"¿Qué está esperando
el gobierno? ¿Qué venga y termine conmigo? pues que termine conmigo pero aquí
enfrente -de Palacio de Gobierno- a ver si les da vergüenza"
Palabras expresadas por la defensora de derechos
humanos en diciembre del 2010, en relación a las amenazas recibidas por Sergio
Barraza el asesino de su hija Rubí.
En el marco del tercer aniversario del feminicidio de Marisela Escobedo,
Defensora de Derechos Humanos que murió
sin acariciar el rostro de la justicia, su presencia es vigente, la exigencia
de justicia es compromiso de quienes compartimos su lucha y la nuestra por el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Antecedentes:
Rubí tenía solo 16 años cuando fue asesinada por su pareja sentimental
Sergio Rafael Barraza Bocanegra, una vez
que cometió el artero crimen, no dudo en deshacerse de la víctima para lo cual
la incinero y la llevó hasta un chiquero de marranos, confiado el feminicida en
que ciudad Juárez es la cuna de la impunidad, en que cientos de niñas y mujeres
desaparecen y sus cuerpos son tirados en el desierto; cobijado con la impunidad
de esta ciudad, continuó viviendo tranquilamente al menos por un tiempo, sin
embargo Sergio Rafael, no contaba con la
entereza y el coraje de una madre, que luchó incansablemente, primero por
encontrar a su hija, para tal propósito no dudó en dejar su trabajo dedicándose
de tiempo completo a esta tarea; recorrió ciudad Juárez día y noche, portando
su única arma, un puñado de volantes con los que recorría las colonias más
alejadas en busca de su pequeña Rubí; la lucha de esta madre por encontrar la
justicia, tuvo una singular respuesta en personas como Ángel, el joven que
inició la pista para encontrar los restos de Rubí, que tras una larga y desgastante lucha
lograron dar con el paradero del asesino, quien había huido.
Marisela, haciendo sus propias
pesquisas llegó hasta el asesino de su hija a quien prácticamente entregó a las
autoridades. El lugar en que el asesino incineró a la víctima y la dejó, es tan difícil de acceder que a pesar de tres rastreos realizados por
personal especializado estos fracasaron, de tal forma que de no haber
acudido el mismo asesino, a
indicar el lugar en donde había depositado el cadáver, jamás se hubiera
encontrado, ya antes, Sergio Rafael había confesado el crimen a amigos,
familiares, posteriormente a policías municipales y ministeriales.
El papel de coadyuvante que la madre hizo
patente desde la búsqueda de su hija,
hasta la participación en la sala de juicio oral, en el cual logró una singular
confesión del feminicida, al pedirle
perdón por el daño causado, sin
embargo esto no fue suficiente para el tribunal oral, quienes dictaron una
sentencia absolutoria que llenó de indignación al mundo, ella incansable
continuo luchando por la justicia, logró una sentencia de cincuenta años para
el feminicida de Rubí que nunca cumplió.
La
defensora, fue asesinada frente al
Palacio de Gobierno el 16 de diciembre del 2010, mientras participaba en una
protesta pacífica para exigir al
Gobierno del Estado de Chihuahua realizará las acciones necesarias para
castigar al asesino de su hija.
Marisela, la mujer que pasó de
víctima a Defensora de Derechos Humanos,
la madre que jamás se rindió, cuya lucha por la justicia le costó la
vida.
Entre
el activismo judicial que Marisela realizó en todo el país, se ubica la
Queja CNDH/5/2010/2852/Q, interpuesta
por ella, el 16 de mayo de 2010. Ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos
la Defensora recorrió todas las
instancias y realizó todas las acciones posibles para obtener justicia, sin los
recursos humanos ni materiales con los que cuenta el Estado Mexicano, a
continuación presentamos un compendio de la recomendación 44/2013 del 28 de
octubre del año 2013 la cual puede ser
consultada de forma íntegra en: www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/2013/REC_2013_044.pdf
Ante
las amenazas recibidas el 13 de septiembre del 2010, Marisela interpone
denuncia ante la PGJE-Chihuahua (hoy FGE) en contra que Andy Barraza, hermano
de Sergio Barraza, no hay investigaciones ni protección y el 16 de diciembre del mismo año, ella se
encontraba en compañía de su hermano, y es asesinada frente al Palacio de
Gobierno.
