jueves, 17 de julio de 2014

Tribunal condena por pederastia a Pastor


 El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) logra condena contra el Pastor José Manuel Herrera Lerma por pederastia.

Primera condena nacional en el sistema penal acusatorio.

S y E, junto con otras mujeres y niñas, fueron instruidas en la sumisión, obediencia y castigo; utilizando como medio de manipulación la tergiversación de textos bíblicos del Cristianismo, por José Manuel Herrera Lerma, que representaba su figura paterna, además de ser líder espiritual de una secta denominada Sendero de Luz, de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, ubicada en ciudad Delicias, Chihuahua.  

Después de su primera menstruación a los 11 años de edad en 2001 y 2002, las hermanas S y E fueron violadas sistemáticamente, con excepción de su semana de periodo y de los domingos, por el Sr. Herrera Lerma. Con este perverso rito de iniciación, las hermanas se suman a una larga lista de niñas víctimas de repetido abuso sexual.

En 2011, S acudió al CEDEHM en busca de apoyo, donde fue acogida de inmediato, al observar su frágil estado emocional se otorgó apoyo terapéutico por casi un año, con especialistas en la materia para ella y su familia. S acudió nuevamente al CEDEHM, acompañada por su hermana E, quienes habiendo vivido la misma historia, decidieron juntas denunciar.

Este es el inicio de una historia de persistencia, coraje y exigencia de justicia en un caso de pederastia.

Las abogadas, el equipo de acompañamiento psicosocial y demás áreas del CEDEHM, se enfrentaron a un nuevo reto por la posible prescripción de hechos y a que las víctimas eran mayores de edad cuando decidieron denunciar lo que les ocurría desde su infancia; así pues, realizaron una cuidadosa estrategia psicojurídica que incluyó la protección de S y E, la denuncia de hechos que abarcara la totalidad de las perversiones sufridas y el litigio estratégico con perspectiva de género y derechos humanos, fundamentando sus actuaciones en tratados internacionales y leyes específicas de protección a los derechos humanos particularmente de las mujeres y niñas.

Posteriormente en febrero de 2012, se aprehendió al Sr. Herrera Lerma y se decretó la prisión preventiva. Dado que los hechos ocurrieron reiteradamente entre 2001 y 2010, fue necesaria la división de causas penales en el sistema penal tradicional (que aún continúa) y únicamente por lo que toca de julio de 2008 a 2010 en el sistema acusatorio adversarial.


En lo correspondiente al sistema oral, el Ministerio Público presentó la acusación formal por considerar que se acreditaba el delito de violación, agravado por el uso de la violencia moral y el vínculo de confianza. Las acusadoras coadyuvantes del CEDEHM ampliaron tal acusación como violación agravada por la manipulación religiosa ligada al fanatismo como causas que impedían a las jóvenes resistir los múltiples actos de violencia sexual mismos que se prolongaron hasta la mayoría de edad.

Luego de múltiples estrategias de defensa jurídica por el abogado particular del pastor, dio inicio el juicio oral 99/13, el día 17 de junio del año en curso, ante el Tribunal presidido por el Juez Héctor Javier Talamantes Abe, el redactor Juez Mario Alberto de la Rosa Fierro y el tercer integrante Juez Ramón Gerardo Holguín Licón. 

Durante el desarrollo del juicio, las abogadas del CEDEHM ofrecieron pruebas contundentes y únicas como la primer pericial socio antropológica llevado a juicio oral a cargo de un grupo de expertas lideradas por la socióloga Rosa María Castañeda Castillo, con el objetivo general de evidenciar la extrema violencia de género que sufrieron las denunciantes en un contexto religioso cultural rígido y malversado con técnicas de teatralidad, supuesta sanción y el uso de lenguas para impresionar a las y los adeptos de la Secta. Así también la primera pericial psicosocial en el sistema acusatorio, llevada a cabo por las y el psicólogo chihuahuenses Socorro López Campos, Rossina Uranga Barrí y Alberto Rodríguez Cervantes, con la finalidad de abordar las causas y efectos de los hechos en el ámbito comunitario, familiar y personal de las víctimas, trascendental para la reparación del daño.

Jornadas extenuantes en que las partes en el juicio escucharon de viva voz el relato de S y E, e interrogaron a su madre, tías, la médica legista y la experta en criminalista, terapeutas, entre otras, así como la exhibición de evidencia fotográfica y documentales diversas.

