FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN EL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD Y EL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

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El convenio tiene por objetivo ejecutar acciones en conjunto para difundir los derechos de las y los jóvenes en temas de seguridad ciudadana y salud sexual y reproductiva.

Chihuahua, Chih. a 15 de diciembre de 2017.- El día de hoy, Ruth Fierro Pineda, Coordinadora General del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM) y Marisela Terrazas Muñoz, Directora General del Instituto Chihuahuense de la Juventud (ICHIJUV), realizaron la firma de convenio de colaboración entre ambas organizaciones con el objetivo de p promover los derechos de las y los jóvenes chihuahuenses en temas relacionados con salud sexual y reproductiva, equidad de género y seguridad ciudadana.

El CEDEHM tiene por objetivo acompañar integralmente con enfoque diferenciado y multidisciplinario a las personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos para que accedan a la justicia y contribuir a la generación de cambios estructurales para lograr la plena vigencia de los derechos humanos en Chihuahua con impacto a nivel nacional e internacional. 

Por otra parte, el ICHIJUV busca coadyuvar en la elaboración de programas de capacitación e información sobre educación sexual, salud, equidad de género, derechos humanos, cultura de la legalidad, participación social, desarrollo comunitario, solución pacífica de conflictos, liderazgo social, desarrollo sustentable y en todos aquellos temas que contribuyan al desenvolvimiento integral de las personas jóvenes.

El evento se realizó durante la mañana del día de hoy en las instalaciones del CEDEHM, con la firma del documento CEDEHM y el ICHIJUV se comprometieron de forma conjunta a implementar asesorías, consultorías, capacitaciones y campañas relativas a los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes; implementar sesiones informativas sobre la práctica del sexting; impartir cursos para la prevención de la violencia en el noviazgo; organizar talleres relacionados a temas de seguridad ciudadana; y difundir las actividades, programas y campañas dirigidas a jóvenes de cada institución. 

México: Proyecto de Ley de Seguridad Interior supone riesgo para los derechos humanos y debe ser rechazado, advierten expertos y expertas de la ONU

GINEBRA (14 de diciembre de 2017) - Expertos y expertas de la ONU* han llamado al Estado mexicano a rechazar el Proyecto de Ley de Seguridad Interior que se someterá hoy al pleno del Senado, advirtiendo que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos.

“Nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles", señaló el grupo en una declaración conjunta.

“El Proyecto de Ley carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos.”

“No prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.”

“El creciente papel de las Fuerzas Armadas, en ausencia de mecanismos control y de rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad", señaló el grupo.

El Proyecto de Ley es ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta, agregó el grupo.

“Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales", dijo el grupo, destacando que son conscientes de los enormes desafíos de seguridad que enfrenta el país.

Cualquier nueva ley de seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles, dijo el grupo. Ninguna autoridad civil debería renunciar a esta responsabilidad. También deberían prever la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales y la investigación pronta, independiente e imparcial de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos.

El grupo señaló que los mecanismos de las Naciones Unidas vienen recomendando durante años que se restrinjan las funciones de las Fuerzas Armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, incluyendo la violencia sexual, y otras formas de malos tratos.

En particular, el grupo recordó al Gobierno la recomendación formulada en 2011 por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en la que se solicitó que las Fuerzas Armadas se retiraran de las operaciones de seguridad pública.  Remarcaron que esta recomendación se dio teniendo en cuenta la trágica historia en las últimas décadas del continente americano, donde la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad interior ha estado asociada a la práctica sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en la impunidad.

Los expertos y expertas han estado en contacto con el Gobierno México en los últimos días sobre el Proyecto de Ley, y agradecen la pronta respuesta recibida a sus preocupaciones.

FIN

*Los expertos son: el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Sr. Joe Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; el Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; la Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Sr. Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición; y el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

Los Grupos de Trabajo y Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

ONU Derechos Humanos, página de país: México

Para más información y solicitudes de prensa, póngase en contacto con:

el Sr. Jon Izagirre García (+41 22 917 9715 / jizagirre@ohchr.org).

Para consultas de prensa sobre otros expertos independientes de la ONU:

Jeremy Laurence – Sección de Medios (+ 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org) 　

¿Te preocupa el mundo en que vivimos? Entonces DEFIENDE hoy los derechos de los demás. #Standup4humanrights y visita la página web: http://www.standup4humanrights.org/sp/

OSC solicitantes de la alerta para personas defensoras de derechos humanos y periodistas urgen al gobierno federal y estatal dar cumplimiento al plan de contingencia

Chihuahua, Chih. 10 de diciembre 2017.- En el marco internacional del día de las personas defensoras de derechos humanos, las organizaciones solicitantes de la primera alerta en México sobre personas defensoras y periodistas, llamamos a las autoridades del gobierno federal y del gobierno del estado de Chihuahua a dar cabal cumplimiento al Plan de Acción adoptado el pasado 9 de junio, conforme al artículo 43 de la ley en la materia, a fin de reducir el riesgo que significa ejercer en Chihuahua la labor de defensa de derechos humanos y periodismo.

