SE CUMPLEN 10 AÑOS DEL ASESINATO IMPUNE DE ERNESTO RÁBAGO, DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS DE PUEBLOS INDÍGENAS EN CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 2 de marzo de 2020.- El día de hoy, a 10 años del asesinato impune de Ernesto Rábago Martínez, un contingente rarámuri proveniente de las comunidades indígenas de Baquéachi, Chinéachi y Bakuséachi, marchó desde la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús hacia la Fiscalía General del Estado y de ahí rumbo a la Cruz de Clavos, memorial de la impunidad frente a Palacio de Gobierno, para demandar justicia y castigo a los culpables.

Ernesto Rábago fue un abogado y defensor de derechos humanos que, junto a su esposa Estela Ángeles Mondrágon, a través de la asociación Bowerasa A.C., acompañó a diferentes comunidades indígenas en la defensa de su territorio, entre las que se encuentra la del ejido rarámuri de Baquéachi, municipio de Carichí..

Desde sus inicios, las acciones legales para la recuperación del territorio de Baquéachi suscitaron amenazas y agresiones contra Estela Ángeles y representantes de la comunidad, además de fallidos intentos de soborno. En el mes de marzo de 2009, las instalaciones de Bowerasa en la ciudad de Chihuahua fueron incendiadas con dos bombas molotov. Casi un año después, en febrero de 2010, la hija de Estela  fue víctima de un intento de homicidio.

A pocos días de este suceso, el 1 de marzo de 2010, Ernesto Rábago fue asesinado en las oficinas de dicha organización, como un hecho que se vincula directamente a las acciones jurídicas y a las movilizaciones pacíficas que emprendió como parte de su representación legal hacia la comunidad rarámuri. Diez años después, las autoridades siguen sin esclarecer su asesinato, por lo que tampoco se han aprehendido ni se ha dado castigo a los culpables. 

Desde 1927, la comunidad indígena de Baquéachi emprendió la lucha por la defensa de su territorio, mismo que abarca una extensión de 44 mil 784 hectáreas y que, a lo largo de los años, ha sufrido una serie de invasiones. Ganaderos del municipio de Nonoava les despojaron de 7 mil 800 hectáreas; mientras que ganaderos de Carichí terminaron por arrebatarles alrededor de 25 mil hectáreas.

Después de cerca de 25 años de litigio agrario, la abogada Estela Ángeles, de la mano de la comunidad indígena de Baquéachi, ha logrado recuperar más de 21 mil hectáreas de su territorio. En añadidura al asesinato de Ernesto y el atentado contra su hija, la abogada ha sido víctima de amenazas, agresiones, campañas de desprestigio y acciones legales que buscan criminalizar su labor, debido a los intereses económicos que su legítima defensa del territorio rarámuri ha trastocado.

El más reciente de estos ataques se suscitó en julio de 2019, cuando se interpusieron dos denuncias penales en su contra con falsas en infundadas acusaciones, a lo cual se sumó una campaña mediática de descrédito. Lo anterior, pese a que la abogada cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y es beneficiaria del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Hoy, tras casi 15 años de defensa legal por parte de la asociación civil Bowerasa, encabezada por Estela Ángeles, y a pesar de las constantes amenazas y agravios de los invasores, la comunidad indígena de Baquéachi celebra las sentencias dictadas a su favor y el reconocimiento que se les ha otorgado como legítimos dueños de su territorio. Exigen además que la injusticia no sea eterna: que se esclarezca y se de castigo a los culpables del asesinato de Ernesto Rábago.

FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS DE LA ENTIDAD SE REÚNEN CON LAS COMISIONES DE BÚSQUEDA ESTATAL Y NACIONAL

Chihuahua, Chih., a 25 de enero de 2020. El día de hoy, en un encuentro convocado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDHEM), más de 100 familiares de personas desaparecidas provenientes de los municipios de Chihuahua, Cuauhtémoc, Balleza, Buenaventura, Guadalupe y Calvo, Hidalgo del Parral, Jiménez, Matamoros, Namiquipa y Valle de Allende, se reunieron con Laura Moreno, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, y Enrique Irasoque, Director General de Acciones de Búsqueda y Procesamiento de Información de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Las familias expusieron sus casos y los problemas a los que se han enfrentado en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Denunciaron los trámites burocráticos e irresolubles por los que atraviesan; la atención inadecuada y los malos tratos a los que se enfrentan; la falta de apoyos económicos para dar continuidad al proyecto de vida de sus familias; el exceso de retórica, la falta de compromiso y ejecución de acciones concretas, así como la simulación e inacción; pero sobre todas las cosas, la ausencia de suficientes diligencias de búsqueda por parte de las autoridades.

