POSICIONAMIENTO DE ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS
Chihuahua, Chih., a 16 de diciembre de 2019. Hace nueve años se suscitó el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, una madre que días antes había iniciado una huelga de hambre frente a Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua, en la exigencia de verdad, justicia y reparación por el feminicidio de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo. Al día de hoy, han pasado 3 mil 285 días sin justicia para Marisela; 4 mil 126 para Rubí.
Hoy 16 de diciembre de 2019, nos convocamos aquí, en el marco del noveno
aniversario de asesinato de Marisela Escobedo, con dos propósitos concretos:
recordar y demandar.
Así, recordamos:
- El amor, la tenacidad y la fuerza de la lucha de Marisela por un
Chihuahua libre de violencia feminicida y con ella a todas las otras ‘Mariselas’
que en esto se han gastado la vida;
- La dignidad de las y los defensores de derechos humanos que en su
exigencia de justicia han sido asesinados;
- Que el sistema de justicia le falló a Marisela Escobedo y sigue fallando
a las víctimas, quienes son las principales investigadoras, en un país que
mantiene índices de impunidad de más del 98 por ciento;
- Que en el estado de Chihuahua y en todo el territorio nacional, como a
Rubí, a las mujeres les violentan, agreden y asesinan por el hecho de ser
mujeres y la respuesta de los gobiernos no ha sido ni cerca, suficiente;
- Que esta sociedad, la nuestra, como lo dijera la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en la sentencia de Campo Algodonero: la nuestra, es una sociedad en
donde prevalecen y se perpetúan condiciones que favorecen un modelo de
supra-subordinación de las mujeres a los hombres.
- Que los gobiernos no tienen la voluntad o la capacidad para implementar
una política pública sobre el desplazamiento forzado de las personas, familias
y comunidades enteras que se ven obligadas a abandonar su vida por condiciones
extremas, como lo fue el caso de la familia de Marisela Escobedo, a quienes el
estado fue incapaz de proteger.
Sobre todo recordaremos hasta que se haga justicia, que el estado de
Chihuahua en estos hechos tiene responsabilidad:
1. En el feminicidio de Rubí por no garantizarle una vida libre de
violencia y no sancionarlo.
2. En el asesinato de Marisela porque ella se puso en riesgo por realizar
la labor que le correspondía al gobierno, porque no se le protegió y porque su
muerte se mantiene impune.
3. Por el auto exilio de la familia Escobedo, frente a la incapacidad de
protegerles o garantizarles el retorno seguro.
Entonces, estamos aquí para demandar, demandamos justicia, verdad y
reparación integral que incluya medidas de no repetición para:
- Que se erradique la violencia feminicida.
- Que se proteja a todas las personas que como vocación elegida y por
tragedia impuesta, buscan justicia.
- Que a la sociedad en su conjunto, se nos garantice el derecho a la
verdad, esto implica investigaciones eficaces y no fabricación de culpables.
Demandamos sanción para todas las personas responsables de que se sigan
perpetuando las violaciones de derechos humanos sufridas por Rubí, Marisela, su
familia.
¡Porque justicia para Marisela, es justicia para todos y todas!
Antecedentes
Marisela tenía 52 años cuando fue cobardemente asesinada. Hasta sus 48
años, se había dedicada a sus hijos e hijas, a su vocación de enfermera y
siguiendo su espíritu de emprendedora. Fueron los últimos cuatro años de su
vida, los que marcaron para siempre la historia de Chihuahua, del sistema penal
acusatorio en México y los que evidenciaron al mundo la impunidad imperante en
nuestro país.
Marisela se convirtió en la principal investigadora de la desaparición de
su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo ocurrida en agosto de 2008. Gracias a las
evidencias recabadas por ella, se pudo determinar que Rubí fue asesinada por su
pareja, Sergio Rafael Barraza Bocanegra quien ya había huido de Chihuahua;
Marisela logró ubicarlo y gracias a esto pudo ser detenido para enfrentar un
juicio en el recién estrenado Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Durante la declaración de Marisela en el juicio contra Sergio, explicó que
estaba ahí porque quería que el feminicidio de su hija fuera el último en
Chihuahua. El Tribunal absolvió y liberó al asesino confeso.
En segunda instancia, se logró una sentencia condenatoria, pero Sergio
Rafael ya no estaba detenido, entonces Marisela comenzó una tenaz lucha para
exigir la aprehensión del asesino de su hija.
Recorrió el país, encabezó marchas, realizó múltiples protestas, se reunió
con autoridades de diferentes niveles, encontró por su cuenta a Sergio en tres
ocasiones y demandó su detención, confrontó al Gobernador, denunció la colusión
entre autoridades y el narcotráfico, enfrentó amenazas de muerte de la familia
del asesino, advirtió que sería asesinada si no hacían nada para protegerla y
que su muerte sería la vergüenza del Gobierno.
La noche del 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo Ortiz fue asesinada
en las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua.
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