domingo, 7 de abril de 2019

CARTA A MICHELLE BACHELET PARA DENUNCIAR LA GRAVE CRISIS DE DERECHOS HUMANOS QUE SE VIVE EN MÉXICO Y SOLICITAR QUE SE MANTENGA EL ESCRUTINIO INTERNACIONAL EN EL PAÍS


México, 7 de abril de 2019

Sra. Michelle Bachelet
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
P R E S E N T E

Ref.: Visita a México

Estimada Alta Comisionada:

Quienes suscribimos la presente carta le damos una calurosa bienvenida a México. Su visita, al igual que las de sus predecesores y predecesoras, es fundamental para mantener la agenda de derechos humanos como un tema actual, necesario y urgente en nuestro país.

Como es de su conocimiento, México vive una crisis en materia de derechos humanos. Las visitas y pronunciamientos de distintos mecanismos especiales[1], los informes de los órganos de tratados[2], los resultados del Examen Periódico Universal[3], los pronunciamientos de su Oficina en México[4] y los realizados desde la sede en Ginebra lo demuestran[5]. De lo anterior, es razonable afirmar que todos los derechos humanos en México necesitan una atención prioritaria.

Las altas tasas de violencia que vive el país y la falta de una respuesta adecuada, proporcional, coordinada y basada en derechos humanos, nos preocupan sobremanera. Esa violencia se ve reflejada en un alto número de feminicidios y homicidios registrado en el país[6], las más de 40,000 personas desaparecidas -y cuyo número sigue en ascenso-, las torturas y malos tratos, las indignas condiciones penitenciarias, la prisión preventiva oficiosa, los ataques y asesinatos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, las violencias de toda índole hacia niñas y mujeres, la presencia de la delincuencia organizada en el territorio nacional pero también la letalidad de algunas instituciones de seguridad así como el involucramiento directo funcionarios de los tres niveles de gobierno en la perpetuación de la violencia.  Esas y otras facetas, hacen que la violencia sea desmesurada y descontrolada.

A lo anterior se suma el escenario relacionado con la vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales: la falta de calidad y acceso a la educación; la precarización de los derechos laborales y sindicales; los servicios de salud sin gratuidad, medicamentos o personal suficiente y profesional para garantizar una amplia cobertura; la pésima calidad del agua a partir de la contaminación de la hidrografía mexicana; la tala ilegal, la presencia de proyectos de desarrollo que dividen comunidades y afectan seriamente territorios y el medio ambiente; y la carencia de una vivienda que respete los estándares internacionales, son algunos de los temas de preocupación actuales.

Más aún, esas violaciones de derechos humanos tienen un mayor impacto en sectores históricamente discriminados: niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad; indígenas y campesinos/as; mujeres; personas adultas mayores; personas en contextos de movilidad interna e internacional; y personas integrantes de la comunidad LGBTTTI.

Todos esos temas -y muchos más- encuentran mayor preocupación en un contexto en el que tanto el actual gobierno federal como los de las 32 entidades federativas tienen una concepción paternalista y clientelar, y se encuentran en proceso de recortes presupuestales injustificados y sin diagnósticos previos en políticas públicas instauradas para niñas y mujeres que necesitan refugios por encontrarse en situaciones de violencia, o el cambio de visión sobre estancias infantiles o los recortes de programas relacionados con personas con discapacidad. Ello, aunado a la visión de seguridad militarizada a partir de la reforma a la Constitución Política mexicana para la conformación de una Guardia Nacional integrada en su mayoría por elementos militares y navales; al ataque a instituciones autónomas; la designación de funcionarios y funcionarias cercanas al Presidente de la República; la firma de permisos de explotación de aguas o recursos naturales sin previo informe de impacto ambiental; la posición sobre ciertos medios de comunicación (como “adversarios”); o la deslegitimación a las organizaciones de la sociedad civil (como intermediarias de recursos o simuladoras pero no transformadoras de la realidad). Esa y otras posiciones nos hacen temer que durante el sexenio de la administración federal actual se vaya a avanzar decididamente en materia de derechos humanos.

En nuestro país es excepcional tener una investigación adecuada y diligente que termine en una sentencia judicial cuando se cometen violaciones de derechos humanos, como lo reflejan tanto el subregistro[7] en la denuncia como la tasa de 98% de impunidad. La colusión e incapacidad de las instituciones se ve reflejada en la saturación de servicios forenses que tienen miles de personas asesinadas sin ser identificadas y sin lograr cruces de identificación eficaces; en la falta de coordinación entre autoridades (lo cual se dificulta aún más por la organización política de un país federal), en la falta de sensibilidad y debida diligencia de las fiscalías; en servicios periciales carentes de autonomía; y, salvo excepciones, en un poder judicial más enfocado en la formalidad de sus actuaciones que en abordar las causas estructurales que siguen generando violaciones masivas de derechos humanos en el país.

Ante ese escenario desolador y adverso, quienes defendemos derechos humanos hemos encontrado en quienes integran la Oficina en México a grandes aliados y aliadas que, desde un rol de acompañamiento técnico a las instituciones mexicanas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los movimientos y colectivos, han logrado mantener una interlocución fundamental para el avance del discurso y de políticas públicas de derechos humanos en el país. La capacidad técnica que han demostrado, sumada a una dosis de creatividad, inteligencia, análisis estratégico y mediación, hacen que la Oficina en México se haya posicionado como uno de los interlocutores más importantes y legítimos en el tema.