Mencionaron que no hay resultados “porque no hay esfuerzos de investigación y búsqueda en vida o muerte. Para nosotras las familias no hay tiempo que perder porque cada día que pasa, la esperanza desaparece. Actúen: hagan rastreos y búsqueda en vida”. Las y los presentes expusieron que la tragedia de tener un ser querido desaparecido, aunado a todos los obstáculos por los que deben atravesar en el proceso de búsqueda, hace que su salud física y mental se vean severamente comprometidas.

Enrique Irasoque habló sobre la próxima implementación del Programa Nacional de Búsqueda y del Programa Regional de Búsqueda para la zona noreste del país, que buscarán homologar criterios y procedimientos para alinear la implementación de buenas prácticas en la materia. Mencionó el Reporte de Personas Desaparecidas, una plataforma en línea que se alimenta con la información que proporcionan las familias y las autoridades que dan seguimiento a cada caso en particular.

Añadió que la Comisión Nacional de Búsqueda tiene el compromiso de apoyar y respaldar las acciones de búsqueda implementadas por el Gobierno del Estado de Chihuahua. Agregó que para el año en curso, la Comisión cuenta con un presupuesto de 400 millones de pesos en subsidios, dinero que de manera directa se puede otorgar a las comisiones locales, así como a proyectos específicos en la materia, como el Centro Regional de Identificación Humana en el estado de Coahuila.

Por su parte, Laura Moreno mencionó que la Comisión Estatal de Búsqueda presentará su proyecto de solicitud en cuanto se hagan públicos los nuevos lineamientos para el otorgamiento de estos subsidios. Durante su intervención, la comisionada presentó los resultados de las 93 intervenciones o acciones de búsqueda realizadas durante el año 2019 en municipios como Carichí, Chihuahua, Janos y Nuevo Casas Grandes, a partir de las cuales, se logró dar con el paradero de 20 personas desaparecidas sin vida, una con vida, y se localizaron fragmentos de restos óseos de cuatro personas.

Al finalizar el encuentro, la Comisión Estatal y la Comisión Nacional de Búsqueda se comprometieron a: 1) Incluir a las familias y sus representantes del CEDEHM en el diseño del Plan Estatal de Búsqueda; 2) Realizar una reunión a principios del mes de febrero en el municipio de Guadalupe y Calvo, en el que existe un preocupante número de personas desaparecidas que no cuentan con denuncia de desaparición debido al miedo de las familias; 3) Establecer reuniones periódicas para dar seguimiento e informar sobre el avance y resultados de los compromisos adquiridos.

El Presidente López Obrador recibe peticiones de familiares de personas desaparecidas y víctimas de desplazamiento forzado, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua

Nuevo Casas Grandes, Chih., a 11 de enero de 2020. El día de hoy, una representación de colectivos de familiares de personas desaparecidas y víctimas de desplazamiento forzado, que son acompañados por las organizaciones del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), acudieron al municipio de Nuevo Casas Grandes en Chihuahua, para encontrarse con el Presidente López Obrador y solicitarle medidas concretas de atención y respuesta frente a estas problemáticas. El mandatario, se encontraba en el lugar, en el marco de su visita a esta entidad federativa.

Las familias de personas desaparecidas, solicitaron concretamente la necesidad de que exista una verdadera coordinación entre la federación y el estado de Chihuahua para la investigación de los casos, y la búsqueda de sus seres queridos; además, pidieron la creación de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad que permita la participación de expertos y expertas extranjeras en las indagatorias. Dentro de este colectivo, se encontraban integrantes de la familia Alvarado, caso por el cual el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2018, por la participación del Ejército Mexicano en la desaparición forzada de tres personas en diciembre de 2009.

La familia Alvarado y sus representantes del CEDEHM solicitaron el cumplimiento íntegro de la sentencia de la Corte Interamericana, además de denunciar que la Secretaría de la Defensa Nacional se ha negado a participar en las reuniones sobre el cumplimiento de la misma y de la renuencia de esa institución para participar en el acto público de reconocimiento de responsabilidad, tal como expresamente lo ordena la sentencia.

