Ese actuar es violatorio al artículo 1º constitucional y
a diversos tratados internacionales de derechos humanos
Chihuahua, Chih., 27 de julio de 2014. El pasado 22 de julio,
César Duarte promulgó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua[1]
los nuevos códigos de procedimientos civiles y familiares, en medio de una
serie de críticas por el contenido de ambas normas y el proceso por el cual
fueron aprobadas. Aunque se hubiese esperado algo distinto, ese actuar no podía
ser de otra manera ya que es sabido que la presión de la aprobación por parte
del Congreso provino de Palacio de Gobierno.
Como es sabido, el pasado 26 de junio pasado, 23 de los
33 diputados/as del Congreso del Estado de Chihuahua votaron a favor, con siete
honrosas excepciones que votaron en contra: Ana Gómez, Rogelio Loya y Humberto Pérez, del PAN; Hortensia Aragón y
Javier Mendoza, del PRD; América Aguilar del PT y Fernando Reyes del Movimiento
Ciudadano.
Esa aprobación
–realizada a toda prisa, a puerta cerrada y sin previa lectura de las dos
normas adjetivas a ser adoptadas- desobedeció a las expresiones de preocupación
sobre distintas disposiciones que carecen de perspectiva y violan varios
derechos humanos contenidos en la Constitución mexicana y en varios tratados
internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Las personas que
deberían ser representantes populares también cerraron el Congreso y lo
rodearon de la fuerza pública para impedir que ese mismo 26 de junio varias
personas ingresaran al Congreso a escuchar el debate previo a la aprobación de
los códigos.
El actuar del
Congreso estatal denostó las diversas propuestas que se hicieron para
perfeccionar los códigos, en temas como el derecho a la vivienda; la
agilización de trámites civiles y familiares en casos de personas
desaparecidas; los divorcios; el reconocimiento de niñas y niños; etc.
Pero la
aprobación de los ello no terminó en el actuar arbitrario de los y las diputados.
La falta de conocimiento sobre el tema y la arbitrariedad en el actuar de ese
cuerpo colegiado se vieron reflejadas en las irresponsables y preocupantes
declaraciones del coordinador de la mayoría
partidaria en el Congreso estatal, el diputado del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) Rodrigo de la Rosa Ramírez, quien señaló lo siguiente: “Veo
intereses no muy claros de estas organizaciones civiles que se manifiestan. Los
códigos tienen 10 foros, lleva un año en ese proceso, hay permanente consulta,
y casualmente dos o tres días previos a subirse al pleno se manifiestan”[2].
Ese funcionario público –al
que le paga el erario y quien tiene una responsabilidad ética y política que
cumplir- también dijo que: “En
materia familiar, […] no debe caerse en excesos y explicó que
en eso caen los grupos derechohumanistas feministas. ‘Hay que establecer qué se
considera violencia intrafamiliar’; y terminó sentenciando que “Todos los que
estamos casados, en vida de pareja, hemos tenido altercados, desacuerdos, y
podemos llegar al grito, al jaloneo, pero eso no quiere decir que a la
violencia, propiamente dicha’.”[3]
Dado que, salvo contadas excepciones, fue imposible
dialogar con los actores políticos en Chihuahua, diversas organizaciones
remitidos información a diferentes personas expertas del Sistema de derechos
humanos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. También remitimos
dos misivas al Secretario de Gobernación, en su calidad de Presidente del
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres.
Cualquier Congreso tiene la obligación de legislar
conforme a los derechos humanos. En el caso el comento, ese deber está
contenido, entre otros, en el artículo 1º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el artículo 2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (CADH), el artículo 2.2 del Pacto Internacional sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 3 de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW); los artículos 6.a) y 7 de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de
Belém do Pará), el artículo 2 del Protocolo Facultativo a la CADH en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), y el
artículo I.d) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas.
En algunas oportunidades, se ha demostrado que en
Chihuahua se puede avanzar en leyes respetuosas de derechos humanos. Ejemplo de
ello fue el proceso incluyente y serio que derivó en la implementación del
sistema penal acusatorio en la entidad. De igual manera, recordamos el veto de
las reformas a la Ley de Transparencia para que se pudieran modificar y
garantizaran los más altos estándares en materia de derechos humanos.
No obstante, en esta ocasión, el proceso mencionado nos
recuerda por qué Chihuahua cuenta con más de 1,400 recomendaciones y
resoluciones de instancias nacionales e internacionales por incumplimiento a
las obligaciones en materia de derechos humanos. El día de hoy se demuestra de
nueva cuenta la arbitrariedad, el autoritarismo y la falta de escucha, que cada
vez son más necesarias en esta entidad.
Centro de
Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Círculo de
Estudios de Género (CEG)
Comisión de
Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (COSYDDHAC)
Consultoría
Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC)
El Barzón
Chihuahua
Justicia para
Nuestras Hijas
Fatima,
I.B.P.
Grupo
Feminista 8 de marzo
Grupo
Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas
Kakum Colectiva
Mujeres
Barzonistas
Mujeres por
México
Observa
Ciudadan@
Organización
para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD
Chihuahua)
Red por la
Partcipación Ciudadana
Víctor
Quintana Silveyra
[1] Ver, Diario
Oficial del Estado de Chihuahua. Decreto
No. 493/2014 II P.O., mediante el cual se expide el Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Chihuahua y Decreto
No. 494/2014 II P.O., mediante el cual se expide el Código de Procedimientos
Familiares del Estado de Chihuahua. No. 59, de fecha 23 de julio de
2014, Disponibles en: http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/principal/canales/Adjuntos/CN_15483CC_31114/PO059_2014.pdf
(el anexo puede ser consultado en: http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/principal/canales/Adjuntos/CN_15483CC_31114/ANEXO%20053-2014%20PMCHCJ-2014%20BAJO.pdf
[2] Ver, entre otras,
Ahora mismo. Se manifiestan porque les
quitamos el negocio: De la Rosa. Disponible en: http://www.ahoramismo.com.mx/noticia.aspx?id=61195;
y El Diario de Chihuahua. Cambian diputados ley para facilitar desalojo de casas. Nota de 26 de junio de 2014. Disponible en: http://diario.mx/Estado/2014-06-26_08da08fb/aprueban-ley-estatal-que-facilita-desalojo-de-casas/
Pregunta: ¿QUIEN LES REDACTA ESTOS ESCRITOS? Es increíble, entre gente que se supone está capacitada para ello, que envíen estos textos plagados de errores, faltas de ortografía, ideas mal estructuradas y pifias terribles. Un ejemplo que demuestra lo anterior, es el cierre del escrito donde textualmente dice: "El dia de hoy se demuestra de nueva cuenta la arbitrariedad, el autoritarismo y la falta de escucha, QUE CADA VEZ SON MAS NECESARIAS EN ESTA ENTIDAD". De verdad terrible que un escrito dirigido a la opinión pública, esté invitando a la autoridad a ser mas arbitrarios, mas autoritarios y mas sordos. Entiendo que fue un error de quien escribió, que por cierto debe ser del gremio de los abogados. Entiendan que estas fallas hacen pensar que quienes firman el ¿DESPLEGADO, MAMOTRETO, EDITORIAL, CARTA ABIERTA? son poco serios, esto les quita credibilidad. Lean el texto y se darán cuenta de los múltiples errores, ¿QUE NADIE REVISA EL TEXTO ANTES DE ENVIARLO? Cuiden esos detalles.
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