Pero la Oficina en México ha ido más allá de su mandato oficial: su sensibilidad, solidaridad y acompañamiento para quienes hemos estado en situaciones de desprotección y desesperanza, les han merecido un infinito agradecimiento de familiares de personas desaparecidas, víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos, defensores y defensoras en riesgo, periodistas que han sufrido diversas agresiones, académicos/as e integrantes de las organizaciones de la sociedad civil. Jan Jarab, junto con su incansable y valiente equipo, nos siguen reafirmando la relevancia del escrutinio internacional para el avance nacional de los derechos humanos y, asimismo, han demostrado el lado humano de las Naciones Unidas.

Señora Alta Comisionada: el 7 de octubre de 2015, su antecesor emitió una declaración al finalizar su visita a México. También presentó 14 recomendaciones, las cuales mantienen una indiscutible vigencia.[8] Esperamos que en su visita al país usted reafirme su apoyo tanto a su Oficina de país como al Estado mexicano (instituciones, organizaciones y personas) para el cumplimiento de esas recomendaciones y las demás emitidas por distintas instancias de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. De nuestra parte, tendrá todo el apoyo y agradecimiento por su interés y acompañamiento porque tenemos el convencimiento que el dolor, la desolación, la discriminación, la violencia y la impunidad en nuestro país deben terminar.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle las muestras de nuestra más alta consideración y estima.


ATENTAMENTE,

Organizaciones y colectivos: Abogadas Demócratas; Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados  Desaparecidos de Nuevo León (Grupo Amores); Alondras Unidas en Búsqueda de Nuestros Desaparecidos, Estado de México; Búsqueda de Familiares Regresando a su Casa Morelos A.C.; Casa Amiga Esther Chávez Cano A.C.; Causa en Común A.C.; Centro de Atención a la Mujer Trabajadora (CAMT); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH); Centro Nacional de Comunicación Social A.C.; CIC Propuesta Cívica; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC); Colectivo BUSCAME (Buscando Desaparecidos México); Colectivo Colibrí; Colectivo contra la Trata de Personas; Colectivo Familia Desaparecidos Orizaba – Córdoba; Colectivo Más Derechos Humanos; Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH); Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A.C.; Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM) "Alzando Voces"; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Derechos de la Infancia y la Adolescencia A.C. (DIA); Desaparecidos Justicia A.C. Querétaro; Documenta. Análisis y Acción para la Justicia Social A.C.; Ecos de Mirabal; El día después; Fátima I.B.P.; Equipo de Seguimiento de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad); Equis Justicia para las Mujeres; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUNDEC-FUNDEM); Fundación Find; Fundación Gilberto Rincón Gallardo A.C.; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.; Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas (GDPC); Grupo Víctimas por Nuestros Desaparecidos en Acción (Grupo VIDA); Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Infancia Común A.C.; Instituto de Justicia Procesal Penal A.C. (IJPP); Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Instituto para la Seguridad y la Democracia. A.C. (INSYDE); La Sandía Digital, Laboratorio de Cultura Audiovisual; Laboratorio de Innovación para la Paz A.C.; Lekil Kuxlejal A.C.; México Unido contra la Delincuencia (MUCD); Observa Ciudadana, Observatorio Latinoamericano contra  la trata de Personas (ObservaLaTrata) Observatorio para el Acceso a la Información Pública; Observatorio Designaciones Públicas; Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad; Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y de los Derechos Humanos, A.C.; Organización Popular Independiente A.C.; Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México-Tijuana; Programa Compañeros A.C.; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Red de Desaparecidos en Tamaulipas; Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C.; Red por la Participación Ciudadana A.C.; Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); Renacer Lagunero; Sabuesos Guerreras A.C.; Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz); Sin Violencia A.C.; Tierra Nativa A.C.; Unión Campesina Democrática Chihuahua (UCD Chihuahua); Uno de Siete Migrando A.C.; Zacatecanos y Zacatecanas por la Paz. Con el apoyo internacional de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y de la Oficina en Washington para Asuntos Internacionales (WOLA).

Personas: Alberto Athié, Alejandro Anaya Muñoz, Carlos Alberto Galindo López, Carlos Garza Falla, Denise Dresser Guerra, Eliana García Laguna, José Mario de la Garza Marroquín, Jorge Javier Romero, Jorge Verástegui González, Juan Carlos Páez, Juan Manuel Estrata Juárez, Juan Martín Pérez García, Julián Mejía Berdeja, Luis Daniel Vázquez, Maite Azuela, Mara I. Hernández, María Elena Morera, Nicomedes Fuentes, Pablo Girault, Paola Zavala Saeb, Santiago Corcuera Cabezut, Sergio González Cárdenas, Silvano Cantú, Silvia Ortíz de Sanchezviesca.

Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA): Agencia Familiar Binacional A.C. (AFABI); Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino; Albergue del Desierto; Alianza Binacional Migración y Desarrollo A.C. (ABIMyD);  Las Dignas de El Salvador; Asociación de Salvadoreños y sus Familias en México (ASAFAMEX); Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS); Association of Mexicans in North Carolina (AMEXCAN); Derecho a la Identidad A.C.; Boca de Polen Red de Comunicadores; Casa del Migrante en Tijuana A.C.;  Casa Refugiados A.C.; Frontera con Justicia A.C. (Casa del Migrante de Saltillo); Casa del Migrante de Monterrey, Casa Nicolás; Instituto Madre Assunta; Casa Tochan; Centro Bonó; Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado (CCAMYN); Centro de Alternativas para el Desarrollo Social A.C. (CADES); Centro de Apoyo al Trabajador Migrante; Centro de Apoyo Marista al Migrante (CAMMI); Centro de Asistencia para Refugiados (CEALP); Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI); Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada (CAFEMIN); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.;  Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C.; Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI); Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C. (CECIG) ; Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM); Clínica Jurídica Alaide Foppa-UIA; Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH); Coalición Pro Defensa del Migrante; Colectiva Sororidad Glocal; Colectivo Por una Migración Sin Fronteras de Tlaxcala; Colectivo Transnacional CODETZIO; Colectivo Ustedes Somos Nosotros; Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos (COFAMIDE);  Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso (COFAMIPRO); CONFEMEX; Contracorriente A.C.; CONVIHVE A.C.; Coordinación de Migración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Deportados Unidos en la Lucha (DUL); Dignidad y Justicia en el Camino A.C. (FM4-Paso Libre); El Rincón de Malinalco; Enlace Ciudadano de Mujeres Indígenas; Espacio Migrante A.C.; Estancia del Migrante González y Martínez A.C. (EMGM); Estudios Fronterizos – Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM); Federación Zacatecana A.C. (FEDZAC); Formación y Capacitación A.C. (FOCA); Red Mesoamericana de Mujer, Salud y Migración (RMMSM); Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB); Fundación Comunitaria del Bajío; Fundación para el Desarrollo; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.; Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza A.C. (GIMTRAP); Help for Be Progress, Inmigrant Initiative; Identidad Migrante Derechos Humanos; Inclusión y Equidad, AC; Ana Stern-Incide Social; Fabiola Mancilla; Hugo Ángeles;  Jorge Romero León; Leticia Calderón-Instituto Mora; Lorena Cano; Marta Villarreal; Martha Rojas-ECOSUR; Mayela Blanco Ramírez; Mónica Salmón Gómez; Nadia Nehls; Ofelia Woo-Universidad de Guadalajara (UdG); Patricia Zamudio-Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Golfo); Rocío Osorno; Rodolfo García Zamora -Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ); Ximena Gallegos; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A. C.; Iniciativa Kino para la Frontera Norte; Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES); Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural AC (IIPSOCULTA); Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB); Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (INSYDE); Instituto Para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI); Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI); Irapuato Vive A.C.; Justice in Motion; Juventudes Indígenas y Afromexicanas en Conexión (JINACO); Latin America Working Group (LAWG); Mesa de Coordinación Transfronteriza-Migraciones y Género (MTMG); Migrantólogos; Mujeres Unidas y Activas-Immigrant Youth Coalition; Observatorio Migración Puebla de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Organización Binacional Aztlán; Otros Dreams en Acción (ODA); Planeta de Comunicación, Arte, Orientación, Sociedad y Salud A.C. (Planeta CAOSS); Por la Superación de la Mujer A.C.; Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante A.C. (PRECADEM); Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (PRAMI- UIA Laguna); Programa de Asuntos Migratorios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (PRAMI- ITESO); Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México (PRAMI-UIA); Red Binacional de Mujeres Artesanas; Red de Desarrollo Sustentable; Red de Mujeres del Bajío A.C. y su Centro Regional de la Red de Mujeres del Bajío (CEREMUBA); Red del Bajío en Apoyo al Migrante; Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD); Red Jesuita con Migrantes de ALC; Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes (Red Mx); Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (RED MOCAF)/Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación (RIOD-Mex);  Red Nacional de Género y Economía (REDGE); Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones; Red Regional Verdad y Justicia; Respuesta Alternativa; Ririki Intervención Social S.C.; Salud Integral para la Mujer A.C. (SIPAM); Scalabrinianas Migrantes y Refugiados (SMR); Servicio Jesuita a Migrantes (SJM); Sin Fronteras, IAP; Sistema Universitario Jesuita; The United Food and Commercial Workers (UFCW); Un Mundo Una Nación; Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida A.C.; Uno de Siete Migrando A.C.; Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes A.C. (VM-APM); y Washington Office on Latin America (WOLA).
Espacio OSC: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité Cerezo México; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México y Amnistía Internacional – México.

Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria (GTPM): Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P.; Alianza Americas; American Friends Services Committee; Asylum Access México (AAMX) A.C.; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Fundación Appleseed México, A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Save The Children México, Sin Fronteras, IAP; SJM-SJR México, Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados – México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés; Elba Coria; Manuel Ángel Castillo, Investigador; IDC International Detention Coalition (Observadoras). Melissa Vértiz Hernández. Secretaría Técnica.

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), conformado por 39 organizaciones de 24 entidades de la República Mexicana: Aguascalientes: Observatorio de Violencia Social y de Género; Baja California: Mujeres Unidas: Olympia de Gauges; Campeche: Observatorio de Violencia Social y de Género; Chiapas: Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C. (COLEM); Coahuila: Centro de Derechos humanos Fray Juan de Larios; Chihuahua: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM); Mujeres por México en Chihuahua; Nuestras Hijas de Regreso a Casa; Justicia para Nuestras Hijas; Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Colima: Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental; Ciudad de México: Católicas por el Derecho a Decidir; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Red Mujer Siglo XXI; Justicia, Derechos Humanos y Género; Justicia Pro Persona; Cátedra Unesco de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Estado de México: Familiares en Búsqueda de Justicia; Red de Promotoras de Ecatepec; Hidalgo: Servicios de Inclusión Integral A.C. (SEIINAC); Guanajuato: Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”; Guerrero: OBVIO Guerrero A.C.; Jalisco: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-México); Morelos: Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C.; Nuevo León: ARTHEMISAS por la Equidad, A.C.; Oaxaca: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi; Colectivo Bolivariano; Puebla: Programa de Género y VIH Dirección del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J.; Quintana Roo: Mayas sin Fronteras; Sinaloa: Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.; Frente Cívico sinaloense; Sonora: OCNF Sonora; Tabasco: Asociación Ecológica Santo Tomás; Comité de Derechos Humanos de Tabasco; Tlaxcala: Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local; Colectivo Mujer y Utopía, A.C.; Veracruz: Red Nacional de Periodistas; Yucatán: Ciencia Social Alternativa; Red Por Nuestros Derechos Mujeres en Red.


Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República Mexicana: Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial A.C. (Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala, Hgo.); Bowerasa A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, A.C. (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova” A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi” A.C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” A.C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan A.C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto” A.C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A.C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS); Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco” A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi” A.C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada” A.C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz” A.C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima no gubernamental A.C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco A.C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco A.C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo A.C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo., A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol A.C. (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación A.C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A.C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa A.C., Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C. (San Cristóbal de las Casas, Chis).



[1] Ver, entre otros, los informes de visita de los y las relatores sobre personas defensoras de derechos humanos; pueblos indígenas; libertad de expresión; derecho al agua; empresas y derechos humanos; tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; discriminación contra la mujer en la legislación y la práctica; ejecuciones extrajudiciales; desaparición forzada e involuntaria; independencia de magistrados y abogados; y venta de niños/as, prostitución infantil y utilización de niños/as en pornografía. A lo anterior, vale la pena añadir los pronunciamientos individuales y conjuntos de procedimientos especiales sobre todo en el marco de las discusiones sobre la Ley de Seguridad Interior y la Guardia Nacional, así como los informes individuales del Grupo de Trabajo sobre Detención arbitraria.
[2] En los dos últimos años, el Estado mexicano ha sido revisado por los Comités sobre Desapariciones forzadas (2018), discriminación contra la mujer (2018), económicos, sociales y culturales (2018) y trabajadores migratorios y sus familiares (2017). En este año se encuentra pendiente la revisión el CAT, el CERD, el CRPD y el CCPR.
[3] Recientemente acaba de finalizar el tercer ciclo de evaluación de México por el Consejo de Derechos Humanos. En marzo pasado, el Estado mexicano compareció ante el Consejo y aceptó 262 de las 264 recomendaciones emitidas. Ver, Naciones Unidas. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal sobre México. Adición: Observaciones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas del Estado examinado. Doc ONU A/HRC/40/8/Add.1, de 12 de febrero de 2019.
[4] Existe un sinnúmero de pronunciamientos de la Oficina en México en los que expresa preocupación o saluda los avances en distintas materias: periodistas y personas defensoras de derechos humanos en riesgo o asesinados/as; políticas de seguridad adoptadas; decisiones judiciales y de otros órganos autónomos relevantes; búsqueda de personas desaparecidas; reformas legislativas; etc.
[5] A ello se suman los realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea, entre otros.
[6] De acuerdo con una nota periodística, durante 2018 “fueron asesinadas, en promedio, casi 94 personas todos los días, un aproximado de cuatro personas asesinadas violentamente cada hora.” Asimismo, “[e]ste balance también confirma un incremento de los homicidios dolosos por cuarto año consecutivo. Mientras que en 2014 la tasa de homicidio doloso era de 12.96 casos por cien mil habitantes, para 2015 pasó a 13.32, en 2016 ascendió a 16.49, en 2017 se disparó hasta 20.27 casos, y 2018 cierra con 23.1 casos.” De acuerdo a la misma fuente, “en cuatro años el nivel de los homicidios dolosos en México ha crecido, sin detenerse, más de 74%. Para ponerlo en proporción, en 2014 el total de personas asesinadas (siempre de acuerdo con los datos del SESNSP) fue de 17 mil 336 víctimas, mientras que en 2018 asciende 34 mil 202, es decir, 16 mil 866 asesinatos más.” Ver, Animal político. 2018, el año más violento con más de 34 mil homicidios; en diciembre aumentaron 9%. Nota de 21 de enero de 2019. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/01/2018-violencia-homicidios-delitos-mexico/ (Resaltado en el original)
[7] De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cifra negra (subregistro) de 2017 fue de 93.2%: “En 2017 se denunció el 10.4% de los delitos” y en ese mismo año “se inició averiguación previa en el 6.8% del total de delitos. En 93.2% de delitos no hubo denuncia o no se inició Averiguación Previa o Carpeta de Investigación.” Ver, INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2018). Principales resultados. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2018/doc/envipe2018_presentacion_nacional.pdf.  
[8] Las recomendaciones fueron las siguientes: 1) establecer un consejo asesor sobre derechos humanos e impunidad; 2) investigar adecuadamente las graves violaciones de derechos humanos; 3) reformar las normas militares para asegurar que el fuero militar no conozca de ninguna violación de derechos humanos; 4) garantizar un enfoque de seguridad ciudadana en la seguridad pública con enfoque de derechos humanos; 5) adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de servidores públicos en concordancia con los estándares internacionales y asegurar su efectiva implementación; 6) crear una institución nacional forense autónoma e independiente; 7) implementar un registro de todas las detenciones; 8) garantizar la autonomía de distintos órganos, incluyendo las instituciones de procuración y administración de justicia; 9) ratificar algunos instrumentos internacionales pendientes; 10) establecer un mecanismo interinstitucional de alto nivel participativo para la implementación de estándares y decisiones internacionales; 11) garantizar una consulta indígena adecuada en temas que les afecten; 12) reforzar las políticas públicas a favor de las mujeres; 13) implementar efectivamente la metodología de indicadores de derechos humanos de la ONU-DH; y 14) Adoptar las leyes generales sobre tortura y desapariciones de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, con la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Tanto la declaración del Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein del 7 de octubre de 2015 como las recomendaciones emitidas y la respuesta del Estado mexicano a las mismas se encuentran disponibles en: http://www.hchr.org.mx/images/Comunicados/2015/151007_HC_Statement_MexVisit_SP.pdf. 

