1 de junio de 2020
Al pueblo de México,
A los medios de comunicación,
Al Sr. Presidente Lic. Andrés M.
López Obrador
En el marco de la visita prevista del
Presidente Andrés Manuel López Obrador, para “dar banderazo” de salida a su
proyecto denominado “Tren Maya,” las y los suscritos, organizaciones no
gubernamentales, colectivos indígenas y populares, comunidades de base,
académicos y académicas, personas en lo particular, a la vez que señalamos lo
inoportuno de dicha visita en medio del momento más crítico de la pandemia de
la COVID-19, realizamos este comunicado.
El “Tren
Maya”, ha sido presentado como uno de los principales proyectos de la actual
administración federal. En el discurso, la obra servirá para “detonar el
desarrollo del sureste y potenciar el turismo y el desarrollo económico de la
región”. Sin embargo, durante el
avance del proyecto se han atropellado los derechos y garantías de la población y se ha violentado el Estado
de derecho. Es por las siguientes razones que expresamos nuestro rechazo al proyecto:
PRIMERO.
Siendo que existen diversos
amparos en los que jueces federales han ordenado
la suspensión de muchas de las actividades del proyecto y que la CNDH ha ordenado como medida cautelar, la suspensión de actividades no
esenciales del proyecto, la visita
del Señor Presidente atentaría contra el orden Constitucional. El objetivo de
su visita desdeña y desacata órdenes judiciales y del Ombudsperson afectando el
delicado balance y el equilibrio del ejercicio de poder en nuestro país.
El avance del proyecto que se fuerza
desde el gobierno federal se cobija en la disminuida actividad del Poder
Judicial Federal por la emergencia sanitaria, y las consecuentes repetidas
negativas de juzgados federales de Campeche y Yucatán de recibir demandas de
amparo en contra del proyecto. Es preocupante el ambiente que se cimbra en la
conciencia nacional por las faltas de independencia judicial y de garantía de
acceso a la justicia en el contexto de este proyecto.
En este mismo sentido, por causa de la
pandemia, han sido canceladas las reuniones informativas y mesas de discusión,
y se ha establecido que los términos para obtener información no corren, lo
cual limita el acceso de la población involucrada a información cabal,
suficiente y oportuna.
SEGUNDO.
El megaproyecto en cuestión,
aunque afecta de manera directa a comunidades indígenas de al menos 4 de las 5
entidades federativas se ha ido erigiendo sin la participación de los pueblos
originarios y de otros sectores de la sociedad en el diseño y planeación de un proyecto de desarrollo. Para este
proyecto no existió un diálogo
preliminar con las comunidades para tomar su parecer y conocer sus necesidades y pasando por alto el derecho que
tienen a decidir libremente su futuro, violando un derecho que se encuentra
constitucionalmente protegido, que es el derecho a la libre determinación.
Sobre este particular, es preciso
recalcar que las reuniones realizadas por el Instituto Nacional de Pueblos
Indígenas entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado, no
pueden ser consideradas como un proceso de consulta indígena, en principio porque se efectuaron a través de instancias
no representativas de las comunidades y pueblos. En segundo porque no se
cumplió con los estándares mínimos del derecho a la consulta, establecido en el Convenio 169 de la OIT, situación que incluso fue señalada por la Oficina para México del Alto Comisionado de
Naciones Unidas1.
Así también, porque durante las mismas, los funcionarios presentes aceptaron no
tener toda la información sobre el diseño de la obra, la ruta del tren y, los impactos ambientales y socioeconómicos.
Los procesos de consulta (y de pagos simbólicos por derechos de vía) a ejidos y comunidades indígenas
continúan durante la emergencia sanitaria en contra de las recomendaciones de organismos internacionales y sin
otorgar información suficiente con respecto a las afectaciones. Aún siguen sin
definirse la ubicación y número de los llamados polos de desarrollo así como el
funcionamiento de las FIBRAS (Fideicomisos de
Infraestructura y Bienes Raíces) que estimamos son acciones para
“bursatilizar la tierra” y contra
los cuales se ha pronunciado con una opinión negativa
el mismo Procurador Agrario (19 mayo 2020).