En
el expediente de Queja de la CNDH se
encuentran las pruebas siguientes:
Queja
interpuesta por Marisela ante la CNDH, b) queja interpuesta por Marisela el 10
de septiembre de 2010 ante la
CEDH-Zacatecas en contra de la PGJE-Zacatecas y la Presidencia Municipal de
Fresnillo, y la constancia del allanamiento de estas dos instancias, c)
diligencias realizadas por Marisela Escobedo ante CNDH hasta el 16 de noviembre
de 2010, d) notas periodísticas sobre el homicidio de Marisela, e) numerosas
solicitudes de información a la FGE sobre los avances en las investigaciones
del homicidio de Marisela y constancias de la falta de voluntad de la Fiscalía
para proporcionarla diligentemente, incluso negándose y cuestionando la
facultad de la CNDH para conocer esta información, f) información de la SRE
sobre la solicitud de asilo en los EEUU por parte de los hijos de Marisela, g)
notas periodísticas sobre la detención de José Enrique Jiménez Zavala "el
Wicked" como el presunto autor material del homicidio de Marisela, h)
notas periodísticas sobre el abatimiento de Sergio Barraza, i) constancias que
integran la carpeta de investigación del homicidio de Marisela, de las que se
desprenden, entre otras cosas que el hermano de Marisela (presente en el
asesinato) compareció a las oficinas de la PGR en El Paso, y en diligencia
oficial identificó en rueda fotográfica a Andy Barraza como el asesino, que la
PGR remitió al Ministerio Público local estas constancias, que posteriormente
la PGR le solicita información a la FGE respecto de si se inició la búsqueda
del homicida y que la FGE se niega a darle información, y que existe una confesión del Wicked donde se
declara culpable.
De
las evidencias, la CNDH concluye que existen
elementos suficientes para evidenciar que se violaron los derechos humanos de:
legalidad, seguridad jurídica, trato digno, debida procuración de justicia y
derecho a la verdad en agravio de Marisela Escobedo, defensora de derechos
humanos y de su hermano e hijos en su calidad de víctimas y ofendidos del
delito, derivado de las irregularidades atribuibles a servidores públicos de la
FGE.
La
recomendación considera tres premisas que le permitieron fundamentar y motivar
la multicitada recomendación:
PRIMERA.- Falta de interés y
colaboración de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua con la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos , y las responsabilidades en que con esto se
incurren, que esta institución, solicitó
desde el 11 de enero de 2011 copia certificada e informe pormenorizado de las
diligencias practicadas para el esclarecimiento del homicidio de Marisela
Escobedo y que sin embargo a la fecha en que se dictó la recomendación ".esto
es, 1016 días después de formular la solicitud, se encuentra pendiente de
atender por parte de esa Fiscalía".
Además
el 20 de enero de 2011, el Fiscal Especializado en Atención a Víctimas y
Ofendidos del Delito cuestionó la legitimidad de la intervención de la CNDH en
el homicidio y negó el acceso a para la consulta de la carpeta de
investigación, circunstancia que obra en acta circunstanciada."
"esta
CNDH considera necesario hacer patente que, durante la investigación del caso materia de esta recomendación se presentaron obstáculos y falta de colaboración por parte del Fiscal General del estado de Chihuahua,
quien, pese a las diversas solicitudes de información formuladas, omitió́ remitir copia certificada
de la carpeta de investigación, iniciada por el delito de
amenazas en agravio de Marisela Escobedo."
[Esta] omisión de brindar información del caso de manera oportuna, a
pesar de las múltiples solicitudes realizadas, denota un claro desinterés hacia
la labor investigadora que realiza esta comisión nacional
SEGUNDA.- Omisiones del Ministerio Público
para brindar protección y seguridad que derivaron en violaciones a derechos
humanos.