Por su parte, las demandas de las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, solicitaron al titular del Ejecutivo la creación de políticas públicas que respondan a la serie de violaciones de derechos humanos que resultan de vivir en esta condición. Especialmente solicitaron la participación de la federación para la pacificación de la Sierra Tarahumara que les permita regresar a sus hogares y, mientras eso sucede, que se implementen medidas para que puedan reubicarse en condiciones dignas, esto incluye salud, educación, vivienda y desarrollo económico.

A la llegada del Presidente al lugar donde tenía programada una reunión, los colectivos se acercaron para hacerle entrega de un documento que contenía las principales demandas de las familias que los integran; el mandatario escuchó a las personas, recibió el documento y aseguró que se daría seguimiento a las peticiones.

comunicacion@cedehm.org.mx

VACANTES ENERO 2020

A 10 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA ALVARADO Y A UN AÑO DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA DE LA CORTE IDH, HAY NULOS AVANCES EN EL CASO

Chihuahua, Chih., 07 de enero de 2020. El 29 de diciembre de 2009, en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, fueron desaparecidos Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado por elementos del ejército mexicano. Desde entonces, sus familiares han buscado su paradero y han exigido justicia en el caso.

El caso ha sido tan paradigmático que el 20 de diciembre de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó la sentencia condenatoria en la que resolvió que el Estado mexicano había desaparecido a las víctimas, que era responsable del desplazamiento forzado de varios de sus familiares, así como de la impunidad en el caso y de la falta de protección ante amenazas e incidentes de seguridad. El tribunal interamericano ordenó, entre otras medidas de reparación, a buscar a las víctimas, sancionar a los responsables, reubicar a las familias desplazadas, brindar acompañamiento psicológico a las familias, realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional, publicar la sentencia en diferentes medios escritos y electrónicos, avanzar un registro de personas desaparecidas, avanzar en capacitaciones a fuerzas armadas y pagar indemnizaciones.

Al día de hoy, el Estado mexicano no ha cumplido en su totalidad ninguna de las reparaciones ordenadas por la Corte IDH. Peor aún: a principios de 2019 se llevó a cabo una reforma constitucional que permitió la creación de la Guardia Nacional. Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), autoridad fundamental en el cumplimiento de la sentencia, se ha rehusado a participar en las reuniones de implementación, así como en el otorgamiento de información sustancial para varias medidas de reparación como lo es la búsqueda de las víctimas, el avance en las investigaciones y las capacitaciones adecuadas.

Adicionalmente, el pasado 19 de diciembre, la Corte IDH notificó a las víctimas que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Embajada de México en Costa Rica, había presentado un escrito mediante el cual no quiere hacer el pago de la indemnización de una de las víctimas haciendo alegaciones de derecho interno basado en normativa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para hacer el pago ordenado por el tribunal interamericano.

El actuar de la SRE es desafortunado e ilegal, en tanto el Estado mexicano contaba -si lo consideraba pertinente- con noventa días para presentar una interpretación de sentencia, lo cual no hizo.  El hacerlo un año después de notificada la sentencia no solo es extemporáneo y deja en desprotección a las víctimas, sino que justifica el incumplimiento de la sentencia en disposiciones de derecho interno, incumpliendo flagrantemente con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y con el artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En definitiva, el actuar del Estado mexicano en el presente caso se ha caracterizado por una excesiva burocracia, falta de coordinación, obstaculización flagrante de algunas autoridades y una lentitud que revictimizan a las familias.

De acuerdo con la sentencia emitida el 28 de noviembre de 2018 y notificada el 20 de diciembre siguiente, el Estado mexicano contaba con un plazo de un año para informar del cumplimiento de cada una de las medidas ordenadas en la sentencia. Las familias esperamos esa información, así como la estricta supervisión de cumplimiento por parte de la Corte IDH para que el actuar actual de las autoridades mexicanas no sigan revictimizando a las familias.

Han pasado 3,661 días desde una noche en que varios soldados detuvieron y desaparecieron a Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene. No obstante, el paso del tiempo no puede borrar de las memorias de sus familiares la ausencia, el miedo, la desesperación por no saber dónde están, el crecer sin padre y madres, sin hermanas y sin hijas e hijo. Hoy más que nunca, los rostros de las tres víctimas desaparecidas siguen en la memoria de sus familiares, quienes exigen al Estado que cumpla a cabalidad y prontamente con esa justa expectativa.

