Amnistía Internacional lanza campaña para exigir justicia por el asesinato del ambientalista mexicano Julián Carrillo

• Fue asesinado en octubre de 2018 por su defensa de los bosques en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua.

• Con esta campaña, en la que participarán deportistas de todo el mundo, se busca exigir justicia y llamr la atención ante la violencia que afecta a su estado natal.

• Participarán, entre otros, Martín Fiz, campeón mundial y de Europa en maratón; Aritz Aduriz, futbolista del Athletic Club de Bilbao, y Fernando Riaño, campeón del mundo de duatlón para ciegos.

Amnistía Internacional lanzó la campaña #CorroXJulián, iniciativa que “recaudará” kilómetros para exigir justicia por la muerte del líder rarámuri Julián Carillo, ambientalista mexicano asesinado el 24 de octubre de 2018 por denunciar actividades ilegales de tala y minería en la Sierra Tarahumara.

Con dicha campaña, se busca además llamar la atención internacional sobre la violencia que el crimen organizado ha desatado en su comunidad natal, Coloradas de la Virgen, en el estado de Chihuahua.

A través de la página https://www.es.amnesty.org/ corredores de todo el mundo, así como personas que hagan recorridos a pie, pueden inscribirse y registrar los kilómetros recorridos en esta muestra de solidaridad. El objetivo es cubrir 10 mil kilómetros, distancia que separa a la ciudad de Madrid, en España, con el estado de Chihuahua, en México.

Hasta ahora han confirmado su participación, entre otros, Martín Fiz, campeón mundial y de Europa en maratón; Aritz Aduriz, futbolista del Athletic Club de Bilbao, y Fernando Riaño, campeón del mundo de duatlón para ciegos.

Esta forma de expresar solidaridad es también un homenaje a la comunidad rarámuri, famosa a nivel internacional por recorrer largas distancias portando como calzado únicamente unos huaraches o sandalias planas.

Con las fotos de las personas que se sumen a la campaña, Amnistía Internacional elaborará un dossier que entregará a las autoridades de Chihuahua y a los medios de comunicación, exigiendo que se haga justicia para Julián, cuyo asesinato sigue impune. Aunque dos personas, presuntas responsables materiales del asesinato están detenidas, sigue sin conocerse a los autores intelectuales del crimen.

“El asesinato de Julián fue una tragedia anunciada. Las amenazas sufridas y hasta el incendio de su casa como consecuencia de su defensa de la tierra son, desgraciadamente, algunos ejemplos del peligro que corría su vida. Otras cinco personas de su familia, incluido su hijo, también fueron asesinadas, así como muchos otros líderes indígenas de la región”, aseguró Olatz Cacho, responsable del trabajo sobre México en Amnistía Internacional España.

Julián Carrillo era beneficiario desde 2014 de medidas de protección brindadas por el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para impedir su asesinato.

Amnistía Internacional exige que se lleve a cabo una investigación independiente y exhaustiva para procesar a todas las personas implicadas en el asesinato. Además, reitera a las autoridades mexicanas la urgencia de implementar medidas eficaces y adecuadas para proteger a la comunidad de las Coloradas de la Virgen, en Chihuahua. Allí, como en todo México, las personas defensoras de derechos humanos y ambientales deben poder ejercer su labor de defensa seguras y sin miedo a sufrir represalias.

De acuerdo con la organización Front Line Defenders, 321 ambientalistas fueron asesinados en 2018 en todo el mundo, la mayoría por participar en la defensa de asuntos indígenas y ambientales. De ese total, 15% de las muertes ocurrieron en México, nación que se ubicó como la segunda con mayor incidencia en ese delito.

Amnistía Internacional ve con preocupación el incremento en las muertes de personas defensoras de tierra y territorio en México, por lo que hace un exhorto al gobierno para que tome las acciones necesarias que permitan prevenir la violencia y proteger la vida de las personas que alzan la voz diariamente para defender el Estado de Derecho.

Para mayor infomación

Prensa de Amnistía Internacional

Alejandro Juárez Gamero

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ANTE LA AUSENCIA DE REPARACIÓN Y JUSTICIA, SE PRESENTA CASO DE MARISELA ESCOBEDO ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Chihuahua, San José y El Paso, a 24 de junio de 2019.- El día de hoy, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la organización Mexicanos y Mexicanas en el Exilio (Mex-en-Ex), presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de Marisela Escobedo Ortiz, quien fue asesinada por exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí Frayre Escobedo.

A partir de la solicitud al órgano interamericano, las organizaciones y la familia de Marisela buscan superar los obstáculos impuestos en México en la búsqueda de justicia y en evitar que situaciones de esta naturaleza se presenten.

La petición emitida a la CIDH permitirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos documentar las violaciones de derechos humanos cometidas contra Rubí, Marisela y 17 miembros de su familia. Entre ellas cuentan la falta de protección que desencadenó la violencia machista en su contra y el posterior asesinato y desaparición de la joven; la falta de investigación de estos hechos. A esto se suma la falta de garantías para que Marisela Escobedo ejerciera su rol de defensora de derechos humanos de manera segura, lo que facilitó su asesinato y desencadenó el desplazamiento forzado de su familia.

“El gobierno no estaba dispuesto a actuar con la verdad. Fue algo duro de digerir, lo hicimos y buscamos otras vías, como la de hoy, de presentar el caso, esperando que la CIDH lo va a recibir y procesar. Tenemos la verdad de nuestro lado, seguimos siendo víctimas, nos tocó vivir esto, uno de los casos más delicados del país, pero acá seguimos adelante”, expresó Juan Manuel Frayre Escobedo, el hijo de Marisela Escobedo, quien se encuentra asilado por la violencia de la que han sido víctimas.

