lunes, 11 de mayo de 2020

Intolerable la negación, invisibilización e inacción frente a la violencia feminicida en México


●         Gobierno  federal debe revisar las políticas de prevención, atención y sanción para atender la violencia contra las mujeres y niñas.

●         Urgente la implementación de acciones con perspectiva de género que disminuyan la violencia contra las mujeres y niñas en medio de la pandemia de COVID 19.

●         CONAVIM, ausente, insensible e inoperante.

Mayo 11 2020.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) expresa su rechazo a la negación de la violencia contra las mujeres en tiempos de cuarentena y advierte la omisión e inoperancia de instituciones federales, lo que podría agudizar la violencia que viven mujeres y niñas mexicanas.

En días pasados , el Presidente de la República aseguró que “no ha aumentado la violencia contra las mujeres en cuarentena, hay mucha fraternidad familiar”, sin embargo el 8 de marzo las manifestaciones masivas evidenciaron la gravedad de la violencia contra las mujeres y que ésta se presenta tanto en el ámbito público a través de la violencia comunitaria, como en el ámbito privado, a través de la familia y por parte de personas cercanas a ellas.

El propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el 25 de abril de este año, informó que de enero a marzo han sido asesinadas 960 mujeres, de los cuales solo 240 de los casos se han investigado como feminicidio.

Como OCNF, red nacional conformada por 44 organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 24 estados de la República, hemos identificado que el confinamiento coloca a las mujeres, niñas y adolescentes en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Tan solo en el primer trimestre del año, las propias autoridades federales registraron 67 mil ochenta y un llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres: 19,183 en enero, 21,727 en febrero y 26,171 en marzo, es decir: 56% más que en el primer trimestre de 2019, en el que se registraron 42,896. Es decir, un aumento de 24 mil 185 llamadas de emergencia. Este número refleja solamente a las mujeres víctimas de violencia que pudieron hacer una llamada (pues están conviviendo con el agresor, quien suele incomunicar a la mujer y a menudo confiscarles el teléfono).

Las llamadas, fueron confirmadas por el SESNSP como reales y son relacionadas con violencia familiar, violencia de pareja, violación, abuso sexual, acoso y hostigamiento sexual.

Por otra parte, de acuerdo con la Red Nacional de Refugios A.C. “los 69 espacios de prevención, atención y protección con los que cuenta se encuentran al 80 o hasta el 100% de su capacidad y no se han proporcionado recursos extraordinarios para que hagan frente a la contingencia sanitaria”.

En el caso de los feminicidios, el promedio de mujeres que han sido asesinadas en lo que va del año es de 10.54 mujeres al día.

Frente al contexto de la pandemia del Coronavirus, el OCNF ha documentado que debido al confinamiento la violencia contra las mujeres se ha agudizado.

Al quedarse sin trabajo, la mayoría de las familias viven contextos de preocupación, falta de empleo, falta de alimentos, economías precarias, etc. lo que incrementa la vulnerabilidad de las mujeres y niñas al enfrentar diferentes tipos de violencia, como: económica, psicológica, emocional, física, sexual e incluso feminicida.

A ello, se añade la imposibilidad de que puedan denunciar las agresiones en su contra. Y quienes se atreven a ir enfrentan la negación de las autoridades para tomarles la denuncia. Hemos documentado también el incumplimiento de obligaciones de las pensiones alimenticias, sustracción de menores, retos, incumplimiento y riesgo para el cumplimiento de la guardia y custodia de menores.

A pesar de este preocupante contexto, la CONAVIM, una de las instituciones encargadas de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, prevalece ausente, insensible e inoperante. Evidencia de ello es que más que acciones estructurales, contundentes y tangibles en esta cuarentena, ha difundido la información que fomenta y reduce a las mujeres a la realización de acciones que reproducen los estereotipos de género como la difusión de recetas de cocina, la responsabilidad de los cuidados familiares, etc. en vez de tener una intervención estratégica conforme a su mandato de atender, prevenir y sancionar la violencia feminicida, que va en aumento a nivel mundial.

Lo anterior evidencia que la CONAVIM no dimensiona la problemática o simplemente no le interesa abonar para contribuir a disminuir la violencia que atenta contra la vida de más del 50% de la población, lo cual es su deber fundamental.

Cabe recordar que el 84% de las entidades del país ha solicitado la Declaración de Alertas de la Violencia de Género, es decir 28 estados y formalmente el 62 % del territorio nacional se ha declarado en Alerta de Violencia de Género por la propia Secretaría de Gobernación.