La defensa del Sr. Herrera Lerma, intentó acreditar su estrategia consistente en la supuesta falsedad de los hechos por la imposibilidad física por una supuesta disfunción eréctil del pastor para haber abusado de las denunciantes y la improbabilidad de que S y E estuvieran en el lugar cuando ocurrían las violaciones sexuales, presentando periciales médicas, testimoniales de expertos en medicina, la testimonial de la esposa del pastor, así como prueba documental del expediente clínico del acusado, entre otras; probanzas que lejos de apoyar la teoría de descargo vinieron a corroborar y afianzar lo dicho por las víctimas.

El pasado lunes 14 de julio de 2014, los jueces dictaron el veredicto condentaorio, por haberse probado la hipótesis ampliada por la coadyuvancia, encabezada por las licenciadas Erika Mendoza e Irma Villanueva, acreditando sin duda la comisión de violación agravada a dos mujeres que no pudieron resistir los eventos por cuestiones íntimamente relacionadas con la religión, la mistificación y el miedo a un castigo divino como perder la salvación o ser portadoras de males para ellas y sus familias. 

El tribunal citó a las partes para que el día de mañana viernes 18 de julio, a las 10:00 horas, se lleve a cabo la audiencia de individualización de sanciones y así en las siguientes horas dictar la sentencia respectiva.

En razón de lo anterior el CEDEHM menciona que nos encontramos en presencia de un caso emblemático, donde se juzgaron las deleznables e injustificables conductas desplegadas por José Manuel Herrera Lerma, un hombre que se hace llamar a sí mismo “mensajero de Dios”, contra dos mujeres en particular.

Este resultado trasciende a todas las esferas de la sociedad mundial, después de la condena internacional a la pederastia, relacionando el informe con recomendaciones a la Santa Sede por el Comité de los Derechos del niño de Naciones Unidas, las comparecencias de la Santa Sede ante el Comité contra la tortura; la Homilía del Papa Francisco pidiendo perdón a las víctimas y sus familias por la comisión de los delitos y la omisión de la iglesia para actuar; que si bien proviene de la Iglesia Católica con más adeptos en el mundo y en el caso del Pastor es el Cristianismo, en ambas situaciones son actos cometidos por líderes espirituales.

No se trata de un caso aislado pero sí trasciende el hecho de ser de los pocos que se denuncian y ser, hasta donde tenemos información, el primer caso de esta naturaleza que es sometido a juicio en el país y condenado, concretó Érika Mendoza.

El veredicto emitido por el tribunal ha formado parte de la historia y abre las puertas para la reivindicación de millones de mujeres, niñas, niños, y en general de personas que conforman grupos en situación de vulnerabilidad que han sido engañadas, manipuladas, mutiladas, discriminadas, lastimadas, ultrajadas, violentadas, violadas, cercenadas, asesinadas y todo ello en nombre de supuestos dioses o diversos seres superiores puros y amorosos. 

Con esto se demuestra como el fanatismo religioso se convirtió para José Manuel Herrera Lerma en una herramienta delictiva para violar a las víctimas de manera consuetudinaria, atroz, temerosa y perversa. Entendido el fanatismo para el caso que nos ocupa como las acciones desmedidas de personas que defienden con tenacidad sus creencias y opiniones como únicas, llevándoles a comportarse de manera irracional y por ende inentendible en muchas ocasiones. El fanatismo es comúnmente dirigido por personas líderes, conscientes, inteligentes, deliberadas, malvadas que aprovechan el estado catatónico de sus víctimas para cometer sobre ellas delitos graves.

Sin duda alguna, cuando existe voluntad, debida diligencia, profesionalismo y sensibilización, las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia pueden cumplir con su cometido. Estaremos a la espera de la sentencia que emita el tribunal en el que no sólo explicite el tiempo de prisión que tendrá que purgar el Sr. Herrera Lerma sino las reparaciones individuales, familiares y comunitarias que se han solicitado en este caso, mencionó la abogada Erika Mendoza.

Finalmente, en esta fecha, el CEDEHM reconoce la valentía y fortaleza de S, E y su familia. Sin ellas, este importante caso no habría llegado a los tribunales y el Sr. Herrera Lerma seguiría dañando gravemente a niñas. Por casos como el de estas dos mujeres -ejemplos de esperanza y dignidad- el CEDEHM continúa su trabajo de litigio estratégico, denuncia, acompañamiento psicosocial y educación a mujeres víctimas de violencias de género.




lunes, 14 de julio de 2014

Todos y todas tenemos derecho a defender derechos

Las personas, comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos abajo firmantes expresamos repudio ante la política antiderechos humanos que ha impulsado el Gobierno de Guatemala y que busca imponer un sistema de gobierno en donde la ciudadanía no pueda emitir su opinión, ni organizarse para la defensa de derechos y ni pedir el cumplimiento de sus derechos.