“El Estado mexicano tiene una deuda profunda con Marisela Escobedo, y a través de ella, con las mujeres del país. A 8 años de su muerte elevamos nuestra solicitud al más alto órgano de derechos humanos de la región, en busca de la justicia que México le ha denegado a Marisela, Rubí y su familia”, declaró Claudia Paz y Paz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para Centroamérica y México.

La directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Ruth Fierro, señaló que esta petición busca, además de justicia, verdad y reparación en el caso de la familia Escobedo, la adopción de medidas estructurales en México para garantizar el derecho de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia, así como el derecho del acceso a la justicia y protección adecuada del Estado para personas defensoras de derechos humanos en situaciones de riesgo.

A la fecha, han pasado 3.953 días sin justicia para Rubí y 3.112 para Marisela. Con una alta incidencia en violencia familiar, sexual, desapariciones y homicidios, el estado de Chihuahua se encuentra entre los cinco primeros lugares en violencia de género y entre las 10 entidades con el mayor número de feminicidios en el país. En añadidura, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Chihuahua fue el tercer estado más peligroso para ejercer la defensa de los derechos humanos en México, con 17 homicidios de personas defensoras registrados, sólo por debajo de Guerrero y Oaxaca.

Las organizaciones solicitan que se declare que el Estado mexicano es internacionalmente responsable por las violaciones, omisiones, negligencias e impunidad que derivaron en el asesinato de Marisela Escobedo, el feminicidio de su hija Rubí y el desplazamiento de la familia a Estados Unidos.

ANTECEDENTES DEL CASO:

Rubí, de 16 años, desapareció a fines de agosto de 2008. Ante la falta de antecedentes, su madre, Marisela Escobedo, dejó todo para convertirse en investigadora y defensora de derechos humanos. A partir de los antecedentes que recabó de manera independiente, se determinó que Rubí fue asesinada por su pareja sentimental, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien por entonces ya había huido de Chihuahua.

Pese a ello, el proceso judicial terminó absolviendo a Barraza. Aunque en segunda instancia se logró una sentencia condenatoria, Sergio ya había huido. Fue entonces que Marisela comenzó una lucha incansable para exigir la aprehensión del asesino de su hija y emprendió una serie de acciones para conseguirla.

El 16 de diciembre de 2010, mientras demandaba el esclarecimiento del feminicidio de Rubí, fue encañonada por un arma de fuego que le dio muerte frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, y en presencia de su familia.

Luego de su asesinato, el riesgo se extendió a la familia: su cuñado Manuel Monge fue asesinado y su familia nuclear tuvo que huir de México y actualmente se encuentran en proceso de solicitud de asilo político, problemática que tampoco ha sido atendida por parte del Estado mexicano.

PROGRAMA DE SUBVENCIONES DE PROTECCIÓN

Estimadas/os compañeras/os, 

En el marco de la acción “Fortalecimiento y dignificación de la labor de las personas defensoras de derechos humanos en Chihuahua y a nivel nacional” proyecto coordinado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Front Line Defenders con la financiación de la Unión Europea, queremos compartirles la siguiente información sobre el “Programa de subvenciones de seguridad”, animándoles a que consideren hacer uso del mismo y darlo a conocer entre sus aliados/as.

Este programa ofrece subvenciones (de un monto máximo de 7.500 EUR) para gastos de seguridad y protección de personas defensoras, sus organizaciones o colectivos, y periodistas. El programa está diseñado para permitir a los y las defensoras de DDHH continuar su legítimo trabajo dentro de sus propias comunidades a través de la provisión de recursos financieros para la mejora de su seguridad y protección inmediata y a largo plazo. 

Las subvenciones tratan de adaptarse con la mayor flexibilidad posible a las necesidades identificadas por las personas defensoras. Algunas de las actividades elegibles incluyen: • Mejoras a la seguridad de las oficinas o seguridad personal. 

• Mejoras de seguridad informática y digital. 

• Apoyo psicológico y psicosocial; asesoramiento sobre bienestar y manejo del estrés. 

• Apoyo y subsistencia familiar. 

• Gastos de traslado o relocalización temporal. 

Para solicitar una subvención de seguridad se deberá llenar un breve formulario en el que describan la naturaleza y el trabajo de su organización o como individuo, destaquen los riesgos de seguridad que enfrentan y detallen qué tipo de apoyo solicitan. La solicitud se encuentra en línea a través de un formulario cifrado en la página web de Front Line Defenders www.frontlinedefenders.org/es/programme/protection-grants en el recuadro “Enviar una solicitud cifrada aquí” o, alternativamente, puede enviarse en papel. 

El programa de subvenciones no proveerá fondos para gastos de carácter retroactivo. Tampoco se financiarán organizaciones internacionales; organizaciones que han solicitado o ya reciben fondos para el mismo propósito; costos de funcionamiento de oficinas; guardias de seguridad armados; o adquisición de vehículos, así como proyectos de DDHH cuyo enfoque sea más amplio que loa protección de personas defensoras de DDHH. 

Pueden encontrar más información en el siguiente enlace www.frontlinedefenders.org/es/programme/protection-grants y no duden en contactarnos a través de maria@frontlinedefenders.org en caso de duda. 

Gracias por su atención y su ayuda en la difusión de la convocatoria. 

Atentamente, 

Los equipos del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Front Line Defenders.