A pesar del evidente contexto de violencia feminicida en México, desde inicios de este año, diferentes actores políticos como el Fiscal General de la República (FGR) o el Titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), han manifestado la intención de modificar el tipo penal de feminicidio, proponiendo incluso su desaparición, lo que significa un brutal retroceso.

Ante una doble pandemia actual, que vulnera aún más a las mujeres, como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales:


●         Generen mecanismos de fácil y urgente acceso a las órdenes de protección para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres mexicanas.

●         Impulsen medidas urgentes y extraordinarias para que las mujeres, sus hijas e hijos prevalezcan en sus casas  mientras  que sus agresores salgan de los hogares para frenar dicha violencia, ya que muchas   veces no tienen alternativas, redes familiares o si las encuentran, se exponen a contagiarse de Coronavirus.

●         Realicen rondines constantes en comunidades y ciudades, particularmente en los domicilios de las mujeres que cuentan con órdenes de protección.

●         Difundan de diversas formas y medios el nombre, contacto, dirección y horarios de atención de las instancias encargadas de atender a las mujeres víctimas de violencia, tomando en cuenta la perspectiva intercultural, para que pueda ser accesible a la mayoría de las mujeres.

●         Etiqueten presupuestos adicionales para atender los impactos negativos de la pandemia en la vida de las mujeres e infantes. Reprobamos cualquier intento de reducción a los presupuestos destinados para atender a las mujeres que sufren violencia como el negado a las Casas de las Mujeres Indígenas (CAMI) el pasado 3 de abril 2020.

●         Den a conocer las acciones que están implementando para combatir la violencia comunitaria.

●         Exhortamos a los operadores de justicia a continuar las audiencias, aunque sea de manera virtual, pues lo que estamos viviendo no es un periodo vacacional. Es necesario que encuentren los métodos necesarios y seguros para no postergar el acceso a la justicia de las mujeres.

●         Exigimos a la CONAVIM  haga  público  el  plan  de acción que emprenderá para atender a las mujeres en el contexto de  la  pandemia del Coronavirus. Es necesario que a la brevedad informe el estado actual de la implementación de las 20 Alertas de Violencia de Género (AVG) declaradas y las 6 que están pendientes. Es importante dar seguimiento a las AVG y que las reuniones de los Grupos Interinstitucionales y Multidisciplinario (GIM) se realicen, al menos por internet, para evitar continuar abonando a la prevalencia de la violencia feminicida en México.

●         Exigimos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas atiendan de manera prioritaria a las víctimas tomando en cuenta el contexto actual que enfrentan familias enteras.

●         Garanticen el acceso a la Norma 046 para que el derecho a decidir de las mujeres sea garantizado.

●         Hacemos un llamado a la Cámara de Diputados/as y al Senado de la República que las modificaciones al tipo penal del feminicidio y a la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) sean progresivas y sin retrocesos.

●         A las mujeres feministas y defensoras de los derechos humanos en distintos espacios de gubernamentales de poder, les pedimos incidir para que los derechos de las mujeres no sean vulnerados y violentados.

Como OCNF hemos documentado ataques y agresiones contra defensoras de los derechos de las mujeres en este contexto, por lo que exigimos garantías de seguridad y acciones de prevención para que las medidas implementadas en el marco del COVID no restrinjan las garantías individuales como defensoras ni de las personas que acompañamos.

Asegurar que “hay mucha fraternidad familiar” significa mitificar la violencia y  reproduce  estereotipos  de género que tienen a las mujeres en la opresión y las acciones  que  las  autoridades  implementen  pueden  marcar la diferencia entre la vida y la muerte, por lo que es necesario que el Gobierno Federal y  las/los servidores públicos del país dimensionen que la violencia feminicida también es una situación grave y urgente.

