martes, 17 de febrero de 2015

A las y los operadores del Sistema de Justicia de Chihuahua



Mujeres en lucha, hijo/hija velo por nuestros derechos,  somos obreras, empleadas,  estudiantes, profesionistas, amas de casa, empresarias, a todas nos une el dolor de haber perdido a una hija o a un  hijo, como consecuencia de la perpetuación de la violencia de nuestras parejas.


Cuando la violencia entro a nuestras vidas y decidimos poner límites, la venganza de quienes nos amenazaban con destruirnos,  empezó a ser una realidad.  Los hombres agresores  utilizando el aparato judicial nos despojaron de lo más valioso en nuestras vidas, la presencia de nuestros hijos e hijas.


Ante esta realidad, acudimos a los juzgados a tratar de explicar la situación, la mayoría de los veces quienes resolvieron el destino de nuestra familia se negaron a recibirnos, en esa peregrinación de juzgado a  juzgado, del Centro de Justicia para las mujeres  al DIF, de condición de víctimas a ser tratadas como delincuentes, en los pasillos de las instituciones que nos victimizan y que ejercen violencia Institucional, nos encontramos las mujeres y decidimos hacernos visibles. 


 En esta lucha  desigual por recuperar a nuestros hijos e hijas buscamos aliadas y encontramos al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Sin conocer el derecho, nos volvimos especialistas en el tema y expertas en temas de justicia, empezamos a reconocernos como defensoras de derechos humanos.


Según la ONU se  usa la expresión “defensor de los derechos humanos” para describir a la persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos. Se les conoce sobre todo por lo que hacen, y la mejor forma de explicar lo que son, consiste en describir sus actividades. Es decir, la persona que actúe en favor de un derecho (o varios derechos) humano(s) de un individuo o un grupo será un defensor de los derechos humanos.


No es fácil denunciar las injusticias en un mundo patriarcal y machista, en donde las madres somos obligadas a convencer a las autoridades de que “ somos buenas madres”, jamás cuestionan al hombre que ejerce violencia, quienes utilizan su poderes económicos, políticos o incluso su condición de género para continuar el sometimiento y humillación. 


Nos convocamos a partir de la experiencia personal de dolor  y sufrimiento y muy pronto dimos el salto del yo al nosotras, de nuestro caso personal al de todas las madres que están en igual situación.  Las reuniones nos abren el camino a la reflexión de las  violencias invisibles que se imponen a las mujeres como destino, a partir de las instituciones y estructuras culturales  que la justifican. 


Ir por la vida sin tus hijos/as la depresión suele paralizarnos, el dolor nos consume, lo cotidiano consiste en el sobrevivir, vivimos en piloto automático, como los alcohólicos “un día a la vez” y es que ser privadas de:



Estar a su lado, de mimarlos, arroparlos para ir a dormir, darles un beso de buenas noches, cantarles, leerles un cuento, consolarse cuando están enfermos, cuando tuvieron un mal sueño. Nuestros hijos e hijas tienen el derecho de tener a su lado a su madre, a aquella  persona que siempre está ahí cuando la necesitamos, que les ama incondicionalmente. A las niñas y niños privadas del amor maternal se les hace un daño irreparable.


En algunas ocasiones después de años de pelear por el derecho, algunas logramos convivencias supervisadas, con personal que no tiene ni la sensibilidad ni la preparación profesional que se requiere, el dolor es insoportable cuando advertimos la manipulación de nuestros hijos e hijas por nuestras parejas como una forma de perpetuar la violencia. 


Exigimos a quienes tienen sus manos la responsabilidad de administrar justicia, que recuerden que no somos un número de expediente, que detrás de cada caso a juzgar esta una historia de dolor y dignidad,  que somos mujeres víctimas de violencia que se nos va la vida en exigir justicia y que nuestro hijas e hijos tienen derechos y por ellos y ellas estaremos luchando por el resto de nuestras vidas.







