Chihuahua, Chih., a 11 de octubre
de 2019. El día de hoy tuvo lugar
el foro “Ley General en materia de desaparición de personas, conociendo su
contenido y alcance”, organizado por el Centro de Derechos Humanos de las
Mujeres A.C. (CEDEHM), gracias al apoyo de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Dicho foro se realizó con el objetivo
de dialogar en torno al contenido y alcance de la Ley General de Desapariciones
Forzadas, Desaparición por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda, así
como abordar los retos y desafíos para su implementación en la entidad, entre
familiares de personas desaparecidas, integrantes de organizaciones de la
sociedad civil y autoridades quienes corresponde la aplicación de esta ley.
Para la inauguración, se contó
con la presencia en el presídium de Javier Corral Jurado, Gobernador del Estado
de Chihuahua; César Augusto Peniche Espejel, Fiscal General del Estado;
Francisco González Arredondo, titular de la Fiscalía Especializada en
Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada (FIVDH);
Arturo Hines, Vicecónsul de Asuntos Políticos de la Embajada de Estados Unidos
en México, y Ruth Fierro Pineda, Coordinadora General del CEDEHM.
Ruth Fierro mencionó que el
CEDEHM tiene entre sus temas prioritarios el acompañamiento a familiares de
personas desaparecidas y que “en el marco de esta prioridad, en el 2017 y
gracias al apoyo de EnfoqueDH y USAID, impulsamos la creación de la FIVDH,
diseñada con la colaboración de diferentes actores internacionales y que
incorporó algunas importantes recomendaciones de organismos de derechos humanos”.
Agregó que “con la publicación de
la ley general en materia de desaparición forzada, desaparición por
particulares y el sistema nacional de búsqueda, sobre la cual profundizaremos
hoy, podemos decir que contamos con un marco jurídico adecuado y suficiente
para que exista una respuesta a la altura del problema”.
Arturo Hines expresó que “el foro
que hoy nos convoca representa un espacio para compartir lecciones aprendidas y
experiencias para mejorar la implementación de esta ley. Gracias a foros como
éste, podemos cambiar la forma en la que operan nuestras sociedades”.
Javier Corral dijo que “dejar
pasar más tiempo para la correcta aplicación de esta ley, significa incrementar
la calamidad”. Reconoció que “aún tenemos muchos retos en el camino, hay que
concretar las bases de datos y fortalecer a la FIVDH. No obstante, nuestro
compromiso sigue intacto. Seguiremos esforzándonos para avanzar en la búsqueda
de las y los desaparecidos y establecer penas a los culpables”.
A manera de introducción, Gabino
Gómez, Coordinador del Área de Personas Desaparecidas del CEDEHM, habló sobre el
estado actual de las desapariciones en México y en Chihuahua; sobre largo el
proceso por el que tuvieron que atravesar los colectivos de familiares de
personas desaparecidas para impulsar la Ley, y sobre la necesidad y relevancia
de que exista dicha legislación.
Entre los problemas enlistados,
destacó los siguientes: “no hay investigación en los primeros días de
desaparición; las investigaciones son aisladas y sin contexto; hay
estigmatización y discriminación; no hay recursos suficientes para llevar a
cabo las investigaciones”. Recalcó que este problema compete a todas las
instancias, sin importar el nivel de gobierno al cual pertenecen.
El foro continuó con el
desarrollo de cuatro mesas panel: I. Tipos penales y responsabilidades administrativas;
II. Fiscalías Especializadas; III. Acciones de búsqueda, y IV. Registros y
bases de datos. En la primera participaron Octavio Amezcua, Oficial de Derechos
Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos; Arcelia Cerros, integrante del colectivo de
familiares de personas desaparecidas del CEDEHM; Edelia Lozoya, Responsable de
Defensa Jurídica del Área de Personas Desaparecidas del CEDEHM; y César A.
Peniche.
Octavio Amezcua conversó sobre
los tipos penales de desaparición forzada, de desaparición por particulares y otros,
así como sobre las responsabilidades administrativas. Mencionó que el hecho de
que existan dos supuestos: privación de la libertad con el fin de ocultar a la
persona y privación de la libertad con el objetivo de infringir un daño a la
víctima, “plantea dificultades administrativas al momento de aplicar la
legislación”.