ATENTAMENTE

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) conformado por:

Aguascalientes: Observatorio de Violencia Social y de Género Aguascalientes;

Baja California: Mujeres Unidas: Olympia de Gouges;

Campeche: Observatorio de Violencia Social y de Género;

Chiapas: Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas AC-COLEM;

Chihuahua: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Mujeres por México en Chihuahua; Nuestras Hijas de Regreso a Casa; Justicia para Nuestras Hijas; Red Mesa de Mujeres de Juárez;

Colima: Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental;

Ciudad de México: Católicas por el Derecho a Decidir; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Red Mujer Siglo XXI; Justicia Pro Persona A.C.; Justicia Derechos Humanos y Género; Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM;

Estado de México: Visión Mundial de México; Red de promotoras de Ecatepec; Familiares en búsqueda de Justicia del Estado de México;

Hidalgo; Servicios de Inclusión Integral AC SEIINAC; Guanajuato: Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”; Guerrero: OBVIO Guerrero AC;
Jalisco: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-México);

Morelos: Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C.;

Nuevo León: ARTHEMISAS por la Equidad, A.C.;

Oaxaca: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi; Colectivo Bolivariano; “Yureni” A.C;.

Puebla: Programa de Género y VIH Dirección del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J;

Quintana Roo: Maya sin Fronteras;

Sinaloa: Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.; Frente Cívico Sinaloense;

Sonora: OCNF Sonora;

Tabasco: Asociación Ecológica Santo Tomás; Comité de Derechos Humanos de Tabasco;

Tlaxcala: Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local; Colectivo Mujer y Utopía, A.C.;

Veracruz: Red Nacional de Periodistas;

Yucatán: Ciencia Social Alternativa, Observatorio Ciudadano Nacional de Violencia A.C.;

Zacatecas: Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas. A C;


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Para mayor información:
Atziri Ávila
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). Cel./Whatsapp: 951 253 6082 ocnf@observatoriofeminicidiomexico.org
TW: @OCNF
FB: OCNFeminicidioMéxico Instagram: OCNFeminicidioMéxico

domingo, 10 de mayo de 2020

NOVENA MARCHA DE LA DIGNIDAD NACIONAL: MADRES BUSCANDO SUS FAMILIARES DESAPARECIDOS, BUSCANDO LA VERDAD Y LA JUSTICIA



La búsqueda no debe parar
10 de mayo del 2020

Nuevamente este 10 de mayo nos movilizamos a nivel mundial, madres y familiares de personas desaparecidas en México. En medio de la emergencia sanitaria, no dejaremos de sumar nuestras voces, nos pronunciamos desde cada rincón del país, para seguir exigiendo el regreso a casa de todas las personas desaparecidas, verdad, justicia y garantía de no repetición.

El país entra en esta contingencia a la par de estar enfrentando desde hace muchos años otra gravísima emergencia, las más de 61 mil personas desaparecidas, los más de 37 mil cuerpos sin identificar y una dinámica de desaparición que continúa cotidianamente.

La priorización de las medidas para contener la pandemia no puede dejar de lado la importancia de continuar la búsqueda para regresar a casa a todas nuestras personas desaparecidas, por lo que la búsqueda e investigación que lleve a la localización de personas desaparecidas, debe ser declarada una actividad esencial en todo el país.

Entendemos la búsqueda como las diversas acciones necesarias para lograr su pronta localización, la verdad y la justicia, por ello, demandamos al Estado mexicano que:

•  Se garantice una efectiva búsqueda inmediata.
•  La Fiscalía General de la República, en su unidad de investigación de Desaparición Forzada, y las Fiscalías Estatales, intensifiquen la revisión de expedientes y análisis de contexto y fortalezca todas las bases de datos. También, que se realice un mapeo geográfico de fosas y hallazgos para establecer rutas de búsqueda inmediata y la confronta de perfiles genéticos con hallazgos estatales y nacionales, entre otras labores necesarias.
•  Avanzar sustantivamente en la implementación de la Ley General de Desaparición en los estados
•  La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Comisiones Estatales y Congresos locales, avancen en los diversos procesos de armonización legislativa nacional y local
•  Se presente a la brevedad la base de datos y metodología del Registro Nacional de Personas desaparecidas
•  Se resuelvan ya las condiciones para el funcionamiento del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense

Estas exigencias deben cumplirse con un enfoque de derechos humanos, con la participación real y efectiva de las familias, con enfoque diferenciado en la búsqueda, la debida coordinación interinstitucional y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.

Esta crisis sanitaria remarca los graves problemas de inequidad, desigualdad e injusticia social expresados en la violación a los derechos sociales y otros. Estamos llamadas a sumar esfuerzos para transformar esta realidad hacia la construcción de un mundo con justicia y dignidad para todas y todos, en el que no exista más la desaparición de personas.

