Ginebra-París-Chihuahua, 10 de mayo de 2016. México debe emitir de manera urgente una alerta temprana con el fin de prevenir futuras agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas en Chihuahua, reclamaron hoy el Observatorio (OMCT-FIDH) y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), sumándose a las demandas expresadas por más de veinte organizaciones de la sociedad civil chihuahuense.
Las 25 organizaciones de la sociedad civil establecen en su escrito un diagnóstico de la grave situación de riesgo para defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas en Chihuahua, una de las entidades federativas con el mayor número de agresiones en contra de defensoras y defensores y con mayor número de periodistas asesinados. Las organizaciones documentaron, de 2009 a la fecha, 19 personas defensoras de derechos humanos asesinadas, a las cuales se suman las personas que sufrieron de todo tipo de hostigamientos, amenazas, agresiones y desapariciones. De igual manera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha reconocido que Chihuahua es el estado con mayor número de personas defensoras de derechos humanos asesinadas.
“Resulta especialmente grave la falta de reacción por parte de las autoridades locales y nacionales frente a esta grave situación. Recordamos que es obligación del Estado mexicano en su conjunto y de las entidades federativas proteger a las personas que defienden y promueven los derechos humanos, e incluso desarrollar e implementar medidas de prevención”, declaró Lucha Castro Coordinadora General del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM).
El Observatorio y el CEDEHM expresan su preocupación frente a un empeoramiento de la situación, destacando hechos recién ocurridos. Entre otros, destacan especialmente el aumento de ataques relacionados con litigios de casos ante tribunales, que pusieron en mayor riesgo a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, específicamente a la Sra. Estela Ángeles Mondragón y varios integrantes del Ejido Baqueachi, el equipo de la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), el equipo de Alianza Sierra Madre y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Asimismo, preocupan los serios incidentes que han puesto en riesgo personas bajo protección especial forzándolas a desplazarse para protegerse, y al refuerzo de las campañas de desprestigio del trabajo de defensa y promoción de derechos humanos, orquestadas por funcionarios públicos.
“Dado el contexto actual, estimamos que es fundamental que las autoridades federales y estatales adopten medidas preventivas previstas en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para desincentivar futuras agresiones u obstaculizaciones a la labor informativa y de defensa de derechos humanos. En particular, la lucha contra la impunidad debe ser una prioridad con la finalidad de prevenir otros ataques”, declaróKarim Lahidji, Presidente de la FIDH.
Nuestras organizaciones consideran que los esfuerzos deben enfocarse especialmente en dos sentidos. En primer lugar, deberían tomarse medidas de prevención que permitan avanzar sustancialmente en las investigaciones de los distintos ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y también garanticen que estos sectores puedan seguir realizando sus labores en condiciones de seguridad. En segundo lugar, deberían priorizarse medidas de protección en beneficio de las personas que asumen mayor riesgo en razón de sus actividades de litigio de casos y de aquellos defensores y defensoras que han sido desplazados de su territorio a causa de la violencia en su contra. Además, deberían diseñarse e implementarse campañas de sensibilización que resalten la labor positiva del trabajo de defensa y promoción de derechos humanos.
“Resulta especialmente alarmante la constatación de que personas defensoras estaban bajo la protección del gobierno en el momento de sufrir el ataque. La inaceptable ineficacia, dilación y omisión en la implementación de las medidas cautelares en favor de los defensores y defensoras ha convertido la defensa de los derechos humanos en una actividad de alto riesgo en Chihuahua” , denunció Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.
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