Atentamente,

Mujeres en lucha,

¡hijo / hija velo por nuestros derechos!





viernes, 13 de febrero de 2015

Carta pública sobre asistencia a firma de convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Instituto Nacional de las Mujeres



Ante la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), las organizaciones integrantes del Movimiento de Mujeres de la Ciudad de Chihuahua informamos a la sociedad Chihuahuense y mexicana lo siguiente:



El Movimiento de Mujeres de la Ciudad de Chihuahua integrada por diversas organizaciones sociales que por más de dos décadas hemos realizado una defensa activa de los derechos humanos en Chihuahua, acudimos a este evento únicamente en reconocimiento del apoyo que el INMUJERES ha brindado a nuestro estado. Especialmente reconocemos a la Lic. Lorena Cruz, titular del INMUJERES y Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, por su incondicional apoyo a las organizaciones respecto del inédito pronunciamiento que ese Sistema hará en relación a la urgencia de reformar los códigos de procedimientos familiares y civiles por contener diversas disposiciones violatorias de derechos humanos.



Dicho lo anterior, las organizaciones asistiremos a tal evento bajo protesta por las siguientes razones:



Estamos bajo protesta debido a que desde que el Gobernador César Duarte nos convocó al inicio de su mandato constitucional a trabajar de manera conjunta a favor de las mujeres   y desde esa fecha el incumplimiento de compromisos ha sido una constante.



Hemos documentado en toda la gestión del Gobernador Duarte las diversas propuestas que han quedado únicamente en buenas intenciones  pero que lamentablemente no se han realizado, algunos ejemplos:



La Ley de Participación Ciudadana fue uno de los primeros compromisos que asumió el Gobernador César Duarte, iniciativa  firmada por más de doce mil personas y se encuentra en el congelador.  



Los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM), una política pública impulsada por las organizaciones de mujeres, realizada por el Gobierno, son un fracaso: no tienen recursos para cuestiones mínimas, sus instalaciones están descuidadas, carecen de personal suficiente y especializado, y todo ello revictimiza y repercute en una pésima atención a las niñas y mujeres que son  víctimas de violencias, terminándo en feminicidios previsibles. Existe un diagnóstico sobre la situación deplorable en que se encuentran los CEJUM,  el cual no se ha tomado en cuenta.



El discriminatorio  caso de Genoveba, la mujer indígena que permaneció dos años en los pasillos del CEJUM exigiendo que le devolvieran a su hija, la cual fue entregada por el juez cuarto de lo familiar  a la mujer que la robó es solo un ejemplo que salió a la luz pública, de la forma en que en Chihuahua se accede a la justicia. La reciente organización creada por madres que se han visto obligadas a salir a calle a exigir justicia ante el fracaso de los CEJUM es otro ejemplo.  



La Fiscalía que investiga los feminicidios, un esfuerzo inédito del país, se encuentra con cientos de expedientes archivados.



El incumplimiento de la emblemática sentencia de “Campo Algodonero”, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ve reflejado en la falta de capacitación adecuada a funcionarios/as, ausencia de protocolos de atención eficaces, falta de una base de datos fiable de mujeres desaparecidas y asesinadas, ausencia de sanciones a funcionarios/as que obstaculizaron el acceso a la justicia y una completa impunidad en el caso.  



El 10 de diciembre pasado, el Gobernador Duarte tuvo una reunión con 70 personas la mayoría eran  madres, esposas, hermanas, abuelas e hijas que tienen familiares desaparecidos en Ciudad Cuauhtémoc. Después de escuchar sus historias de dolor, hizo compromisos concretos y hasta la fecha, se han incumplido.



Algunas de nosotras recibimos la invitación del Gobierno del estado para formar parte de consejos ciudadanos, en un afán de coadyuvar con responsabilidad a buscar el acceso a la justicia y de participar en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas respecto de las políticas públicas para la atención, prevención,  sanción y erradicación de la violencia de género. Asumimos el compromiso y a pesar de nuestros esfuerzos hemos encontrado obstáculos importantes para que estos funcionen y se han convertido en una política de simulación: los responsables de las diversas áreas no acuden a las reuniones, no cumplen con los objetivos, no se toman en cuenta las observaciones que hacemos, en algunos consejos no hay reuniones. No se tiene voluntad para avanzar en políticas integrales que redunden en una vida más segura para las niñas y mujeres del estado. 



