que convoque de inmediato al Consejo del Centro de Justicia para las Mujeres, para que se revise el funcionamiento de esta instancia.

La situación de violencia económica que sufrían su hija e hijo, obligó a Miriam a solicitar en su representación la pensión alimenticia, este atrevimiento desencadenó la ira del agresor, quien  acudió ante el Juez Cuarto de lo Familiar,  en quien encontró un aliado para continuar violentando a su familia.

Las abogadas del CEDEHM, en la contestación a la demanda que interpuso el agresor para pedir la guardia y custodia de F. y S. advirtieron al Juez los antecedentes graves de violencia familiar, solicitaron medidas de protección para la madre y sus hija e hijo, además de pedirle  que suspendieran las convivencias con el agresor.

El Juez Espino negó la custodia provisional a la madre y la protección solicitada, ante la falta de debida diligencia que obligaba al juzgador a valorar con perspectiva de género la situación de vulnerabilidad, ante las reiteradas amenazas del agresor tales como:  “los accidente existen, cuídate”, “jamás volverás a ver a tus hijos”,  etc. Miriam optó por no entregarlos al agresor. La resolución judicial del Juez Cuarto, otorgó el poder a Manuel para continuar con la espiral de la violencia, ahora con una demanda penal por sustracción de menores en contra de la madre.

El CEDEHM ha documentado una gran cantidad de casos de padres agresores que utilizan este delito para obligar a las mujeres a convivir con ellos aún con grados insoportables de violencia, ante el peligro de perder a sus hijos.

Una de las propuestas que hizo el CEDEHM en el pasado foro sobre la reforma en materia familiar, es la de obligar a las y los juzgadores antes de otorgar custodias provisionales a los padres, la solicitud de información a los CEJUM o Centros de Justicia Alternativa, para corroborar si existen convenios de incumplimiento de alimentos no cumplidos, o denuncias penales por violencia familiar a fin de negar las convivencias a los agresores.


La semana pasada Miriam, F. y S. vieron cumplidas las amenazas del agresor “los accidentes existen”, un vehículo intento atropellar a la familia, la  responsabilidad corresponde al CEJUM y al Juez Cuarto de lo Familiar; las víctimas se encuentran en un refugio, lo cual es injusto para el niño, la niña y su madre.

martes, 22 de abril de 2014

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres capacitará a 100 funcionarios y funcionarias públicas federales en la ciudad de México

México, D.F..- El Centro de Derechos humanos de las Mujeres de Chihuahua (CEDEHM) capacitará esta semana a 100 defensores y defensoras públicos federales en la ciudad de México, procedentes de 22 estados de la República.

En convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el CEDEHM compartirá su experiencia de siete años litigando en el sistema penal acusatorio en representación de víctimas de violaciones a derechos humanos. 

En el litigio estratégico con perspectiva de género que realiza esta organización de la sociedad civil en el estado de Chihuahua, pionera en el sistema acusatorio, ha logrado  un récord  del 97% de resoluciones favorables. 

En esta ocasión,  se pretende que las y los defensores federales y el CEDEHM compartan las estrategias de litigio, analizar el sistema de justicia penal , ubicar la existencia de desigualdades en el ejercicio de acceso a la justicia penal y debido proceso, en especial las condiciones de género que inciden en la vinculación con hechos delictivos de las mujeres indígenas en prisión por delitos no violentos relacionados con drogas.

Asimismo, se busca sensibilizar a las y los funcionarios públicos federales para impulsar la defensa legal con perspectivas de derechos humanos y de género.

Dentro del programa de trabajo se hará la presentación del informe  Mujeres drogas en las Américas de la Comisión interamericana de Mujeres de la OEA por la Maestra Lucha  Castro, la presentación de videos testimoniales que fueron compilados la oficina  de Washington para América Latina (WOLA), contando con la importante aportación de la Maestra Rossina Uranga, experta en género;  por otra parte la Lic. Irma Villanueva, directora del área legal del CEDEHM  y  la Maestra Alejandra Nuño, abogada internacional, compartirán las estratégicas jurídicas con estándares internacionales que brindarán herramientas importantes para el objetivo del curso.

