- El Estado mexicano simula el cumplimiento de recomendaciones del Comité CED.
- Persiste estigmatización y criminalización de las víctimas para justificar la falta de búsqueda e investigación.
- El escrutinio internacional podría fortalecer las capacidades del Estado; instan a implementar recomendaciones del GIEI, la CIDH y el CED.
Ciudad de México, a 5 de julio de 2016.- El Comité contra la
Desaparición Forzada de la ONU (CED) emitió sus observaciones finales a México en febrero de 2015 y estableció tres recomendaciones prioritarias sobre las que el
Estado debía informar en un plazo de un año, que abordan la necesidad de que el
Estado establezca un Registro Único de Personas Desaparecidas, un Mecanismo
Transnacional de Búsqueda y Acceso a la Justicia y medidas para fortalecer la
búsqueda inmediata y, en caso de fallecimiento, la restitución digna de los
restos. El Estado presentó su respuesta sobre el cumplimiento sobre éstas en
febrero de 2016.
Frente a esto, organizaciones de
la sociedad civil[1]
que acompañan y representan a familiares de personas desaparecidas presentaron
un informe alternativo al CED en el que manifiestan su preocupación por el
hecho de que las desapariciones de personas continúan en aumento y la mayoría
permanece en una situación de impunidad.
a. Registro Único de Personas Desaparecidas.
El actual Registro Nacional de Datos
de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) no cumple con los estándares del
CED. Omite información fundamental, como el número de personas encontradas con
vida y sin vida. Tampoco arroja información que permita determinar si se trata
de una desaparición forzada. En lugar de establecer un solo registro como
recomienda el CED, el Estado elabora nuevos registros para paliar las
deficiencias del RNPED, lo cual abona a la confusión. Además, el RNDEP
invisibiliza a las personas migrantes y a niños, niñas y adolescentes.
b. Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación y
la Comisión Forense.
Las organizaciones saludan la
creación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y la
apertura de su Titular, pero señalan su preocupación por la falta de recursos y personal y la resistencia a remitir casos
que vinculan a la delincuencia organizada argumentando que debe investigarlos
la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada
(SEIDO). Por otra parte, no se puede afirmar que exista una efectiva ejecución
del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación debido a
la falta de reglas operativas y de personal y la ausencia de colaboración
eficaz por parte de áreas claves de la PGR. El informe de la sociedad civil
reconoce a la Comisión Forense como una buena práctica, pero manifiesta su
preocupación por la realización de actas circunstanciadas en casos de
desaparición en vez de iniciar una investigación formal, además de que la PGR
niega información relevante para la identificación de personas migrantes a la
Comisión.
c. Sobre la búsqueda inmediata de personas desaparecidas e
identificación forense.
Los avances en materia de
búsqueda presentados por el Estado mexicano son cambios cosméticos y sin
estructuras operativas que permitan su implementación. A pesar del cambio de
Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas a Fiscalía, esta
instancia carece de recursos y personal suficiente y especializado. En el caso
del Protocolo Homologado de Búsqueda e Investigación del Delito de Desaparición
Forzada, en la práctica no existen las instancias de coordinación ni personal
ministerial suficiente tanto a nivel federal como estatal. A esto se suma la
colusión de autoridades y el hecho de que las autoridades competentes
desconocen el protocolo. Persisten prácticas de estigmatizar y criminalizar a
las víctimas o pedir sumas de dinero para desincentivar la denuncia y evadir su
responsabilidad de iniciar la búsqueda. Por otro lado, las organizaciones reconocen
la creación del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata en Nuevo León y el
Mecanismo de Búsqueda Inmediata en el Estado de México.
La dilación en la implementación
de la base de datos Ante Mortem/Post Mortem y la falta de una política de
exhumación e identificación de restos humanos en fosas clandestinas han
obligado a las organizaciones de familiares a iniciar búsquedas por sus propios
medios en al menos siete estados a pesar de los riesgos. Una muestra es el
reciente asesinato del señor José Jesús Jiménez Gaona, integrante de la Brigada
Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas, asesinado en Poza Rica,
Veracruz, el pasado 22 de junio. Su esposa Francisca Vázquez Mendoza fue
gravemente herida.
Otros puntos de preocupación son la
falta de implementación de medidas cautelares; que la iniciativa de ley del
Ejecutivo federal en la materia es deficiente para garantizar la búsqueda e
investigación; la excesiva burocracia de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas y la falta de actuación de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos. Finalmente, las organizaciones recuperan las recomendaciones del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado para el caso
Ayotzinapa como parte de los requisitos para el efectivo cumplimiento de las
recomendaciones prioritarias del Comité CED.
Las organizaciones de la sociedad
civil confían en que el escrutinio internacional es una oportunidad para
fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar la grave situación de
desapariciones, por lo que instan al Estado a mostrar su voluntad política,
implementando las recomendaciones del GIEI, la CIDH y el propio CED.
[1]
Informe que presentan el
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios,
A.C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC), la Fundación
para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Fundar, Centro de
Análisis e Investigación A.C., I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos
y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
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