Según la Constitución Política de la República de Guatemala, el país se basa en el respeto de los derechos humanos y está obligada a cumplir con los tratados y convenios firmados por Guatemala. Por lo tanto, tiene la obligación de respetar y proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos.  La decisión gubernamental de expulsar a una voluntaria y un voluntario de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) argumentando que su actividad de observar la acción de gobierno ante defensores y defensoras de derechos va en contra de la seguridad de la nación consolida una política en donde los defensores y defensoras de derechos humanos, particularmente los que denuncian y resisten políticas y leyes violatorias a los derechos humanos, son considerados enemigos de la nación como ocurrió durante el conflicto armado y lo que permitió la comisión de genocidio. La decisión nos afecta a todos los defensores y defensoras de derechos humanos independientemente de nuestra nacionalidad o actividad.

Por ello, EXIGIMOS que se revoque la decisión y se revise la política del Estado ante defensores y defensoras de derechos humanos.


Brenda L. Hernández Batres - Guatemala
Carlos Fernando Barberá - España
Carolina Cabarrús - Guatemala
Cecilia Garcés - Guatemala
Christian Aponte - Guatemala
Claudia Virginia Samayoa - Guatemala
Edda Gaviola - Chile
Eva Lissette Martínez Galich - Guatemala
Francisco Soberón Garrido - Perú
Francisco Soto Forno - Guatemala
Georgina Hernández - Guatemala
Iduvina Hernández Batres - Guatemala
Jorge Santos - Guatemala
Leonel Dubón - Guatemala
Lily Hernández - Guatemala
Lisa Verónica Donado - Guatemala
Luisa Isabel Pineda Martínez - Guatemala
Luz Marina Monzón - Colombia
María Eugenia Díaz Díaz - Guatemala
Maya Alvarado - Guatemala
Miguel Möerth - Alemania
Nery Rodenas - Guatemala
Oscar Alberto Hernández - Guatemala
Rev. José Pilar Álvarez - Guatemala
Sofía Montenegro – Nicaragua

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C. - México
Ágora Espacio Civil - Paraguay
AJODER - Guatemala
ASECSA - Guatemala
Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL) - México
Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) - España
Asociación de Justicia y Paz de Colombia
Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán Jalapa
(AMISMAXAJ) – Guatemala
Asociación de Mujeres Mayas Majawil Q' ij - Guatemala
Asociación El Refugio de la Niñez - Guatemala
Asociación KAJI B'ATZ' - Guatemala
Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad Democrática (SEDEM) - Guatemala
Asociación para los derechos de la mujer y el desarrollo AWID
Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR) - Guatemala
Asociación Pro Derechos Humanos - Perú
Asociación Pro Derechos Humanos de España
Asociación Puente de Paz - Guatemala
Asociación Mujer Tejedora Del Desarrollo (AMUTED) - Guatemala
Centro Cooperativo Campesino Nuevo Día - Guatemala
Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS)
Centro de Antropología Forense y Ciencias Aplicadas de Guatemala (CAFCA)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A. C. (CEDEHM) - México
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC - México
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) - España
Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO) - Nicaragua
Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) - Guatemala
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) - Nicaragua
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) - Guatemala
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local- El Salvador
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos - Ecuador
Comité por la Defensa de la Vida y la Paz - Guatemala
Compañía de Jesús en Honduras
Comunidades de San Pedro Ayampuc y San José el Golfo, LA PUYA - Guatemala
Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG)
Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad Oaxaca AC
Coordinadora de ONG's y Cooperativas de Guatemala (CONGECOOP)
Coordinadora Ecuménica y Social por la Defensa de la Vida en Zacapa y Chiquimula - Guatemala
Equipo de Estudios Comunitarios y Apoyo Psicosocial (ECAP) - Guatemala
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación/Radio Progreso - Honduras
Fondo Centroamericano de Mujeres, FCAM
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) - Colombia
HIJOS Guatemala
Iglesia Luterana Guatemalteca (ILUGUA)
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
JASS (Asociadas por lo Justo)
Mugen Gainetik - País Vasco
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)
Oficina Jurídica Para la Mujer de Cochabamba / Bolivia
Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al Sida  (OASIS) - Guatemala
 Paz con Dignidad - España
Paz y Esperanza - Perú
Red de Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala
Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI)- Guatemala
Red Guatemalteca Mujeres Positivas en Acción
Red MUSOVI - Guatemala
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos - México
Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos - El Salvador
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - Guatemala (UDEFEGUA)
Unión Nacional de Mujeres de Guatemala (UNAMG)


