* PGR no ha citado a
declarar a mandos militares involucrados en la orden de abatir civiles.
Ciudad de México, 30
de marzo de 2016. El caso Tlatlaya se encamina a quedar impune. El Juzgado
Sexto Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA),
dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a
seis de los siete militares que participaron en la masacre de Tlatlaya; el
séptimo de los acusados fue condenado solamente a 1 año de prisión por el
delito de desobediencia, pena que ya compurgó. La sentencia a favor de los
militares involucrados sólo pudo ser conocida recientemente por la víctima Clara
Gómez González, quien para acceder al expediente debió promover un juicio de
amparo diverso debido a la opacidad que subsiste en el caso.
La exoneración en el fuero militar de los
acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las
limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense -dado que ésta permite
que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera
simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al
derecho a la vida en la historia reciente. Esta determinación, ilegal por
haberla emitido un tribunal carente de competencia, se suma a otras acciones y
omisiones institucionales que muestran una preocupante tendencia a dejar el
caso en la opacidad.
En este sentido, destacan las omisiones
de la Procuraduría General de la República (PGR). Como en otros casos de graves
violaciones a derechos humanos, la PGR ha fragmentado la investigación
integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente a investigar
cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados
en los hechos. Cabe recordar que el 2 de julio de 2015 el Centro Prodh solicitó,
en ejercicio de la coadyuvancia a la PGR, que se desahogaran diversas pruebas
para investigar la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad
castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la
oscuridad”; entre estas pruebas, la coadyuvancia solicitó que los mandos
militares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a declarar
a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando. Sin embargo, tras nueve
meses la PGR no ha citado a ningún mando militar, eludiendo así sus deberes y
negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas.
La absolución en el fuero militar de los
involucrados y las omisiones de PGR en la investigación se suman a decisiones
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que perpetúan la
opacidad en el caso. La CNDH negó a la víctima Clara Gómez González el acceso a la
versión íntegra del expediente de seguimiento a la Recomendación 51/2014,
argumentando que la SEDENA había calificado información del expediente como
reservada, en contra de la calificación sobre la publicidad del expediente hecha
por el propio Ombudsman anteriormente. Por otro lado, la Comisión tampoco ha
informado de los resultados de su revisión de las órdenes militares vigentes en
el país y si éstas contienen instrucciones de “abatir delincuentes”, siendo un
hecho público que en el contexto de sus operaciones en terreno las Fuerzas
Armadas siguen refiriéndose en estos términos a la privación de la vida humana.
Pese a que la gravedad de este
emblemático caso de violación a los derechos humanos debería tener como
respuesta una actuación ejemplar de la justicia, las recientes determinaciones
apuntan a que la impunidad podría prevalecer en el caso. Por ello, es
fundamental reiterar que diversos procesos continúan abiertos: en la justicia
civil federal tres militares están imputados por cargos de homicidio; la PGR
aún mantiene abierta la averiguación previa donde se ha solicitado investigar
la cadena de mando respecto de la orden de abatir; y, adicionalmente, permanece
pendiente el cumplimiento del amparo ganado
por Clara Gómez González para que la
justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha
sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Frente a este panorama, los organismos de
derechos humanos nuevamente advertimos sobre el riesgo de que en este caso emblemático
termine imponiéndose la impunidad y, en ese sentido, llamamos nuevamente a que
la justicia sea exhaustiva. Especialmente, reiteramos la exigencia de que se
investigue la responsabilidad por la emisión de una orden que instruyó a abatir
delincuentes, pues de acuerdo con el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales
de la ONU, Sr. Christoph Heyns, esta debe ser indagada cabalmente dado que “las
órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir
en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba
necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”.
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