Así, en medio de esta pandemia por el COVID-19, nos hemos mantenido organizadas, y en este día tan significativo, nos movilizamos para reiterar nuestras exigencias, así como lo hemos hecho desde hace 9 años cuando las organizaciones de familiares y ONGs del norte del país, nos convocaron a marchar por la presentación de nuestros seres queridos.

El corazón de nuestra lucha ha sido la exigencia de buscar a las personas desaparecidas desde los años 60 en México y Centroamérica, y hoy desde nuestras distintas trincheras, dentro y fuera del país, caminamos de otras maneras, con los corazones en marcha alzando la voz, porque no estamos completas y la búsqueda no debe parar.

¡Hasta encontrarles!

Atentamente
Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México
Integrado por más de 60 colectivos de familiares de personas desaparecidas, provenientes de 22 entidades federativas de México y tres países de Centroamérica.
Colectivos de familiares:
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM-FEDEFAM (Guerrero); Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California (Baja California); Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES; Buscando Desaparecidos México, BÚSCAME; Colectivo BCS Sin ellos No AC (Baja California Sur); Colectivo Con Justicia y Esperanza de San Luis de la Paz (Guanajuato); Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz; Colectivo 21 de Mayo (Tamaulipas); Colectivo Colibrí (Estado de México); Colectivo Uniendo Esperanzas (Estado de México); Buscándote con Amor Estado de México (Estado de México); Uniendo Cristales, A.C; Colectivo el Solecito de Veracruz; Colectivo Solecito Córdoba; Colectivo Solecito Cardel; Colectivo Solecito Tierra Blanca; Búsqueda Colectiva Coatzacoalcos Zona Sur (Veracruz); Colectivo Juntos por Hidalgo; Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, COFADDEM “Alzando Voces” (Michoacán); Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero (Guerrero); Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos A. C.; Comité de Familias Migrantes Desaparecidos del Salvador COFAMIDE (El Salvador); Comité-Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes “Junax Ko’otontik” (Chiapas); Colectivo Buscándote con Amor (Estado de México); Desaparecidos de El Fuerte y Zona Norte “Las Rastreadoras” (Sinaloa); Desaparecidos Justicia, A.C. (Querétaro); Desaparecidos Querétaro; Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos (Estado de México); Familias Enlaces Xalapa (Veracruz); Familiares de Desaparecidos de Orizaba y Córdoba (Veracruz); Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C (Ciudad de México); Familiares acompañados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) (Chihuahua); Familiares de mujeres desaparecidas acompañados por el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC) (Chihuahua); Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia (Chihuahua); Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Jalisco); Familiares en Búsqueda María Herrera Poza Rica (Veracruz); Búsqueda María Herrera Xalapa; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos –Región Sureste (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México – Región Centro (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos – Región Laguna (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL); Grupo V.I.D.A. Víctimas por sus Derechos en Acción (Coahuila); Madres en Búsqueda Coatzacoalcos (Veracruz); Colectivo Madres Luna de Córdoba (Veracruz); Madres en Búsqueda Belén González (Veracruz); AFAMIDEG- Asociación de Familiares de Personas Migrantes Desaparecidas de Guatemala, A.C; COFAMIPRO- Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, Honduras; COFAMICENH- Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras;  Por Amor a Ellxs (Jalisco); Red de Madres Buscando a sus Hijos Veracruz; Red de Desaparecidos en Tamaulipas, A.C.; Justicia Tamaulipas A. C.; De frente hasta encontrarte A.C Tamaulipas; Siguiendo Tus Pasos, Colectivo de Familiares de Desaparecidos de Ensenada; Colectivo de Familiares y Amigos Desaparecidos en Tamaulipas; Madres Unidas por Nuestros Hijos San Fernando Tamaulipas; Red Eslabones por los Derechos Humanos: Eslabones Nuevo León, Eslabones Estado de México, Eslabones Morelos y Eslabones Michoacán; Red Nacional de Enlaces; Regresando a Casa Morelos; Rastreadoras por la Paz (Sinaloa): Colectivo Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos; Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos (Sinaloa); Sabuesos Guerreras, A.C. (Sinaloa); Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de los 70´s de Sinaloa; Una Luz de Esperanza (Sinaloa); Voces Unidas por la Vida (Sinaloa); Víctimas de la guerra sucia de los años 70´s; Familias Unidas en Busca de una Esperanza (Zacatecas); Familias Unidas por Nayarit, AC.; Guerreras Buscadoras de Sonora; Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros (Nayarit);  Zacatecanos por la Paz (Zacatecas); Unidas por el Dolor (Sinaloa); Organización Justicia Para Nuestras Hijas A.C.
Acompañado por 35 organizaciones de la sociedad civil de distintas entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México.