viernes, 5 de abril de 2019

CON AUSENCIAS IMPORTANTES Y ASISTENCIAS DE BAJO PERFIL, SE LLEVA A CABO LA PRIMERA REUNIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EN EL CASO ALVARADO




  • Destaca la ausencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
  • A diferencia de la contundente presencia de las y los familiares, y salvo algunas excepciones, estuvieron ausentes autoridades tomadoras de decisiones. 
Cd. Juárez, Chih., a 5 de abril de 2019. El pasado 20 de diciembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó la sentencia en el caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México, en la que condenó al Estado mexicano, entre otras cosas, por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, cometida el 29 de diciembre de 2009 por parte de militares, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua. Al día de hoy no existen avances en el cumplimiento de esta sentencia.

Después de 106 días de notificada la sentencia, el día de hoy en Cd. Juárez, Chihuahua, se sostuvo la primera reunión entre familiares, organizaciones representantes y autoridades del Estado mexicano, con el objetivo de dar cumplimiento íntegro a la sentencia, en la cual se ordena investigar los hechos, dar con el paradero de las víctimas, sancionar a los responsables, realizar un acto de reconocimiento público de responsabilidad, capacitar a las fuerzas armadas, publicar la sentencia, crear un registro único de personas víctimas de desaparición forzada, entre otros.

Ni la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ni la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana asistieron a esta primera reunión, a pesar de haber solicitado expresamente su presencia, por tratarse de autoridades directamente involucradas en el caso, así como en el cumplimiento de varias de las medidas de reparación dictadas por la Corte.

Durante el encuentro, las y los familiares del caso Alvarado reiteraron que su principal exigencia es conocer el paradero de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado y que, así como lo ordena la sentencia, se investiguen los hechos por desaparición forzada. A pesar de lo anterior, las autoridades continúan sin poner el énfasis de la investigación sobre la participación del ejército.

Una serie de formalismos y procedimientos burocráticos, así como la falta de coordinación interinstitucional, han obstaculizado el seguimiento y cumplimiento oportuno de las obligaciones del Estado mexicano estipuladas en la sentencia. De continuarse, esta situación podría representar un riesgo para el adecuado cumplimiento de la misma.

En contraste con la numerosa asistencia de las y los familiares a los que alude la sentencia - para quienes la reunión implicó el viaje a través de cientos de kilómetros, y la ausencia en sus respectivos trabajos y escuelas – en el encuentro únicamente estuvieron Aarón Mastache, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Mariana Colín, agente del Ministerio Público Federal responsable de la investigación del caso; y enlaces operativos de la Fiscalía General de la República, de la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Debido a lo anterior, las organizaciones que representamos a Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado y sus familiares, expresamos la necesidad de que, en lo sucesivo, sean las autoridades de primer nivel las que asistan a las reuniones y se involucren en la toma de decisiones que permitan el cabal cumplimiento de la sentencia. En añadidura, cabe señalar que a esta sesión también asistió personal de la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a petición de las familias.

Por todo lo anterior, exigimos al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a las y los titulares de las dependencias correspondientes, que garanticen el cumplimiento íntegro de la sentencia dentro de los plazos que en la misma se estipulan. Demandamos celeridad, competencia y operatividad efectivas.

El cumplimiento de esta sentencia es una gran oportunidad para que el Estado mexicano reestructure sus políticas de seguridad y haga efectivas las garantías de no repetición para las víctimas, en aras de refrendar su compromiso para la defensa y promoción de los derechos humanos. El caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México representa nueve años de impunidad a manos del Estado mexicano. De no cumplir con la sentencia de la Corte IDH, el actual Gobierno Federal, lo mismo que sus predecesores, continuará siendo responsable de las violaciones a los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familiares.

El resumen de la sentencia puede consultarse aquí: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_370_esp.pdf

miércoles, 27 de marzo de 2019

FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN CEDEHM, EAAF y FGE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTTUCIONALES EN MATERIA DE PERSONAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN


Chihuahua, Chih., a 27 de marzo de 2019. El día de hoy se llevó a cabo la firma de un convenio de colboración entre el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de las Fiscalía General del Estado (FGE), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para el fortalecimiento de capacidades institucionales en materia de personas víctimas de desaparición. El evento ocurrió en presencia de integrantes del colectivo de familiares de personas desaparecidas y autoridades de gobierno.

La firma de este convenio busca desarrollar actividades conjuntas de conformidad con el programa "Justicia para las personas desaparecidas de Chihuahua", el cual es posible gracias al apoyo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a partir de un convenio firmado con el CEDEHM y el EAAF en agosto de 2018. Dicho programa tiene por objetivo mejorar las capacidades gubernamentales de coordinación, investigación, búsqueda, identificación, procesamiento y respuestas legales en materia de personas desaparecidas.