Decidir el futuro de las comunidades y
pueblos indígenas unilateralmente, afirmando que serán los principales
beneficiados de un proyecto que desconocen y en el cual su papel principal será el de la mano de obra
barata, significa reproducir la discriminación
sistémica que ha impulsado por años el Estado mexicano y que les ha
negado a esos pueblos ser los dueños de su propio destino y futuro. La actual
administración dilapida una oportunidad
histórica de hacer las cosas de manera distinta y generar condiciones adecuadas
para llevar a cabo un diálogo intercultural que permita generar condiciones de desarrollo a partir de las realidades,
especificidades, historias y prácticas de esos pueblos. Según los mismos informes del
gobierno federal, los miles de empleos que supuestamente
se crearían, muy probablemente serían empleos precarios, mal pagados,
temporales y sin garantías de seguridad social para las y los trabajadores, es
decir que tampoco contribuiría al desarrollo regional, como se ha dado en
otros proyectos impulsados por el FONATUR.
TERCERO.
Existen serios cuestionamientos
en torno a la viabilidad ambiental del proyecto
denominado Tren Maya. Esta
afirmación tiene sustento no sólo en lo señalado por académicos, académicas y
comunidades desde sus instituciones de forma independiente, sino también por
instancias del propio gobierno federal. Al respecto es preciso recordar que
existe un estudio realizado por un grupo de 30 científicos convocados por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología para
determinar el impacto del Tren Maya en los territorios donde se
planea su construcción, mismo
que concluye que existen riesgos
ambientales y sociales en este proyecto de desarrollo. Éste y otros estudios concluyen que el Tren Maya propiciará la degradación,
deforestación y fragmentación de
veintitrés Áreas Naturales Protegidas, entre las cuales se encuentran Áreas
Naturales Protegidas de Quintana Roo como Yum
Balam, Manglares de Nichupté, Uaymil y las Reservas de la Biosfera de
Sian Ka’an y Calakmul, ambas patrimonio de la Humanidad,
así como siete Regiones Terrestres Prioritarias,
y once Regiones Hidrológicas
Prioritarias, a tal grado que podría convertirlas en áreas biológicamente inhóspitas. Estos estudios
resaltan que no existe información suficiente acerca de los distintos proyectos
económicos que este conllevaría, como las nuevas ciudades, los parques industriales y nuevos enclaves
de desarrollos turísticos. Asimismo, los estudios exponen riesgos
para la identidad cultural y posible
mercantilización de la propia cultura indígena; violación al derecho a la
tierra y mecanismos de financiamiento que no favorecen a los propietarios de
las parcelas en los polos de desarrollo, así como la sobre- densificación del
corredor turístico Cancún-Tulum.
Pero además, el estudio determina,
claramente, que el Proyecto Tren Maya
traza una ruta de infraestructura no sólo ferroviaria sino de desarrollos
turísticos, habitacionales y de traslado, almacenamiento y comercio de
mercancías de tipo diverso, situación que supone un profundo reordenamiento
territorial en los cinco estados afectados por el proyecto. Como consecuencia de lo anterior, y dada las condiciones naturales excepcionales y
altamente vulnerables de la región así como diversidad biológica que existe en las cinco entidades
federativas, se afectarán grandes macizos de selva, manglares y otros
humedales, con la consecuente pérdida de
servicios ambientales como las
recargas al manto freático o su capacidad para capturar dióxido de carbono.
Estas afectaciones en un contexto de alta conflictividad socio-ambiental
vigente caracterizado por el despojo de bienes comunes de territorios
campesinos e indígenas conllevan a su vez al deterioro de sistemas ambientales.
La infraestructura ferroviaria y los llamados polos de desarrollo
significarán también, irremediablemente, especulación y privatización de tierras ejidales. En este sentido también se pronunciaron académicos
frente al Congreso de la Unión en septiembre de 2019.
Los cuestionamientos se agravan con el
hecho de que no existe una evaluación de impacto ambiental del proyecto en su
totalidad, ni de ningún centro urbano que se propone, así como tampoco hay
estudios realizados ni información sobre cuál sería el impacto acumulativo del Tren Maya en toda el área de afectación.