Pronunciamiento del colectivo de familiares de personas desaparecidas que acompaña el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), en el marco de la “IX Marcha por la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijas, hijos, verdad y justicia”


Hasta encontrarles

Chihuahua, Chih., a 10 de mayo de 2020

Con motivo de la celebración del Día de las Madres en México, desde hace nueve años, las familias de personas desaparecidas nos hemos organizado en esta fecha en la que no tenemos nada que festejar por la falta de nuestros seres queridos, para exigir búsqueda, verdad, justicia y reparación.

Las madres y familias de Chihuahua con personas desaparecidas, hemos viajado año con año a la Ciudad de México para marchar, denunciar y demandar una respuesta de las autoridades locales y nacionales.

En este 2020, debido a la contingencia de salud por coronavirus, no tomaremos las calles, pero mantenemos nuestros #CorazonesEnMarcha y a través de las redes sociales demandamos ser escuchadas: nos faltan nuestras hijas, hijos y seres queridos. El Estado tiene la obligación de dar con su paradero, de sancionar a los responsables y de reparar el daño de manera integral, lo cual debe incluir garantías para que no ocurran más desapariciones.

En nuestro país seguimos sin contar con cifras actualizadas sobre el número real de personas desaparecidas. Sin embargo, considerando los últimos reportes oficiales, el estado de Chihuahua tiene más de 3 mil personas desaparecidas.

Por todo esto, en este 10 de mayo el colectivo de familiares de personas desaparecidas del CEDEHM, denunciamos y demandamos al gobierno estatal y federal:
  • La búsqueda de las personas desaparecidas es un derecho de las familias y una obligación que el Estado debe cumplir, la cual no puede suspenderse ni disminuir, aún en contextos como los que atravesamos actualmente, con motivo de la emergencia de salud. 
  • Demandamos el fortalecimiento de la Comisión Estatal de Búsqueda y de las Unidades de Investigación encargadas, para que cuenten con los recursos humanos, técnicos y materiales suficientes que permitan la realización oportuna, adecuada y eficiente de su labor, y que considere el análisis de contexto.
  • Ante el incremento de casos de adolescentes y jóvenes desaparecidos desde finales de 2019 y principios de 2020, particularmente en la zona occidente del estado de Chihuahua, demandamos que se implementen acciones preventivas en coordinación con las autoridades municipales, para evitar que se sigan perpetrando estos hechos. Por otro lado, es indispensable que las investigaciones se realicen identificando los vínculos entre estos casos y considerando el contexto, de tal forma que la respuesta estatal no sea individual, sino que atienda al fenómeno de desapariciones en su conjunto. 
  • De acuerdo con la Ley General de Víctimas y con la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, las familias tienen el derecho a participar en el diseño e implementación de la política pública en esta materia, por lo que demandamos que se nos involucre en la creación del Plan Estatal de Búsqueda, así como en la revisión e implementación de los protocolos de búsqueda.
  • Nos unimos a las demandas del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
Porque las personas desaparecidas nos faltan a todas y todos, no descansaremos #HastaEncontrarles


miércoles, 6 de mayo de 2020

Presupuesto para la atención de mujeres que viven violencia durante la “Jornada de Sana Distancia”


6 de mayo del 2020
Carta abierta a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación
Asunto: Presupuesto para la atención de mujeres que viven violencia durante la “Jornada de Sana Distancia”
Distinguido Sr. Presidente de la República,
Distinguida Sra. Secretaria de Gobernación,
Quienes suscribimos la presente, nos dirigimos a ustedes, en su calidad de representantes de la población mexicana, para externar las incertidumbres que nos provocan  las medidas de austeridad publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2020.  Consideramos que las medidas de austeridad mencionadas podrían tener implicaciones en los programas orientados a garantizar los derechos humanos de las mujeres, particularmente aquellos destinados a la atención y prevención de las violencias.
Tal como la Secretaria de Gobernación ha reconocido, las violencias contra las mujeres han aumentado durante la “Jornada de Sana Distancia”. La información publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirma que durante el mes de marzo el número telefónico 911 registró 115,614 llamadas de emergencia de mujeres a nivel nacional, cifra que representa un incremento del 22.31% con respecto a febrero. , Es decir, en el mes de marzo el 911 recibió en promedio 155 llamadas cada hora diariamente.  