El Plan de Acción, consensuado con las organizaciones y periodistas solicitantes de la alerta, es un precedente nacional importante como modelo de protección, porque aborda el riesgo desde las causas estructurales que lo originan y no sólo se enfoca en atender la situación de manera superficial.

A seis meses de que se inició formalmente con la implementación del Plan de Acción, el cual se compone de 53 estrategias que se deben de instrumentar de manera coordinada entre diferentes instituciones del gobierno estatal y federal, las organizaciones de la sociedad civil informamos que sólo se han realizado seis acciones asiladas que no representan un avance tangible para alcanzar el objetivo del Plan; la inactividad de las autoridades, refleja la falta de compromiso o capacidad para atender un tema que debería de encontrarse dentro de las prioridades de la agenda pública de los tres niveles de gobierno, particularmente reclamamos la notable ausencia de las autoridades federales lo que obstruye un avance significativo en las mesas de trabajo por la falta de representantes para tomar decisiones e implementar las acciones que les corresponden.

Chihuahua tiene el mayor número de medidas de protección ordenadas por organismos internacionales de derechos humanos y se mantiene ocupando los primeros lugares a nivel nacional en agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por lo que las responsabilidades contraídas en marco del Plan de Contingencia deben de asumirse con la urgencia que amerita la prevención efectiva de las potenciales agresiones y así garantizar el ejercicio de estas actividades en condiciones plenas de seguridad.

En los últimos años, en Chihuahua se han asesinado a 21 personas defensoras de derechos humanos y al menos 20 periodistas o trabajadores de medios de comunicación.

HISTÓRICO DIAGNÓSTICO EN COMUNIDAD INDÍGENA DE CHORÉACHI MANDATADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Integrantes de la comunidad de Choréachi Foto: CEDEHM 

Chihuahua, Chih. a 7 de diciembre de 2017.- La Comunidad Indígena rarámuri (arahumara) de Choréachi, también conocida como Pino Gordo, ubicada en Guadalupe y Calvo ha permanecido por varios años, como un territorio casi impenetrable a causa del violento control territorial ejercido por grupos de la delincuencia organizada que buscan explotar el bosque de la comunidad y; su ubicación geográfica de difícil acceso.

En esta situación de vulnerabilidad y luego del asesinato de Juan Ontiveros en febrero pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió requerir a México que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de toda la comunidad indígena, convirtiéndose así en las primeras medidas provisionales colectivas dictadas para México por este organismo judicial, en donde además se ordena la realización de un diagnóstico sobre la situación de las personas que integran la comunidad.

Así, el pasado dos y tres de diciembre, por primera vez una comitiva integrada por diferentes instituciones de nivel federal y estatal acudieron hasta Choréachi a realizar el diagnóstico mandatado por la Corte IDH. La presencia de los agentes externos es de importancia relevante, pues la comunidad ha enfrentado de manera aislada la inseguridad, violencia y la toma fáctica del territorio por la delincuencia organizada.

En su elaboración, participaron representantes de la Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Desarrollo Social, así como personal de la Unidad de Derechos Humanos de la SEGOB del gobierno federal. Además de las instituciones gubernamentales, por parte de los representantes de la comunidad ante la Corte,  facilitaron el diagnóstico, personal de Alianza Sierra Madre A.C. y del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. En la comunidad, el trabajo fue organizado por sus autoridades tradicionales.

El diagnóstico se realizó a través de talleres con metodología participativa, y participaron más de 350 personas: niñas, niños, mujeres, hombres y las autoridades indígenas que integran su Sistema Normativo Interno.

                                                            Talleres a hombres Foto: CEDEHM 

Se encontró a una comunidad en condiciones de extrema precariedad, pero también pudimos observar a una comunidad con absoluta claridad de continuar en la defensa de su territorio y bienes naturales y, con un Sistema Normativo Interno, como ya no se puede ver en otras regiones de la Sierra Tarahumara. Para los integrantes de Alianza Sierra Madre, la estancia en Choréachi, significó la restitución del derecho a defender derechos, pues desde hace 5 años no podían acudir debido a las amenazas de las que han sido objeto.

Los resultados del diagnóstico deben ser la base con la que el Estado mexicano adopte las medidas pertinentes para garantizar la protección de los integrantes de la comunidad y para la restitución de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, negados históricamente.

En razón de lo anterior, exigimos que el Estado cumple cabalmente con las medidas provisionales para que sin demora, se garanticen las condiciones de seguridad de la comunidad para lo que es indispensable la colaboración activa del gobierno federal.

                                                        Talleres a niñas y niños  Foto: CEDEHM 

                                                             Talleres a mujeres Foto: CEDEHM