Venimos con desconfianza y reserva a insistir en la obligación que tiene el estado en prevenir la violencia y nos preocupa que ahora estén por promulgar un Código familiar y civil sin tomar en cuenta nuestras aportaciones de las organizaciones que acompañamos a las víctimas



Otra gran preocupación es la situación de las defensoras de derechos humanos y, en especial, estamos indignadas por la auditoría irregular y arbitraria que el Gobierno de Duarte realizo a  la Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), como una clara represalia a una organización que ha ganado junto con comunidades indígenas dos importantes amparos a favor de los derechos indígenas, la organización tuvo que soportar la presencia de un prepotente auditor, que al final decidió fincar responsabilidad por 300 mil pesos porque los indígenas no tienen facturas electrónicas.



Miles de mujeres se encuentran a punto de ser lanzadas de sus viviendas por desalojos forzosos ocasionados por la situación económica. El Gobernador asumió el compromiso de comprar la cartera vencida y abordar adecuadamente este problema social, lo cual se encuentra incumplido.



Finalmente, el 10 de diciembre de 2013 se firmó un convenio con el Gobernador Duarte  con el movimiento de mujeres el cual es letra muerta.



Todo lo anterior evidencia la política de puerta cerrada de este gobierno.





Chihuahua, Chihuahua, a 13 de febrero de 2015.





Organizaciones firmantes:



Abogadas Demócratas

Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C.

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C.

Círculo de Estudios de Género

Ecos de Mirabal

Justicia para Nuestras Hijas

Fatima, I.B.P.

Grupo Feminista 8 de Marzo

Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas

Mujeres Barzonistas

Mujeres por México

Red por la Participación Ciudadana

Observa Ciudadan@

Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua)










martes, 10 de febrero de 2015

Logran mujeres, asesoradas por el CEDEHM, la destitución del Juez Cuarto de lo Familiar en Chihuahua

Chihuahua, Chih., 10 de febrero de 2015. En un hecho inédito, y ante la violencia institucional que viven varias mujeres víctimas de violencias de género, éstas se organizaron y salieron a las calles desde el mes pasado para exigir justicia y denunciar al Lic. Carlos Espino Holguín, Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial Morelos, quien ha sido señalado por diversas víctimas como un funcionario que en forma reiterada violenta los derechos humanos de niñas, niños y mujeres en situación de violencia.

A raíz de ello, el pasado 6 de febrero el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua  emitió un comunicado informando la destitución del juez y señaló que se le integraría en funciones de capacitación en el nuevo Sistema de Justicia Civil y Familiar. De acuerdo con el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal, Lic. José Miguel Salcido, lo anterior obedeció a la necesidad de fortalecer las actividades de capacitación para juzgadores y juzgadoras del Poder Judicial de Chihuahua.

Ante ello, queremos resaltar el activismo, perseverancia y empoderamiento de diversas mujeres que exigían el respeto de sus derechos y la destitución inmediata del juez Espino. Adicionalmente, preocupa  a las organizaciones de derechos humanos el nuevo cargo que ostenta el juzgador, habida cuenta que la capacitación es una herramienta fundamental para profesionalizar el actuar de las y los operadores de justicia al impartir justicia con perspectiva de género y de derechos humanos, de acuerdo a lo previsto por el artículo 1º Constitucional.

Asimismo, y dado las diferentes denuncias presentadas en contra del Lic. Espino y de algunas de las personas que integran el juzgado cuarto, seguiremos observando el actuar de ese juzgado, reiterando la petición de que se realice una auditoría inmediata y solicitando que se tramiten adecuadamente las quejas administrativas y denuncias penales presentadas contra el ex Juez Cuarto de lo Familiar.