Las omisiones en las que incurrieron los
Ministerios Públicos, tanto el que conoció de la denuncia de amenazas
interpuesta por Marisela y como el encargado de la investigación de su
homicidio, derivaron en violaciones a los derechos humanos de Marisela Escobedo
y de sus familiares. Además la CNDH destaca que las violaciones cometidas en
perjuicio de la defensora de derechos humanos, tienen una doble dimensión:
individual y colectiva.
Aún
cuando la comisión no pudo tener acceso
a la carpeta de investigación abierta por el delito de amenazas en contra de
Marisela Escobedo interpuesta por ella el 13 de septiembre de 2010, le consta
que la querella fue interpuesta y que en la misma señaló a Andy Barraza como la
persona que la había amenazado y que
incluso tenía un empleado suyo había sido testigo, de esto se supo porque obra
copia en el expediente aperturado por su homicidio, además que en la diligencia de identificación
de cadáver del cuerpo de Marisela, sus hijos manifestaron al Ministerio Público
que hacía un par de meses su madre había interpuesto la denuncia en Ciudad
Juárez y que a la fecha no tenían conocimiento de alguna diligencia realizada
con este motivo.
CNDH
concluye que no cuenta con evidencias para afirmar que el Ministerio Público
ante quien Marisela denunció las
amenazas, hubiera practicado todas aquellas actuaciones necesarias orientadas a
garantizarle sus derechos como víctima y de dictar las providencias legales necesarias
para proteger su vida y la integridad
física y el acceso a la justicia. Se
observa que la falta de sensibilidad y diligencia del Ministerio Público que
conoció de la denuncia de amenazas, "generó las condiciones idóneas para
que 93 días después, esto es, el 16 de diciembre de 2010, al encontrarse sin
protección institucional, un desconocido la privara de la vida cuando realizaba
una protesta pacífica frente al Palacio de Gobierno" pues "al hallarse indefensa, el homicida
ejecutó el delito sin que la víctima pudiera oponer mayor resistencia".
Se
destaca el papel fundamental de las personas defensoras de derechos humanos y
la necesidad de brindarles protección inmediata y eficaz en virtud de que los
temas que abordan son de interés público y que cualquier agresión en su contra
tiene una afectación doble, una individual por la violación a sus derechos y
una colectiva pues deriva en el menoscabo del ejercicio del ejercicio efectivo
de prerrogativas fundamentales de otros miembros de la sociedad particularmente
de quienes se benefician de su apoyo y asistencia. Sobre los/as familiares de
Marisela Escobedo, se advierte que: "debido a las condiciones de vulnerabilidad
en la que se encontraban [.], la omisión de la FGE respecto a brindarles
protección y seguridad, en su carácter de ofendidos del delito, provocó su
desplazamiento y cambio de lugar de residencia a los EEUU, en aras de
salvaguardar su integridad y seguridad personal"
TERCERA.- Falta de debida procuración de justicia en la
carpeta de investigación abierta por el homicidio de la defensora.
Observaciones
respecto a la negligencia y omisiones que obran en la investigación del
homicidio, y como estas derivaron en una nueva victimización institucional para
los/as familiares, es decir, no sólo padecieron el delito sino las
consecuencias de éste sino que la desconfianza en el sistema de procuración de
justicia que los forzó a solicitar asilo en una nación extranjera. Todo esto
resulta en una violación al derecho a la debida procuración de justicia y el
derecho a la verdad que debe satisfacer el Estado tanto a los familiares como a
la sociedad como un todo.
Es
de resaltar las conclusiones de la CNDH cuando señala que: "Se
omitió considerar como principal línea de investigación la probable
participación de Andy Barraza en el
homicidio.", omisión que no se explica máxime cuando la PGR remitió a
la FGE copia certificada del exhorto que contiene la declaración realizada el
22 de marzo de 2012, desde El Paso, Texas, EEUU, del hermano de Marisela
(testigo del asesinato) de la que "se advierte que a través de rueda
fotográfica, el compareciente reconoció a Andy Barraza como la persona que
privó de la vida a su hermana, es decir, el mismo sujeto que Marisela había
denunciado como quien la había amenazado de muerte. "Concluyó"que con
los elementos de prueba que constaban en la indagatoria, no era posible
establecer una comparativa positiva entre el imputado José Enrique Jiménez
Zavala, "el Wicked" y el homicida que aparece en las imágenes de una
videograbación del homicidio de Marisela Escobedo."