Guatemala, 10 de julio de 2014


“Es defensor de derechos humanos toda persona, organización o institución que defiende o promueve derechos y/o libertades fundamentales de forma no violenta.” Según lo establecido en la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de la ONU (1998) y a partir de 1999 de forma anual por parte de la Asamblea General de la OEA. El Estado de Guatemala ante los mecanismos convencionales y extra convencionales ha reiterado su compromiso a proteger a los defensores de Derechos Humanos. 

jueves, 10 de julio de 2014

Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua denuncian internacionalmente al Congreso del Estado de Chihuahua por legislar leyes discriminatorias que violan los derechos humanos de las mujeres, niños y niñas, al aprobar el Código Procesal Civil y el Código Procesal Familiar.

 México, D.F. 10 de julio.- En el marco del “Conversatorio con organizaciones de la sociedad civil. Diagnóstico sobre la situación de la Violencia contra las Mujeres. A 8 años de la emisión del informe: “Integración de los Derechos Humanos de la Mujer y la Perspectiva de Género: La Violencia contra la Mujer”: Informe de la visita a México de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias”, organizaciones de la sociedad civil del estado de Chihuahua sostendrán una audiencia con la Sra. Rashida Manjoo, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias de la ONU y con la Dra. Alda Facio, Experta del Grupo de Trabajo sobre el tema de la discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica de la ONU, para denunciar las violaciones a los derechos en la reforma a los Códigos Procesal Civil y Procesal Familiar aprobados en días pasados por el Congreso del Estado de Chihuahua. 

Chihuahua saltó a la fama internacional por los feminicidios, con más de cuatrocientas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales que solicitan, entre otras cuestiones, la creación de un marco legal que permita  erradicar las violencias  de género, aun con tan trascendental antecedente, el Congreso del Estado se atrevió a legislar leyes discriminatorias.

Representadas por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), trece organizaciones civiles que participaron en la protesta frente al Congreso del Estado de Chihuahua el pasado 26 de junio, por las leyes aprobadas que vulneran los derechos humanos,  elevaran su demanda a instancias internacionales.

El Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM), Círculo de Estudios de Género, A.C., Ecos de Mirabal, Abogadas Demócratas, Grupo Feminista 8 de Marzo de Chihuahua, A.C., Observa Ciudadana, Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas, Justicia para Nuestras Hijas, Mujeres Barzonistas, Mujeres por México en Chihuahua, A.C., Red por la Participación Ciudadana, A.C. y la Organización para la defensa del patrimonio familiar y los derechos humanos, A.C. (UCD) otorgaron a la Maestra Alejandra Nuño, abogada experta en Derecho Internacional de Derechos Humanos, la responsabilidad de denunciar las graves violaciones cometidas por el Congreso de Chihuahua.

El retroceso legal en el ordenamiento jurídico familiar envía un mensaje de impunidad a los agresores, son una vergüenza que desafía la emblemática Sentencia de la Corte Interamericana de Campo Algodonero y las recomendaciones recibidas de los distintos mecanismos de la  Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DH y del Sistema Interamericano de DH, entre otros, señalo Lucha Castro.

En materia civil, el código de procedimientos, a través de los juicios orales, es una flagrante violación a los derechos económicos de las y los mexicanos, al debido proceso, a la igualdad procesal, criminaliza la pobreza, acelera el despojo y promueve la corrupción al otorgar total discrecionalidad de los jueces.

De manera paralela, Alma Gómez compartirá sobre las consecuencias para las mujeres de las desapariciones forzadas e involuntarias, la trata de mujeres, tortura  y otras violaciones a los derechos humanos en el marco de la política de combate a la delincuencia.   

Para las organizaciones de la sociedad civil es de suma importancia visibilizar ante la Relatora de OACNUDH la situación que prevalece en el estado, el contexto en el que se defienden los derechos humanos  y las diferentes declaraciones de los integrantes del Congreso al minimizar la violencia familiar, que permitirán a las expertas comprender el nivel en que se debaten las leyes en esta entidad del país.


martes, 8 de julio de 2014

Organizaciones de familiares y de la sociedad civil felicitan el Equipo Argentino de Antropología Forense por sus 30 años y agradece su trabajo en favor de los derechos humanos



  • Su contribución en casos de feminicidio, personas desaparecidas y migrantes no localizados, hasido fundamental para hacer efectiva una parte básica del derecho a la verdad.
  •     A partir del trabajo del EAAF en México, las familias y las  organizaciones de la sociedad civil comprendimos la importancia de la ciencia aplicada al derecho y en específico, a casos de violaciones de los derechos humanos.