Con la firma de este nuevo convenio, se busca crear mecanismos de cooperación que permitan contribuir a mejorar las prácticas de atención, investigación, búsqueda e identificación en casos relacionados con la desaparición de personas; así como continuar con la identificación de los restos localizados en el Rancho “Dolores”, Rancho “El Mortero” y Brecha “El Porvenir”, de los municipios de Cuauhtémoc, Cusihuiriachi y Carichí, respectivamente.

También se busca facilitar capacitaciones, intercambio y difusión de información especializada en temáticas forenses (orientadas a mejorar, actualizar o reforzar protocolos, prácticas, habilidades y uso de nuevas tecnologías); analizar los desafíos que existen a nivel estatal en relación al estatus de procesamiento y registro de restos no identificados; así como conseguir la identificación de restos con un alto grado de complejidad forense.

Durante el evento participaron Ruth Fierro Pineda, coordinadora general del CEDEHM; Mercedes Doretti, directora para Norteamérica y Centroamérica del EAAF; Patricia Vázquez, integrante del colectivo de familiares de personas desaparecidas de la ciudad de Cuauhtémoc; Benjamin Garrett, Director General Adjunto de la Oficina de Justicia de USAID México; Laurie Trost, Cónsul General Adjunta del Consulado de los Estados Unidos en Cd. Juárez; César Augusto Peniche, Fiscal General; y Javier Corral, Gobernador del Estado de Chihuahua.

Al tomar uso de la palabra, las y los involucrados acordaron cooperar y trabajar coordinadamente para dar cabal cumplimiento a los compromisos adquiridos con la firma de este convenio, teniendo como principal objetivo combatir la impunidad y contribuir al acceso a la justicia para las víctimas de desaparición y sus familias.

A este convenio le antecede otro que fue firmado el día 3 de diciembre de 2016, a través del cual, el EAAF analizó 43 contenedores con un número indefinido de pequeños fragmentos óseos, de los que se seleccionaron 233 con posibilidades de brindar información genética. Del procesamiento de estos fragmentos se obtuvieron 29 perfiles genéticos individuales, que al compararse con los perfiles de familiares de 140 personas desaparecidas en Cuauhtémoc y sus alrededores, resultó en la identificación de 15 personas.

Desde el CEDEHM, se reconoce la apertura y voluntad política del Gobierno del Estado de Chihuahua, para la implementación de los compromisos firmados el día de hoy.

De la misma manera, se reconoce la participación del EAAF, una organización argentina fundada en 1984, con una amplia trayectoria por su compromiso y dedicación en la aplicación de las ciencias forenses para la investigación de violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, se agradece la cooperación de USAID México, por contribuir a que los colectivos y grupos de familiares víctimas de desaparición, puedan acceder a los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición.

viernes, 22 de marzo de 2019

EXISTEN IMPORTANTES DESAFÍOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE QUIENES DEFIENDEN LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO: CIDH



  • La CIDH urge al Estado Mexicano a implementar una política integral de protección para las personas defensoras de derechos humanos.

Chihuahua, Chih., 22 de marzo de 2019. El día de hoy se llevó a cabo la presentación del informe Políticas integrales de protección de personas defensoras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presidida por Jaime Vidal, Oficial responsable por la Relatoría sobre Defensores de Derechos Humanos de la CIDH; Ricardo C. Neves, Oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); Garance Tardieu, Oficial de Programas de Amnistía Internacional México; Fernando Ríos, Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT); y Alejandra Nuño, abogada internacional del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM).

Este informe fue aprobado por la Comisión en diciembre de 2017 y analiza los principales avances y desafíos en el funcionamiento de mecanismos nacionales de protección, legislación, políticas y programas existentes en los Estados. También desarrolla los componentes principales de las políticas integrales de protección, como una guía para las futuras estrategias en esta área. Finalmente, enuncia una serie de recomendaciones, encaminadas a garantizar una mejor implementación de las medidas de prevención, protección e investigación, para lograr una política integral de protección.

En el informe se señala que México fue el segundo país del hemisferio en adoptar un Mecanismo de Protección especializado, a través de la aprobación en 2012 de la “Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas”. Pese a lo anterior, aún existen importantes desafíos para solucionar el problema de inseguridad de las personas defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con la Comisión, las personas defensoras continúan siendo víctimas de asesinatos, asaltos, desapariciones forzadas, amenazas, registros ilegales, criminalización, así como de restricciones financieras o administrativas al trabajo que realizan. Asimismo, la corrupción, la falta de independencia e imparcialidad judiciales, la impunidad, las barreras para el acceso a la justicia, la persistente estigmatización y difamación, por parte de la prensa y de Oficiales de alto rango del Estado en México, perpetúan la actual situación de riesgo en la que se encuentran.

Sobre el Mecanismo de Protección, la Comisión menciona la falta de estabilidad y sustentabilidad financieras del mismo; la insuficiencia e inestabilidad del personal; la falta de formación adecuada y de conocimientos técnicos básicos sobre derechos humanos y sobre los numerosos riesgos que enfrentan las personas defensoras y periodistas. También refiere que, de las 389 solicitudes de protección, en el 38% de los casos los posibles agresores eran oficiales públicos.

Adicionalmente, la CIDH refiere los problemas señalados por la sociedad civil: el Mecanismo de alerta temprana no habría producido resultados favorables; la evaluación de riesgo y las medias de protección no incluirían una perspectiva de género, ni un enfoque multicultural y colectivo, para los casos que involucran comunidades indígenas; no existiría una coordinación adecuada entre las diferentes instituciones encargadas de dar soporte, seguimiento e investigaciones subsiguientes a las medidas de protección; y habría dificultades legales para acceder al programa, entre otros.

