sábado, 25 de enero de 2020

FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS DE LA ENTIDAD SE REÚNEN CON LAS COMISIONES DE BÚSQUEDA ESTATAL Y NACIONAL



Chihuahua, Chih., a 25 de enero de 2020. El día de hoy, en un encuentro convocado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDHEM), más de 100 familiares de personas desaparecidas provenientes de los municipios de Chihuahua, Cuauhtémoc, Balleza, Buenaventura, Guadalupe y Calvo, Hidalgo del Parral, Jiménez, Matamoros, Namiquipa y Valle de Allende, se reunieron con Laura Moreno, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, y Enrique Irasoque, Director General de Acciones de Búsqueda y Procesamiento de Información de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Las familias expusieron sus casos y los problemas a los que se han enfrentado en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Denunciaron los trámites burocráticos e irresolubles por los que atraviesan; la atención inadecuada y los malos tratos a los que se enfrentan; la falta de apoyos económicos para dar continuidad al proyecto de vida de sus familias; el exceso de retórica, la falta de compromiso y ejecución de acciones concretas, así como la simulación e inacción; pero sobre todas las cosas, la ausencia de suficientes diligencias de búsqueda por parte de las autoridades.

Mencionaron que no hay resultados “porque no hay esfuerzos de investigación y búsqueda en vida o muerte. Para nosotras las familias no hay tiempo que perder porque cada día que pasa, la esperanza desaparece. Actúen: hagan rastreos y búsqueda en vida”. Las y los presentes expusieron que la tragedia de tener un ser querido desaparecido, aunado a todos los obstáculos por los que deben atravesar en el proceso de búsqueda, hace que su salud física y mental se vean severamente comprometidas.

Enrique Irasoque habló sobre la próxima implementación del Programa Nacional de Búsqueda y del Programa Regional de Búsqueda para la zona noreste del país, que buscarán homologar criterios y procedimientos para alinear la implementación de buenas prácticas en la materia. Mencionó el Reporte de Personas Desaparecidas, una plataforma en línea que se alimenta con la información que proporcionan las familias y las autoridades que dan seguimiento a cada caso en particular.

Añadió que la Comisión Nacional de Búsqueda tiene el compromiso de apoyar y respaldar las acciones de búsqueda implementadas por el Gobierno del Estado de Chihuahua. Agregó que para el año en curso, la Comisión cuenta con un presupuesto de 400 millones de pesos en subsidios, dinero que de manera directa se puede otorgar a las comisiones locales, así como a proyectos específicos en la materia, como el Centro Regional de Identificación Humana en el estado de Coahuila.

Por su parte, Laura Moreno mencionó que la Comisión Estatal de Búsqueda presentará su proyecto de solicitud en cuanto se hagan públicos los nuevos lineamientos para el otorgamiento de estos subsidios. Durante su intervención, la comisionada presentó los resultados de las 93 intervenciones o acciones de búsqueda realizadas durante el año 2019 en municipios como Carichí, Chihuahua, Janos y Nuevo Casas Grandes, a partir de las cuales, se logró dar con el paradero de 20 personas desaparecidas sin vida, una con vida, y se localizaron fragmentos de restos óseos de cuatro personas.

Al finalizar el encuentro, la Comisión Estatal y la Comisión Nacional de Búsqueda se comprometieron a: 1) Incluir a las familias y sus representantes del CEDEHM en el diseño del Plan Estatal de Búsqueda; 2) Realizar una reunión a principios del mes de febrero en el municipio de Guadalupe y Calvo, en el que existe un preocupante número de personas desaparecidas que no cuentan con denuncia de desaparición debido al miedo de las familias; 3) Establecer reuniones periódicas para dar seguimiento e informar sobre el avance y resultados de los compromisos adquiridos.

sábado, 11 de enero de 2020

El Presidente López Obrador recibe peticiones de familiares de personas desaparecidas y víctimas de desplazamiento forzado, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua


Nuevo Casas Grandes, Chih., a 11 de enero de 2020. El día de hoy, una representación de colectivos de familiares de personas desaparecidas y víctimas de desplazamiento forzado, que son acompañados por las organizaciones del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), acudieron al municipio de Nuevo Casas Grandes en Chihuahua, para encontrarse con el Presidente López Obrador y solicitarle medidas concretas de atención y respuesta frente a estas problemáticas. El mandatario, se encontraba en el lugar, en el marco de su visita a esta entidad federativa.

Las familias de personas desaparecidas, solicitaron concretamente la necesidad de que exista una verdadera coordinación entre la federación y el estado de Chihuahua para la investigación de los casos, y la búsqueda de sus seres queridos; además, pidieron la creación de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad que permita la participación de expertos y expertas extranjeras en las indagatorias. Dentro de este colectivo, se encontraban integrantes de la familia Alvarado, caso por el cual el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2018, por la participación del Ejército Mexicano en la desaparición forzada de tres personas en diciembre de 2009.

