Chihuahua, Chih., a 2 de marzo de 2020. El 1 de marzo de 2010 fue
cobardemente asesinado Ernesto Rábago Martínez, defensor de derechos humanos que
dedicó su vida al acompañamiento de los Pueblos Indígenas de Baquéachi,
Huahuachérare, Chinéach y Bakuséachí; en su digna lucha por la defensa de su
territorio ancestral.
En Chihuahua (como en el resto del país), las comunidades indígenas tienen
que defender la tierra que les ha pertenecido históricamente, de invasores que
ilegalmente buscan apropiarse de su territorio a través de la imposición de la
violencia y el terror. Todo esto ante un gobierno que ha sido incapaz de
protegerles de forma oportuna, suficientes, efectiva y adecuada.
La muerte de Ernesto Rábago es una consecuencia directa de su trabajo a
favor de las comunidades indígenas. Su asesinato ocurrió después de una serie
de amenazas graves hacia él y su compañera, la licenciada Estela Ángeles
Mondragón, luego del incendio de su despacho con bombas molotov y justo 15 días
después de un atentado a su familia. Todo esto vinculado con la defensa legal
del Ejido Baquéachi que Ernesto realizaba junto a su compañera Estela.
Hoy estamos aquí para conmemorar la vida y lucha de Ernesto y de las
comunidades indígenas pero, sobre todo, estamos aquí porque ha pasado una
década desde el homicidio del defensor de derechos humanos y el caso se
mantiene en total impunidad: las autoridades no han esclarecido su asesinato, no
existe ningún avance significativo dentro de la investigación y ningún culpable
ha sido castigado.
No sólo eso, sino que hoy en día la situación de riesgo de Estela Ángeles
Mondragón permanece y se incrementa, a partir de una campaña de desprestigio y
criminalización emprendida en su contra por grupos con intereses poco claros
que buscan aprovecharse de las comunidades indígenas.
El Estado mexicano, tiene la obligación de proteger a todas las personas defensoras
de derechos humanos y de sancionar adecuadamente los delitos cometidos en su
contra.
Por todo lo anterior, las comunidades de Baquéachi, Chinéachi y Bakuséachi,
las organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos
humanos, demandamos:
A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO: Justicia para Ernesto Rábago, sanción a
los culpables y adecuada reparación del daño causado a nivel familiar y
comunitario.
AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y AL GOBIERNO FEDERAL: Que el Estado
garantice que las personas defensoras de derechos humanos podamos ejercer
nuestra labor en condiciones de seguridad.
A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y AL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL COLUNGA
MARTÍNEZ: El cese a la campaña de criminalización en contra de Estela Ángeles
Mondragón y otros integrantes de la comunidad.
A TODO EL ESTADO MEXICANO: Que los derechos de los pueblos indígenas sean
verdaderamente promovidos, protegidos, respetados y garantizados por el Estado
mexicano; principalmente el de la seguridad jurídica sobre su territorio y recursos
naturales.
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