Las organizaciones de derechos humanos de Chihuahua
lograron que la Procuraduría de Justicia Militar, adscrita a la Secretaría de
la Defensa Nacional, enviara la investigación que realizaba por la desaparición
forzada de tres chihuahuenses a manos de militares, a la Procuraduría General
de la República.
El 29 de diciembre de 2009, Nitza, Rocío y José Ángel
Alvarado fueron detenidos arbitrariamente y posteriormente desaparecidos por un
grupo de militares uniformados en el Municipio de Buenaventura, en el estado de
Chihuahua.
El caso fue expuesto ante instancias internacionales por El
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), La Comisión de Solidaridad
y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDHAC) y El Centro de Derechos Humanos Paso
del Norte (Paso del Norte).
El 28 de junio de 2011, se celebró una audiencia en la
sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica para evaluar
si el gobierno mexicano había implementado las medidas de protección, a favor
de los familiares de las víctimas, quienes han sido amenazados por impulsar las
investigaciones. Cabe mencionar que este
es el primer caso que ocurre durante la época del gobierno de Calderón -en el
marco de la guerra contra el narcotráfico- que es conocido por un tribunal
internacional, en lo relativo a medidas provisionales.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos
emitió la recomendación 43/2011 en la que concluye que la desaparición forzada
de Nitza, Roció y José Ángel es atribuible a elementos del Ejército y de la
Policía Federal. Sin embargo, hasta el día de hoy, ningún militar ha sido
procesado ni sentenciado por estos hechos, y se han negado a revelar paradero
de las dos jóvenes y su primo.
En el marco del cumplimiento de la recomendación
referida, el 9 de febrero, la familia y sus representantes, sostuvieron una
reunión con personal de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de la
Defensa Nacional, donde los funcionarios les informaron que los 14 tomos que
integran la investigación militar, finalmente fueron remitidos a la
Procuraduría General de la República.
Las organizaciones que representan a las víctimas instan
a la Procuradora Marisela Morales a que realice investigaciones de manera
exhaustiva e imparcial que permitan localizar a las víctimas y terminar con la
angustia de la familia de las víctimas, quienes desconocen su paradero desde hace más de dos años.
Asimismo, señalan que esperan que la PGR procese y sancione debidamente a los
militares y generales que habrían participado en estos actos, como un primer
paso para terminar con la impunidad militar por los abusos y violaciones a los
derechos humanos que han cometido.
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