Finalmente, ante los obstáculos que encuentran las mujeres para acceder a la justicia, la promulgación de códigos procesales que violentan los derechos de las víctimas, el nombramiento de magistrados/as sin experiencia, la ineficacia  de recursos judiciales  que protejan derechos humanos especialmente para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad,  se ha exigido durante estas manifestaciones la creación inmediata de un Consejo de la Judicatura que garantice una evaluación objetiva del desempeño de quienes integran el aparato judicial y que tome medidas de incentivos o sanciones de jueces, juezas, magistrados/as y personal administrativo, según corresponda.

miércoles, 4 de febrero de 2015

México ante el Comité contra la Desaparición Forzada: la obligación de hacer de la crisis actual, un punto de inflexión en la política del Estado


  • Los familiares solicitan intervención del Comité para impulsar avances concretos y estructurales

  • Caso Ayotzinapa, una prueba para México ante el mundo

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2015.- El día de ayer 2 de febrero y hoy, 3 de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) evaluó por primera vez el cumplimiento de México con respecto a sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada.

Durante la sesión destaco la presencia de familiares de personas desaparecidas de Guerrero, Chihuahua y Coahuila, quienes acudieron a esta instancia internacional como parte de su incansable búsqueda  en la exigencia de la presentación con vida de sus seres queridos y ante la falta de respuestas efectivas por parte del Estado.

El CED cuestionó ampliamente al Estado mexicano en relación a las acciones y políticas destinadas a prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas, así como para la búsqueda y protección a los familiares. En este sentido, el Comité interrogó al Estado sobre las razones del cierre de la FEMOSPP, instancia encargada de la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Sucia, así como la tardía intervención del gobierno federal en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. El CED señalo que el caso Ayotzinapa representa un desafío para el Estado mexicano pero también es muestra de una problemática más amplia y estructural que se ha mantenido debido a la impunidad.

Así mismo, el Comité destacó la necesidad de una búsqueda en vida y de desarrollar las capacidades para el adecuado registro de restos encontrados en fosas clandestinas; el tema de la falta de bases de datos y cifras confiables; el uso abusivo de la reserva de información en casos de graves violaciones a derechos humanos; la ausencia de investigación por desaparición forzada en casos de participación de autoridades; la restricción del acceso efectivo a la justicia para las víctimas en particular para las personas migrantes y sus familias desde sus países de origen; la facilidad con la cual una persona puede desaparecer en detención por falta de comunicación con sus familias; entre otros. Asimismo cuestionó la falta de una legislación integral y armonizada con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada – como podría ser una ley general – y la negativa del Estado hasta ahora de reconocer la competencia del Comité CED para conocer de casos individuales de desaparición forzada en México.

Frente a la revisión del CED y la autoridad moral de los familiares presentes en la sesión, incluidos madres y padres de los 43 estudiantes normalistas y otros provenientes de los estados del norte que presentan alarmantes cifras de desapariciones, la respuesta de la numerosa delegación del Estado fue insatisfactoria. Así quedó evidenciada ante la comunidad internacional la obligación urgente del Estado de tomar acciones efectivas para poner fin a la práctica de las desapariciones en el país y romper el ciclo de impunidad que se ha mantenido vigente durante décadas, abonando a la crisis de derechos humanos que vive el país.

Por esta razón, las organizaciones firmantes destacamos que la revisión de México por el CED y el seguimiento a las recomendaciones que este emitirá el próximo 13 de febrero representan una oportunidad para enderezar la política de Estado frente a las desapariciones, que hasta la fecha se ha empeñado en minimizar la problemática y desarrollar protocolos que se traduzcan verdaderamente en la prevención, búsqueda efectiva, verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Confiamos en que la tenacidad de los y las familiares rinda frutos, y el Estado empiece a dar pasos firmes hacia el futuro, en que no sea posible nunca más la desaparición de personas.

Organizaciones firmantes:

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos  Juan Gerardi
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación
H.I.J.O.S. México
Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos


domingo, 1 de febrero de 2015

LAS VOCES DE LOS DESPARECIDOS Y LAS DESAPARECIDAS EN MÉXICO

Las Desapariciones forzadas e involuntarias en el Estado de Chihuahua, México.