En mayo de 2014, el Equipo Argentino de Antropología Forense -EAAF- cumplió 30 años de trabajo aplicando la ciencia forense a casos de violaciones de los derechos humanos.

Para las familias y para la sociedad civil, el EAAF ha marcado un hito en la búsqueda e identificación de restos. Su trabajo ha permitido que decenas de familias puedan tener una respuesta certera y científica ante una realidad compleja y a veces lejana. El EAAF ha mostrado la importancia de que los servicios estén cerca de la víctima, la acompañen y le expliquen el proceso de identificación, manteniendo siempre una gran calidad humana y honestidad en relación con las víctimas, lo cual les ha otorgado un alto grado de legitimidad y respaldo en el trabajo que realizan.

El acompañamiento a las familias y la sociedad civil de México y de la región se ha dado, entre otros, desde su participación en los casos de la guerra sucia, los feminicidios de Ciudad Juárez y Chihuahua, Viejo Velazco en Chiapas, y el apoyo a las familias de FUUNDEM. Para personas migrantes, desde el Proyecto Frontera -donde ha logrado unir a varios países en colaboración a través de la construcción de los bancos forenses en Honduras, El Salvador, Chiapas- y su más reciente contribución en la Comisión Forense para identificar restos de tres masacres de migrantes.

Las familias y las organizaciones de la sociedad civil abrazan y felicitan a todo el equipo, entre ellos/as, Mercedes Doretti, Sofía Egaña, Patricia Bernardi, Silvana Turner y su maestro Dr. Clyde Snow (QEPD), quienes de manera especial han dedicado parte de su vida a trabajar por las familias en México y Centro América, logrando dejar también grandes aprendizajes para las instituciones de procuración de justicia.

El EAAF continúa construyendo la historia de los derechos humanos en nuestros países y su legado permanece especialmente en los corazones de las familias y las organizaciones de la sociedad civil.

Casa del Migrante de Saltillo
Casa del Migrante Nicolás de Bravo
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi
Centro de Derechos Humanos Victoria Diez
Colectivo Ustedes Somos Nosotros
Comedor Las Patronas, Esperanza del Migrante
Comité de Familiares Desaparecidos de El Progreso, Honduras
Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos México
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Hermana Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados
Justicia para Nuestras Hijas, Chihuahua
Misioneros Scalabrinianos en México
Programa de Asuntos Migratorios IDHIE-Ibero Puebla
Servicio Jesuita a Migrantes, México

A 8 años de publicado informe sobre derechos humanos de las mujeres en México, regresa Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer de la ONU




·    En visita No Oficial la Relatora, en compañía de la Dra. Alda Facio, Experta del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la discriminación contra la Mujer en la legislación y en la práctica se reunirán con OSC.

·    Su visita se lleva a cabo en un contexto de incremento de la violencia contra las mujeres.

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) feministas, de derechos humanos, defensoras de derechos humanos y mujeres sobrevivientes de violencia, se reunirán el 9 y 10 de julio, con la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sra. Rashida Manjoo, durante su visita no oficial a nuestro país.

A la visita se une la experta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica de la ONU, Sra. Alda Facio, frente a quienes durante dos días de trabajo se expondrán los rezagos en materia de violencia contra las mujeres que persisten en nuestro país y el trabajo que las organizaciones de la sociedad han llevado a cabo luego de la última visita de la relatora y posterior publicación de su informe “Integración de los Derechos Humanos de la Mujer y la Perspectiva de Género: la violencia contra la mujer. Misión a México”, del 13 de enero del 2006.