SE REALIZA CON ÉXITO EL FORO PARA VISIBILIZAR LOS DERECHOS CIBERNÉTICOS Y SEXUALES DE LA ADOLESCENCIA Y LA NIÑEZ

Chihuahua, Chih., a 17 de diciembre de 2019. El día de hoy tuvo lugar el “Foro para visibilizar los derechos cibernéticos y sexuales de la adolescencia y la niñez”, consistente en tres conferencias y un conversatorio, organizado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), con el financiamiento de Sigrid Rausing Trust.

El evento tuvo por objetivo generar un espacio para visibilizar los ciberdelitos sexuales de los que pueden ser víctimas niñas, niños y adolescentes; evidenciar los riesgos a los que se encuentran expuestas/os e informar sobre los mecanismos de prevención en la materia, para evitar que sean víctimas de la comisión de un delito. 

Para este evento se contó con la participación de Alexandra Argüelles, integrante del equipo de comunicación e incidencia de Derechos Digitales, una organización de alcance latinoamericano que tiene por objetivo el desarrollo, la defensa y la promoción de los derechos humanos en el entorno digital. Argüelles abrió el foro con la conferencia titulada “Riesgos y seguridad digital para la niñez y adolescencia”.

Alexandra mencionó que “los derechos que comúnmente están en juego cuando hablamos de los derechos digitales, son los de la libertad de expresión y privacidad”. También recalcó que “necesitamos leyes que reflejen las realidades que actualmente vivimos y no tipos penales rígidos”.

Enseguida se tuvo la intervención de Alicia Vargas, integrante del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, e integrante del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).  Vargas, quien también es Directora General del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social (CIDES I.A.P.), presentó la ponencia “Perspectiva de género y niñez en los ciberdelitos”.

Alicia indicó que las niñas, niños y adolescentes “son sujetos activos de derechos humanos y debemos dotarles de información para ejercer con autonomía”, además de garantizar su participación en la creación de políticas públicas y tomar en cuenta su opinión para la toma de decisiones. Agregó que “este mundo se ha conectado a través de las redes sociales, por lo que no podemos seguir tratando estos temas como hacíamos hace 20 años. Con todos estos cambios, se resignifican los derechos humanos”.

Para la tercera conferencia se contó con la participación de Ana Baquedano, activista por el respeto a la intimidad y co-fundadora de Respeto y Educación Digital en Sexualidad (REDES), una asociación civil orientada a promover el respeto a la intimidad en temas de difusión no consentida de imágenes y videos íntimos y de sextorsión. Baquedano encabezó la charla titulada “Perspectiva e impactos en las víctimas de ciberdelitos sexuales”.

Ana subrayó que el verdadero error en el sexting radica en hacer aquello que se realiza sin el consentimiento de la otra persona. Añadió que “no sabes a quién culpar cuando comparten tus fotografías, la sociedad no te respalda, así que acabas culpándote a ti misma”. Sin embargo, enfatizó que la vergüenza sólo le corresponde a las personas que comparten fotografías íntimas sin el consentimiento de la otra parte, situación que además constituye un delito.

Hacia el final del evento se llevó a cabo un conversatorio entre las ponentes, en el que ahondaron y compartieron con el público más información en todo lo relativo a los derechos cibernéticos y sexuales, así como herramientas y mecanismos para prevenir y denunciar los ciberdelitos en la materia. 

El foro estuvo dirigido a operadoras y operadores del Sistema de Justicia, del Poder Legislativo, a funcionariado público, a integrantes de organizaciones de la sociedad civil, a profesionales y estudiantes de leyes, así como a público en general con interés en la materia.

A NUEVE AÑOS DEL ASESINATO IMPUNE DE MARISELA ESCOBEDO

POSICIONAMIENTO DE ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS

Chihuahua, Chih., a 16 de diciembre de 2019. Hace nueve años se suscitó el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, una madre que días antes había iniciado una huelga de hambre frente a Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua, en la exigencia de verdad, justicia y reparación por el feminicidio de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo. Al día de hoy, han pasado 3 mil 285 días sin justicia para Marisela; 4 mil 126 para Rubí.

