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El
Comité examinará por primera vez a México sobre el grado de cumplimiento de sus
obligaciones respecto de las víctimas de desapariciones forzadas o involuntarias.
-
La
revisión se realiza en el contexto de la crisis del Estado mexicano en materia
de derechos humanos, de legitimidad de sus políticas y de
impunidad.
-
Las
conclusiones del Comité deben representar un punto de inflexión que permitan un
cambio profundo en las acciones estatales.
México,
a 29 de enero de 2015.- El
próximo 2 y 3 de febrero el Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED, por
sus siglas en inglés) de la ONU, en su 8º periodo de sesiones a
celebrarse en Ginebra, Suiza, examinará a México sobre el grado de cumplimiento
de las obligaciones contenidas de la Convención Internacional para la
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El Comité cuenta con
informes rendidos tanto por el Estado como por diversas organizaciones de la
sociedad civil. En esta ocasión, sostendrá un diálogo público con el Estado
mexicano, brindará un espacio para las organizaciones y víctimas para finalmente
adoptar sus conclusiones y recomendaciones, mismas que se harán públicas el 13
de febrero.
México llega a este
espacio señalado nacional e internacionalmente por usar la desaparición forzada
desde la llamada “guerra sucia”, cuya impunidad persistente ha hecho posibles
las más de 23,000 desapariciones contabilizadas oficialmente hasta el 2014. A
la fecha, según el reporte del Estado, sólo existen 6 sentencias a nivel
federal por casos de desaparición forzada lo cual continúa generando la
comisión impune, generalizada y sistemática de estas graves de violaciones a
derechos humanos.
En este marco, la
desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro
Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero ha puesto en evidencia el actuar del Estado al
violar los derechos humanos fundamentales para luego incumplir con su
obligación de búsqueda e investigación adecuadas que conduzcan al paradero de
los estudiantes y permitan conocer la verdad de lo sucedido, sancionar
adecuadamente a los responsables y brindar una reparación adecuada y
proporcional por los trágicos hechos.
A la par, resultan inaceptables
los persistentes retrasos que México ha tenido frente al CED, que en el actual
contexto debería resultarle prioritario. Ejemplo de ello es que el primer
informe estatal, cuya fecha límite de presentación era diciembre de 2012, fue
presentado en marzo de 2014. Igualmente, México se negó a contestar la petición
del Comité de visitar el país durante el 2014 y finalmente demoró y limitó su
contestación escrita a las preguntas previas formuladas por el Comité, omitiendo
abordar las cuestiones más críticas el número real de personas desaparecidas
así como la actuación y respuesta frente a casos emblemáticos como el de
Ayotzinapa.
La falta de
transparencia e información adecuada constituye una de las limitantes para un
verdadero escrutinio internacional que permita exigir procesos de rendición de
cuentas sobre una problemática que ya ha tenido diversos pronunciamientos de
órganos internacionales, tanto de Naciones Unidas como del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos.
Asimismo, hasta la
fecha el Estado se ha negado a reconocer la competencia del Comité para recibir
tanto quejas individuales como interestatales de casos de desaparición forzada
lo cual, en el contexto mexicano, limita seriamente los derechos humanos de las
víctimas de acceder a instancias que puedan garantizar sus derechos de acuerdo
al artículo 31 de la Convención. Además, un grupo de organizaciones de la
sociedad civil solicitó una reunión con la
Cancillería para plantear este tema desde el 8 de septiembre de 2014, pero
nunca recibieron respuesta a su solicitud.
Tanto familiares de
personas desaparecidas -mexicanas o migrantes- como las organizaciones abajo
firmantes participaremos activamente en las sesiones del Comité CED para exigir
que en México ninguna persona vuelva a desaparecer y se esclarezca la historia de
decenas de miles de personas cuyo paradero se desconoce y por las cuales las
familias y organizaciones no nos cansaremos de exigir verdad, justicia y
reparación.
Organizaciones
firmantes:
Asociación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos
Humanos en México (AFADEM)
Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos
Fuerzas Unidas por
Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)
Fundación Diego Lucero
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
FUNDAR, Centro de
Análisis e Investigación
H.I.J.O.S. México
Idheas, Litigio
Estratégico en Derechos Humanos
Servicios y Asesoría
para la Paz (SERAPAZ)
