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Durante la firma del mecanismo de protección a personas
defensoras de derechos humanos y periodistas, organizaciones civiles se
pronunciaron por el cumplimiento de los compromisos suscritos
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Vigilará observatorio internacional cumplimiento a la alerta
preventiva para personas defensoras de derechos humanos y periodistas
Chihuahua,
Chih. a 9 de junio de 2017.- El evento de aprobación del plan de contignecia de
la primer alerta preventiva de protección dio inició con el pase de lista de personas
defensoras y periodistas asesinadas en Chihuahua desde el 2008 a la fecha, y un
minuto de silencio por el asesinato de Isidro Baldenegro, defensor de derechos
humanos del medio ambiente; Juan Ontiveros, defensor de derechos humanos en
defensa del territorio; Miroslava Breach Velducea, periodista quien fue parte
de las primeras mesas de trabajo para el diagnóstico que derivó esta alerta y
por el periodista Jesús Adrián Rodríguez Samaniego.
La grave situación de violencia en
Chihuahua que comenzó años atrás y que no se ha erradicado pero que hoy es más
visible, ha seguido costando la vida de compañeros que confirman la necesidad
de hacer vigente el plan que hoy se aprueba, enfatizó Isela González, quien llevó la voz a
nombre de las 26 organizaciones solicitantes de la alerta.
Este plan, contiene cinco objetivos estratégicos: 1.
Medidas estructurales de reconocimiento a la labor de personas defensoras de
derechos humanos y periodistas y acceso a la justicia como garantía de no
repetición; 2. Situación de Vulnerabilidad de Mujeres, Personas Migrantes y
Grupos de la Diversidad Sexual, en la Zona Fronteriza; 3. Medio Ambiente; 4.
Situación de la Sierra Tarahumara y; Periodistas.
Esta conformado por 53 acciones sobre estos temas,
donde están involucradas 26 instancias de nivel estatal y 24 de nivel federal,
que abarcan no sólo cuestiones estructurales como acceso a la justicia y reconocimiento
de la labor realizada; sino medidas que atienden la situación de riesgo,
siempre con la inclusión y participación de la sociedad civil.
Las acciones van desde a capacitación y
sensibilización a diferentes funcionarios de los tres niveles de gobierno,
fortalecimiento de instituciones con incremento de recursos humanos y
presupuestales y con profecionalización de sus integrantes; campañas de
reconocimiento; compromisos concretos de acción o abstención de determinadas
autoridades; elaboración de protocolos y lineamientos; programas de prevención,
atención o protección; fortalecimiento y supervisión de políticas públicas;
garantizar la presencia del Estado en lugares históricamente abandonados; mesas
interinstitucionales de seguimiento a problemáticas concretas; planes de
protección y; creación, armonización o modificaciones legislativas.
La diversidad de problemas que hoy planteamos la sociedad civil
obedecen a situaciones multifactoriales y es, a las autoridades de los tres
niveles de gobierno que le compete la atención de las mismas. Es tiempo que las
autoridades federales, estatales y municipales asuman lo que les corresponde en
la atención de la situación de riesgo que viven permanentemente comunidades enteras en la Sierra
Tarahumara por el problema del narcotráfico, el despojo de la tierra y los recursos
naturales donde han tenido que emerger los defensores de derechos humanos con
el consabido riesgo de pérdida de su vida que corren permanentemente. Mismos problemas que
también se trasladan a las zonas urbanas en nuestro Estado.
Por lo que, más allá del Plan que hoy se aprueba, es necesario generar partidas presupuestales
federales suficientes destinadas a la atención de la problemática
que se vive en el Estado de Chihuahua, así como una mayor implementación
de medidas de seguridad pública coordinadas entre las autoridades de los tres niveles de
gobierno.
Realizar
diagnósticos que identifiquen en las regiones los principales problemas o rezagos
que prevalecen para así poder
generar políticas públicas
tendientes a abatir o disminuir los mismos.
La desigualdad social que vivimos es una deuda pendiente de resolver por parte de los tres niveles de gobierno la cual ha generado muchos de los problemas que actualmente vivimos, aún sigue sin acatarse parte de la sentencia del Campo Algodonero es responsabilidad del Estado asumirla, por otro lado estaremos la sociedad civil que continuaremos reclamando su cumplimiento al igual que el seguimiento de lo que hoy nos ocupa.
Urge además, crear la ley de regulación e publicidad oficial. Una vez que retiraron los convenios
discrecionales a los medios de comunicación y que se han hecho públicos los
convenis con medios de comunciaciòn, lo cual aplaudimos, el siguiente paso es poner
orden al otorgamiento de los recursos públicos para ese fin, porque de otra manera
no tendría sentido ese esfuerzo que deja màs vulnerables a las reporteras y a
los reporteros.
Urge legislar para establecer criterios que impidan la
criminalización de las y los periodistas por autoridades de los tres niveles de
gobierno, así como para sancionar con mayor energía, a quienes generen de
manera intencional o por omisión, la impunidad en los delitos graves contra
periodistas.
De igual forma se requiere transparentar el manejo del
Sistema de Protección a Periodistas, instalado en la CEDH, dado que es producto
de un protocolo no consultado con el gremio periodistico. Debe replantearse ese
tipo de esquemas a la realidad de un periodismo libre y ético.
Estaremos pendientes de señalar a cada una de las autoridades
competentes según sea el caso, que cumplan con su obligación y den
muestra de cumplimiento y efectividad en sus funciones.
Hoy reconocemos la aprobación de
esta alerta, pues es y ha sido un logro de la sociedad civil y el producto de
un esfuerzo colectivo; sin embargo, estamos conscientes de que la
implementación eficaz del plan sigue siendo un enorme reto que requiere verdadera
voluntad política y coordinación de todos los ordenes y niveles de gobierno.
Es así, que para garantizar que los
esfuerzos hasta hoy tengan frutos y que este plan pueda ser un precedente para
todo el país:
Primero, solicitamos que cada seis meses, se realice
una reunión de alto nivel como la que presenciamos este día, para dar
seguimiento a las acciones y estrategias de protección, así como para hacer
nuestras observaciones sobre el monitoreo de la alerta preventiva.
Segundo, en aras de vigilar la realización
de las acciones del Plan, las organizaciones de derechos humanos y las personas
periodistas que participamos, nos hemos organizado formalmente en un
observatorio que vigilará puntualmente cada una de las acciones aquí planteadas
y al que se han integrado otras organizaciones del país e internacionales. Asimismo, mantendremos como
hasta hoy información detallada a organismos internacionales de protección a
Derechos Humanos.
Tenemos esperanza, la misma que nos
impulsa cada día a construir un estado respetuoso de los derechos humanos para
todas y todos, pero también la misma esperanza que no quiere vivir de utopías,
de discursos y eventos protocolarios como éste. Exigimos resultados. Es urgente
el respeto a nuestra vida y a nuestra labor como personas defensoras y
periodistas.
Nunca los intereses de ninguna índole deben prevalecer, bajo
ninguna circunstancia o interferir en la labor derecho-humanista y periodística, por ello el Estado debe
garantizar la vida de quienes en una conciencia social deciden mostrar los
caminos para que la justicia y la verdad siempre se impongan. Derecho
humanistas y periodistas esperanzados con expectativas de real voluntad somos
testigos/as de este evento histórico
en nuestro Estado.
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