Hoy 16 de diciembre de 2019, nos convocamos aquí, en el marco del noveno aniversario de asesinato de Marisela Escobedo, con dos propósitos concretos: recordar y demandar.

Así, recordamos:

- El amor, la tenacidad y la fuerza de la lucha de Marisela por un Chihuahua libre de violencia feminicida y con ella a todas las otras ‘Mariselas’ que en esto se han gastado la vida;

- La dignidad de las y los defensores de derechos humanos que en su exigencia de justicia han sido asesinados;

- Que el sistema de justicia le falló a Marisela Escobedo y sigue fallando a las víctimas, quienes son las principales investigadoras, en un país que mantiene índices de impunidad de más del 98 por ciento;

- Que en el estado de Chihuahua y en todo el territorio nacional, como a Rubí, a las mujeres les violentan, agreden y asesinan por el hecho de ser mujeres y la respuesta de los gobiernos no ha sido ni cerca, suficiente;

- Que esta sociedad, la nuestra, como lo dijera la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de Campo Algodonero: la nuestra, es una sociedad en donde prevalecen y se perpetúan condiciones que favorecen un modelo de supra-subordinación de las mujeres a los hombres.

- Que los gobiernos no tienen la voluntad o la capacidad para implementar una política pública sobre el desplazamiento forzado de las personas, familias y comunidades enteras que se ven obligadas a abandonar su vida por condiciones extremas, como lo fue el caso de la familia de Marisela Escobedo, a quienes el estado fue incapaz de proteger.

Sobre todo recordaremos hasta que se haga justicia, que el estado de Chihuahua en estos hechos tiene responsabilidad:

1. En el feminicidio de Rubí por no garantizarle una vida libre de violencia y no sancionarlo.

2. En el asesinato de Marisela porque ella se puso en riesgo por realizar la labor que le correspondía al gobierno, porque no se le protegió y porque su muerte se mantiene impune.

3. Por el auto exilio de la familia Escobedo, frente a la incapacidad de protegerles o garantizarles el retorno seguro.

Entonces, estamos aquí para demandar, demandamos justicia, verdad y reparación integral que incluya medidas de no repetición para:

- Que se erradique la violencia feminicida.

- Que se proteja a todas las personas que como vocación elegida y por tragedia impuesta, buscan justicia.

- Que a la sociedad en su conjunto, se nos garantice el derecho a la verdad, esto implica investigaciones eficaces y no fabricación de culpables.

Demandamos sanción para todas las personas responsables de que se sigan perpetuando las violaciones de derechos humanos sufridas por Rubí, Marisela, su familia.

¡Porque justicia para Marisela, es justicia para todos y todas!

Antecedentes

Marisela tenía 52 años cuando fue cobardemente asesinada. Hasta sus 48 años, se había dedicada a sus hijos e hijas, a su vocación de enfermera y siguiendo su espíritu de emprendedora. Fueron los últimos cuatro años de su vida, los que marcaron para siempre la historia de Chihuahua, del sistema penal acusatorio en México y los que evidenciaron al mundo la impunidad imperante en nuestro país.

Marisela se convirtió en la principal investigadora de la desaparición de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo ocurrida en agosto de 2008. Gracias a las evidencias recabadas por ella, se pudo determinar que Rubí fue asesinada por su pareja, Sergio Rafael Barraza Bocanegra quien ya había huido de Chihuahua; Marisela logró ubicarlo y gracias a esto pudo ser detenido para enfrentar un juicio en el recién estrenado Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Durante la declaración de Marisela en el juicio contra Sergio, explicó que estaba ahí porque quería que el feminicidio de su hija fuera el último en Chihuahua. El Tribunal absolvió y liberó al asesino confeso.

En segunda instancia, se logró una sentencia condenatoria, pero Sergio Rafael ya no estaba detenido, entonces Marisela comenzó una tenaz lucha para exigir la aprehensión del asesino de su hija.

Recorrió el país, encabezó marchas, realizó múltiples protestas, se reunió con autoridades de diferentes niveles, encontró por su cuenta a Sergio en tres ocasiones y demandó su detención, confrontó al Gobernador, denunció la colusión entre autoridades y el narcotráfico, enfrentó amenazas de muerte de la familia del asesino, advirtió que sería asesinada si no hacían nada para protegerla y que su muerte sería la vergüenza del Gobierno.

La noche del 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo Ortiz fue asesinada en las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua.