Bajo el lema “Mujeres en lucha: hijos
/as lucho por nuestros derechos” nació a principios de este año el colectivo de
mujeres organizadas bajo la tutoría del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
(CEDEHM), colectivo de mujeres
convencidas que el activismo, el litigio estratégico con perspectiva de género
y la denuncia contra servidores públicos que violentan derechos humanos,
puede revertir sentencias discriminatorias del poder judicial.
Los hombres que ejercen violencia, en
múltiples ocasiones perpetúan las agresiones contra sus parejas, demandando
ante los tribunales juicios para exigir la custodia de sus hijos e hijas
como estrategia para evadir la responsabilidad de otorgar una pensión
alimenticia o bien, para castigar a la mujer que decide
denunciarlos por violencia familiar.
Uno de estos casos fue el que
enfrento Celia Castro Márquez, quién tomó la decisión de poner límites a la
violencia de su pareja, y como venganza el 27 de mayo del 2009,
Javier Eduardo Núñez Tapia, ex pareja de Celia, sustrajo ilegalmente a su hija
e hijos de 6 años y 1 año respectivamente y se los llevó a vivir a
Monterrey, Nuevo León.
La víctima acudió a presentar
denuncia penal por sustracción de menores, la cual no aceptada por el Ministerio
Pública bajo el argumento de que quien se los había llevado era su padre.
Ante la impunidad que cobijó el delito, Núñez Tapia continuó la
espiral de la violencia, utilizando al Poder Judicial para sus
propósitos, solicitó la perdida de la patria potestad acudiendo ante
la Jueza Nicolasa Concepción Payan Holguín, en el Juzgado Segundo Familiar.
A pesar de que la víctima demostró
que ella cuidaba y sostenía a sus pequeños hijos, que jamás se había separado
de ellos y que la causa primaria de la sustracción de sus vástagos era justamente
la violencia, la Jueza Payan Holguín, violentando los derechos de la
infancia, autorizó convivencias provisionales que nunca fue capaz de hacerlas
efectivas, coadyuvando con la tortura de la madre que se vio separadas de su
hija e hijo, por seis años y medio que duró el proceso legal.
En abril del 2015, Nicolasa Concepción
dictó sentencia, alejada de la debida diligencia, violentando los derechos humanos de Celia y de
sus hijo/a, cabe mencionar que esta juzgadora se ha distinguido a lo largo
de su carrera en el poder judicial por brindar protección a los hombres
agresores; en razón de esto, la jueza familiar deberá enfrentar una demanda
penal y una queja por violentar los derechos de la niña, el niño y su madre.
Ante la ilegal resolución judicial,
el CEDEHM apeló la sentencia judicial y el 18 de noviembre del año en curso, la
Magistrada de la Novena Sala Civil, Adela Alicia Jiménez Carrasco,
concedió la razón a la víctima señalando que no se justifica circunstancia
alguna que impida la convivencia con la madre, se acreditó que la madre y su
hijo e hija fueron víctimas de violencia al ser separados por el padre.
La sentencia considera que existe
violación por parte de la jueza familiar a la Convención Americana de Derechos
Humanos. En cuanto al debido proceso a la igualdad ante la Ley y a la
protección judicial , debido a que se le ha hecho nugatorio el derecho de
convivencias con sus hija e hijo, la magistrada es enfática al considerar que
se violentó el derecho fundamental y de interés superior que es el de los
niños a convivir con la figura materna, la cual es de total trascendencia para
su formación emocional y su adecuado desarrollo y crecimiento, omisión que no
se logra reparar con la determinación tomada en la sentencia al no ordenar
convivencias que se tornen efectivas.
Ahora el agresor, Javier Eduardo Núñez,
está obligado mediante la sentencia de la magistrada a trasladar los pequeños a
Chihuahua para permitir libremente el ejercicio del derecho a la
maternidad , las cuales no será únicamente mediante las conveniencias, sino que
podrán tener llamadas telefónicas, cartas, correos electrónicos y cualquier
medio que la madre decida para comunicarse con sus hijos, además concluye que
por tratarse de un delito se dará vista al Ministerio Publico para que proceda
penalmente contra el victimario.
Por su parte el equipo del CEDEHM reitera la exigencia de un Consejo de
la Judicatura que observe la conducta de operadores del sistema de justicia que
pese a tener un costosa ciudad judicial no se ve traducida en acceso a la
justicia.
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