Cabe recordar que de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública[1] en los primeros tres meses de 2020 fueron asesinadas 960 mujeres y niñas, 240 de estos asesinatos están siendo investigados como feminicidios.

Recientemente, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reconoció un incremento alarmante de las violencias en contra de las mujeres a nivel global, al estar confinadas con parejas abusivas y agresoras. Por eso, enfatizó la importancia de que los Estados cuenten con servicios de atención y recursos adecuados y suficientes para ellas.
Cabe señalar que, desde el 2019, se ha reducido el presupuesto para programas sociales con enfoque de género, entre los cuales se encuentran el programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, el programa Salud materna, sexual y reproductiva, el programa para Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, entre otros.
A la fecha, de acuerdo a la Red Nacional de Refugios, AC los 69 espacios de prevención, atención y protección con los que cuenta se encuentran al 80 o hasta el 100 por ciento de su capacidad y no se cuenta con recursos extraordinarios para que los Refugios hagan frente a la contingencia sanitaria como lo son las Casas de Emergencia que permitirían mitigar la propagación del coronavirus dentro de los Refugios así como las Casas de Transición para aquellas mujeres que al finalizar su proceso no cuentan con opciones de vivienda y ahora menos ante el impacto económico que el COVID-19 representa para las mujeres.
Asimismo, preocupa que el 3 de abril el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) publicó que se suspende la entrega del recurso presupuestado en el PEF20202 para las Casas de las Mujeres Indígenas (CAMIS), con el argumento de que “no hay condiciones para los proyectos y para proteger a las beneficiarias”, lo cual es alarmante ya que las violencias contra las mujeres también afectas en las regiones indígenas.       
 Ante este panorama de considerable aumento de las violencias contra las mujeres durante las medidas de aislamiento social, es vital que las instituciones que les atienden se vean reforzadas para poder hacer frente al incremento de casos a los que se enfrentan. Siendo de suma importancia que estas tengan certeza en relación al presupuesto que tienen disponible para continuar operando, misma que no se ve reflejada en la redacción presentada en el decreto emitido el 23 de abril del 2020.
Del mismo modo, es de suma importancia que las medidas señaladas como programas prioritarios, en la fracción V del decreto en cuestión, sean gestionadas con la perspectiva de género debida. Por lo mismo, dichos programas deben incluir en su ejecución una visión de las afectaciones diferenciadas a las que hacen frente las mujeres durante la contingencia sanitaria. El enfoque de género no debe ser excluido de estos esfuerzos, presentar soluciones genéricas a situaciones de violencias y desigualdad exacerbadas por la situación actual sería inaceptable.
Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes solicitamos:
  1. Detallar qué programas presupuestarios están incluidos en el punto 38 del inciso V, del decreto emitido el 23 de abril 2020.
Particularmente, nos interesa saber si se incluyen programas orientados a la prevención y atención de las violencias contra las mujeres; si cuentan con el presupuesto necesario para seguir su operación durante la contingencia sanitaria, y aún después de ésta, dado que el decreto está vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. En caso de que no sea así, informarnos cuáles son las previsiones de recursos extraordinarios para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia durante esta pandemia.
  1. Claridad y transparencia sobre el monto y los mecanismos a través de los cuales se van a ejercer los recursos destinados a atender las violencias contra las mujeres durante y después de la contingencia sanitaria.
Cordialmente,
Amnistía Internacional México
EQUIS Justicia para las Mujeres
Fondo Semillas
Católicas por el Derecho a Decidir
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C.
Red Nacional de Refugios, A.C.
Comunicación e Información de la Mujer A.C.
Luchadoras
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.

viernes, 13 de marzo de 2020

PRESENTA EL CEDEHM REPORTE DE ANÁLISIS DE SENTENCIAS EN CASOS DE VIOLENCIAS DE GÉNERO



Chihuahua, Chih., a 13 de marzo de 2020. El día de hoy tuvo lugar la presentación del Reporte de análisis de sentencias en casos de violencias de género, elaborado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM) con el financiamiento de Fundación MacArthur y Misereor. En este documento se analizan 35 sentencias obtenidas por el CEDEHM durante el último año, se identifican algunos de los principales retos para garantizar derechos desde la función jurisdiccional y se reconocen precedentes que deben observarse como punto de partida en la materia.