En
suma la CNDH considera que los Ministerios Públicos, tanto el que tuvo
conocimiento de las amenazas como los dos encargados de la investigación del
homicidio, "incumplieron [.] con la obligación de practicar y ordenar
todos los actos conducentes a la comprobación de los elementos constitutivos
del delito penal y demostrar la probable responsabilidad." Las
omisiones en la integración de las carpetas de investigación que atañen
el caso concreto, "constituyen una seria limitación al derecho a conocer
la verdad que merece ser reparado."
Así
mismo destaca la manifestación de la CNDH en la que señala que la actitud omisa
de las autoridades de la FGE "evidencia una falta de compromiso con la
cultura de la legalidad, así como una efectiva protección y defensa de los
derechos humanos y, como consecuencia, demostró también un incumplimiento de la
obligación que tienen de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, en los términos que establece el artículo 1, párrafos primero, segundo
y tercero, de la Constitución."
Después de un minucioso
análisis la Comisión Nacional del Derechos Humanos llega las siguientes
conclusiones y emite ocho recomendaciones al Gobernador del Estado de
Chihuahua.
La
CNDH atribuye las violaciones a derechos humanos de Mariela Escobedo y sus
familiares a conductas de servidores públicos pertenecientes a la FGE, que a su
vez forma parte orgánicamente del poder ejecutivo estatal.
1.
Que la FGE implemente las acciones necesarias para otorgar a los
familiares de Marisela Escobedo la asistencia médica, psicológica, social y
material necesaria hasta en tanto no cesen los padecimientos psíquicos y
médicos generados por la pérdida de la defensora.
2.
Que se ofrezca una disculpa institucional a los familiares que además
implique el reconocimiento de las violaciones a derechos humanos en que
incurrieron los servidores públicos de la FGE; dándose a conocer las medidas y garantías de no repetición de actos
como los que dieron origen a la queja ante CNDH.
3.
Que el FGE realice todas las acciones necesarias para que se integren y
determinen las carpetas de investigación respecto a las amenazas y el homicidio
de la defensora.
4.
Que se tomen las medidas necesarias a fin de que los agentes de la FGE
observen a cabalidad los derechos de las víctimas y ofendidos del delito,
garantizándolo sin que enfrenten complejidades que signifiquen impedimento u
obstrucción a la satisfacción pronta.
5.
Que en lo subsecuente los fiscales especiales, jefes de unidad,
directores y agentes del Ministerio Público atiendan, en tiempo y forma, las
solicitudes de información que formule la CNDH con motivo de las
investigaciones que lleva a cabo.
6.
Que se diseñen e impartan programas integrales de capacitación y
formación, a fin de promover la actualización y especialización de los
Ministerios Públicos, específicamente en materia de atención a víctimas, así
como fortalecimiento de valores éticos y morales, en los que se les induzca a
adecuar su actuación a los principios que rigen el servicio público.
7.
Que el Gobernador colabore ampliamente con la CNDH en el trámite de
queja que promoverá ante la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y
Evaluación de la FGE, en contra de los servidores públicos involucrados en los hechos que
dieron origen a la recomendación.
8.
Que el Gobernador colabore ampliamente en la presentación y seguimiento
de la denuncia de hechos que hará la
CNDH ante la FGE contra los servidores públicos involucrados a fin de que se inicie
una averiguación previa.
No es dable regatear esta recomendación las y los
Defensores de Derechos Humanos exigimos su cumplimiento total e inmediato.
“Yo quisiera que la muerte
de mi hija no fuera en vano, que fuera el último feminicidio de esta ciudad.”
Testimonio de Marisela Escobedo que expresó en la
audiencia de juicio oral.
