FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN CEDEHM, EAAF y FGE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTTUCIONALES EN MATERIA DE PERSONAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN

Chihuahua, Chih., a 27 de marzo de 2019. El día de hoy se llevó a cabo la firma de un convenio de colboración entre el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de las Fiscalía General del Estado (FGE), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para el fortalecimiento de capacidades institucionales en materia de personas víctimas de desaparición. El evento ocurrió en presencia de integrantes del colectivo de familiares de personas desaparecidas y autoridades de gobierno.

La firma de este convenio busca desarrollar actividades conjuntas de conformidad con el programa "Justicia para las personas desaparecidas de Chihuahua", el cual es posible gracias al apoyo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a partir de un convenio firmado con el CEDEHM y el EAAF en agosto de 2018. Dicho programa tiene por objetivo mejorar las capacidades gubernamentales de coordinación, investigación, búsqueda, identificación, procesamiento y respuestas legales en materia de personas desaparecidas.

Con la firma de este nuevo convenio, se busca crear mecanismos de cooperación que permitan contribuir a mejorar las prácticas de atención, investigación, búsqueda e identificación en casos relacionados con la desaparición de personas; así como continuar con la identificación de los restos localizados en el Rancho “Dolores”, Rancho “El Mortero” y Brecha “El Porvenir”, de los municipios de Cuauhtémoc, Cusihuiriachi y Carichí, respectivamente.

También se busca facilitar capacitaciones, intercambio y difusión de información especializada en temáticas forenses (orientadas a mejorar, actualizar o reforzar protocolos, prácticas, habilidades y uso de nuevas tecnologías); analizar los desafíos que existen a nivel estatal en relación al estatus de procesamiento y registro de restos no identificados; así como conseguir la identificación de restos con un alto grado de complejidad forense.

Durante el evento participaron Ruth Fierro Pineda, coordinadora general del CEDEHM; Mercedes Doretti, directora para Norteamérica y Centroamérica del EAAF; Patricia Vázquez, integrante del colectivo de familiares de personas desaparecidas de la ciudad de Cuauhtémoc; Benjamin Garrett, Director General Adjunto de la Oficina de Justicia de USAID México; Laurie Trost, Cónsul General Adjunta del Consulado de los Estados Unidos en Cd. Juárez; César Augusto Peniche, Fiscal General; y Javier Corral, Gobernador del Estado de Chihuahua.

Al tomar uso de la palabra, las y los involucrados acordaron cooperar y trabajar coordinadamente para dar cabal cumplimiento a los compromisos adquiridos con la firma de este convenio, teniendo como principal objetivo combatir la impunidad y contribuir al acceso a la justicia para las víctimas de desaparición y sus familias.

A este convenio le antecede otro que fue firmado el día 3 de diciembre de 2016, a través del cual, el EAAF analizó 43 contenedores con un número indefinido de pequeños fragmentos óseos, de los que se seleccionaron 233 con posibilidades de brindar información genética. Del procesamiento de estos fragmentos se obtuvieron 29 perfiles genéticos individuales, que al compararse con los perfiles de familiares de 140 personas desaparecidas en Cuauhtémoc y sus alrededores, resultó en la identificación de 15 personas.

Desde el CEDEHM, se reconoce la apertura y voluntad política del Gobierno del Estado de Chihuahua, para la implementación de los compromisos firmados el día de hoy.

De la misma manera, se reconoce la participación del EAAF, una organización argentina fundada en 1984, con una amplia trayectoria por su compromiso y dedicación en la aplicación de las ciencias forenses para la investigación de violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, se agradece la cooperación de USAID México, por contribuir a que los colectivos y grupos de familiares víctimas de desaparición, puedan acceder a los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición.

EXISTEN IMPORTANTES DESAFÍOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE QUIENES DEFIENDEN LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO: CIDH

• La CIDH urge al Estado Mexicano a implementar una política integral de protección para las personas defensoras de derechos humanos.

Chihuahua, Chih., 22 de marzo de 2019. El día de hoy se llevó a cabo la presentación del informe Políticas integrales de protección de personas defensoras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presidida por Jaime Vidal, Oficial responsable por la Relatoría sobre Defensores de Derechos Humanos de la CIDH; Ricardo C. Neves, Oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); Garance Tardieu, Oficial de Programas de Amnistía Internacional México; Fernando Ríos, Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT); y Alejandra Nuño, abogada internacional del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM).