Esta falta de evaluaciones violenta
el marco jurídico nacional e internacional que establece la obligación de llevar a cabo estudios de
impacto ambiental para este tipo de proyectos.
FONATUR se escuda en que por el momento no se construirán nuevas vías,
sin embargo esto es sólo parcialmente cierto puesto que las vías serán
ampliadas en toda su extensión y se construirán y
habilitarán carriles para un tren nuevo para el cual se requieren nuevos
sistemas de durmientes y de rieles. Como reconoce el mismo Fonatur, los contratos firmados con los
concesionarios tienen también la finalidad de que se construyan estructuras
para el nuevo tren.
En este sentido, aún y cuando FONATUR anunció que el gobierno federal
contaba con el 95% del derecho de
vía, esto se ha comprobado incorrecto (por más del 40%) por estudios independientes y por el mismo FONATUR en el reciente informe del
Director General Rogelio Jiménez Pons en la rueda de prensa del 18 de mayo pasado.
CUARTO.
El proyecto del Tren Maya genera graves riesgos al
patrimonio histórico y cultural, todos bienes nacionales, particularmente de la
península. En los alrededores del trazo del Tren
Maya el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene registro
de siete mil 274 sitios arqueológicos. De éstos, mil 288 se encuentran a
distancias no mayores a 10
kilómetros de la vía férrea, de manera que tendrían una afectación directa,
según el citado estudio encargado por el CONACYT. En el mismo se afirma que “Atendiendo a
los cálculos de pasajeros y carga del tren, podrían implicar la destrucción
irrecuperable de posibles vestigios culturales, daño físico, adulteración o uso
turístico excesivo”. En una denuncia penal realizada por arqueólogos,
antropólogos, historiadores y expertos de diversas organizaciones
e institutos de investigación por daños
a los bienes nacionales a raíz de los proyectos de los trenes maya
y transistmico, se denunció que los estudios de salvamento fueron realizados
por una persona que no cuenta con experiencia ni títulos en la materia.
QUINTO.
Aún y cuando el gobierno federal
ha buscado publicitar un supuesto apoyo desde las Naciones Unidas al proyecto,
dicho apoyo no existe. Existen consultores contratados
por FONATUR a través de ONU-Habitat
y la UNESCO que colaboran actualmente con estudios para el proyecto, sin
embargo esto no representa un espaldarazo al proyecto por parte de las Naciones
Unidas. Es más, las acciones de ONU- Habitat
para el proyecto han sido denunciadas porque han puesto en peligro la salud de
las personas al realizar censos, entrevistas y encuestas para su desalojo y
despojo de sus hogares durante la
emergencia sanitaria declarada desde el gobierno federal.
Finalmente queremos señalar que,
frente a este proyecto que desde un inicio ha sido opaco por la ausencia de
información, que beneficiará a grandes consorcios empresariales y que ha
avanzado aún durante la pandemia de la Covid-19, poniendo en riesgo la salud de
las trabajadoras, trabajadores, comunidades y la población en general,
representantes de distintas comunidades indígenas y campesinas en los estados
afectados han presentado diversas acciones legales. Lo han hecho ante
instancias nacionales e internacionales, en las cuales han señalado la
violación a diversos derechos. Dichas comunidades, a pesar de la dificultad que
históricamente han tenido para acceder a la justicia, han logrado, hasta ahora,
tres suspensiones, una en Calakmul, otra en Palenque y una más en Campeche, así
como la emisión de medidas cautelares por parte de la CNDH.
En dichos procesos se han evidenciado
claras violaciones a la ley, contradicciones
y falsedades en la implantación del
proyecto por parte fundamentalmente del FONATUR,
pero sobre todo se ha expresado la voluntad de la población de mantener
la exigencia y la batalla jurídica y
política para hacer efectivos sus derechos a preservar su territorio y medio ambiente.
En esa lógica, el Gobierno Federal
tiene la oportunidad histórica, a partir de las promesas de cambio que su
titular ha expresado, de generar un proceso en donde las demandas, puntos de
vista y exigencias de las comunidades indígenas, académicos y diversos
colectivos que han expresado su oposición al tren, puedan ser escuchados, de tal manera que se genere un proceso
realmente democrático en la definición de la política de desarrollo de las comunidades y pueblos.
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