Los días 2 y 3 de febrero, México comparecerá ante el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, para informar cómo ha dado cumplimiento a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

La Maestra Olaya Dozal, madre de una joven desaparecida, viajó a Suiza acompañada por una abogada del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, para comparecer ante los diez expertos que integran el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e informar de la situación de Chihuahua, una de las entidades federativas con mayor índice de personas desaparecidas.

La madre de familia, explicará el problema ignorado e invisible de las desapariciones en esta entidad norteña y  entregará un video de testimonios titulado “Las voces de los desaparecidos y las desaparecidas en México”, el cual se encuentra disponible en la liga: https://www.youtube.com/watch?v=I0TJhdDiZVI

El video de testimonios fue grabado especialmente para el Comité contra las Desapariciones Forzadas con motivo del evento del 2 y 3 de febrero en Ginebra, Suiza y tiene el objetivo dar sustento a las conclusiones del cumplimiento de las obligaciones de México con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, que nuestro país promovió ampliamente.

Dicho material realizado por las familias,  muestra con especial énfasis la situación de las víctimas invisibles de la guerra, es decir, las madres, hermanas, tías y abuelas que han quedado al frente de sus familias destrozadas por la violencia y a cargo de huérfanos/as, sin políticas públicas ni legislación adecuada.

Chihuahua es uno de los lugares donde se presenta con mayor frecuencia el fenómeno de la desaparición, y las autoridades estatales no reconocen el problema, un alto número de denuncias no se realizan por temor, desconfianza, impunidad e infiltración del crimen organizado en las autoridades que investigan.

En el video, una de las víctimas señala “Cuauhtémoc, Chihuahua  y  Ayotzinapa, Guerrero,  lejanos  geográficamente y cercanos en dolor e indignación, con patrones  idénticos de participación y complicidad de grupos criminales y agentes del estado policías y militares, en la desaparición de nuestros hijos e hijas”.  

Es cierto, en Ayotzinapa faltan 43, en Cuauhtémoc nos faltan 355 jóvenes, en Chihuahua 1,520 y en el país más de 22,300, todo México es un cementerio.

Con profunda indignación las mujeres realizan una denuncia pública de su situación señalando que “las mujeres somos las  víctimas invisibles, en los pueblos nos obligan a convivir con grupos criminales, con policías y militares. Presas de terror las mujeres debemos caminar, bajo la mirada amenazante de los hombres con sus armas listas para disparar, allanar cualquier hogar o para a llevarse a nuestras  hijas o hijos como botín de guerra”.

Nuestros seres queridos eran jóvenes con esperanzas y sueños que se vieron truncados por el sinsentido de la violencia, en una de sus más crueles expresiones la desaparición forzada e involuntaria, en este doloroso proceso, su recuerdo nos da fuerza para levantar muros contra la violencia del olvido, para exigir a las autoridades,  para que no nos sigan robando a tantos jóvenes cuyos rostros han dejado de brillar e iluminarnos a nosotros sus familiares y a sus comunidades.

Las  mujeres informan el Comité los obstáculos que han encontrado, como son la falta de recursos materiales y humanos, colusión corrupción, amenazas y ataques directas a las familias para desalentar la búsqueda, las autoridades no hacen cruce de la  información genética con el ADN que les proporcionamos con los cuerpos no identificados del país, no hay diligencias para localizarlos con vida, no los buscan ni vivos ni muertos, somos nosotras las que hacemos las investigaciones a costa de nuestra seguridad, las autoridades no saben coordinarse, ni tienen protocolos de búsqueda, han encontrado decenas de fosas con restos quemados sin identificar, en conclusión no existe voluntad política.

Finalmente agradecen al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres por el acompañamiento  en el proceso de empoderamiento que  las fortalece para continuar en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. “Este es un testimonio del ayer, el ahora y el futuro por el que luchamos, en la resistencia nos mantiene la dignidad y el amor a nuestros hijos e hijas”, finaliza el conmovedor video que se presentará en la ONU el día de mañana.