Por un tribunal de justicia digno

El Movimiento de Mujeres ha convocado el día de hoy a ciudadanos y ciudadanas que son víctimas del Sistema de Justicia en Chihuahua.

Como nunca en la historia de esta entidad federativa, tenemos un poder judicial sometido al poder ejecutivo, que es una vergüenza y una afrenta para quienes realmente están comprometidos con la justicia.

Estamos aquí porque aún nos queda la capacidad de indignarnos ante un poder judicial omiso, sometido, opaco y cómplice de graves violaciones a derechos humanos, al no actuar con debida diligencia y emitir juicios de manera sesgada.

Estamos aquí porque hoy el pleno, órgano máximo del Supremo Tribunal de Justicia decidirá quiénes serán las y los jueces que tendrán la responsabilidad de administrar justicia en el estado de Chihuahua  y venimos a decirles que no estamos dispuestas a seguir tolerando el reparto de juzgados como botín político. 

Uno de los más graves problemas que tiene una sociedad es la falta de justicia, especialmente cuando se vive en un lugar como Chihuahua, en donde  la violencia es el pan de cada día. No hay  una sola persona en este estado que no haya sido víctima, él,  su familia o amistades de algún delito y, sin embargo, el grado de impunidad es insoportable.

Nos han dicho que es el año de la justicia y nos han presumido que Chihuahua tendrá la ciudad judicial más grande de América Latina. Bien sabemos que la cuantiosa  inversión no es garantía de acceso a la justicia, y en este caso efectivamente no lo es, con un Poder Judicial que, en lo general, se ahoga en el descrédito, la corrupción, la ineptitud y que no entiende lo que significa administrar justicia pronta y usar el poder público para servir a las personas, especialmente las más desprotegidas.

Los agravios en contra de la sociedad son numerosos. Por tanto, solo enunciaremos algunos de ellos:

El Poder Judicial es uno de los tres poderes que reformó los códigos de procedimientos familiares y civiles que violan derechos humanos de todas las personas (especialmente niñas y mujeres) y, a pesar de tener el primer pronunciamiento en la historia del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que les obliga a cambiarlos, la falta de voluntad política no permite que esto suceda: están empecinados en tener leyes violatorias de derechos humanos.

Un poder judicial corrupto  que ha hecho de la cultura de la legalidad una caricatura grotesca,  al haber permitido la elección de trece magistrados y magistradas sin experiencia, que llegaron a ocupar los lugares como producto de negociaciones políticas vergonzosas de los partidos políticos, sin importar que quienes ahora tienen la responsabilidad de administrar justicia carezcan de experiencia y perfil idóneo. De ellos, el magistrado golpeador es un ejemplo.

Estamos aquí para hacer un llamado a la conciencia de quienes integran el pleno del Tribunal Superior de Justicia para pedirles que no acepten más la intromisión del Gobernador, su complicidad no puede llegar al extremo de acoger por órdenes superiores al Magistrado de la Segunda Sala Civil del Distrito Bravo en ciudad Juárez, Filiberto Terrazas Padilla. En cualquier país civilizado, en cualquier lugar en que un tribunal se respetara a sí mismo, no se toleraría este tipo de conductas.

Ciudad Juárez, el emblemático lugar conocido internacionalmente por la violencia impune contra sus niñas y mujeres, tendrá en el magistrado Terrazas la responsabilidad de resolver los casos de violencia contra ellas.  Es este magistrado ha demostrado en los hechos un completo desprecio por la ley y las normas mínimas de convivencia humana cuando golpeó a su esposa en estado de ebriedad, para después obligarla a escribir una carta para exculparlo, como lo hacen la mayoría de los hombres cobardes que agreden a las mujeres.

Estamos aquí para decirle al máximo órgano del poder judicial, que aún conservamos la indignación y no se nos olvida la actuación de Carlos Espino Holguín, Juez Cuarto Familiar del distrito judicial Morelos, quien con absoluta impunidad entregó la custodia de una niña  indígena a la mujer que se la robó, entre otras muchas fechorías. El caso de Genoveba nos conmovió a todas y, ante la presión social se le cambió pero solo de oficina: ahora es uno de los responsables de capacitar a otros jueces y juezas.

Estamos aquí para denunciar el reciente nombramiento de jueces a hijos de Fiscales como es el caso de: Enrique Villarreal Díaz (hijo del fiscal de la Zona Norte Enrique Villarreal Macías) y Luis Enrique González Rodríguez (hijo del Fiscal General Jorge Enrique González Nicolás). Ello pone en evidencia el desprecio hacia verdadera cultura de la legalidad, debido a que ambos jueces de garantía, serán responsables de dictaminar sobre las actuaciones legales que provienen de las oficinas de sus padres, en claro conflicto de intereses. Pero también es una muestra de desprecio e irrespeto para algunos/as servidores públicos del propio Poder Judicial de Chihuahua que, con esfuerzo y dedicación diarios, se merecían una oportunidad de asumir importantes puestos como esos.

Estamos aquí acompañando a las Mujeres en lucha, este colectivo de víctimas que ha sufrido en carne propia las resoluciones judiciales cargadas de sexismo, prejuicios y, sobre todo, de ignorancia.

Denunciamos que las mujeres víctimas de violencia familiar son ahora  sentadas en el banquillo de los acusados y los jueces las criminalizado y convertido en delincuentes.

En todos los sectores de la sociedad hay grandes rezagos de la impartición de justicia. Particularmente señalamos la lucha barzonista, que ha denunciado los desalojos violentos en plena violación de derechos a niños, mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Lejos de resolver el problema, se encarcela a los deudores; se ordena mayor fuerza pública para realizar desalojos; y se despoja a las familias de un derecho humano como es la vivienda.

Las recientes reformas al código de procedimientos civiles tendrán por efecto que se agilice el despojo de cientos de familias en situación de pobreza, ante la imposibilidad de continuar pagando por la crisis económica y la violencia que azota el estado (porque recordemos que la CONEVAL señaló que Chihuahua fue de los estados que más retrocedió en la atención a los sectores más vulnerables). La respuesta a la problemática social que aqueja a las familias barzonistas tuvo como respuesta: el Instituto de Mediación, que ha sido un fracaso absoluto en el tema de la vivienda, debido a funcionarios sin sensibilidad y conocimiento  para esta tarea.

Para denunciar la situación que prevalece en todo el estado por la lamentable e ilegal actuar de funcionarios/as del Poder Judicial, hemos recurrido a interponer quejas que nunca prosperan, que siempre se congelan porque quienes deben resolver son juez y parte y envían un mensaje de impunidad y tolerancia, por lo que exigimos:

·         Un consejo de la Judicatura que frene el poder absoluto del Gobernador sobre el Poder Judicial y el poder discrecional del Presidente del Tribunal Superior sobre todo el Poder Judicial de Chihuahua.

·         El respeto irrestricto a los derechos humanos en el estado.