En dicho informe, se señala que “la violencia contra la mujer en México puede describirse como la punta de un iceberg que oculta bajo la superficie problemas sistémicos más complejos que sólo pueden entenderse en el contexto de, por un lado, una desigualdad de género arraigada en la sociedad y, por el otro, un sistema jurídico y de gobierno dividido en varios niveles que no responde con eficacia a los delitos de violencia, incluida la violencia de género.”[1]  Asimismo, el informe destaca que los altos niveles de violencia contra la mujer son al mismo tiempo consecuencia y síntoma de la generalización de la discriminación y la desigualdad por motivos de género que se vinculan  con otras formas de discriminación como el origen nacional, etnia o condición socioeconómica que van asociados a una falta de acceso equitativo a la protección del Estado, por lo que algunos grupos de mujeres – sobre todo las migrantes,  quienes viven en condiciones de pobreza y las indígenas –son particularmente más vulnerables a la violencia.[2]

Por lo anterior, entre la medidas que la relatora solicitó adoptar al Estado mexicano para revertir esta situación destacaron: 1. Poner fin a la impunidad de los actos de violencia cometidos contra la mujer; 2.  Investigar y encausar a los autores de tales actos, especialmente en el Estado de Chihuahua; 3. Prestar servicios de protección y apoyo; 4. Crear una base de información y conocimientos que tenga en cuenta las cuestiones de género; 5. Reforzar las infraestructuras institucionales para el adelanto de la mujer; y 6 Promover programas operaciones, de capacitación y de sensibilización.

Sin embrago, tras 8 años de publicarse este informe, si bien se han adoptado algunas  reformas en materia legislativa, éstas no han redundado en cambios estructurales, tanto a nivel de prevención como de investigación y sanción, a favor de los derechos humanos de las mujeres y el acceso a una vida libre de violencia. Ejemplo de ello es el incremento de la violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus manifestaciones y tipos, que van de la mano de la impunidad. En este marco, sectores específicos de la población como son las mujeres indígenas, refugiadas, migrantes, campesinas, privadas de su libertad, niñas, con discapacidad, adultas mayores, desplazadas, siguen siendo las más afectadas, situación que se agrava respecto de las mujeres que viven en condiciones de pobreza. A ello, se suman  las agresiones y criminalización del trabajo de las defensoras de derechos humanos y las mujeres periodistas a través de ataques directos, campañas de difamación  y uso excesivo de la fuerza policial en su contra.

Igualmente, continúan registrándose feminicidios y otros ataques violentos contra las mujeres los cuales se han agravado en algunos estados de la república; las desapariciones y las formas contemporáneas de esclavitud contra las mujeres y las niñas persisten. Urge destacar la violencia obstétrica que sufren las mujeres cuando solicitan atención durante el parto. Por otro lado, es apremiante denunciar que la violencia doméstica sigue siendo una preocupación, así como la persistencia de los delitos sexuales y de trata contra las mujeres.   Asimismo, resulta urgente priorizar el registro de la desaparición forzada de mujeres, tanto como la violencia que enfrentan  las mujeres que exigen justicia por sus familiares que han sido desaparecidos.

Frente a este contexto, las representantes de las OSC brindarán insumos a las señoras  Rashida Manjoo y Alda Facio, que les permitirán conocer el estado de avance e incumplimiento de las recomendaciones emitidas en su informe de 2006. Asimismo, se insistirá al Gobierno mexicano en la urgencia de adoptar medidas y políticas integrales que contrarresten la violencia estructural contra las mujeres.  La visita de ambas expertas es un llamado directo a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a que asuman con seriedad  las violencias y violaciones a derechos humanos contra las mujeres que tanto laceran a nuestra sociedad. 


Para mayor información sobre la visita y la agenda de la Relator
JASS (Asociadas por lo Justo) al correo electrónico:


[1] "Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk". (E/CN.4/2006/61/Add.4). 13 de enero de 2006. Integración de los Derechos Humanos de la Mujer y la Perspectiva de Género: la violencia contra la mujer. Misión a México E/CN.4/2006/61/Add.4. Pág. 5
[2] "Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk". (E/CN.4/2006/61/Add.4). 13 de enero de 2006. Integración de los Derechos Humanos de la Mujer y la Perspectiva de Género: la violencia contra la mujer. Misión a México E/CN.4/2006/61/Add.4. 

martes, 24 de junio de 2014

Jornada de protesta, exigencia, difusión y denuncia ante la inminente aprobación de los códigos