Arcelia Cerros, compartió que su
hijo desapareció en febrero de 2014 en la carretera a Temósachic: “la persona
de la Fiscalía de Occidente nos dijo que no estaban para endulzar oídos y que
se necesitaban recursos económicos para enfrentar la situación. Y concluyó
diciendo que, “en materia de desaparición de personas, pareciera ser que tienen
más garantías los delincuentes que las víctimas”.
Edelia Lozoya se refirió a los
retos y desafíos que se han encontrado desde el CEDEHM, a partir de la
experiencia en torno al tema de las desapariciones. Refirió que desde el CEDEHM
“acompañamos jurídicamente 248 casos de personas desaparecidas. En nuestra
experiencia, son muy pocos los casos que llegan a judicializarse y que terminan
en una sentencia condenatoria. Actualmente se tienen 5 casos con sentencia por
desaparición forzada en todo el estado”.
César A. Peniche dijo que “en la
ley que nos ocupa, tenemos problemas de competencias, descripción y confusión
de tipos penales”. Citó el caso de la familia Muñoz, en la que ocho de sus
integrantes, todos varones, fueron desaparecidos por elementos de la policía,
para referirse a una serie de problemas que obstaculizan las investigaciones
cuando, debido al marco legislativo, las carpetas oscilan entre uno y otro
nivel de gobierno, sin poder llegar a resultados concretos. Por lo anterior, subrayó que, en los casos de
desaparición “hay que definir competencias y dejar claridad en la ley”.
En la segunda mesa participaron
Volga de Pina, Coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Democracia por
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); Lucía de los
Ángeles, familiar de una persona desaparecida e integrante del Colectivo
Solecito de Veracruz; Francisco González, titular de la FIVDH, y Anna Karolina
Chimiak, Coordinadora del Área de Incidencia del Centro de Justicia para la Paz
y el Desarrollo A.C. (CEPAD).
Volga de Pina habló sobre la
pertinencia de las fiscalías especializadas y las discusiones que se dieron en torno
a éstas. “Entre los beneficios de esta ley, están una mejor comprensión del
fenómeno; la concentración de la información para un uso potencial para el
análisis de contexto y otros; lo que la ley tiene en contra, es el exceso de
especialización, que pulveriza información, capacidades y recursos, diluye
responsabilidades y las competencias de las fiscalías no están del todo claras”.
Lucía de los Ángeles, estableció
que “no son 40 mil: en México estamos hablando, fácilmente, de más de 150 mil
desaparecidos. El problema de las cifras en México es que no siempre se
denuncia: sólo se hace en 1 de cada 10 delitos. No hay registros ni bases de
datos, o son deficientes; hay falta de protocolos, recursos y capacidades para
la identificación”.
Anna K. Chimiak, expuso el caso
de Jalisco, el primer estado en tener una fiscalía especializada en
desapariciones en el país. Compartió los principales desafíos de su puesta en
marcha y el impacto obtenido hasta ahora. “En 2019 en Jalisco se denuncian como
desaparecidas alrededor de 14 personas al día. En la entidad sólo hay dos
sentencias condenatorias en la materia. Hay falta de claridad en cuanto a las
atribuciones y competencias, así como falta de coordinación entre las
autoridades de los tres niveles. Hay una constante falta de recursos humanos,
materiales, logísticos y tecnológicos”.
Francisco González brindó un
panorama sobre el estado de la implementación de la Ley en Chihuahua, así como
de los retos, obstáculos y desafíos encontrados hasta el momento. Aseguró que “queremos
consolidar y perfeccionar a la FIVDH, a la Comisión Estatal de Búsqueda, a las
unidades de investigación. Existe voluntad y especialización con enfoque de derechos
humanos. El camino es difícil, pero creo en la coordinación entre familiares,
OSC y autoridades de gobierno.”
En la tercera mesa participaron
Chasel Colorado, Especialista Senior en Derechos Humanos en Enfoque DH,
proyecto financiado USAID; Norma Patricia Albino, familiar de una persona
desaparecida e integrante del colectivo Víctimas por sus Desaparecidos en
Acción (Grupo V.I.D.A.) de Coahuila; Blanca Isabel Martínez, Directora del
Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C.; y Laura Irene
Moreno Espinoza, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda.