Para finalizar el curso, la Doctora Corina Giacomelli,  investigadora en temas relacionados con género, sistema penitenciario, crimen organizado transnacional, criminalidad femenina y políticas de drogas, ofrecerá una conferencia magistral.


viernes, 11 de abril de 2014

Carta de solidaridad a Contec

C. Enrique Peña Nieto, Presidente de la República
C. Cesar Duarte Jaquez, Gobernador del Estado de Chihuahua
C. Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
C. Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República
C. Jorge Venustiano González Ilescas, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados
Lic. José Miguel Salcido Romero, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
C. Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México.
A las organizaciones nacionales y estatales no gubernamentales de derechos humanos
A la opinión pública 

Las asociaciones civiles y organizaciones sociales abajo firmantes hemos seguido de cerca las recientes resoluciones legales que han favorecido las demandas relacionadas con los derechos al  territorio ancestral,  a la consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas rarámuri ubicadas en la región del Divisadero donde se encuentra operando el Fideicomiso Barrancas del Cobre y en la zona de Creel, Chihuahua.

De estos triunfos mencionamos los siguientes:

1.      La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (marzo del 2012) a favor de la comunidad indígena de Huitosachi, Municipio de Urique, la cual obliga a los tres niveles de gobierno a constituir el Consejo consultivo Barrancas del Cobre como lo establece el decreto que dio origen a dicho Fideicomiso. Sin embargo, esta sentencia a la fecha no ha sido ejecutada.   
2.      El fallo en segunda instancia a favor de la comunidad rarámuri de Huitosachi  en contra de Fomento Agropecuario Campo Lindo SA de CV y de los hermanos Andrés Arturo y Jaime Federico Elías Madero, emitido por el LIC. GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ, Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, mediante la cual se resuelve que los rarámuri ahora serán legalmente los legítimos propietarios de las tierras localizadas en ese lugar (2009-2014).
3.      La “suspensión de plano” de las obras del Aeropuerto regional de Creel,  municipio de Bocoyna,  decretada el pasado 3 de abril del año en curso a favor de la comunidad Bosques de San Elias-Repechique por el Lic. IGNACIO CUENCA ZAMORA juez del Juzgado 8vo de Distrito,  en tanto,  se resuelva la controversia interpuesta por la comunidad rarámuri en contra del Fideicomiso Barrancas del Cobre por la falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado y las afectaciones de las que han sido objeto a consecuencia de las obras de construcción referidas.

Hasta ahora la respuesta del poder ejecutivo del estado ha sido descalificar a las comunidades al presentarlas como menores de edad, incapaces de elegir lo que a ellos conviene. Igualmente, viene presionando a sus asesoras al intervenir a la Consultoría Técnica Comunitaria AC a través de una auditoria fiscal promovida por una petición del departamento jurídico de la Secretaria de Economía.

El avance en los tribunales civiles de las demandas para el respeto a los derechos territoriales y de consulta es una vía de acción oportuna para visibilizar al Pueblo rarámuri y su consideración irrestricta, por parte de los tres niveles de gobierno.

Nos alegramos de la existencia de convenciones internacionales y del marco jurídico constitucional que da la posibilidad a las comunidades indígenas para que puedan acceder a las controversias jurídicas en un nivel de equidad con sus ofensores.

Nos solidarizamos con las comunidades indígenas rarámuri que están dando una lucha ejemplar en los tribunales y  con la Consultoría Técnica Comunitaria asociación civil que ha apoyado a las comunidades indígenas a posicionarse en las controversias jurídicas y en la opinión pública.

Exhortamos al poder ejecutivo a respetar el estado de derecho y acatar las resoluciones que de los tribunales emanan, así como, buscar caminos conciliatorios con las comunidades indígenas.