La familia Alvarado y sus representantes del CEDEHM solicitaron el cumplimiento íntegro de la sentencia de la Corte Interamericana, además de denunciar que la Secretaría de la Defensa Nacional se ha negado a participar en las reuniones sobre el cumplimiento de la misma y de la renuencia de esa institución para participar en el acto público de reconocimiento de responsabilidad, tal como expresamente lo ordena la sentencia.

Por su parte, las demandas de las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, solicitaron al titular del Ejecutivo la creación de políticas públicas que respondan a la serie de violaciones de derechos humanos que resultan de vivir en esta condición. Especialmente solicitaron la participación de la federación para la pacificación de la Sierra Tarahumara que les permita regresar a sus hogares y, mientras eso sucede, que se implementen medidas para que puedan reubicarse en condiciones dignas, esto incluye salud, educación, vivienda y desarrollo económico.

A la llegada del Presidente al lugar donde tenía programada una reunión, los colectivos se acercaron para hacerle entrega de un documento que contenía las principales demandas de las familias que los integran; el mandatario escuchó a las personas, recibió el documento y aseguró que se daría seguimiento a las peticiones.


comunicacion@cedehm.org.mx

martes, 7 de enero de 2020

A 10 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA ALVARADO Y A UN AÑO DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA DE LA CORTE IDH, HAY NULOS AVANCES EN EL CASO



Chihuahua, Chih., 07 de enero de 2020. El 29 de diciembre de 2009, en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, fueron desaparecidos Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado por elementos del ejército mexicano. Desde entonces, sus familiares han buscado su paradero y han exigido justicia en el caso.

El caso ha sido tan paradigmático que el 20 de diciembre de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó la sentencia condenatoria en la que resolvió que el Estado mexicano había desaparecido a las víctimas, que era responsable del desplazamiento forzado de varios de sus familiares, así como de la impunidad en el caso y de la falta de protección ante amenazas e incidentes de seguridad. El tribunal interamericano ordenó, entre otras medidas de reparación, a buscar a las víctimas, sancionar a los responsables, reubicar a las familias desplazadas, brindar acompañamiento psicológico a las familias, realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional, publicar la sentencia en diferentes medios escritos y electrónicos, avanzar un registro de personas desaparecidas, avanzar en capacitaciones a fuerzas armadas y pagar indemnizaciones.

Al día de hoy, el Estado mexicano no ha cumplido en su totalidad ninguna de las reparaciones ordenadas por la Corte IDH. Peor aún: a principios de 2019 se llevó a cabo una reforma constitucional que permitió la creación de la Guardia Nacional. Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), autoridad fundamental en el cumplimiento de la sentencia, se ha rehusado a participar en las reuniones de implementación, así como en el otorgamiento de información sustancial para varias medidas de reparación como lo es la búsqueda de las víctimas, el avance en las investigaciones y las capacitaciones adecuadas.

Adicionalmente, el pasado 19 de diciembre, la Corte IDH notificó a las víctimas que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Embajada de México en Costa Rica, había presentado un escrito mediante el cual no quiere hacer el pago de la indemnización de una de las víctimas haciendo alegaciones de derecho interno basado en normativa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para hacer el pago ordenado por el tribunal interamericano.

El actuar de la SRE es desafortunado e ilegal, en tanto el Estado mexicano contaba -si lo consideraba pertinente- con noventa días para presentar una interpretación de sentencia, lo cual no hizo.  El hacerlo un año después de notificada la sentencia no solo es extemporáneo y deja en desprotección a las víctimas, sino que justifica el incumplimiento de la sentencia en disposiciones de derecho interno, incumpliendo flagrantemente con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y con el artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En definitiva, el actuar del Estado mexicano en el presente caso se ha caracterizado por una excesiva burocracia, falta de coordinación, obstaculización flagrante de algunas autoridades y una lentitud que revictimizan a las familias.

De acuerdo con la sentencia emitida el 28 de noviembre de 2018 y notificada el 20 de diciembre siguiente, el Estado mexicano contaba con un plazo de un año para informar del cumplimiento de cada una de las medidas ordenadas en la sentencia. Las familias esperamos esa información, así como la estricta supervisión de cumplimiento por parte de la Corte IDH para que el actuar actual de las autoridades mexicanas no sigan revictimizando a las familias.

Han pasado 3,661 días desde una noche en que varios soldados detuvieron y desaparecieron a Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene. No obstante, el paso del tiempo no puede borrar de las memorias de sus familiares la ausencia, el miedo, la desesperación por no saber dónde están, el crecer sin padre y madres, sin hermanas y sin hijas e hijo. Hoy más que nunca, los rostros de las tres víctimas desaparecidas siguen en la memoria de sus familiares, quienes exigen al Estado que cumpla a cabalidad y prontamente con esa justa expectativa.