- Organizaciones
de derechos humanos pedimos al Estado mexicano combatir la
impunidad, y lograr que en todos los casos de violación a los
derechos humanos haya verdad justicia y reparación.
México, D.F. a 15 de julio de 2015.- Desde
la presentación del informe “La Orden Fue Abatir”, del Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el pasado 2 de julio, se ha vuelto a
visibilizar la preocupante situación en materia de derechos humanos, en
particular sobre el alarmante uso desmedido de la fuerza, que ha llevado a la
comisión de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves a los derechos
humanos en el contexto de la estrategia de seguridad implementada desde diciembre
de 2006, y en el marco del combate al crimen organizado.
A más de un año de la masacre de Tlatlaya, donde 22
personas perdieron la vida en el Estado de México, el Centro ProDH presentó los
principales retos en materia de justicia, verdad y reparaciones en el caso
Tlatlaya, el cual consideramos emblemático y una muestra de las consecuencias
de la guerra contra las drogas. Las organizaciones firmantes nos hemos sumado a
la exigencia de las víctimas de este caso por alcanzar verdad, justicia y
reparación, haciendo hincapié en la necesidad de modificar las políticas que
han puesto en riesgo la seguridad y los derechos de la sociedad mexicana.
Si bien el caso de Tlatlaya es paradigmático, no se
trata de un evento aislado. Tlatlaya es ejemplo de una política de Estado de
matar personas, enmarcada en un cuadro de violaciones graves a derechos humanos,
como es la práctica sistemática y generalizada de la tortura, tratos crueles,
inhumanos y degradantes. No nos cabe duda que se trate de una decisión de Estado
de no impulsar decididamente la profesionalización de la policía, lo que ha
llevado a colocar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, militarizando
así la seguridad pública.
La presencia militar ha significado un riesgo
palpable de violación a derechos humanos, por lo que las organizaciones
coincidimos en que la solución es establecer cuanto antes un plan de salida de
las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública, y su regreso a los
cuarteles.
Hemos mencionado en reiteradas ocasiones que la
Reforma al Código de Justicia Militar realizada en 2014 no es suficiente para
garantizar los principios de la correcta administración de justicia, cuando se
trata de afectaciones y violaciones a los derechos humanos, tanto de civiles
como de miembros de las fuerzas armadas.
Sobre el uso del término “abatir” coincidimos en que
no se trata de un sinónimo de matar o asesinar, ni que ésta sea la única
instrucción; sin embargo, se ha utilizado para referirse a la pérdida de vidas,
y consideramos que se trata de un incentivo para ejecutar y cometer violaciones
a derechos humanos. De acuerdo a
información obtenida mediante solicitudes de acceso a la información, entre el
1º de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 53 recomendaciones por ejecuciones
extrajudiciales, de las cuales 42 fueron dirigidas a la Secretaría de Defensa
Nacional y a la Secretaría de Marina. Resulta entonces preocupante que dentro
de esta política de seguridad la orden no sea detener y poner a disposición,
sino abatir y ejecutar.
Celebramos la decisión de la CNDH de exigir a la
SEDENA que se “revoquen o sean modificados” todos los documentos y ordenanzas
militares –vigentes a la fecha– en los que se utilicen términos como abatir
personas u otros similares, sin precisar los alcances específicos.
No obstante, insistimos en que no es sólo cuestión
del uso de los términos, sino también de la necesidad apremiante de analizar
los resultados de una política de seguridad que no está funcionando. Tlatlaya y
otros eventos evidencian que esta política de mano dura, donde no se respetan
los derechos humanos, no ha sido efectiva para brindar seguridad. Por ello es
de carácter urgente encontrar soluciones prácticas para revertir las crisis de
Estado de Derecho y de seguridad que atraviesa el país.
La repetición y forma coincidente de las violaciones
graves a derechos humanos excluye toda posibilidad de que se trate de
violaciones a derechos humanos aisladas. Las Fuerzas Armadas han ejecutado
sistemáticamente a población civil en el marco de una política en la que no se
investiga, procesa y castiga a los responsables; lo que podría constituir
crímenes de lesa humanidad.
Las instituciones de impartición de justicia han
probado que no tienen la capacidad o la voluntad para investigar y sancionar a
los responsables de los delitos. Es urgente buscar alternativas, tomando en
cuenta las buenas prácticas internacionales para combatir la impunidad.
Las organizaciones firmantes hacemos un enérgico
llamado a que se realicen investigaciones prontas, imparciales e independientes
sobre las personas responsables materialmente de los hechos de Tlatlaya, así
como de quienes institucionalmente son responsables. Los datos y
recomendaciones presentados en el Informe muestran que casos como Tlatlaya
tienen un fondo estructural y deben ser atendidas de manera inmediata.
Las organizaciones firmantes pedimos al Estado
mexicano en todos sus niveles combatir la impunidad, y lograr que en todos los
casos donde hubo una violación a los derechos humanos haya verdad justicia y
reparación.
Artículo 19
Casa del Migrante de Saltillo [Frontera con Justicia AC]
Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco A.C (Barcadh)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
(CMDPDH)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos AC
(Cosyddhac)
FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
JASS (Asociadas por lo Justo)
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juarez A C
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los
Derechos para Todas y Todos” (conformada por 75
organizaciones en 21 estados de la República mexicana):
Agenda LGBT (Estado de
México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los
Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de
Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C.
“Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo,
Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro
“Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala,
Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de
Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las
Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.);
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito
Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C.
(Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.);
Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.);
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.);
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos
Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de
Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón,
Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro
de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos
Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos
Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón,
Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de
Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro
de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de
Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano
para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro
Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho
Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro
Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.);
Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca,
Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía
Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo
Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de
Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito
Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad
Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comisión de Derechos
Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de
Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua,
Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR)
(Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A.
C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha
A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas
(Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité
de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.);
Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla,
Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de
Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de
Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de
Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.);
Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C.
(Tulancingo, Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante
González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense.
Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y
el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C.
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la
Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.);
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad
Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos
Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y
Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo
Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y
Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y
Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de
Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal),
Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Distrito Federal);
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
(Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PRODESCAC) (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de
Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y
Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de
Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C.
(Oaxaca, Oax.)