Sobre las evaluaciones de riesgo por parte del Mecanismo, la Comisión señala su preocupación por los retrasos en su implementación, la falta de comunicación de los resultados, la falta de consideración del contexto al momento de llevarlas a cabo, y la falta de adecuación de las medidas de protección de acuerdo a las necesidades específicas y la realidad de las personas en riesgo.

Jaime Vidal estableció que “los programas nacionales de protección deben contar con un marco legal sólido que lo soporte; recursos financieros y humanos necesarios y sostenibles; colaboración con otras instituciones del Estado; independencia o autonomía de la institución que otorga medidas; activación del deber de protección; análisis de riesgo flexible e individualizado; participación de las personas beneficiarias; doneidad y efectividad de las medidas de protección; así como enfoques diferenciados para grupos en especial vulnerabilidad o discriminación histórica, como mujeres defensoras, pueblos indígenas, y personas LGBTI”.

Por su parte, Ricardo C. Neves recordó que “en los tres ciclos del Examen Periódico Universal (EPU), el tema relativo a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha sido el que ha generado la mayor cantidad de recomendaciones”. Añadió que “Chihuahua es uno de los estados del país con el mayor número de asesinatos de quienes defienden los derechos humanos, la mayoría de los cuales continúan impunes”. Y agregó que “para tener una política integral de protección es necesario desarrollar y fortalecer otros mecanismos nacionales con recursos suficientes”.

En su intervención, Garance Tardieu refirió el ejemplo particular de Chihuahua, entidad en la que la sociedad civil impulsó en 2016 la implementación de una Alerta Temprana, y mencionó que “el Plan de Contingencia derivado de esta Alerta, representaba lo más cercano que hemos visto en México a una política pública integral. Sin embargo, la falta de compromiso político, en todos los niveles de autoridad, no permite su cabal implementación”.

Durante su participación, Fernando Ríos mencionó que la Red TDT “registró 202 personas defensoras de derechos humanos y periodistas asesinadas(os) en el sexenio de Enrique Peña Nieto; ahora van 16, tan sólo en 110 días”. Añadió que en México “vemos expresiones que propician la construcción de un marco jurídico que favorece estructuralmente la impunidad”. En este contexto, dijo, “es imprescindible partir de lo que afirma el informe: defensoras y defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias.”

Por todo lo anterior, en su informe la Comisión determina la necesidad de implementar una política de protección integral para las personas defensoras de derechos humanos, que vaya más allá de mecanismos de protección física e implemente medidas y políticas públicas encaminadas a respetar sus derechos; prevenir las violaciones a sus derechos; proteger y garantizar su derecho a la vida e integridad; investigar con debida diligencia los actos de violencia en su contra; y, sancionar a los responsables intelectuales y materiales, así como a reparar el daño.

La presentación de este informe sucedió en el marco del taller de Herramientas para la incidencia en políticas públicas de protección de personas defensoras de derechos humanos, financiado por la Delegación de la Unión Europea en México; organizado por Front Line Defenders y el CEDEHM; convocado por la Red TDT.

A la presentación acudieron representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes en su mayoría participaron en el taller, así como la Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez; el Lic. Héctor Talamantes, en representación del Lic. Pablo Héctor González Villalobos, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE); representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Fiscalía General, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y del Instituto de Formación Judicial del TSJ.

CULMINA CON ÉXITO TALLER SOBRE INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS


  • A la capacitación asistieron representantes de 27 organizaciones de la sociedad civil de diferentes entidades del país.
  • El curso fue facilitado por personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Chihuahua, Chih., a 22 de marzo de 2019.- Durante los días 21 y 22 de marzo tuvo lugar el taller teórico-práctico de Herramientas para la incidencia en políticas públicas de protección de personas defensoras de derechos humanos, financiado por la Delegación de la Unión Europea en México; organizado por Front Line Defenders y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM); convocado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

El taller se realizó con el objetivo de dotar a las y los participantes de estrategias de incidencia que les permitan actuar para contribuir a su protección efectiva, de tal manera que, como personas defensoras de derechos humanos, puedan continuar realizando su labor en condiciones de libertad, seguridad y con pleno acceso a la justicia.

A este curso asistieron personal directivo, de coordinación, abogadas(os) y responsables de incidencia de 27 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran: la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Consultoría Técnica Comunitaria, la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Mujeres contra la Violencia de Género, Comunicación e Información de la Mujer, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitora, Servicios y Asesoría para la Paz, Artículo 19, Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Front Line Defenders, Red TDT y Amnistía Internacional México, entre otras.

Durante el taller, las y los participantes intercambiaron aprendizajes sobre el rol de la sociedad civil en México, y compartieron experiencias previas de sus respectivas organizaciones en materia de incidencia. En el transcurso de ambos días se estudiaron temas relativos a marcos jurídicos (nacionales e internacionales) y herramientas para la incidencia en políticas públicas. También se estudiaron casos prácticos relativos a la protección de personas defensoras de derechos humanos.

El curso fue facilitado por Jaime Velero, Oficial responsable por la Relatoría sobre Defensores de Derechos Humanos de la CIDH, así como por Ricardo Cancela, Oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, coordinador del grupo de trabajo sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos y Libertad de Expresión.

Jaime Velero cuenta con Maestría en Justicia Penal por la Universidad de Barcelona y Maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Utrecht. Anteriormente trabajó en la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos, así como en la sección de apelaciones de la Corte Penal Internacional en la Haya.