Los juicios orales en materia civil y familiar promueven el despojo y violentan los derechos humanos.
Denunciamos a las autoridades municipales por usar a la policía como cobradores de usureros y banqueros desalojando a las familias de sus viviendas.
Exigimos al Congreso del estado la no promulgación de los Códigos de procedimientos civiles y familiares, para establecer los juicios orales, por violentar los Derechos Humanos.
A partir del 24 de junio iniciamos una jornada de protesta, exigencia, difusión y denuncia en la Plaza de Armas, con el propósito de detener la inminente aprobación de los códigos.
Código de procedimientos civiles. En el Congreso del Estado se cocina un agravio más a las y los Chihuahuenses. Con el pretexto de establecer los juicios orales para hacer expedita la impartición de justicia, sin ningún diagnóstico sobre las causas que hacen largos los juicios e ignorando la crisis económica permanente; sin técnica jurídica, violando la Constitución, con lenguaje sexista, el código: da discrecionalidad excesiva al Juzgador, que promueve la corrupción; pretende tratar igual a los desiguales; convierte las deudas civiles en penales; criminaliza la pobreza; promueve contratos leoninos; autoriza la venta judicial sin necesidad de juicio; limita el derecho a la defensa, desde la notificación; establece como preferentes el embargo en detrimento de los derechos de alimentos y laborales, etc. etc. Esta es una iniciativa hecha para los intereses de banqueros y usureros.
Código de procedimientos familiares. Sin conocimiento de las obligaciones que tienen todas las autoridades para eliminar la discriminación hacia las mujeres, con un lenguaje androcéntrico y conceptos misóginos, la propuesta reproduce  los vicios anteriormente descritos, pero además ignoran las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres; el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; no contiene medidas de protección, claras y suficientes; promueve la mediación en casos de violencia familiar, expresamente prohibida en otros ordenamientos legales; establece audiencias legales con o sin las partes; ausencia de procedimientos precisos y accesibles para el reconocimiento legal de paternidad a niñas y niños; garantizar el pago efectivo de pensiones alimenticias; etc. etc. De promulgarse será un retroceso a los avances que en materia de derechos humanos ha logrado el vigoroso movimiento de mujeres.
El Barzón por más de veinte años ha luchado por que las familias no pierdan su patrimonio familiar, en la década de los noventa que se presenta una de las peores crisis económicas del país, con la quiebra masiva de los bancos y el fraude del FOBAPROA, miles de Chihuahuenses que se organizaron lograron renegociar sus deudas, pagar lo justo, gracias a que luchamos defendiéndonos jurídicamente y con la resistencia civil pacífica.
Ahora, nuevamente vivimos una crisis hipotecaria, miles de familias no pueden pagar sus créditos principalmente porque pierden sus empleos y son víctimas de fraudes en la compra de sus viviendas, los están demandando y sin posibilidad de defensa legal, están siendo desalojados, ahora y concretamente en las últimas semanas, la Presidencia Municipal, está enviando a sus policías de élite, quienes con grandes dispositivos llegan y bloquean las calles, con lujo de violencia desalojan a quien se encuentre en la casa, sin respetar en lo mínimo los derechos humanos de estas personas. Lejos están las actuales autoridades del municipio de estar a la altura de quienes en su tiempo declararon “no somos cobradores de los banqueros”.
Ahora vemos, una autoridad comprometida y entregada a los interés del quienes han saqueado, quienes ha especulado con la construcción de viviendas, quienes sin ninguna ética lo único que les interesa es el lucro y la ganancia sin importarles el sufrimiento y las necesidades de las familias despojadas, que no nos vengan a hablar de valores, que no vengan a pregonar los derechos de los chihuahuenses, si no se respeta su derecho humano a la vivienda.
Demandamos del Municipio que hechos como los del día 20 de junio, en el que decenas de policías, con armas de alto poder, fueron a desalojar a una mujer anciana, que ni siquiera deuda tiene, que es víctima de fraude de parte de un prestamista, no se repita.
Chihuahua merece mejores autoridades, las y los chihuahuenses necesitamos una policía que nos cuide de la delincuencia.
Chihuahua no necesita los CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES y FAMILIAR como los que pretenden aprobar que condenará a las presentes y futuras generaciones a ser permanentemente víctimas de violaciones de DERECHOS HUMANOS

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
El Barzón Chihuhua

martes, 17 de junio de 2014

Organizaciones de la Sociedad Civil clausuran simbólicamente el Congreso del Estado de Chihuahua

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, la Red por la participación Ciudadana, Mujeres Barzonistas y Observa Ciudadana clausuran simbólicamente el Congreso del Estado de Chihuahua por violentar los derechos humanos de las niñas, niños y mujeres, ante la inminente aprobación de los Códigos Familiar y de procedimientos Civiles en total opacidad y secrecía. Por  diversos medios hemos solicitado el dictamen que está por aprobarse, las y los legisladores que van a votar dicen que no lo conocen.

