Ciudad
de México, a 17 de mayo de 2016. El Magistrado del Sexto Tribunal
Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, decretó la libertad de
los tres soldados que enfrentaban un proceso penal en el fuero civil por
homicidio calificado y encubrimiento, en la modalidad de alteración y
modificación ilícita de vestigios del hecho delictivo, entre otros. Después de
esta decisión, la totalidad de los elementos militares que participaron en los hechos
del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya están libres.
Lo
anterior, a pesar de que otro órgano de Estado como lo es la CNDH determinó en
su Recomendación 51/2014 la existencia de la ejecución arbitraria de por lo
menos de 12 a 15 personas, a lo que se suma las propias declaraciones de las tres
mujeres sobrevivientes de la masacre, que coinciden contundentemente: si bien existió un enfrentamiento, la mayoría de los civiles se
encontraban ya rendidos a disposición del Ejército para después ser privados de
la vida.
En
la
resolución del 13 de mayo de 2016 dictada dentro del expediente 247/2015, el
Magistrado Ambriz sostiene que alguien privó ilegalmente de la vida a los civiles;
sin embargo, consideró que no podía determinar la probable responsabilidad de
los militares procesados, pues se requerían de
mayores elementos probatorios.
Dicha
decisión judicial evidencia un Poder Judicial de la Federación poco efectivo
para el juzgamiento de los casos de graves violaciones a derechos humanos, pero
también muestra la responsabilidad de la PGR en la realización de una acusación
deficiente y la falta de investigación por su parte; prueba de ello es que la
Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en
los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”
sigue sin ser investigada.
La
resolución del Magistrado no es definitiva y puede ser impugnada por las
víctimas reconocidas en el expediente, en tal sentido la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV), apersonada en el juicio, debe asesorar a las
familias sobre la posibilidad de interponer los recursos correspondientes.
En
el mismo sentido, la resolución del Magistrado Ambriz, no se pronuncia por la
inocencia o culpabilidad de los elementos militares, sino que su libertad es
por insuficiencia probatoria. Esto abre la posibilidad de que la PGR
perfeccione su investigación y se evite que el caso permanezca en impunidad.
Para
Clara Gómez González, sobreviviente y testigo, la resolución evidencia la falta
de acceso a la justicia y abre su preocupación en torno a su seguridad y la de
su familia, por lo que exigimos garantías en su proceso de búsqueda de verdad.
Preocupa
a las organizaciones firmantes, la intencionalidad de algunos articulistas que
han pretendido poner en duda la existencia de los hechos de Tlatlaya e incluso
la legitimidad de quienes hemos solicitado justicia en el caso. Reiteramos que
la CNDH reconoce la ejecución sumaria, por lo que refrendamos que los hechos deben
ser investigados y sancionados.
Todo
lo anterior nos confirma que en México la justicia para las víctimas de
violaciones a derechos humanos y abusos cometidos por los elementos militares
está muy lejos de ser una realidad, asimismo es un indicador de la impunidad
que prevalece en nuestro país.
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