Chihuahua, Chih.,
1º de octubre de 2015.- El Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHMUJER) y el Movimiento
de Mujeres de Chihuahua desmienten al Diputado Rodrigo de la Rosa, líder de la
bancada priista del Congreso del Estado, en afirmaciones realizadas a diversos
medios de comunicación, en los que descalifica a las organizaciones y hace
manifestaciones que no se apegan a la verdad.
Por tratarse de
declaraciones calumniosas y ofensivas, las
activistas recordamos los antecedentes que obligaron al Congreso a reformar los
códigos de procedimientos en materia familiar y civil:
•
A finales de 2013 y el 6 marzo de 2014, el Congreso abrió foros de
consulta ciudadana en el Estado, que resultaron un acto de simulación absoluta.
Las organizaciones defensoras de derechos de las mujeres participamos
activamente, presentando diversas propuestas que no fueron tomadas en cuenta. Los
códigos fueron aprobados el 26 de junio de 2014.
•
Ante la imposibilidad de ser escuchadas, integrantes del Movimiento de
Mujeres acudimos a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación y Presidente
del Sistema Nacional para Atender, Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (SNPASEVM) a denunciar la promulgación de los códigos que
violentan los derechos humanos de diversos grupos, en especial de mujeres y
niñas.
•
El 20 de enero del año en curso, integrantes del Instituto Nacional de
las Mujeres (INMUJERES) y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (CONAVIM) acudieron en representación del SNPASEVM, informaron
del pronunciamiento e instaron a una reforma legislativa.
•
La denuncia del Movimiento de Mujeres fue justa y sustentada: el 15 de
junio del presente año, fue notificado el Gobernador César Horacio Duarte Jáquez,
del primer pronunciamiento emitido en la
historia del SNPASEVM respecto de leyes violatorias de derechos humanos. El
oficio CNPEVM/622/2015 retomó “las principales preocupaciones del Sistema
Nacional en relación con las reformas realizadas a los Códigos de
Procedimientos Civiles y Familiares del Estado de Chihuahua, e insta[ba] a los
Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado a revisarlas y a adoptar una
perspectiva de género adecuada y sean compatibles con los derechos humanos de
las mujeres y los estándares internacionales en la materia.” De ese
pronunciamiento se marcó copia, entre otros, al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia y al Presidente del Congreso del Estado.
•
En julio de este año, el Secretario General de Gobierno compartió con
el Movimiento de Mujeres una propuesta de reforma de los códigos de
procedimientos trabajada desde el Ejecutivo, más nunca desde el Congreso, con quienes aún tenían que
coordinarse.
•
El retraso en la construcción de la ciudad judicial y la necesidad de
cambiar los códigos obligó al Congreso el 13 de julio a cambiar la fecha de
vigencia de los códigos. El 21 de julio del presente año, el Presidente del
Tribunal Superior de Justicia convocó al Movimiento de Mujeres de Chihuahua a
un desayuno en el cual hizo entrega del proyecto de Código Civil para la
revisión de las organizaciones. Entre otras cuestiones, las organizaciones insistimos
en la necesidad de la presencia del Congreso y urgimos a que existiera
coordinación entre los tres Poderes del Estado.
•
El 6 de agosto que se instalaron las mesas para discutir los proyectos
de códigos sustantivos. El Poder Judicial nos remitió una propuesta de reforma
de códigos de procedimientos trabajada desde ese Poder y no desde el Congreso. Acudieron
representantes del ICHMUJER, magistrados y abogados de la Consejería Jurídica
y del Movimiento de Mujeres. No
participó ningún diputado o diputada.
•
Organizaciones tuvieron una reunión con integrantes de los 3 poderes y
se comprometieron a convocar a una reunión con los líderes de las bancadas
parlamentarias. Hasta ese momento, el Congreso
no había entregado documento alguno.
•
Fue hasta el pasado 23 de septiembre
que, a través del ICHMUJER el Congreso envió una versión de reforma de los códigos
de procedimientos, con la consigna de que en menos de ocho días deberíamos entregar
todas las observaciones de dicho documento.
Ante todo ello, ¿Quién miente, Señor Diputado? Las
anteriores afirmaciones se encuentran totalmente documentadas por diversas minutas,
que se encuentran a disponibilidad de los medios de comunicación y de la
sociedad en general. Por ello, emplazamos
al diputado De la Rosa a que presente pruebas fehacientes que corroboren sus manifestaciones
las cuales faltan a la verdad, tergiversan la realidad, buscan evadir la
responsabilidad que el Congreso del Estado ha tenido en este tema y pretenden
responsabilizarnos del trabajo que no han hecho.
Desde que inició este
tortuoso proceso, el Movimiento de Mujeres ha insistido en la necesidad de que
exista tiempo suficiente para revisar los más de 1,500 artículos que comprenden
los códigos. No obstante, este ejercicio ciudadano serio, responsable,
profesional y gratuito no puede hacerse en el tiempo que prevén los y las
diputadas. El Movimiento de Mujeres tiene derecho a participar en estos
procesos pero la obligación primordial es del Congreso del Estado, a quienes
mensualmente les pagamos con nuestros impuestos $72,545 y el diputado de la
Rosa recibe $132,242 al mes. Ello, sin incluir las gratificaciones anuales y
prima vacacional. En total, el Congreso del Estado tiene un presupuesto anual
de $325´000,000.
También denunciamos
que esta Legislatura, como nunca antes en la historia del Congreso, ha
legislado desde un escritorio, alejada de la realidad social y de los dramas de
las personas a quienes supuestamente representan. Se ha caracterizado por el
sometimiento al Ejecutivo del Estado en el nombramiento de órganos autónomos,
en no aprobar leyes trascendentales como la ley de participación ciudadana, en
aprobar una reforma electoral para obstaculizar las candidaturas ciudadanas y
en favorecer el 2% para partidos políticos en contra de sentencias del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y mientras el Congreso
despilfarra millones de pesos, se le quita presupuesto a instituciones que
trabajan para las niñas y mujeres en situación de violencia, como son el
ICHMUJER y los Centro de Justicia para las Mujeres. En definitiva, la opacidad
de los y las representantes populares será la más gris de la historia
contemporánea de nuestro estado.
Abogadas Demócratas
Centro de Atención a la Mujer
Trabajadora, A.C. (CAMT)
Centro de Derechos Humanos
de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Círculo de Estudios de
Género
Ecos de Mirabal
Justicia para Nuestras Hijas
Fatima, I.B.P.
Grupo Feminista 8 de Marzo
Grupo Promotor de los
Derechos Políticos de las Ciudadanas
Kakúm Colectiva
Instituto Chihuahuense de la
Mujer (ICHMUJER)
Mujeres Barzonistas
Mujeres por México en
Chihuahua, A.C.
Red por la Participación
Ciudadana
Observa Ciudadan@
Organización para la Defensa del
Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua)
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