Este informe fue aprobado por la Comisión en diciembre de 2017 y analiza los principales avances y desafíos en el funcionamiento de mecanismos nacionales de protección, legislación, políticas y programas existentes en los Estados. También desarrolla los componentes principales de las políticas integrales de protección, como una guía para las futuras estrategias en esta área. Finalmente, enuncia una serie de recomendaciones, encaminadas a garantizar una mejor implementación de las medidas de prevención, protección e investigación, para lograr una política integral de protección.

En el informe se señala que México fue el segundo país del hemisferio en adoptar un Mecanismo de Protección especializado, a través de la aprobación en 2012 de la “Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas”. Pese a lo anterior, aún existen importantes desafíos para solucionar el problema de inseguridad de las personas defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con la Comisión, las personas defensoras continúan siendo víctimas de asesinatos, asaltos, desapariciones forzadas, amenazas, registros ilegales, criminalización, así como de restricciones financieras o administrativas al trabajo que realizan. Asimismo, la corrupción, la falta de independencia e imparcialidad judiciales, la impunidad, las barreras para el acceso a la justicia, la persistente estigmatización y difamación, por parte de la prensa y de Oficiales de alto rango del Estado en México, perpetúan la actual situación de riesgo en la que se encuentran.

Sobre el Mecanismo de Protección, la Comisión menciona la falta de estabilidad y sustentabilidad financieras del mismo; la insuficiencia e inestabilidad del personal; la falta de formación adecuada y de conocimientos técnicos básicos sobre derechos humanos y sobre los numerosos riesgos que enfrentan las personas defensoras y periodistas. También refiere que, de las 389 solicitudes de protección, en el 38% de los casos los posibles agresores eran oficiales públicos.

Adicionalmente, la CIDH refiere los problemas señalados por la sociedad civil: el Mecanismo de alerta temprana no habría producido resultados favorables; la evaluación de riesgo y las medias de protección no incluirían una perspectiva de género, ni un enfoque multicultural y colectivo, para los casos que involucran comunidades indígenas; no existiría una coordinación adecuada entre las diferentes instituciones encargadas de dar soporte, seguimiento e investigaciones subsiguientes a las medidas de protección; y habría dificultades legales para acceder al programa, entre otros.

Sobre las evaluaciones de riesgo por parte del Mecanismo, la Comisión señala su preocupación por los retrasos en su implementación, la falta de comunicación de los resultados, la falta de consideración del contexto al momento de llevarlas a cabo, y la falta de adecuación de las medidas de protección de acuerdo a las necesidades específicas y la realidad de las personas en riesgo.

Jaime Vidal estableció que “los programas nacionales de protección deben contar con un marco legal sólido que lo soporte; recursos financieros y humanos necesarios y sostenibles; colaboración con otras instituciones del Estado; independencia o autonomía de la institución que otorga medidas; activación del deber de protección; análisis de riesgo flexible e individualizado; participación de las personas beneficiarias; doneidad y efectividad de las medidas de protección; así como enfoques diferenciados para grupos en especial vulnerabilidad o discriminación histórica, como mujeres defensoras, pueblos indígenas, y personas LGBTI”.

Por su parte, Ricardo C. Neves recordó que “en los tres ciclos del Examen Periódico Universal (EPU), el tema relativo a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha sido el que ha generado la mayor cantidad de recomendaciones”. Añadió que “Chihuahua es uno de los estados del país con el mayor número de asesinatos de quienes defienden los derechos humanos, la mayoría de los cuales continúan impunes”. Y agregó que “para tener una política integral de protección es necesario desarrollar y fortalecer otros mecanismos nacionales con recursos suficientes”.

En su intervención, Garance Tardieu refirió el ejemplo particular de Chihuahua, entidad en la que la sociedad civil impulsó en 2016 la implementación de una Alerta Temprana, y mencionó que “el Plan de Contingencia derivado de esta Alerta, representaba lo más cercano que hemos visto en México a una política pública integral. Sin embargo, la falta de compromiso político, en todos los niveles de autoridad, no permite su cabal implementación”.

Durante su participación, Fernando Ríos mencionó que la Red TDT “registró 202 personas defensoras de derechos humanos y periodistas asesinadas(os) en el sexenio de Enrique Peña Nieto; ahora van 16, tan sólo en 110 días”. Añadió que en México “vemos expresiones que propician la construcción de un marco jurídico que favorece estructuralmente la impunidad”. En este contexto, dijo, “es imprescindible partir de lo que afirma el informe: defensoras y defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias.”