Atentamente,

Luz Esthela Castro y Alma Gómez, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.
Javier Ávila, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos.
Gabino Gómez y Martín Solís Bustamante, el Barzón.
Gabriel Parga, Vicario de Pastoral Indígena de la Diócesis de Tarahumara.
Francisca Jiménez, Red por la Participación ciudadana.
Beatriz Verduzco, Grupo Observa Ciudadana.
Graciela Ramos, Mujeres por México.
Rodolfo Leyva Martínez, Académico.
Víctor Quintana Silveira, Asesor del Frente Democrático Campesino.
Ariana Rico, CooperAndo Economía Alternativa y Solidaria.
Isabel Encerrado, Unión Campesina Democrática.
Isela González, Alianza Sierra Madre.  
Rosa María Sáenz, Grupo de abogadas demócratas.
Goretti Espíndola de la Vega, Jóvenes Ante el desastre y la emergencia nacional – Chihuahua.
Colectivo Epistémico de Teoría Crítica de Chihuahua, Horacio Almanza Alcalde.
Carmen Herrera,  Abogados y abogadas por la justicia y derechos humanos.
Rocío Martínez Carrera, Colectivo la Gota.
Adrian Mahonry, Iskra casa de cultura.
Guillermo Palma, Servicios integrales emuri SINÉ.

miércoles, 9 de abril de 2014

Candidatura de la Defensora de Derechos Humanos, Irma Antonia Villanueva Nájera como Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado (CEDH).

Las organizaciones defensoras de derechos humanos del Estado de Chihuahua y personas abajo firmantes, nos dirigimos a ustedes a fin de manifestar nuestro apoyo a la candidatura de la Defensora de Derechos Humanos, de profesión abogada, Irma Antonia Villanueva Nájera como Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado (CEDH).

Con una vasta formación académica y práctica en derechos humanos, Irma recibió sus primeras lecciones prácticas de justicia, feminismo y género en su entorno familiar. Es hija de un campesino que luchó hasta el último día de su vida por la tierra, el bosque y el uso adecuado de los recursos naturales. Su madre pasó de ser enfermera y maestra, a defensora del derecho a la tierra y a denunciar los abusos de las personas que ostentaban el poder.

Al crecer en Guadalupe y Calvo, convivió cotidianamente con comunidades indígenas, sufrió las limitaciones y carencias de los servicios mínimos que se tienen en la zona rural, como son el acceso a la salud, escuela, y justicia. De niña presenció las injusticias y discriminación por razones de género y de etnia. Estas circunstancias marcaron su destino y la llevaron a estudiar Derecho, donde pudo hacer realidad sus sueños: la defensa activa de los derechos humanos.

Desde que estudiaba la carrera de Derecho, empezó a trabajar en la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC), segunda organización de DH creada en el país, fundada en 1988. Ahí desarrolló tanto la empatía con las víctimas de violaciones de derechos humanos como la sensibilidad para detectar cualquier injusticia.

Ha colaborado en el monitoreo y fiscalización del trabajo legislativo, con una participación especial en la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a Información Pública del Estado de Chihuahua.

A partir de 2007 se unió al equipo del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, del cual es coordinadora jurídica desde 2010. Desde ese espacio realizó innovaciones importantes a partir del litigio estratégico e integral a favor de las mujeres, niños y niñas víctimas de violencias de género; logrando la implementación de medidas de protección efectivas en materia familiar; impulsando liderazgos y empoderamiento en las mujeres, a través de la capacitación, investigación y litigio en el sistema de justicia penal y familiar. De igual manera, y sabedora de la importancia del tema, ha impartido infinidad de cursos y capacitaciones a mujeres víctimas de violencias y funcionarios públicos municipales, estatales y nacionales.

En el año 2010, realizó una pasantía en la oficina para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con sede en Costa Rica, donde a través del seguimiento de casos a diversos países del continente obtuvo herramientas para comprender y usar los estándares internacionales de protección a los derechos humanos y la jurisprudencia internacional.