En el reporte se analizan las 35 sentencias obtenidas dentro de los procesos representados en el periodo comprendido entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, la mayoría de las cuales, fueron favorables. También se hace una referencia especial a cinco de las 35 sentencias, por considerárseles de gran importancia por su alcance: al reconocer a niños y niñas como víctimas directas de la violencia en la pareja; por determinar medidas más amplias para la reparación del daño; por hacer visible el trabajo no remunerado en el hogar, y por juzgar con perspectiva de género.

El evento fue inaugurado con las intervenciones de Ruth Fierro y Ma. Fernanda Aquino, coordinadora general y coordinadora del programa de violencias de género del CEDEHM, respectivamente. En la presentación también participaron la magistrada Adela Alicia Jiménez Carrasco, los jueces Jaime Antonio Acevedo Maldonado y Gabriel Gerardo Reyes Zúñiga, así como Griselda Macías Zafiro, usuaria del CEDEHM.

Ruth Fierro recordó que las mujeres que deciden iniciar una acción legal para poner un alto a la violencia de la que son víctimas, han atravesado por una enorme cantidad de obstáculos de índole social, familiar y emocional. “Y la única razón por la que persisten es porque tienen la esperanza de tener justicia: justicia que se traduce en libertad, tranquilidad y reconocimiento a su dignidad”. 

Añadió que “las resoluciones y sentencias que emiten quienes administran justicia, disponen sobre las vidas y destinos de las personas sobre quienes éstas recaen”. Por ello, instó a juezas, jueces, magistradas y magistrados, a responder a la coyuntura histórica por la que actualmente atraviesa nuestro país y a cambiar radicalmente el concepto de justicia para las mujeres.

A partir de los hallazgos del reporte, Ma. Fernanda Aquino indicó que las autoridades continúan revictimizando a las mujeres por cuestiones de forma en los procedimientos, así como por una falta de sensibilidad y perspectiva de género durante el proceso judicial. Agregó que no se considera la vulnerabilidad de la víctima por razones de género, sino únicamente cuando la víctima es una niña o un niño. Refirió que cuando se violan los derechos humanos de las mujeres, se generan procesos sociales de exclusión, señalamiento y estigmatización para las víctimas.

Señaló que, en algunos casos, las autoridades competentes omiten incluir la totalidad de los delitos que las víctimas o las asesoras jurídicas solicitan. Resaltó la necesidad de que juezas y jueces valoren adecuadamente los hechos con relación a la tipificación de los delitos concernientes. Finalmente, destacó que cuando la imputada es una mujer, las autoridades juzgan con mayor dureza y con un sesgo basado en juicios de valor sobre el “deber ser” de las mujeres.

Adela Alicia Jiménez destacó que es necesario desechar estereotipos de género y aplicar los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Habló sobre la importancia de identificar en cada caso si existen o no cuestiones de poder, de detectar situaciones de desventaja entre las partes y de emplear un lenguaje que no esté basado en estereotipos ni prejuicios de género. Subrayó la necesidad de que quienes litigan y participan como defensoras(es) de los derechos de las mujeres, niñas, niños y grupos vulnerables, se capaciten en la materia, en aras de facilitar y contribuir a una correcta impartición de justicia.

Jaime Antonio Acevedo dijo que “tenemos que enfocarnos en garantizar justicia e igualdad verdaderas”. Entre otras cosas, enfatizó el deber de los tribunales para que, las medidas de protección que se adopten, así sean típicas o atípicas, obedezcan a las circunstancias de cada caso en particular y que cumplan con criterios fundamentales de necesidad, idoneidad y racionalidad, es decir, que efectivamente funcionen para prevenir o erradicar posteriores agresiones.

Gabriel Gerardo Reyes subrayó la importancia de identificar las situaciones de vulnerabilidad y de construir nuevos paradigmas. Recalcó la necesidad de cuestionar la neutralidad de las normas, por ejemplo, cuando una mujer está inmersa en un círculo de violencia cíclica y sistemática. Indicó que cuando quienes acusan no tienen perspectiva de género, los argumentos y evidencias del caso se presentan de manera errónea y se plantean con un doble parámetro o doble moral, lo que en última instancia revictimiza a las mujeres. En este sentido, recordó que las mujeres que han sido agredidas pueden volver a serlo en cualquier momento, y finalizó diciendo que “nunca se deberá perder de vista el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia”.  