Por todo lo anterior, en su informe la Comisión determina la necesidad de implementar una política de protección integral para las personas defensoras de derechos humanos, que vaya más allá de mecanismos de protección física e implemente medidas y políticas públicas encaminadas a respetar sus derechos; prevenir las violaciones a sus derechos; proteger y garantizar su derecho a la vida e integridad; investigar con debida diligencia los actos de violencia en su contra; y, sancionar a los responsables intelectuales y materiales, así como a reparar el daño.

La presentación de este informe sucedió en el marco del taller de Herramientas para la incidencia en políticas públicas de protección de personas defensoras de derechos humanos, financiado por la Delegación de la Unión Europea en México; organizado por Front Line Defenders y el CEDEHM; convocado por la Red TDT.

A la presentación acudieron representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes en su mayoría participaron en el taller, así como la Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez; el Lic. Héctor Talamantes, en representación del Lic. Pablo Héctor González Villalobos, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE); representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Fiscalía General, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y del Instituto de Formación Judicial del TSJ.

CULMINA CON ÉXITO TALLER SOBRE INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

• A la capacitación asistieron representantes de 27 organizaciones de la sociedad civil de diferentes entidades del país.
• El curso fue facilitado por personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Chihuahua, Chih., a 22 de marzo de 2019.- Durante los días 21 y 22 de marzo tuvo lugar el taller teórico-práctico de Herramientas para la incidencia en políticas públicas de protección de personas defensoras de derechos humanos, financiado por la Delegación de la Unión Europea en México; organizado por Front Line Defenders y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM); convocado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

El taller se realizó con el objetivo de dotar a las y los participantes de estrategias de incidencia que les permitan actuar para contribuir a su protección efectiva, de tal manera que, como personas defensoras de derechos humanos, puedan continuar realizando su labor en condiciones de libertad, seguridad y con pleno acceso a la justicia.

A este curso asistieron personal directivo, de coordinación, abogadas(os) y responsables de incidencia de 27 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran: la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Consultoría Técnica Comunitaria, la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Mujeres contra la Violencia de Género, Comunicación e Información de la Mujer, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitora, Servicios y Asesoría para la Paz, Artículo 19, Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Front Line Defenders, Red TDT y Amnistía Internacional México, entre otras.

Durante el taller, las y los participantes intercambiaron aprendizajes sobre el rol de la sociedad civil en México, y compartieron experiencias previas de sus respectivas organizaciones en materia de incidencia. En el transcurso de ambos días se estudiaron temas relativos a marcos jurídicos (nacionales e internacionales) y herramientas para la incidencia en políticas públicas. También se estudiaron casos prácticos relativos a la protección de personas defensoras de derechos humanos.

El curso fue facilitado por Jaime Velero, Oficial responsable por la Relatoría sobre Defensores de Derechos Humanos de la CIDH, así como por Ricardo Cancela, Oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, coordinador del grupo de trabajo sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos y Libertad de Expresión.

Jaime Velero cuenta con Maestría en Justicia Penal por la Universidad de Barcelona y Maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Utrecht. Anteriormente trabajó en la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos, así como en la sección de apelaciones de la Corte Penal Internacional en la Haya.

Ricardo Cancela cuenta con Maestría en Ciencias Jurídico-Económicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Porto, Portugal. Previamente trabajó en la Corte de la Unión Europea en temas de derechos fundamentales. Ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil en más de veinte países y desde hace cinco años se dedica al tema de protección de personas defensoras y periodistas en México.

SE CUMPLEN NUEVE AÑOS DEL ASESINATO IMPUNE DEL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS ERNESTO RÁBAGO MARTINEZ

• Ernesto Rábago Martínez acompañó a los indígenas rarámuri en la legítima defensa de su territorio. Fue asesinado el 1 de marzo de 2010.

• A partir de 32 juicios iniciados por el territorio de Baquéachi en el año 2006, los indígenas han recuperado, aproximadamente, 21 mil hectáreas que les fueron invadidas.

El evento inició a las 10:00 de la mañana a un costado de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús con danza de matachines y fariseos. En el lugar, el coordinador general de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (COSYDDHAC), Felipe Ruiz Becerra, mencionó que Ernesto Rábago “era el que estaba ahí, el que sabía el siguiente paso a dar, en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

Chihuahua, Chih., 27 de febrero de 2019. El día lunes 4 de marzo, a nueve años del asesinato impune del defensor de derechos humanos Ernesto Rábago Martínez, un contingente rarámuri proveniente de las comunidades indígenas de Baquéachi, Chinéachi y Wawatzérare, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil, demandaron justicia en la capital del estado.