El litigio estratégico que realiza ha incorporado los más altos estándares de protección a derechos humanos en grupos en situación de vulnerabilidad tales como: niños/as, mujeres, indígenas, defensoras/es de derechos humanos, personas pertenecientes a la diversidad sexual, familiares de personas desaparecidas, personas que reivindican su derecho a la vivienda y al trabajo. Ello, sumado a su capacidad de liderazgo, su sensibilidad y el conocimiento de las principales problemáticas en derechos humanos del Estado, la hacen una persona idónea para ocupar el puesto de Presidenta de la CEDH.

La visión humanista de Irma, su capacidad de diálogo e interlocución, su honestidad y compromiso son garantía de que tomará como ejes prioritarios la autonomía, inclusión y no discriminación, en un diálogo constante y amplio con diferentes sectores, con cercanía y empatía a las personas, en donde la centralidad será la protección y reivindicación de los derechos de las personas que sufren violaciones de derechos humanos. De igual manera, tenemos certeza que su gestión ayudará a garantizar la profesionalización, evaluación del desempeño de las y los funcionarios públicos, en el que el uso de los recursos públicos sea fiscalizado por la ciudadanía, con perspectiva de género y diversidad cultural.

Señores y señoras diputadas: hace más de dos décadas se adoptaron los Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos (Principios de París). Ese instrumento internacional, sumado a la reforma constitucional que se dio en México, evidenciaron la importancia de contar con instituciones de Estado democráticas y autónomas que protejan a las personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos, a presentar propuestas legislativas, generar estudios y propuestas de políticas públicas que redunden en un mayor beneficio de los derechos humanos en el Estado.

En tal sentido, deseamos recordar que los derechos humanos son la conciencia universal de la dignidad y libertad de las personas. Su integralidad obliga a una labor conjunta de sociedad y Estado. La progresividad determina que la figura del Presidente/a de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, deba liderar un equipo que esté en posibilidad de enfrentar -desde su mandato legal- siempre nuevos retos mediante la adaptación e innovación permanentemente de sus procedimientos y metas. Sin duda alguna, Irma Villanueva Nájera puede cumplir con ese importante mandato.

Por todo lo anterior, exhortamos a las y los diputados que realicen un procedimiento transparente y basado en una revisión responsable de las trayectorias de las personas postulantes. De igual manera, las organizaciones y personas que avalamos la candidatura de esta defensora seguiremos de cerca el proceso y esperamos que las entrevistas, conocimientos en la materia e historias de vida en el compromiso con los derechos humanos sean las directrices que rijan los criterios de selección de este importante cargo.



Atentamente,

Bowerasa, Sacerdote Ignacio  Becerra Trigueros y Estela Ángeles
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Luz Estela Castro
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Pbro. Oscar Enríquez
Círculo de Estudios de Género, Estela Fernández  
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Emilia González Tercero
Ecos de Mirabal, Dora Villalobos
El Barzón Chihuahua, Gabino Gómez
Grupo Feminista 8 de marzo, Elvira Villarreal
Grupo Género Parral, Silvia Margarita Martínez
Jóvenes ante la emergencia nacional. Lucero de Lourdes Espíndola de la Vega.
Justicia para nuestras hijas, Norma Ledesma
Letra S, Alejandro Britto
Mujeres Barzonistas, Minerva Maesse Gómez.
Observa Ciudadana, Blanca Gámez
Organización de Defensa del Patrimonio Familiar y de los Derechos Humanos, Isabel Encerrado
Red por la participación Ciudadana, Francisca Jiménez
Unión de vendedores ambulantes 1º. de mayo, Dirección Colectiva
Camilo Daniel Pérez, Sacerdote Diocesano de Cuauhtémoc.
Diana Villalobos, defensora de Derechos Humanos
Dr .Víctor Quintana Silveyra defensor de Derechos Humanos

Hilda de la Vega Cobos, defensora de Derechos Humanos