Un caso emblemático de trato con indolencia.
1.
Elizandro González Gardea, 17 años.
2. Carlos
Antonio Perales Carrera, 28 años.
3. Dámaso
Luna Ceballos, 45 años.
4. Ramón
García Betance, 45 años.
5. José
Refugio Gardea, 55 años.
6. Miguel
Reyes Martínez, 55 años.
7. Bogar
Uriel Marrufo Alonso, 33 años.
Fueron contratados hace un año para instalar una antena de la
Red Nacional de Telecomunicaciones contra el narcotráfico en el municipio de
Galeana. La relevancia de este caso
estriba en que los trabajadores realizaban esta obra para el gobierno, la
antena de referencia es para el servicio del gobierno en todos sus niveles y se
hacía con recursos provenientes del Gobierno de EEUU, como parte del acuerdo de
México con Estados Unidos en la Iniciativa Mérida, también conocida como Plan
Mérida.
Dicho
trabajo se hace con la supervisión del Departamento de Estado de los Estados
Unidos, ya que es quien aporta los recursos económicos y realiza la licitación
para adjudicar las obras.
El grupo salió el 22 de agosto de
2015 rumbo al campamento en la colonia Lebarón, municipio de Galeana,
Chihuahua a bordo de una
camioneta Ford, modelo 1995, con
placas EA82111, que conducía Ramón. Ese mismo día avisaron que habían llegado al
campamento; fue a partir del 29 de agosto del 2015, que las familias perdieron
comunicación con ellos, algunas personas que pasaron por el lugar les dijeron que
el campamento estaba vacío.
Cuando las familias reclamaron a las autoridades la
falta de investigaciones para localizar al grupo de desaparecidos la primera
reacción fue negar los hechos. Cuando ya no les fue posible ocultar la
situación, trataron de criminalizarlos, incluso con la absurda declaración del
Fiscal General diciendo que los trabajadores habían sido contratados por un
líder criminal de Villa Ahumada. ¿instalar una antena de gobierno con recursos
de Estados Unidos?
Después de un año, las autoridades justifican que
no realizan ninguna búsqueda porque no tienen recursos para gasolina. Ellos
como las 1,799 personas desaparecidas en el estado de Chihuahua que no son
buscadas.
El Gobierno del Estado miente en este y muchos otros casos, miente cuando les dice a las familias que siguen buscándoles,
cuando en realidad no los buscan. Miente
cuando dice que no tienen responsabilidad, que trabajaban para los narcos. Miente doblemente porque el
trabajo era para ellos. Le miente al gobierno federal, le
ha informado que ya los localizaron, que por lo menos dos de ellos ya están con
su familia, y nadie de ellos ha regresado.
Las familias atraviesan
por una severa
crisis económica debido a
la pérdida del
principal proveedor del
hogar, particularmente en los
casos de los que tienen hijos e hijas menores de edad, a quienes no se les
cubren las necesidades básicas.
Las familias están abandonadas por el Estado, no se
cumple con las leyes de víctimas que obligan al gobierno a la atención
humanitaria.
¡Exigimos
que los busquen, exigimos saber que pasó, tenemos derecho a la verdad y la
justicia!
Chihuahua,
Chih. a 29 de agosto de 2016
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