A continuación, citó al abogado diciendo que “la comunidad indígena de Baquéachi está determinada a seguir defendiendo, con estricto apego a la ley, la integridad de su territorio. Aún queda mucho camino para lograr el respeto a la integridad de su territorio, el cumplimiento y la conservación de sus normas internas, de sus usos y costumbres”. Enseguida se recordaron los nueve años del asesinato impune del defensor y se cuestionó “¿Y la justicia? ¿Dónde está? ¿Quién se la llevó? ¿Quién la tiene? ¿Quién la secuestró? ¿Para quién es?”.

Acto seguido, a las 11:00 am, fue oficiada una misa por el sacerdote Jesuita Javier Ávila. En el altar, junto a la fotografía de Ernesto, se colocó también una fotografía de Miroslava Breach Velducea, periodista que en vida contribuyó a visibilizar las problemáticas de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, en la exigencia de inclusión, consulta, justicia y reparación. Al finalizar la ceremonia, se continuó con una marcha hacia la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, donde las y los participantes gritaron consignas para demandar justicia en el caso de Ernesto Rábago.

Enseguida se continuó hacia la cruz de clavos, memorial de los símbolos de la impunidad, donde Estela Ángeles Mondragón y gobernadores de las comunidades indígenas asistentes, participaron de un ritual religioso para la curación y celebración de la vida.

En el lugar, frente a Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua, Juan, el actual presidente de Bowerasa A.C., habló en nombre de las comunidades indígenas presentes y declaró que “estamos aquí para exigir justicia” y continuó diciendo que “queremos que castiguen a los que lo han matado a Ernesto Rábago”. Añadió que “también estamos aquí por Miroslava, buena amiga de Baquéachi, Chinéachi y Wawatzérare” y terminó diciendo que “año con año aquí vamos a estar si no hay castigo para los culpables”.

Ernesto Rábago Martínez fue un defensor de los derechos humanos, quien junto a su compañera Estela Ángeles Mondrágon, a través de la asociación Bowerasa A.C. (haciendo camino) acompañó a los indígenas rarámuri en la defensa de su territorio. El viernes 1 de marzo se cumplieron nueve años de su asesinato impune ocurrido en la oficina del jurídico de la organización, cometido por personas desconocidas.

Hasta el momento las autoridades no han esclarecido el asesinato de Ernesto, por lo que tampoco se han aprehendido ni se ha dado castigo a los culpables.  Lo anterior, pese a las sospechas que vinculan estos hechos con las acciones jurídicas y movilizaciones pacíficas que emprendió como parte de su labor de acompañamiento hacia la comunidad rarámuri, para la recuperación del territorio de Baquéachi.

En añadidura al homicidio de Ernesto, la Lic. Estela Ángeles Mondragón y algunos integrantes de las comunidades que la abogada representa, han sido amenazados y agredidos en varias ocasiones por su actividad vinculada a la defensa del territorio. Por esta razón, la abogada cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y es beneficiaria del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Desde hace 92 años la comunidad indígena de Baquéachi, municipio de Carichí, emprendió la lucha por la defensa de su territorio, mismo que abarca una extensión de 44 mil 784 hectáreas y que a lo largo de los años ha sufrido invasiones por parte de ganaderos de los municipios de Carichí y Nonoava, quienes reiteradamente se han apoderado de la tierra y han consumido los pastizales y el agua que corresponden a la comunidad indígena de allí originaria.

Después de 13 años de defensa legal por parte de la asociación civil Bowerasa y a pesar de las constantes amenazas y agravios de los invasores, así como del artero asesinato del defensor Ernesto Rábago Martínez, las y los pobladores de la comunidad indígena celebran las sentencias dictadas a su favor, el acceso a la justicia y el reconocimiento que se les ha otorgado como legítimos dueños de este territorio.

Ernesto Rábago Martínez fue un defensor de derechos humanos que entregó su vida por esta causa, con el objetivo de transformar la realidad que viven las comunidades indígenas de Baquéachi. Razón por la cual, siempre se le recordará con amor y respeto, como el compañero, amigo y hermano que Ernesto siempre supo ser para las comunidades indígenas a las que acompañó.