Chasel Colorado habló sobre el
Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda y los
procedimientos en la materia. Dijo que “esta ley flexibilizó el inicio del
proceso de búsqueda reconociendo 3 medios: denuncia, reporte y noticia, los que
pueden ser anónimos y no necesitan verificación”. Agregó que “el Estado tiene
la obligación de realizar todas las acciones tendientes a dar con el paradero
de las personas hasta su localización. La búsqueda debe ser pronta, desformalizada,
exhaustiva, especializada y participativa”.
Norma Albino destacó que “el
Gobierno no termina de cumplir y dar respuesta a nuestras necesidades. Creo que
la búsqueda en campo es donde no están respondiendo adecuadamente. Para nosotras,
encontrar un resto, es un gran hallazgo, porque éste puede darnos una respuesta”.
Blanca Martínez participó
diciendo que “estamos a casi dos años de promulgada la Ley, el gran tema que
ahora nos ocupa es su implementación. Está Ley no es un objetivo en sí, es una
herramienta para facilitarnos la búsqueda. Se sigue actuando de manera
burocrática, no hay diseño ni estrategia. En algunos estados hay comisionados,
pero no comisiones. Se sigue simulando el proceso de búsqueda. Tenemos que
construir nuevos nichos de esperanza desde la fuerza y la dignidad de las
familias”.
Laura Moreno explicó las
características de los operativos de búsqueda con vida y búsqueda sin vida de
las personas desaparecidas en la entidad. Señaló que en Chihuahua “está próxima
a presentarse la página web de la Comisión Local de Búsqueda. En ella se podrán
generar reportes de desaparición de manera digital y se podrá suministrar información
de manera anónima, que nos permita dar
con el paradero de las personas desaparecidas”.
En la cuarta mesa participaron Hugo
Soto, Asesor Forense del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); Angélica
Rodríguez, familiar de una persona desaparecida e integrante del colectivo
Búsqueda de Familiares “Regresando a Casa” A.C. de Morelos; Mercedes Doretti,
Directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF); y Daniel Ricardo
Jaramillo, Director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.
Hugo Soto mencionó que “el objetivo
de la gestión de información es definir procesos sistemáticos de recolección, organización,
validación, archivo, análisis e interpretación”. Hizo énfasis en la información
de calidad, definida como “aquella que brinda satisfacción plena del usuario,
es decir, de quienes harán uso de esa información”. Agregó que “hay que
asegurar en todo momento que la información sea confiable, precisa, de alta
calidad, porque toda ésta llegará a los registros y bases de datos”.
Angélica Rodríguez dijo que “si
no se sigue el debido protocolo no podremos dar con nuestros desaparecidos: una
persona de nuestro colectivo podría haberse ahorrado cuatro años de búsqueda,
si en la carpeta hubieran incluido una fotografía con la vestimenta que llevaba
su familiar”. Añadió que “de nada nos sirve que se alimente una base estatal si
no se nos comparte la que existe a nivel nacional. Deben existir en todo el
país bases de datos compatibles entre sí y debemos poder acceder a ellos”.
A través de un video, Mercedes
Doretti habló sobre el proceso de creación del Mecanismo Extraordinario de
Identificación Forense (MEIF) y dijo que “el MEIF busca separar el trabajo
forense diario u ordinario, del extraordinario, es decir, de aquellos restos no
identificados o no reclamados dentro de las instituciones”. Añadió que “las
atribuciones básicas del MEIF son la recuperación de restos y evidencia
asociada, analizar los restos y emitir dictámenes multidisciplinarios, así como
llevar a cabo el próximo proceso de notificación y restitución”.
Finalmente, Ricardo Jaramillo
compartió que “en 2007 es cuando formalmente se establece el Servicio
Médico Forense en el estado de Chihuahua. El 52% de los ingresos registrados
hasta el momento han sido por hechos violentos (homicidios), de los cuales, el
85% han sido varones. Agregó que durante todo este periodo, el 94% de los
ingresos han sido identificados y entregados a sus familias, es decir, más de
50 mil casos.
El foro, que se desprende del programa "Justicia para las personas desaparecidas de Chihuahua" a raíz de un convenio firmado entre USAID, CEDEHM, EAAF y la FGE, estuvo dirigido a
familiares de personas desaparecidas e integrantes de organizaciones de la
sociedad civil, así como a personal de la FGE, de la FIVDH, de la Fiscalía Especializada en Atención a
Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas, de la Unidad de Personas Ausentes o Extraviadas, de la
Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, del Tribunal Superior de
Justicia del Estado y de la Secretaría de la Función Pública.
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