Ricardo Cancela cuenta con Maestría en Ciencias Jurídico-Económicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Porto, Portugal. Previamente trabajó en la Corte de la Unión Europea en temas de derechos fundamentales. Ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil en más de veinte países y desde hace cinco años se dedica al tema de protección de personas defensoras y periodistas en México.




viernes, 8 de marzo de 2019

SE CUMPLEN NUEVE AÑOS DEL ASESINATO IMPUNE DEL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS ERNESTO RÁBAGO MARTINEZ




  • Ernesto Rábago Martínez acompañó a los indígenas rarámuri en la legítima defensa de su territorio. Fue asesinado el 1 de marzo de 2010.
  • A partir de 32 juicios iniciados por el territorio de Baquéachi en el año 2006, los indígenas han recuperado, aproximadamente, 21 mil hectáreas que les fueron invadidas.
El evento inició a las 10:00 de la mañana a un costado de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús con danza de matachines y fariseos. En el lugar, el coordinador general de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (COSYDDHAC), Felipe Ruiz Becerra, mencionó que Ernesto Rábago “era el que estaba ahí, el que sabía el siguiente paso a dar, en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.


Chihuahua, Chih., 27 de febrero de 2019. El día lunes 4 de marzo, a nueve años del asesinato impune del defensor de derechos humanos Ernesto Rábago Martínez, un contingente rarámuri proveniente de las comunidades indígenas de Baquéachi, Chinéachi y Wawatzérare, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil, demandaron justicia en la capital del estado.


A continuación, citó al abogado diciendo que “la comunidad indígena de Baquéachi está determinada a seguir defendiendo, con estricto apego a la ley, la integridad de su territorio. Aún queda mucho camino para lograr el respeto a la integridad de su territorio, el cumplimiento y la conservación de sus normas internas, de sus usos y costumbres”. Enseguida se recordaron los nueve años del asesinato impune del defensor y se cuestionó “¿Y la justicia? ¿Dónde está? ¿Quién se la llevó? ¿Quién la tiene? ¿Quién la secuestró? ¿Para quién es?”.

Acto seguido, a las 11:00 am, fue oficiada una misa por el sacerdote Jesuita Javier Ávila. En el altar, junto a la fotografía de Ernesto, se colocó también una fotografía de Miroslava Breach Velducea, periodista que en vida contribuyó a visibilizar las problemáticas de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, en la exigencia de inclusión, consulta, justicia y reparación. Al finalizar la ceremonia, se continuó con una marcha hacia la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, donde las y los participantes gritaron consignas para demandar justicia en el caso de Ernesto Rábago.

Enseguida se continuó hacia la cruz de clavos, memorial de los símbolos de la impunidad, donde Estela Ángeles Mondragón y gobernadores de las comunidades indígenas asistentes, participaron de un ritual religioso para la curación y celebración de la vida.

En el lugar, frente a Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua, Juan, el actual presidente de Bowerasa A.C., habló en nombre de las comunidades indígenas presentes y declaró que “estamos aquí para exigir justicia” y continuó diciendo que “queremos que castiguen a los que lo han matado a Ernesto Rábago”. Añadió que “también estamos aquí por Miroslava, buena amiga de Baquéachi, Chinéachi y Wawatzérare” y terminó diciendo que “año con año aquí vamos a estar si no hay castigo para los culpables”.

Ernesto Rábago Martínez fue un defensor de los derechos humanos, quien junto a su compañera Estela Ángeles Mondrágon, a través de la asociación Bowerasa A.C. (haciendo camino) acompañó a los indígenas rarámuri en la defensa de su territorio. El viernes 1 de marzo se cumplieron nueve años de su asesinato impune ocurrido en la oficina del jurídico de la organización, cometido por personas desconocidas.

Hasta el momento las autoridades no han esclarecido el asesinato de Ernesto, por lo que tampoco se han aprehendido ni se ha dado castigo a los culpables.  Lo anterior, pese a las sospechas que vinculan estos hechos con las acciones jurídicas y movilizaciones pacíficas que emprendió como parte de su labor de acompañamiento hacia la comunidad rarámuri, para la recuperación del territorio de Baquéachi.

En añadidura al homicidio de Ernesto, la Lic. Estela Ángeles Mondragón y algunos integrantes de las comunidades que la abogada representa, han sido amenazados y agredidos en varias ocasiones por su actividad vinculada a la defensa del territorio. Por esta razón, la abogada cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y es beneficiaria del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Desde hace 92 años la comunidad indígena de Baquéachi, municipio de Carichí, emprendió la lucha por la defensa de su territorio, mismo que abarca una extensión de 44 mil 784 hectáreas y que a lo largo de los años ha sufrido invasiones por parte de ganaderos de los municipios de Carichí y Nonoava, quienes reiteradamente se han apoderado de la tierra y han consumido los pastizales y el agua que corresponden a la comunidad indígena de allí originaria.

Después de 13 años de defensa legal por parte de la asociación civil Bowerasa y a pesar de las constantes amenazas y agravios de los invasores, así como del artero asesinato del defensor Ernesto Rábago Martínez, las y los pobladores de la comunidad indígena celebran las sentencias dictadas a su favor, el acceso a la justicia y el reconocimiento que se les ha otorgado como legítimos dueños de este territorio.

Ernesto Rábago Martínez fue un defensor de derechos humanos que entregó su vida por esta causa, con el objetivo de transformar la realidad que viven las comunidades indígenas de Baquéachi. Razón por la cual, siempre se le recordará con amor y respeto, como el compañero, amigo y hermano que Ernesto siempre supo ser para las comunidades indígenas a las que acompañó.