El Estado de Chihuahua atrajo la mirada internacional por los feminicidios y desapariciones de mujeres, posteriormente fue condenado con la emblemática sentencia internacional de Campo Algodonero, además de recibir más de cuatrocientas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales que mandatan al gobierno de Chihuahua a proteger los derechos humanos de las mujeres.

A la ciudadanía Chihuahuense, clausuramos simbólicamente el Congreso:

1.    Porque hace más de tres décadas, que el Estado Mexicano firmó y ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las Mujeres.
2.        Porque hace casi dos décadas firmó la Convención de Belén Do Para, (1998) y con ello contrajo la obligación de garantizar en el sistema normativo nacional los principios de no discriminación y la responsabilidad de reconocer, proteger y garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de las mujeres.
3.         Porque las y los legisladores parecen desconocer que existe un antes y un después a partir de la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, lo que obliga a respetar los tratados internacionales.
4.      Porque el artículo primero constitucional obliga a las y los legisladores a respetar estándares internacionales de derechos humanos que se encuentran en CEDAW y BELEN DO PARA, y en los Códigos Familiar y de procedimientos Civiles esta obligación se omite.
5.    Porque la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres quedan en la impunidad, perpetuando la aceptación social de este fenómeno e impidiendo gozar y ejercer los derechos humanos y las libertades fundamentales, y en los códigos familiar y de procedimientos civiles no se contempla esta realidad.
6.       Porque la reforma a los códigos familiar y de procedimientos civiles son un grave retroceso para los derechos humanos de las mujeres.
7.     Porque un gobierno, que dice se preocupa por la seguridad ciudadana, debe ocuparse de la seguridad del cincuenta por ciento de su población, es decir la seguridad de las mujeres.
8.        Porque un nuevo código brinda la oportunidad de hacer realidad uno de los principios fundamentales de la cultura de la legalidad, el que se refiere a la participación ciudadana, rechazamos la simulación de una consulta ciudadana que no incluye la mirada y las necesidades de las mujeres
9.       Porque el eje de un estado de derecho es la protección de los derechos humanos, por supuesto el de las mujeres y niñas.
10.   Porque legislar es una actividad que da el marco jurídico necesario para exigir nuestros derechos y es obligatorio legislar con perspectiva de género en los contenidos y no sólo en el discurso
11.       Porque no queremos imposiciones desde el conservadurismo y exigimos respeto al estado laico.
12.    Porque los códigos están  redactados  en un lenguaje totalmente masculinizado, androcéntrico y sexista.
13.       Porque reduce el concepto de familia, en una sociedad marcada por la violencia que ha generado transformaciones aceleradas en las familias y menoscabo de sus derechos.
14.    Porque si una mujer se casa por el régimen de separación de bienes y posteriormente se divorcia no contempla el derecho que tendría a  la división equitativa  de bienes que fueron adquiridos durante el matrimonio  dejándola en indefensión económica.
15.      Porque el concepto de violencia del código familiar no concuerda con los estándares de las convenciones internacionales, ni con la Ley General de acceso y la Ley estatal del derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y por tanto es limitado, por ejemplo no reconoce la violencia económica.
16.     Porque no se mencionan las medidas de protección que son indispensables para brindar seguridad a mujeres en situación de violencia.
17.     Porque establece el derecho de los hombres a contraer matrimonio  inmediatamente una vez que se extinga el vínculo matrimonial, en cambio las mujeres deben practicarse un examen médico para asegurarse que no se encuentran embarazadas.
18.     Porque solo cuando ambos cónyuges trabajen y contribuyan al gasto familiar, las labores domésticas serán compartidas.
19.     Porque si una mujer da a luz a un hijo y la paternidad no le corresponda al marido, es una causal del divorcio, pero si es el hombre el que tiene un hijo fuera del matrimonio aquí no aplica la causal.
20.     Porque no simplifica, facilita y agiliza la declaración de ausencia de las personas desaparecidas que permita a las familias ejercer los derechos patrimoniales y familiares de la persona desaparecida para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.
21.     Porque miles de familias chihuahuenses serán arrojadas a las calles por desalojos judiciales ante la imposibilidad de pagos originados por la violencia en el estado, la pérdida de empleos, etc.
22.      Porque un juicio civil para despojar a las familias de su patrimonio durara dos meses.
23.   Porque en un Estado donde proliferan las empresas prestamistas  ilegales se dinamiza y simplifica el embargo de bienes.
24.      Porque el Código de procedimientos civiles obedece a los sueños e intereses de las empresas financieras y prestamistas para facilitar los despojos del patrimonio familiar.