Chihuahua, Chih., 24 de
noviembre de 2016. El pasado 22 de noviembre, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) informó sobre el sometimiento del caso de Nitza Paola,
Rocío Irene y José Ángel Alvarado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
porque el Estado mexicano incumplió con las cinco recomendaciones emitidas en
el caso.
De acuerdo con el
comunicado de la CIDH, “El caso se relaciona con la
desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado
Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, por parte de agentes estatales [militares], en el
Ejido Benito Juárez, Estado de Chihuahua, México, desde el 29 de diciembre de
2009. A la fecha, se desconoce el destino o paradero de las tres víctimas
desaparecidas.” Asimismo, según explica la Comisión Interamericana, “El caso
también se relaciona con la situación de impunidad en que se encuentran las
tres desapariciones. La aplicación de la justicia militar a este caso resultó
violatoria del derecho a contar con una autoridad competente, independiente e
imparcial para la obtención de justicia.”
Este anuncio, en vísperas
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora
el 25 de noviembre, es fundamental por diversos motivos. Primero, porque la
CIDH escuchó las solicitudes de las y los familiares de Nitza, Rocío y José
Ángel para que el caso fuera enviado a la Corte Interamericana dada la
incapacidad del Estado mexicano de brindar una atención adecuada. En segundo
lugar, porque el caso se relaciona con una de las violaciones de derechos
humanos más complejas y múltiples cometida en contra de dos mujeres y un
hombre. En este 25 de noviembre, recordamos a todas las personas desaparecidas,
en especial a todas las niñas y mujeres que se encuentran en esa situación.
Al haber sometido el caso
Alvarado a la Corte Interamericana, la CIDH ha reconocido la valentía, la
persistencia, el sufrimiento y el riesgo en que han vivido los familiares de
Nitza, Rocío y José Ángel, quienes han sido amenazados/as, desplazados forzadamente
y algunos/as de ellos han tenido que solicitar asilo en Estados Unidos. Por tal
motivo, tanto las víctimas desaparecidas como los y los familiares cuentan con
medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
desde 2010.
En su comunicado, la CIDH reconoció la
importancia del caso en tanto “constituye el primero en cuanto a la
desaparición forzada en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la
delincuencia organizada en México. En ese sentido, la relevancia del caso
obedece a que se trata de una problemática actual que ha venido en aumento en
los últimos años y que ha merecido pronunciamientos, recomendaciones y
expresiones de profunda preocupación por parte de la Comisión y de múltiples
organismos internacionales y mandatos especiales en el ámbito de las Naciones
Unidas. Los hechos del caso constituyen un ejemplo de los factores que
contribuyen a que esta grave violación de derechos humanos tenga lugar en dicho
contexto y que no sea debidamente investigada y sancionada como consecuencia de
múltiples mecanismos de encubrimiento y obstrucción. Asimismo, el caso ofrece a
la Corte Interamericana la posibilidad de pronunciarse sobre otras violaciones
conexas derivadas de las amenazas y hostigamientos que sufren los núcleos
familiares de las víctimas desaparecidas.”
De manera adicional, y en el
marco de las discusiones en el Congreso de la Unión sobre el marco jurídico
relativo al rol de las Fuerzas Armadas en México, este caso recuerda las graves
violaciones de derechos humanos que ha tenido el actuar del ejército en nuestro
país y la urgencia de suprimir sus funciones en la seguridad pública: de los
siete casos con sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana,
cuatro de ellos tienen que ver con la actuación de las Fuerzas Armadas,
especialmente en la comisión de torturas y desapariciones forzadas.
A casi siete años de que
se dieron los hechos, las y los familiares de Nitza
Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado y las organizaciones que les
acompañamos esperamos que este caso sirva no solo para obtener una reparación
integral sino para que se adopten medidas estructurales que impacten en los más
de 28,000 casos de personas desaparecidas para que, de una vez por todas, se
erradique esta práctica aterradora, extendida y tortuosa, y que la verdad,
justicia y reparación se garanticen en todos esos casos.
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