Finalmente, Griselda Macías refirió las violaciones a los derechos humanos de las que ella y su hija fueron víctimas por parte de su agresor. Lamentó la falta de un trato digno en algunos de los procedimientos involucrados en el proceso de denuncia, aunque reconoció el trabajo en la integración de su expediente. Puntualizó que “desde el CEDEHM nos hicieron sentir que no estábamos solas”. Finalmente, refirió que se emitió una sentencia favorable para ella y su hija, por lo que se mostró agradecida hacia la jueza y hacia su abogada y representante legal.

Desde el CEDEHM se proporciona representación legal, acompañamiento psicosocial y psicoterapéutico, así como ayuda humanitaria o asistencia social a través del Programa de Violencias de Género, con el que actualmente se acompaña a 200 mujeres, niñas y niños que, en el ámbito de la representación legal, implica el litigio de más de 400 procesos en materia familiar y penal. En estos casos, el CEDEHM funge como denunciante o demandante, al igual que como defensa.

Nos comprometemos con los derechos humanos, el acceso a la justicia y el acompañamiento a mujeres, niñas y niños víctimas de violencias de género, en sus exigencias por una vida digna y libre de violencia. Buscamos sentar precedentes judiciales con base en estándares internacionales que sirvan de modelo para la impartición de justicia, que consideren la reparación integral del daño y que atiendan todos sus componentes: medidas de restitución, satisfacción, compensación y garantías de no repetición. En nuestro país aún existen importantes desafíos en la materia, por ello nos empeñamos en esta tarea.



lunes, 2 de marzo de 2020

POSICIONAMIENTO A 10 AÑOS DEL ASESINATO DEL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS ERNESTO RÁBAGO MARTÍNEZ



Chihuahua, Chih., a 2 de marzo de 2020. El 1 de marzo de 2010 fue cobardemente asesinado Ernesto Rábago Martínez, defensor de derechos humanos que dedicó su vida al acompañamiento de los Pueblos Indígenas de Baquéachi, Huahuachérare, Chinéach y Bakuséachí; en su digna lucha por la defensa de su territorio ancestral.

En Chihuahua (como en el resto del país), las comunidades indígenas tienen que defender la tierra que les ha pertenecido históricamente, de invasores que ilegalmente buscan apropiarse de su territorio a través de la imposición de la violencia y el terror. Todo esto ante un gobierno que ha sido incapaz de protegerles de forma oportuna, suficientes, efectiva y adecuada.

La muerte de Ernesto Rábago es una consecuencia directa de su trabajo a favor de las comunidades indígenas. Su asesinato ocurrió después de una serie de amenazas graves hacia él y su compañera, la licenciada Estela Ángeles Mondragón, luego del incendio de su despacho con bombas molotov y justo 15 días después de un atentado a su familia. Todo esto vinculado con la defensa legal del Ejido Baquéachi que Ernesto realizaba junto a su compañera Estela.

Hoy estamos aquí para conmemorar la vida y lucha de Ernesto y de las comunidades indígenas pero, sobre todo, estamos aquí porque ha pasado una década desde el homicidio del defensor de derechos humanos y el caso se mantiene en total impunidad: las autoridades no han esclarecido su asesinato, no existe ningún avance significativo dentro de la investigación y ningún culpable ha sido castigado.

No sólo eso, sino que hoy en día la situación de riesgo de Estela Ángeles Mondragón permanece y se incrementa, a partir de una campaña de desprestigio y criminalización emprendida en su contra por grupos con intereses poco claros que buscan aprovecharse de las comunidades indígenas.

El Estado mexicano, tiene la obligación de proteger a todas las personas defensoras de derechos humanos y de sancionar adecuadamente los delitos cometidos en su contra.

Por todo lo anterior, las comunidades de Baquéachi, Chinéachi y Bakuséachi, las organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos, demandamos:

A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO: Justicia para Ernesto Rábago, sanción a los culpables y adecuada reparación del daño causado a nivel familiar y comunitario.

AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y AL GOBIERNO FEDERAL: Que el Estado garantice que las personas defensoras de derechos humanos podamos ejercer nuestra labor en condiciones de seguridad.

A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y AL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL COLUNGA MARTÍNEZ: El cese a la campaña de criminalización en contra de Estela Ángeles Mondragón y otros integrantes de la comunidad.

A TODO EL ESTADO MEXICANO: Que los derechos de los pueblos indígenas sean verdaderamente promovidos, protegidos, respetados y garantizados por el Estado mexicano; principalmente el de la seguridad jurídica sobre su territorio y recursos naturales.