viernes, 30 de agosto de 2019

FAMILAS EXIGEN LA PRESENTACIÓN INMEDIATA Y CON VIDA DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS DE LA ENTIDAD




Chihuahua, Chih., a 30 de agosto de 2019. El día de hoy, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, tuvo lugar la “Marcha por la verdad, justicia y reparación”, encabezada por el colectivo de familiares de personas desaparecidas que acompaña el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM). En ésta se dieron cita familias provenientes de Jiménez, Camargo, Parral, Cuauhtémoc y Chihuahua, quienes exigieron a las autoridades la presentación inmediata y con vida de las personas desaparecidas de la entidad.

Según cifras oficiales de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobierno Federal, actualmente en México hay más de 40 mil personas desaparecidas y más de 37 mil cuerpos sin identificar. De acuerdo con el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, México se encuentra entre los 10 países con más casos de desaparición remitidos ante la ONU.

Ruth Fierro, coordinadora general del CEDEHM, recordó que los seis estados fronterizos del norte del país concentran casi el 50% de las desapariciones en México y que, en relación a su población, Chihuahua ocupa el tercer lugar nacional en casos de personas desaparecidas.

En el mismo sentido, en una reciente visita a la capital del estado, Jan Jarab, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó que Chihuahua tiene 58 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 30.

Ruth Fierro agregó que no hay certeza respecto al número exacto de personas desaparecidas en la entidad, debido a que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) no se ha actualizado desde abril de 2018, a partir de la publicación de la “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”. Por entonces, el registro contabilizaba 2 mil 211 personas desaparecidas en Chihuahua.

La coordinadora del CEDHEM reiteró que, aunque en el estado existe un avance significativo en la armonización de la legislación existente - debido a que se cuenta ya con una Comisión Estatal de Búsqueda independiente de los procesos de investigación, así como con una Fiscalía Especializada en Investigación a Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada – todavía hay una enorme carencia de recursos en la materia.

Durante la manifestación, las y los presentes realizaron un pase de lista con los nombres de las personas desaparecidas. En un posicionamiento colectivo, una representante de las familias expresó que “en Chihuahua, como en el resto del país, el gobierno no responde adecuadamente a las desapariciones: las autoridades correspondientes siguen tratándonos con indolencia. No actúan en las primeras horas de la desaparición y dejan ir importantes probabilidades de localización. Las investigaciones no avanzan y prevalece la impunidad. Hay cientos de cuerpos sin identificar y prácticamente no existe la búsqueda en vida”.
En el mismo documento las familias demandaron la coordinación efectiva de los tres niveles de gobierno para la implementación de la Ley, particularmente para la creación de una base de datos a nivel nacional que contenga un registro público de personas desaparecidas e información veraz y actualizada de fosas clandestinas, cuerpos sin identificar y perfiles genéticos de ADN, entre otros.

Al Gobierno del Estado de Chihuahua le exigieron destinar todos los recursos necesarios para garantizar búsquedas efectivas, así como la pronta implementación de la Ley. A la Comisión Estatal de Búsqueda, le demandaron destinar todos los recursos suficientes para la búsqueda en vida de las personas desaparecidas, además de la búsqueda forense.
A la Fiscalía General del Estado, le exigieron llevar a cabo investigaciones eficaces y con la debida diligencia para dar con las personas responsables y así tener más información que permita la localización de sus seres queridos. A todas las autoridades reclamaron el derecho a una atención digna, protección adecuada y total garantía de los derechos humanos de las y los familiares de las personas desaparecidas.
Estas demandas se empatan con las exigidas por el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDmx), integrado por más de 60 colectivos de familiares de personas desaparecidas del país y Centroamérica y del que el CEDEHM forma parte.
Desde el MovNDmx se pide la correcta implementación de la Ley en los estados y que se le asigne presupuesto para que funcione eficazmente. Que la búsqueda sea inmediata y la creación de protocolos de búsqueda para que las Fiscalías y Comisiones Locales de Búsqueda se puedan coordinar para la búsqueda efectiva y bajo la presunción de vida.
Que se cree un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense con recursos propios, apoyo internacional, técnico y financiero que incluya una perspectiva transnacional para la identificación de personas extranjeras desaparecidas en México. Que la impunidad termine, para que las desapariciones dejen de suceder. Y que todo lo anterior se haga con la participación de las familias porque #SinLasFamiliasNo.
Desde hace 10 años el CEDEHM brinda acompañamiento integral a familiares de personas desaparecidas. Actualmente representa más de 200 casos y el colectivo se integra por más de 500 personas, entre mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes.

El 21 de diciembre de 2010, ante el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo y debido al creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos o familiares de personas desaparecidas, la Asamblea General de la ONU decidió declarar el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Las desapariciones forzadas ocurren cuando agentes estatales o con el consentimiento del Estado, realizan detenciones y después las niegan o se rehúsan a decir dónde se encuentran las personas detenidas, ocultando la suerte y el paradero de las víctimas, dejándolas fuera del alcance de la protección de la Ley. Frecuentemente, la desaparición forzada se utiliza como una estrategia para infundir el terror entre las y los ciudadanos.

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